"Los cambios en el artículo 141 abren la posibilidad de que a través de reformas legislativas se obstaculice el control ciudadano sobre la gestión de la función pública. Lo que se esconde detrás de los cambios es alejar la toma de decisión de los ciudadanos y evidencia que al Gobierno no le gustan los controles y que la gente se inmiscuya en la supervisión de sus actividades", dijo el especialista.
La posición de Chavero es compartida por el ex parlamentario Chitty La Roche, quien explicó que la modificación del artículo 141, que incorpora las misiones sociales, borra la premisa de que la administración pública se debe al ciudadano y a su servicio. "Con la reforma la administración pierde el sentido ético y se convierte en una organización al servicio de las políticas públicas. Los principios eficiencia, celeridad, participación y los dem´ás que se eliminan, pragmatiza completamente a la administración que carecerá de controles", indicó Chitty antes de recordar que cada año se gasta hasta 7 mil millones de dólares dirigidos a las misiones sin control ni rendición de cuentas.
Ambos especialistas coinciden en que los cambios son "un claro retroceso". Al respecto Chavero indicó que es una vuelta atrás en cuanto a los principios de la actuación de los órganos estatales". El abogado manifestó que la Carta Magna de 1999 constitucionalizó premisas importantes como la eficiencia, la eficacia, la celeridad, la honestidad y la rendición de cuentas. "Al eliminar estos principios, muchos de los cuales se encuentran recogidos en normas de rango legal, se abre una puerta para modificar esas leyes. Se trata de un retroceso en la evolución en el Derecho Administrativo, en virtud de que ahora los órganos no estarán al servicio de los ciudadanos. Se elimina la obligación de la administración pública de rendir cuentas". Entre las leyes que podrían reformarse debido a los cambios están la Ley Orgánica de Contraloría, Ley de Simplificación de Trámites y otras que regulan la actividad de la administración que ya no tendrían relación con la Constitución.
El ex parlamentario Chitty recordó que el sistema de la responsabilidad pública forma parte de los fundamentos de la Constitución contemplados en los primeros nueve artículos: "El artículo 2 habla de responsabilidad social, el 4 de la corresponsabilidad de los entes públicos, al igual que el 6, entre otros artículos. Vale preguntarse cuáles serán los principios que acompañarán ahora los gastos de la administración", dijo.
La redacción de la pregunta que se empleará en el referendo para aprobar la reforma constitucional, no es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Sandra Oblitas, explicó que no le corresponde a los rectores decidir si el proyecto de reforma debe votarse en bloque o de manera separada.
"Nosotros no tenemos la facultad para responder a la organización política que nos ha hecho esa consulta porque no le corresponde al Poder Electoral hacer esa determinación", dijo Oblitas.
La rectora recordó que la atribución de sugerir que se vote en bloque o separadamente hasta un tercio de la reforma corresponde al proponente, en este caso el presidente de la República. Esta sugerencia puede ser o no acatada por los diputados de la Asamblea Nacional, instancia en que recae finalmente la redacción de la pregunta que se empleará en la respectiva consulta popular.
La rectora explicó que en este momento es imposible hablar de campaña adelantada para el referendo porque "no hay ni siquiera una pregunta formulada sobre la cual podamos decir que sí es o no es una campaña".
Sobre el Registro Electoral explicó que existen 2.400 puntos de actualización para que los nuevos votantes formalicen su ingreso al padrón.
Luego de predeterminar el tiempo que durará el debate sobre el proyecto de reforma constitucional y de acusar a la oposición de "inventar cualquier locura" para atacar la propuesta del jefe de Estado, la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, anunció que se reunirá con el coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, el rector del CNE, Vicente Díaz, y los representantes de la Iglesia católica.
Aunque ya Flores estableció que no hay nada que discutir acerca del cronograma de consulta pública, se mostró dispuesta a "escuchar" los planteamientos de aquellos que rechazan la iniciativa de Miraflores, porque "estamos en un proceso de inclusión".
Además, la directiva del Poder Legislativo tiene previsto atender a los medios alternativos, la Iglesia evangélica, las cooperativas, los jóvenes, los empresarios y los campesinos en las próximas semanas. Igualmente, este viernes desarrollarán una asamblea en el estado Zulia para abordar este asunto.
La diputada señaló que el 4 de septiembre la Comisión Mixta de la AN iniciará la segunda discusión del proyecto de reforma y que, una semana más tarde, presentarán un informe ante la Cámara para continuar con el debate por títulos y capítulos. Según lo acordado ayer, la consulta pública concluirá el 20 de octubre y la iniciativa se aprobará a finales de ese mes, tras revisarla artículo por artículo.
