31 agosto 2007

Recopilación Reforma Constitucional (15)

La propuesta puede afectar el sistema educativo

"Si bien la reforma constitucional no hace referencia al tema educativo, los cambios propuestos modificarían de forma profunda la sociedad incluyendo el sistema educativo".

La reflexión es del sociólogo y docente de la UCV, Amalio Belmonte, quien advierte que la universidad no estará exenta del socialismo del siglo XXI. Recuerda que en ese sentido apunta la propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior del ministro Acuña en cuanto a que las universidades propaguen los valores socialistas.

La creación de los consejos estudiantiles apuntaría en ese sentido, al desconocer la legitimidad de las autoridades por el poder popular.

Para Belmonte, "no sería una sorpresa" que con el inicio de las clases los afectos al oficialismo convoquen a una "reforma constituyente" para deslegitimar al gobierno universitario.

Para el docente la "hegemonía política en educación" no requiere de un nuevo texto constitucional, pues la posible eliminación de las pruebas internas y la reglamentación de las casas de estudios a los valores socialistas puede ser un hecho con la próxima ley.

"La aprobación de la reforma, como dijo la diputada María de Queipo, serviría para ajustar la nueva Ley Orgánica de Educación a los objetivos ideológicos del gobierno. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, han sido transformadas en bolivarianas".


AD solicitó intervenir en debate sobre el proyecto constitucional

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, solicitó un derecho de palabra a la directiva de la Asamblea Nacional para intervenir en la segunda discusión del proyecto de reforma constitucional, que se desarrollará dentro de dos semanas. Ramos Allup, quien se declaró "angustiado" por el contenido de la propuesta del jefe de Estado, aclaró que "no haremos una contrapropuesta ni una reforma alternativa ni entraremos en discusiones que para nosotros resultan absolutamente superfluas".

Para la tolda blanca, no tiene sentido debatir sobre la pertinencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente o la posibilidad de votar por separado la iniciativa de Miraflores, pues esos puntos ya han sido resueltos por los poderes públicos. "Esta no es una discusión acerca de la forma ni de los procedimientos, es una discusión de fondo y lo que le pido a todos los sectores oposicionistas de este país es que no sigan con piruetas, merodeos, circunloquios y maromas, porque la gente está distrayendo su atención del problema de fondo", clamó Ramos.

AD señala que "la esencia de la propuesta es la reelección continua", y aspira denunciar ante la Cámara "la concentración del poder, la situación de suspenso innecesario en la que se coloca a la propiedad y la existencia de una serie de conceptos vagos, imprecisos, que darán lugar a demasiadas interpretaciones discrecionales".

Ramos Allup consideró inoportuna la decisión del mandatario nacional de presentar su propuesta. "En todos los países del mundo una reforma y un proceso constituyente se dan para integrar, unir, no para poner a una parte de la población contra otra, y eso es lo que está haciendo el Presidente por segunda vez en nueve años".

El ex parlamentario insistió en "llamar la atención del país sobre la gravedad de esta reforma", y evitó referirse a la posición que asumirá su partido en la campaña electoral previa al referendo consultivo. "Venezuela se nos está convirtiendo en un verdadero hervidero que en cualquier momento puede reventar", advirtió. PPP

El Universal

Fiscal afirma que sólo el proyecto asegurará las 6 horas de trabajo

El fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, negó que la reducción de la jornada laboral, de ocho a seis horas diarias, o la creación del fondo social para los trabajadores autónomos puedan garantizarse sin que sea reformada la Constitución de 1999.

"El rango constitucional le confiere a la jornada laboral una categoría estable. Le da jerarquía para evitar que 'el legislador común' intente, lue- go, modificarla, desconocerla, reinterpretarla o desvirtuarla. El propósito es impedir que ese legislador lesione principios fundamentales y, de manera especial, que desvíe el carácter de 'fuente formal' que tiene el derecho laboral cuando es norma constitucional", afirmó el funcionario en un comunicado difundido ayer por el Ministerio Público.

