24 junio 2007

Especial de Reforma Constitucional

"La reforma conduce a la dictadura"

Para el abogado constitucionalista Gerardo Fernández la oposición a la reforma constitucional que, a su juicio, trata de imponerse desde Miraflores, es rechazada por sectores chavistas que verán afectados sus intereses, incluidos gobernadores, alcaldes, parlamentarios y dirigentes del PSUV. Fernández, quien preside la Comisión sobre la modificación constitucional de la oposición, sostiene que el informe de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional implica la sustitución de la Constitución del 1999 porque "se están cambiando principios, valores y aspectos fundamentales. A su juicio esas propuestas de cambio estructurales exigen un gran debate, con participación de todos los sectores, en la búsqueda de un consenso nacional".

-¿No es el referendo una forma de lograr el consenso?

-Hace falta algo más que eso, como que el contenido de la Constitución y el procedimiento para elaborarlo sean producto de un debate donde participe todo el país y no una imposición antidemocrática del Gobierno. El referendo aprobatorio, luego de la aprobación legislativa conforme a los deseos del líder, no ofrece garantías de un voto libre con el actual CNE.

-¿No sería lo indicado convocar una Constituyente?

-Sí. Si no se convoca y se busca una verdadera participación, se está cometiendo un fraude a la Constitución del 99.

-Si el contenido es antidemocrático y el procedimiento para aprobarlo también, ¿ante qué nos econtramos?

-Ante una reforma no democrática ni legítima.

-Si no es democrática ni legítima, ¿no se desemboca en una dictadura?

-Sin duda alguna y, además, va a deslegitimar al Gobierno y a una Constitución impuesta por el Gobierno para mantener en el poder al Presidente.Es difícil conseguir en el mundo un presidente democrático que haya cambiado dos veces la Constitucion durante su mandato. Los únicos que lo hicieron en Venezuela fueron presidentes dictadores y totalitarios. Juan Vicente Gómez cayó en eso varias veces y los Monagas llegaron a provocar una guerra. Así que mantenerse en el poder mediante cambios constitucionales constituye una conducta antidemocrática y totalitaria.


Socialismo será constitucional

"Se establece, de manera tajante, que el régimen social y económico, con rango constitucional, es el socialismo. Y eso tiene un impacto inmenso porque se procura imponer a toda la nación un sistema político, una economía y una sociedad socialistas, con todo lo que ello implica. Es decir, ideologizar la Constitución y forzar a los venezolanos a aceptar un modelo económico, político, educativo, cultural, social y del Estado, que rechazan abiertamente. Se intenta, de esa manera, imponerle a toda la nación una economía, un Estado y una sociedad socialista ideologizando la Constitución con una concepción sectaria, parcial y antidemocrática. Es algo así como si nosotros propusiéramos un modelo capitalista y neoliberal que acepta y promueva los designios del FMI y las políticas del Banco Mundial. Por eso las constituciones no se ideologizan, pues una cosa es que los venezolanos escojamos un gobierno que proponga el socialismo como sistema y otras es que se incluya en un texto constitucional. Eso es obligarnos a marchar por un solo carril ideológico. Todo eso lleva a que la Constitución no sea democrática, abierta e incluyente, sino parcializada y excluyente".


Muerte de la propiedad privada

"Las propuestas chocan contra el principio republicano fundamental del respeto a la propiedad privada de contenido social. Se plantea un cambio radical con la creación de 5 tipos de propiedad: social, colectiva, estatal, mixta y privada. Sólo que las 4 primeras terminan en manos del Estado, o sea, del Gobierno. El Estado es el gran dueño de los medios de producción y de los bienes y servicios, mientras la propiedad privada va desapareciendo y el particular limita la suya a un ámbito cada vez más restringido. Ya no podremos tener acciones en Cantv o La Electricidad de Caracas, mientras que el Estado será el distribuidor de alimentos, el carnicero, el dueño del matadero, el productor agropecuario. A esto se añade la facultad de confiscar, sin indemnización, cuando la propiedad particular afecte el interés colectivo o de terceros. También el Estado podrá monopolizar sectores y asumir, en exclusividad, actividades de servicios o medios productivos. Así, por ejemplo, podrá ser el único en manejar las telecomunicaciones, la distribución de alimentos o el transporte, dejando por fuera las cadenas de automercados, las compañías de teléfonos o los pequeños propietarios de busetas".


Liquidar la descentralización

"Gobernadores y alcaldes, temblad. Sus competencias, sus poderes y sus potestades tributarias desaparecen porque la descentralización llega a su fin y los ciudadanos de la provincia tendrán cada vez más lejos a las autoridades que deben resolver sus problemas porque las decisiones se tomarán en Miraflores. Muerta la descentralización se crearían vicepresidencias territoriales, cuyos titulares serían nombrados por el Presidente y asumirían las competencias de los gobernadores. Se crearían territorios y ciudades federales, con lo cual se cercenaría los territorios de los actuales estados. Es clara la intención de reforzar a un nuevo poder local, comunal, atomizando el antiguo poder regional. Creo en los consejos comunales como mecanismos de participación ciudadana, pero aquí se asumen al estilo cubano, controlados por el poder central y designados en asambleas manipuladas por este último. De esa forma se le quita la potestad tributaria al gobierno local y se volvería a la vieja práctica de esperar los recursos provenientes de Caracas que serán otorgados, o no, según el comportamiento de los consejos comunales y de sus miembros. En el mejor estilo soviético".


