30 marzo 2007

OEA incluye a Venezuela en grupo especial de observación

Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual en el que muestra preocupación por la impunidad alrededor de denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, el impacto del conflicto armado sobre los civiles en Colombia y la situación de opositores políticos en Cuba, reseñó AFP.

Asimismo, la CIDH dijo que ha continuado recibiendo reportes sobre situaciones que afectaron el normal ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

Indicó que dos periodistas fueron asesinados y hubo un aumento del número de los procesos penales en contra de los comunicadores sociales y de actos que podrían configurar formas de restricción indirecta en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Las críticas fueron presentadas por el presidente de la CIDH, el jurista salvadoreño Florentín Meléndez, en una sesión especial del Consejo que dio lugar a la reacción del embajador Salvador Hernández Vela, representante alterno de Venezuela.

Venezuela fue incluida en un "grupo especial'' de observación por la CIDH que completan Colombia, Cuba y Haití. Hernández Vela dijo que para ello se había seguido una serie de criterios que ignoraron uno muy importante: la objetividad.

"`La objetividad, eso no está aquí'', comentó.

La CIDH reiteró que Venezuela estaba poniéndole trabas a su trabajo al no permitirle una visita de sus miembros al país para investigar en el terreno la situación de los derechos humanos y especialmente de la prensa.

Hernández Vela dijo que la CIDH tuvo oportunidad de visitar Venezuela el año pasado, cuando se realizó una reunión de la OEA en Margarita sobre la trata de personas, pero no asistió.

"Entonces insistir tanto en la visita es algo que no aceptamos porque es una cosa que no es cierta'', afirmó. "Estamos trabajando en eso, creo que se va a concretar, pero insistir, hacer de eso un punto importante sí nos parece un poco desproporcionado".

La CIDH dijo que las informaciones sobre el aumento de acciones judiciales contra periodistas "pueden tener un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión".

"En este sentido, se tomó conocimiento de procesos penales contra quienes critican asuntos de interés público, bien sea utilizando la figura del desacato o los delitos de calumnia, difamación criminal, injuria o vilipendio", agregó.

Dijo que en 2006 "algunas autoridades de Gobierno habrían anunciado la revisión de la concesión de algunos medios de comunicación por motivos que podrían incluir la línea informativa de tales medios".

En particular, el reporte destaca "la fragilidad" del Poder Judicial "en la mayoría de los países de la región", y "los ataques contra la independencia e imparcialidad" de esta rama del Estado, que generan "problemas de acceso igualitario a la Justicia, procesos judiciales lentos, impunidad en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales y violaciones al debido proceso".

Igualmente, la Comisión Interamericana destaca que durante el año 2006 recibió informaciones sobre "actos de hostigamiento e intimidación a través de discursos descalificantes" contra personas que defienden los derechos humanos, así como de críticos del Gobierno venezolano.



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