30 julio 2007

¿Y después qué?

El país, apoyado por las autoridades, está entrando en un proceso anárquico de pérdida del orden público que hará inviable su redención a corto plazo. Esta macabra mecánica, francamente perceptible, se ha hecho una práctica tan normal que, al parecer, no sorprende a las autoridades aunque sí aterrorice al ciudadano común. Las invasiones descontroladas de fincas privadas se producen sin que medie jurisdicción alguna que pudiere controlarlas. Edificios, haciendas, industrias, parcelas urbanas y rurales, son tomados por hordas que se identifican con el gobierno bajo la égida de una revolución, por decir lo menos, camorrera. La mayoría de las fábricas arrebatadas bajo la argumentación de la popularización de la producción están desmanteladas y en ruinas. Lo mismo sucede con las fincas fructíferas; el cultivo y la cría ganadera han sido abandonados y los equipos de trabajo arruinados. La producción ha sido sustituida por la importación masiva de bienes. Las cooperativas, desoladas, se han convertido en instituciones de quebranto de la estabilidad laboral, pues éstas han instituido gran multitud de desempleados y una cultura de limosna.

Pero el asunto trasciende los ámbitos de la propiedad y producción de bienes. La inacción oficial ante el auge delictivo demuestra el desprecio gubernamental por la vida y la seguridad. El Presidente en sus largas y tediosas intervenciones jamás se refiere a las fatídicas cifras de muertos, heridos y embestidas contra los bienes particulares. En su defecto, el ministro de Justicia hace ingentes esfuerzos por diferenciar las insignias de las defunciones semanales, como si ello lo exime de responsabilidades. Le ha dado por exhibir fatídicos cuadros en los que desempareja los caídos por asesinatos; tortura y homicidio de secuestrados; enfrentamiento entre bandas; ataques contra los transeúntes pasivos. Pero jamás pone a la vista del pueblo planes para controlar los tétricos índices delictivos que tienen en permanente zozobra a la mayoría.

Un ejemplo de la indolencia oficialista ante los siniestros relevantes lo constituye el caos generado por los motorizados que transitan por las autopistas. El Gobierno derogó una disposición que impedía la circulación de motos por estas vías; primero para proteger, precisamente, a sus conductores, en su mayoría trabajadores honestos y, segundo, para evitar la cantidad de delitos que los infiltrados cometen en su trayecto. La cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en estas vías, con el consecuente saldo de muertes y lesionados, poco importa a las autoridades. El argumento que casi raya en lo teologal es que ellos tienen legítimo derecho de circular por donde quieran. El resguardo de sus vidas "es lo de menos". Así la pasividad conveniente y el populismo exacerbado están creando un país caótico y desprovisto de herramientas para la protección ciudadana. ¿Y después qué?

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