Rodríguez le salió así al paso a lo dicho por el secretario General de Un Nuevo Tiempo, Gerardo Blyde, quien el miércoles aseguró que las propuestas contenidas en el proyecto de reforma constitucional elaborado por el Jefe del Estado se pueden poner en marcha vía decreto, pues "los derechos laborales una vez que se conquistan no pueden ser revertidos".

En el comunicado de prensa Rodríguez dijo: "Blyde no es tan chamo y debió estar en el país cuando la flexibilización convirtió en bonos el salario y cuando las transnacionales evadieron muchas de sus responsabilidades laborales simulando relaciones de trabajo con relaciones mercantiles".

El máximo representante de la instancia garante de la legalidad defendió la iniciativa del presidente Hugo Chávez de modificar la Carta Magna de 1999, por considerar que "propone respuestas absolutamente reales a necesidades políticas, económicas, sociales de este nuevo período".JFA

El Universal

Las grandes mentiras

La demagogia presidencial que pretende ocultar detrás de ciertas propuestas las verdaderas intenciones de su reforma constitucional queda al descubierto al no decretar lo que él solo puede hacer.

No se requiere modificar la Constitución para disminuir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. La Constitución de 1999 le dio un mandato a la Asamblea Nacional para que durante el primer año de vigencia de la Constitución se procediera a legislar y se ordenara una disminución progresiva de la jornada laboral. La Asamblea nunca lo hizo. Todo el pueblo venezolano sabe que si Chávez así lo hubiera querido, sus diputados sin pensarlo dos veces hubieran aprobado esa legislación.

Ahora están demasiado ocupados ejecutando la orden que les dio Chávez para discutir rápido su reforma, sin cambiarle ni una coma, y aprobarla en dos meses para que el pueblo venezolano la apruebe en un mes. ¿Por qué si él se tardó 8 largos meses en estudiar y preparar su propuesta, los venezolanos tenemos que decidir a la carrera en un solo mes luego de que la Asamblea se la apruebe?

El Presidente tiene una amplísima habilitación legislativa que le permitiría firmar un decreto-ley ya, en este mismo momento en que usted lee estas líneas, y con su sola voluntad disminuir hoy mismo la jornada laboral de 8 horas a 6. Es falso que si no se lleva a rango constitucional sería imposible mantenerlo en el tiempo. Todo trabajador sabe que los derechos laborales son irrenunciables y progresivos, que una vez que estén otorgados (por ley) no pueden disminuirse pues pasan a la categoría de derechos adquiridos. Si dicta el decreto-ley hoy, nadie en el futuro podría volver a aumentar la jornada diaria de trabajo.

También puede por otro decreto-ley crear el prometido fondo que cubra los requerimientos que ofrece a los trabajadores no dependientes para que gocen de los beneficios fundamentales, tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, postnatal, por nombrar sólo algunos. Tampoco requiere una reforma constitucional para decretarlo ya y ponerlo en vigencia.

Como él anda demasiado ocupado entre ruedas de prensa en las que sólo pueden entrar los medios cuadrados con la revolución, o programas de televisión interminables en donde luego de ocho años sigue prometiendo las misas cosas, o está trabajando intensamente por ayudar a Cuba, a Bolivia o a Argentina, o simplemente le duelen más los secuestrados colombianos que los nuestros, nos tomamos el atrevimiento de redactarle ambos decretos-ley y consignárselos en Miraflores, en el Departamento de Correspondencia de la Presidencia de la República el miércoles pasado.

Resulta evidente que tal como se los enviamos no los suscribirá, pues no contienen ningún elemento grandilocuente hacia su persona, ni poseen ni una sola letra de esa adulancia a la que está acostumbrado. No dicen, por ejemplo: "Hugo Chávez Frías, presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela". Por el contrario, son textos muy sobrios que dicen justo lo que deben decir y que son suficientes para decretar de inmediato la reducción de la jornada laboral y crear también de inmediato el fondo que asegure a los trabajadores no dependientes los beneficios laborales de los que gozan los trabajadores formales o dependientes. Si así lo quiere, puede pedirle a cualquier secretaria de su despacho que le agregue algunos títulos como los que suelen usar algunos de sus más fieles seguidores, quizá "comandante", se nos ocurre.

