14 agosto 2007

Caso del Maletín. Recopilación (5)

PPT, PCV y Podemos esperan resultados

Los partidos oficialistas Podemos, PCV y PPT, coincidieron en que el Gobierno y la Fiscalía venezolana deben ahondar en las investigaciones relacionadas con el empresario venezolano que ingresó una maleta con 800 mil dólares a Argentina la semana pasada, luego de bajar de un avión rentado donde había funcionarios de Pdvsa.

Ismael García, del partido Podemos, manifestó que esperaba que el Gobierno tome "decisiones firmes y contundentes" sobre el caso. Indicó que, aunque el fiscal General, Isaías Rodríguez, solicitó información a las autoridades argentinas, "ya se deberían haber anunciado medidas". García añadió que comparten lo expresado por el representante del Seniat, José Vielma Mora, pero no lo dicho por el ministro de Energía, Rafael Ramírez: "La apreciación del ministro Ramírez no fue lo que estábamos esperando. El Gobierno no puede resolver el problema huyendo pa´ lante como quien dice. No se puede restar importancia a un asunto como ´ése. La justicia debe actuar rápidamente y tomar acciones en relación con los funcionarios de Pdvsa".

Gustavo Ladino, del PPT, señaló que "las autoridades deben abrir la investigación de manera rápida y seria". Señaló que espera que se acelere la indagación "y que se produzca un informe". Yul Jabour, del PCV, indicó que "en el caso de valija hay un hecho punible que afecta las leyes. Hay que investigar. Esperamos que se aclare todo y que caiga el peso de la ley sobre los responsables".


Primero Justicia dice que han "regalado" unos 37.500 maletines

Voceros de varios partidos políticos de oposición coincidieron ayer en exigir sanciones para autoridades y funcionarios de Pdvsa, por el escándalo del decomiso del maletín cargado con $800 mil, así como en reclamar que el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, abra la averiguación penal respectiva.

Carlos Ocariz, secretario general de Primero Justicia, dijo que la cantidad de dinero que Hugo Chávez ha donado a otros países, equivale a 37 mil 500 maletines como el retenido en Argentina. "Esa cantidad de dinero hubiese podido servir para construir viviendas, vías de comunicación, escuelas, ambulatorios, para generar empleos, y más bien, lo que se ha generado es corrupción e impunidad".

Contrastó la política oficial de la "regaladera" de dinero con el hecho de que las autoridades no enfrentan problemas nacionales como el auge del crimen, los efectos de las lluvias y las enfermedades, entre otros.

Luis Ignacio Planas, secretario general de Copei, instó al fiscal Rodríguez a que integre al presidente Chávez en la investigación del "maletinazo" y al ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. "No es fácil manejar $800 mil. El dinero salió de Venezuela y las autoridades tienen que explicar por qué dejaron salir esa maleta", dijo Planas, quien recordó las trabas burocráticas que implica obtener autorización de Cadivi para las divisas.

Planas ratificó la invitación a la marcha de protesta, mañana a las 10 am, desde plaza Brión hasta Pdvsa, en La Campiña.

José Antonio España, coordinador nacional del MAS, destacó que sacar tal cantidad de dinero en dólares del país no es posible sin la complicidad de las autoridades.

"Este gobierno huele mal (...) cualquiera de las hipótesis: lavado de dinero, contribución ilegal a una campaña electoral o el producto de una comisión de un negocio, son dineros ilícitos que salieron de Venezuela", dijo España, quien exige, además, la renuncia de los funcionarios implicados en el escándalo.

Antonio Ledezma, presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), manifestó su alarma ante el hecho de que el presidente Chávez no haya dicho "ni pío" sobre el caso y exigió, también, la destitución de las autoridades de Pdvsa.

"¿Cuántas maletas repletas de dólares procedentes de Venezuela no habrán pasado por Argentina, Bolivia, Perú, Cuba y Nicaragua? ¡Y pare usted de contar!, porque así como se llevaban facilito 800 mil dólares, es porque esa gente está acostumbrada a sacar miles y millones, con los cuales se ha desangrado el erario público (...) Aquí la Guardia Nacional detecta hasta una lapa en la maletera de un carro en una alcabala", dijo extrañado por la salida de la maleta.

"No es competencia del Estado asumir responsabilidad"

Bajo la premisa de que "la responsabilidad penal es individual", el ministro del Interior, Pedro Carreño, considera que el Estado venezolano no tiene por qué ofrecer disculpas a Argentina por el caso de la maleta cargada con 799 mil 550 dólares que intentó ingresar, sin declarar, el empresario Guido Alejandro Antonini Wilson.

"Si el delito se comete en connivencia con funcionarios públicos, el Estado tampoco tiene que asumir la responsabilidad porque la responsabilidad penal es individual, así que habría que revisar esa señal que, de acuerdo con lo que establecen los medios (de comunicación), está pidiendo el Gobierno de Argentina, nosotros no lo creemos, pero de existir el Estado no puede enviar este tipo de señales", respondió Carreño cuando se le consultó sobre las explicaciones que espera el gobierno de Néstor Kirchner sobre el tema.