Contra la alternabilidad

"La modificación se plantea para todos los cargos de representación popular, pero lo importante es la reelección presidencial indefinida. La de gobernadores, alcaldes y parlamentarios es simbólica porque todos ellos pierden sus atribuciones e incluso está planteada la desaparición de los alcaldes ante el surgimiento de los consejos comunales. La reelección presidencial indefinida, objetivo fundamental de la reforma, atenta contra un principio básico, contenido en el ar- tículo 6 de la actual Constitución: la alternabilidad, porque desde el poder mismo se desarrollan los controles institucionales para permanecer en él indefinidamente. Una vez copados todos los poderes públicos (CNE, AN, Poder Ciudadano y TSJ) se procede a consagrar constitucionalmente la imbatibilidad electoral del candidato Presidente. En el continente no hay una sola Constitución democrática que acepte la reelección indefinida, limitada, en ciertos casos, a un período, porque esa es la única forma de prevenir el mal histórico de las dictaduras constitucionales. Lo que se impone es el relevo político y generacional en el poder y la gran tarea del constitucionalismo democrático es asegurarlo".

El Universal

Brazo armado de la revolución

"En la propuesta se le calza a la Fuerza Armada el apellido de Bolivariana. Vemos, entonces, hacia dónde se quiere ir, aunque este proyecto, a lo mejor, se ha quedado corto porque el Presidente ha ido mucho más allá en su oferta. él ha dicho que quiere una Fuerza Armada que obedezca a un modelo socialista y sea el brazo armado en defensa del régimen. Nosotros pensamos todo lo contrario, que debe mantenerse como una institución lista para responder a los intereses de la Nación y no de una determinada parcialidad. Igualmente debe preservar su carácter no beligerante, con la prohibición expresa de que sus integrantes militen políticamente, no hagan proselitismo ni propaganda partidista. Sostenemos, también, que debe ceñirse a su misión de defender y garantizar la soberanía nacional, asumiendo la seguridad interior y hacia afuera. La insistencia en crear un sistema donde la Fuerza Armada sea beligerante, politizada y que responda a los intereses del Gobierno atenta contra el carácter democrático de la institución. El tema amerita una profunda reflexión porque no creo que se le pueda seguir haciendo más daño inmiscuyéndola en la diatriba política".

El Universal

Un pasaporte y adiós autonomía

"Desaparecen los mecanismos participativos y de democracia directa. Se duplican los porcentajes requeridos de apoyo y de firma para concretar cualquier tipo de referendo. Se afecta el derecho a la doble nacionalidad, se discute si los extranjeros que viven en el país pueden tener participación política, justificando una eliminación de esa posibilidad con el argumento de que la mayoría no es afecta al régimen. Se pretende liquidar la autonomía universitaria porque le hace daño "al proceso" y se propone que sea el Gobierno el que coordine los programas, las carreras y los tipos de posgrado en las universidades autónomas. Se sugiere la posibilidad, mediante ley, de allanar el recinto universitario. Se limita el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes, así como el derecho de manifestación y de huelga, estableciendo que los prestadores de servicios al publico no podrán suspender sus actividades. En materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, que llegan a tener rango constitucional e incluso supraconstitucional, se modifica lo que dice la Constitución de 1999 y se propone eliminar pese a ser normas superiores universalmente aceptadas".

El Universal

Cambia el funcionamiento del TSJ

Una transformación radical en el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prevé el papel de trabajo que el Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional entregó al presidente Chávez con el fin de alistar los cambios que se introducirán al texto de la Carta Magna de 1999.

Las modificaciones tienen que ver con una nueva concepción en cuanto al número de salas, la disminución del período de funciones de los magistrados, de los requisitos para ser elegidos, la eliminación de la descentralización administrativa en las jurisdicciones judiciales, las atribuciones del máximo tribunal y la posible creación de un Tribunal Constitucional, que podría estar por encima del TSJ.

De acuerdo con el artículo 262 de la actual Constitución, además de la Sala Plena, que compete a todos los magistrados, se establecen seis salas que estructuran el máximo órgano del Poder Judicial: la Sala Constitucional, la Político-Administrativa, la Sala Electoral, Civil, Penal y Social. Lo único que en este sentido refiere el borrador de la reforma es que el TSJ funcionará en salas, pero no establece número ni agrega detalles que aclaren cómo será la nueva estructura.

No obstante, los integrantes del consejo presidido por la diputada Cilia Flores, comentan que la AN debe designar las salas "que sean necesarias" y se preguntan si el TSJ tiene esa facultad. Estiman que un máximo de 5 integrantes por sala sería suficiente, según se observa en el papel de trabajo que señala, sin dar mayores detalles, que "el Tribunal Constitucional cambia la estructura" y que hay que establecer en la transitoria el tiempo para aplicar nueva estructura". No obstante, los proponentes aclaran que el artículo debe ser objeto de análisis.

El Universal

Publicar un comentario