Nos tomamos la libertad de agregarle también todos los beneficios laborales a los beneficiarios de las misiones, que en la mayoría de los casos lo que devengan por esos planes de asistencia social son su único ingreso, dada la imposibilidad que han tenido en encontrar empleo formal ante el fracaso de las políticas que a este respecto ha instrumentado el Gobierno.

Lo cierto es que, si tuviera el Presidente verdadera voluntad de implantar esos beneficios laborales, los firmaría ya y los publicaría en Gaceta Oficial hoy mismo. No lo ha hecho en estos ocho años y no lo hará ahora porque la verdad es que cuando durante estos ocho meses se releyó la Constitución, buscó qué podía ofrecerle al pueblo para que le votaran en bloque su propuesta de reforma. Así fue como se le ocurrió ofrecer la disminución de la jornada laboral y la creación del fondo, como meros anzuelos para dejar colar su intención de permanecer en el poder por siempre, su deseo de concentrar el poder total en sus manos y su deseo de hacer del Estado (y de quien lo maneja, o sea él) el único y gran propietario en Venezuela.

Ninguno de sus adulantes le dijo que esas dos ofertas no requieren de una reforma constitucional. Y nadie tampoco le dijo que él y sus diputados tienen años en mora con el pueblo de Venezuela.


Gerardo Blyde
El Universal
gblyde@cantv.net

Las 25 palabras

Esta es nuestra primera entrega después de la alocución mediante la cual el Presidente presentó formalmente su propuesta para la reforma de la Constitución de 1999. Desde hace varias semanas venimos insistiendo en que lo medular del debate que ahora se ha desatado es la mengua extrema del principio de la alternancia democrática, el cual ha estado presente a lo largo de nuestra historia constitucional. Ahora que se conoce con pelos y señales la propuesta de reforma, más que nunca machacamos esta premisa. Las 25 palabras del nuevo artículo 230 no dejan espacio a las dudas, la idea es aumentar aún más el período constitucional únicamente del presidente de la República y permitirle exclusivamente a éste presentarse cuantas veces quiera para ser reelegido. Este cambio sencillamente implica que el actual Presidente o cualquier otro en el futuro, pueda ser electo sucesivamente sin solución de continuidad, lo cual abre la posibilidad que el país permanezca bajo la jefatura de una misma persona durante varias décadas. Nos vemos entonces obligados a insistir en que es mejor que los gobiernos incluso buenos -si los hubiera- finalicen por imperio de la Constitución, de lo contrario la tentación de quedarse mandando por siempre termina tarde o temprano generando un poder absoluto y subyugante.

Nos preguntamos en este punto qué habría dicho el presidente Chávez si la Constitución del 61 hubiera contemplado la posibilidad de que Carlos Andrés se hubiera reelecto inmediata y sucesivamente sin limitación alguna. Con toda seguridad hubiera justificado aun más su proceder del año 92. La Reforma tiene muchos otros aspectos sobre los cuales volveremos en próximas citas, pero en líneas generales se podría decir que está muy inspirada en la tesis de Ceresole de crear una relación directa entre el jefe del Estado y el pueblo, haciendo menguar o desaparecer las instancias intermedias del poder público.

En dos platos, con esta propuesta el país entraría en un presidencialismo absoluto y centralizado con largos períodos constitucionales y reelección continua. Si en efecto el Presidente lograra este modelo de Estado para sí, la interrogante sería hasta dónde llegará usando tanto poder sin límites de tiempo, o lo que es lo mismo, la propia sociedad tendrá que ponerle límites o subyugarse por décadas.


Juan M. Raffalli A.
El Universal
jmrhab@yahoo.com
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