El ministro duda que Argentina espere unas disculpas del Ejecutivo Nacional, porque el "presidente Chávez estuvo en Buenos Aires con (su homólogo) Kichner, luego firmó un acuerdo en Bolivia con él" y no le hizo petición alguna.

"Si existe una solicitud, no van a utilizar la vía epistolar y menos los medios de comunicación para hacerla", acotó, para luego aclarar que deben esperar un pronunciamiento formal , pues "no podemos convertirnos en ventrílocuos o intérpretes de lo que quiere el Gobierno argentino".

El pasado sábado, el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, dijo que "son ellos (los funcionarios venezolanos) los que tienen que pedir disculpas (por la maleta)", publicó el diario El Clarín.

Para Carreño, (en este caso) "hay acciones premeditadas para tratar de enlodar o no reconocer los avances en materia de integración, de cooperación y de seguridad energética que se implementa con el resto de los países".

Denuncian en Argentina a empleados de Pdvsa y Enarsa










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Buenos Aires.- La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, presentó una denuncia penal contra funcionarios de la estatal petrolera Enasar y de Pdvsa por presunto "lavado de dinero" y "soborno trasnacional", en el caso de la maleta cargada con 790 mil 550 dólares que intentó ingresar el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

La acusación fue presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por el líder de la UCR, Gerardo Morales, compañero de fórmula del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, uno de los candidatos de la oposición para las próximas elecciones presidenciales.

En las próximas horas, la Cámara deberá decidir cuál de sus jueces investigará la denuncia, también suscrita por el senador Ernesto Sanz, el diputado Fernando Chironi y los legisladores Alejandro Nieva y Miguel Ángel Guibergia, en la cual está incluida una medida cautelar.

De acuerdo con un comunicado del partido, publicado por el diario argentino La Nación, el objetivo de la medida es "ordenar a la Aduana o al organismo en que se encuentre en custodia el dinero retenido, se abstenga de restituirlo hasta tanto se determine la comprobación de los hechos denunciados".

En el escrito interpuesto ante el tribunal federal, los denunciantes formulan una serie de preguntas, entre ellas: "¿cuál es el vínculo que relaciona a los funcionarios argentinos que viajaban en el avión con el señor Antonini Wilson?" y "¿se puede creer que dos funcionarios de la jerarquía de (Claudio) Uberti y (Exequiel) Espinosa pueden ser tan ingenuos de aventar a un desconoció empresario venezolano que necesita llegar a Argentina?" Al respecto, concluyen: "Realmente no".

La oposición también reclamó la interpelación del ministro de Planificación, Julio De Vido. El diputado de ARI Adrián Pérez se quejó de que el escándalo sólo ha afectado a "funcionarios de segunda línea", reseñó La Nación. "Todo se corta antes de llegar al ministro", advirtió.

Por su parte, el magistrado en lo Penal Económico, Diego Zysman Quirós, declinó hacerse cargo de la investigación que le fue remitida luego de que la jueza Marta Novatti se excusara, el viernes pasado, de continuar con el polémico caso. Consideró "endebles" las razones que dio Novatti para apartarse de la investigación y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que este tribunal de segunda instancia resuelva la situación, dijo Efe.

Rodríguez reacciona

Cuatro días después de decir que las competentes para dilucidar el escándalo eran las autoridades australes, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, anunció que abrió una averiguación por el caso de la maleta y se la encomendó a los fiscales Nelson Mejías y Fernando Hércules.

La información la suministró el Ministerio Público, por medio de un comunicado de prensa, en el cual Rodríguez presume que Antonini Wilson ha podido cometer dos delitos tipificados en la Ley de Ilícitos Cambiarios (tener más de 10 mil dólares e intentar movilizar más de 20 mil fuera del país), los cuales son castigados con penas de prisión de 2 a 6 años y multas que superan los 40 mil dólares.

Sobre la presunta salida de los fondos desde el país, donde desde hace más de 3 años hay un control de cambios, el fiscal aclaró que Pdvsa sí puede movilizar al extranjero sumas superiores a los 10 mil dólares.

En el boletín también se reporta que Rodríguez conversó con el procurador argentino, Esteban Righi, quien por cierto le suministró, por escrito, parte de la información que le había solicitado para iniciar las indagaciones y le prometió para hoy el resto.

La institución garante de la legalidad le pidió a sus pares sureñas los siguientes datos: Hora y fecha del vuelo alquilado por Enarsa, itinerario, procedencia, rutas o escalas que siguió, características del avión; así como los nombres de las personas que arribaron con Antonini Wilson y los datos indispensables para lograr la total identificación de la persona a quien se le retuvieron los referidos dólares, incluyendo nacionalidad y profesión.

Asimismo también requirió información oficial sobre si el investigado estuvo detenido en territorio argentino y si fue presentado ante algún órgano jurisdiccional; delito, falta o irregularidad administrativa por la cual el Estado argentino inició la causa; los nombres del fiscal y el juez encargados de este caso y los seriales de los billetes decomisados.


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