Pese a que la oposición y Podemos han criticado este calendario de trabajo, Flores precisó: "Tenemos como objetivo que esta reforma salga a referendo en diciembre de este año, los tiempos están completamente adecuados y se corresponden con una realidad".
A juicio de la lideresa del Parlamento, ningún argumento es válido para "retardar un proceso que el pueblo está esperando". Asimismo, destacó que gracias a la democracia "participativa y protagónica" contemplada en el texto fundamental, "ahora hay mucha más participación de la que pudo haber en el proceso constituyente".
Flores fustigó a quienes denuncian que el artículo 141 de la propuesta obstaculiza el control que pueden ejercer los ciudadanos sobre los actos públicos. "Tratan de satanizar el proyecto, esa es una interpretación malintencionada", indicó.
Frente a la insistencia de los reporteros sobre esta modificación, la jefa del Poder Legislativo respondió: "No estén interpretando lo que no tiene interpretación".
Súmate rechaza la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, por considerar que es insostenible, "porque la mayoría del país no participó en su planteamiento".
Según María Corina Machado, vocera de la organización, el Presidente "quiere imponer una propuesta que no será duradera, porque no incluye la opinión de todos los sectores de la sociedad venezolana".
Explicó que la modificación propuesta "es un regreso a un pasado no democrático que la gran mayoría de los venezolanos ni recuerda".
Machado cuestionó el procedimiento acordado para la modificación constitucional. "Para un cambio como el que pretende el Presidente, haría falta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier proceso de modificación de la Constitución conduce a un referendo aprobatorio, y el actual CNE no goza de la confianza necesaria para ello ni es garantía de transparencia e independencia".
Para Machado la propuesta de reforma consolida la concentración del poder en una sola persona en forma indefinida; plantea un control total y absoluto de la economía por parte del Estado; y crea una serie de entidades geográficas como provincias y municipios federales, distritos funcionales, vicepresidencias territoriales y comunas, entre otros, que revierten todo el proceso de descentralización que le da a las gobernaciones y los municipios mayor autonomía, competencia e independencia.
"En la práctica, la reforma va a atomizar el poder y a limitar el acceso de la gente a instancias de coordinación local -explicó Machado- ya que obligará a los ciudadanos a viajar a Caracas para realizar cualquier solicitud, denuncia o trámite oficial".
Aseguró que la reforma vulnera el principio fundamental de derecho al voto. Destaca que el artículo 136 de la propuesta de reforma establece que la soberanía popular no emana del sufragio.
Además indicó que la Asamblea Nacional renunció a su deber de examinar, evaluar, rechazar y/o modificar la propuesta presidencial.
Para Machado los diputados están renunciando a su derecho y violando su deber restándole interés y relevancia pública ante los ciudadanos y el país de lo que en el Parlamento pueda suceder en las próximas semanas.
En mi artículo de la semana pasada escribí que hay que convertir el referendo sobre la modificación de la Constitución en un "referendo rechazatorio", y que hay que movilizar a todo el electorado para que participe y rotundamente diga ¡NO!
Esta opinión ha generado críticas de parte de algunos de mis lectores que se inclinan por la abstención.
Uno de los comentarios más contundentes formulado por una distinguida amiga cuyo nombre me reservo, es el siguiente:
Me sorprende tremendamente leer el siguiente párrafo de tu artículo en el cual expresas
"... opino que hay que participar en el referéndum popular que deberá decidir la suerte de las modificaciones de la Constitución. Hay que hacer de ese evento comicial un 'referéndum rechazatorio', movilizar a todo el electorado para que participe y rotundamente diga ¡NO!". Yo me pregunto, ¿quién movilizará a los electores y defenderá los derechos de los venezolanos electores cuando se cometa el próximo fraude anunciado? ... Debemos evitar/impedir el referéndum. No legitimar un llamado que en sí mismo es anticonstitucional. No caigamos en los mismos errores. Si repetimos las mismas acciones obtendremos los mismos resultados. Los que han dirigido y continúan pretendiendo dirigir son los mismos, entonces, desafortunadamente, los resultados son predecibles: serán los mismos "otro fraude anunciado y legitimado por la oposición". … Rechazar el referéndum es evitar/impedir el referéndum. De otra manera, nos estaríamos dejando llevar otra vez al precipicio de un fraude anunciado y sin nadie (políticos) que lo defiendan, el golpe será de aproximadamente 9 millones de votos a favor de la modificación de la Constitución. … Ir a un referéndum significa dejar en las páginas de la historia las líneas que describan cómo Chávez ganó no uno sino dos referéndumes legitimados por la oposición. ¿Es eso lo que perseguimos?
