El que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela, dicen por allí. 
Mientras organizaciones no gubernamentales de México, Bolivia, Perú y Trinidad y Tobago exponían ante la OEA, el pasado 25 de junio, su informe sobre el cumplimiento o no de los respectivos países a la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Gobierno venezolano solicitaba la exclusión de los representantes de Transparencia Venezuela, bajo el argumento de que dicha organización recibe fondos del exterior y, por tanto, no representa a la sociedad civil venezolana.
Mercedes de Freitas, coordinadora de Transparencia Venezuela, tiene la satisfacción de que al menos pudieron entregar el documento al Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención (Mesicic), en el cual se "evidencia que Venezuela sólo cumplió una de las 60 recomendaciones que le hicieron en 2004 en la lucha contra la corrupción".
Ya en el país, De Freitas alerta sobre el "peligro de que se restrinja la participación ciudadana" y el riesgo de que se debilite este mecanismo de la OEA.
-¿Tuvieron la oportunidad de conversar con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, luego de conocer la exigencia del Gobierno venezolano?
-Conversamos con él en Panamá, durante la reunión informal que acostumbran realizar con la sociedad civil, previamente a la Asamblea. Allí, en presencia del embajador (de Venezuela ante la OEA) Jorge Valero, se comprometió a hacer lo posible por incorporar nuestro informe en la web de la OEA. Luego, en la sesión del 29 de junio, hizo un llamado para que se respetara la participación de la sociedad civil, so pena de que, sin ella, es imposible luchar contra la corrupción. Sus palabras fueron claras, pero él no tiene ningún poder, no hubo diferencia.
-¿La diferencia pudo estar en que las ONG de los otros países presentes no reciben fondos del exterior o en que su ordenamiento jurídico no prohíbe esta posibilidad?
-Nosotros sí recibimos fondos del exterior como todas las organizaciones civiles del planeta y como todas las organizaciones no gubernamentales de todos los países que van a presentar informes alternos ante la OEA, pero Venezuela es el único país que ha limitado la participación de una ONG. Lo ocurrido fue una arbitrariedad. Muchos de los expertos nos decían en privado que no entendían cómo un Estado se puede atrever a negar la participación de la sociedad civil, porque significa claramente una violación a los principios, significa que se negó a ser evaluados, es poner en evidencia que te molesta la opinión y la crítica. Aunque argumentamos legalmente que sí éramos una ONG venezolana, que el hecho de recibir fondos no está en la legislación venezolana, sino en una sentencia del TSJ, los miembros del Comité de Expertos sólo aceptan como válida la opinión de los voceros oficiales.
-En estas condiciones, ¿es efectivo el mecanismo de seguimiento de la Convención? ¿Cómo lo evalúan?
-Tiene debilidades. Cuando permite que una irregularidad de este tipo se produzca, están creando los mecanismos para su propia destrucción. Y la Convención llama a la promoción de la participación sin límites.
-A su juicio, ¿por qué la OEA aceptó esta situación?
-Hay dos razones que no se pueden ignorar. Una, que los estados son los que están allí representados y quizás no quieran crear un precedente que pueda devolverse en su contra. Otra, es que Venezuela tiene una posición muy importante en este momento. Están en juego relaciones económicas y políticas.
-¿Qué acciones piensa tomar Transparencia Venezuela para revertir esta situación en el Mesecic?
-Se puede reformar el reglamento de la Convención. Ya hay una propuesta que elaboramos junto a Transparencia Internacional, donde planteamos que se elimine la posibilidad de que por algún subterfugio se permita que una ONG sea excluida del proceso. También pensamos llevar la evaluación de los países a otro escenario. Si dentro del Mesecic es difícil y no hay consecuencias al incumplimiento de los gobiernos, ¿por qué no creamos otro escenario?
-¿Qué características tendría ese escenario? ¿Cómo podría obligar a los estados a atender sus recomendaciones sobre corrupción?
-Estamos en las primeras conversaciones, porque es una instancia que tenemos que crear en conjunto con muchas organizaciones de América.
-¿Cómo fue evaluada Venezuela en el informe final? ¿Cumplió con las recomendaciones de 2004 para la lucha contra la corrupción?
-El informe dice que Venezuela no ha cumplido. De 2004 para acá, Venezuela pasó por go y no cobró 200, porque sólo cumplió con una recomendación completa de las 60.
-¿Cuál cumplió?
-Se pasó de bolívares a unidades tributarias la multa a los funcionarios públicos que no denuncian hechos de corrupción. Esa fue la gran hazaña de Venezuela. En el resto se avanzó muy poco o nada, incluso se retrocedió en el tema de las leyes de desacato. A seis meses de que apareciera el informe de la OEA, exhortando a que se eliminaran estas leyes, Venezuela hace una reforma del COPP, en donde aumenta las penas por estos casos. Se retrocedió en la participación ciudadana. Se siguen utilizando motivos insólitos para restringir la participación.
-¿En qué tópicos avanzó el Gobierno Nacional?
-Una recomendación era que se invirtiese en sistemas tecnológicos para procesar las declaraciones juradas. El gran avance es que ahora las planillas se pueden imprimir por internet.
El Universal
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