Respeto, por supuesto esta opinión, de la misma manera que respeto la posición de muchos otros compatriotas que asumen igualmente la línea abstencionista.
Se alega que como la reforma propuesta es inconstitucional la consulta popular es igualmente inconstitucional y que participando estaríamos legitimando la inconstitucionalidad. Esta afirmación es absolutamente correcta, pero tendría sentido si en Venezuela existieran instituciones e instancias ante las cuales se pudiera recurrir para demandar la inconstitucionalidad. Ya sabemos cómo el autócrata pasa por encima de la Constitución cada vez que le viene en gana.
Se alega también que con una autoridad electoral como la que tenemos con toda seguridad los resultados de la consulta, como ha ocurrido hasta ahora, van a ser manipulados. Esta afirmación es igualmente válida. Adicionalmente, la manera como se va a llevar a cabo en referendo ya ha sido puesta en evidencia con la aprobación de la propuesta de modificación por la Asamblea Nacional, prácticamente sin discusión alguna en lo que debió ser la primera discusión que ordena la Constitución. Además, la parcialidad y ausencia de objetividad del CNE acaba de quedar confirmada con la decisión de rechazar la petición para que, en aplicación del artículo 344 de la Constitución, la propuesta de modificación de la Constitución sea votada por partes y no en bloque. Una vez más ha quedado evidenciado que los poderes públicos como el CNE es un instrumentos al servicio del régimen.
Personalmente sigo pensando que hay que participar en el referendo. Insisto, hay que convertir la consulta popular en un referendo rechazatorio. Aun en el caso de que haya que votar en bloque la propuesta de modificación. Basta lograr la mitad más uno de los votos NO para que la propuesta de modificación quede rechazada. Esto no es una utopía si tenemos en cuenta: 1) que el chavismo está dividido, 2) que dentro del chavismo leal hay mucha gente con dos dedos de frente que se ha dado cuenta que Chávez quiere conducirnos hacia un régimen comunista como el de Cuba, y 3) quizás lo más importante, que la juventud venezolana ha despertado y a diferencia del pasado, está dispuesta a participar activamente en las decisiones fundamentales que afectan la vida del país, esta vez es perfectamente posible impedir el patricidio que se está gestando. Se requiere también, por supuesto, un esfuerzo pedagógico para hacer comprender al ciudadano común que no debe dejarse engañar con esos caramelitos que la mente diabólica de Chávez ha insertado en su proyecto maquiavélico para engañar a los ingenuos.
Dejar de participar equivaldría a aquello de "echo tierrita y no juego más", es decir, darse por vencido sin siquiera intentar dar la pelea. Estaríamos dejando libre el campo para que el autócrata termine de implantar su "Estado socialista" y complete la aniquilación del Estado democrático de derecho que establece la propia Constitución. Dejar de participar equivale a renunciar al único derecho que ningún sátrapa, por más tiránico, déspota y criminal que sea, nos puede cercenar. Me refiero al "derecho de pataleo", o como lo llama un buen amigo: el "jus pataleandi" que nos otorga el artículo 350 de la Constitución. Ese derecho de pataleo va desde la posibilidad de denunciar en todos los ámbitos la manipulación que seguramente se hará de los resultados de la consulta hasta cualquier otro recurso que el pueblo considere adecuado para defender sus libertades y sus derechos fundamentales.
No pretendo convencer a nadie. Participar o dejar de participar es un problema de la conciencia de cada quien. Pero hay que estar conciente de que en este referendo se juega el destino del país y que el voto de cada quien es solo un granito de arena, un pequeñísimo esfuerzo para rechazar el crimen de lesa patria que Chávez y sus serviles secuaces se proponen cometer contra la República y contra todos los venezolanos. Pero la suma de esos granitos de arena puede construir la montaña que le diga rotundamente NO a la Constitución roja rojita que se nos quiere imponer.
Distinto seria si la abstención fuera el resultado de un movimiento nacional que aglutine a todos los venezolanos que rechazamos las modificaciones de la Constitución. Pero las experiencias de situaciones similares anteriores parecen indicar que ese milagro no ocurrirá.
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