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Elias Matta, miembro de la dirección nacional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), alertó ayer en términos categóricos que en la reforma constitucional que promueve el presidente Hugo Chávez fue "¡tachado!, ¡borrado!, ¡no existe", el principio que permitió la asignación en el presupuesto de 2007 para gobernaciones y alcaldías de 2 billones 383 mil millones de bolívares para inversión pública, al ser suprimido el contenido del artículo 156, numeral 16 de la Constitución vigente, que sustenta la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAES).
Asimismo, advirtió que también se borró el derecho de las regiones a recibir créditos adicionales según se van produciendo ingresos petroleros extraordinarios más allá de los presupuestados, por la vía del situado constitucional, figura instaurada en el país en la Constitución de 1945 y ratificado en las de 1961 y 1999.
Recordó que solamente en créditos adicionales aprobados a lo largo del año 2006, las regiones recibieron mediante la figura que ahora se suprime la cantidad siete billones de bolívares, 20% del total aprobado para la Administración Pública por haber sido calculado el presupuesto de la nación muy por debajo del precio real de la cesta petrolera.
En rueda de prensa, Matta, ex diputado por el estado Zulia, dijo no comprender cómo los gobernadores y alcaldes han guardado silencio ante la supresión de los recursos que les permiten atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos, que son sus electores.
"¡Tenemos que decirle al país que reclame esta barbaridad!". Dijo que él defiende, y lo seguirá haciendo, el modelo descentralizador que es el que permite a la gente elegir, como lo hicieron en su momento los votantes por los gobernadores Diosdado Cabello (Miranda), Tarek William Saab (Anzoátegui) o José Gregorio "el Gato" Briceño (Monagas).
"¡¿Qué le va a decir Diosdado a los mirandinos?!, ¡¿Se va a quedar callado?!", apostrofó Matta.
En un tono de increpación, advirtió a todos los venezolanos que el propósito real de la reforma propuesta por Chávez es eliminar la elección directa de gobernadores y alcaldes, sólo que ahora el mandatario no se atrevió a hacerlo abiertamente ante el rechazo que tiene su propuesta, que él cifró en 85%.
"Rasparon a las gobernaciones y alcaldías. ¡No existen!". A modo de ejemplo, Matta recordó que al Zulia se le presupuestó este año por Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAES) 548 mil millones de bolívares para la gobernación y las alcaldías. Por el mismo concepto a Monagas le tocan 405 mil millones.
Desestimó los argumentos de voceros del oficialismo que alegan que aunque se suprima de la Constitución, el principio de repartición per cápita de los ingresos petroleros se mantendrá en la ley, y dijo que ya es sabido que si Chávez da la orden a la Asamblea Nacional de que cambie la ley, eso también se hará. Cuestionó asimismo a quienes guardan silencio porque creen que recibirán "sus premios de consolación" cuando se aplique la "nueva geometría del poder" y los designen vicepresidentes regionales a dedo o jefes de una comuna.
También destacó que la pelea interna entre factores del chavismo "donde gobernadores y alcaldes andan con un cuchillo en la boca" impide la denuncia.
La encargada de Negocios de Venezuela en Austria, Verónica Calcinari, se reunió con Wilhelm Haberzettl, parlamentario del Partido Socialista de Austria y presidente del sector sindical de ese partido político, en el marco de la cruzada diplomática iniciada por el Ministerio para Relaciones Exteriores para difundir en el mundo los alcances del proyecto de Constitución propuesto por el presidente Chávez, informó la Cancillería.
La diplomática expuso la propuesta presidencial y el proceso a seguir para su aprobación definitiva, incluidos los debates públicos, la discusión y sanción en la AN y el referendo en diciembre próximo.
Al dirigente austríaco también se le entregó un ejemplar del proyecto de reforma constitucional en idioma alemán. Se le explicó que la reforma "abarca menos de 10%" del texto vigente. Para la primera semana de octubre se prevé la visita a Viena de una delegación de diputados venezolanos.
Aunque la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, la inmensa mayoría de los venezolanos consideran que esta garantía la ejercen cuando expresan su opinión de viva voz y no asumen que la misma incluye la posibilidad de solicitar y recibir información, así como de que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Esta conclusión la arrojó el Observatorio de Garantías y Ejercicio de los Derechos de Participación y Asociación en Venezuela que desarrolló en 2006 y 2007 Sinergia, instancia que agrupa a numerosas organizaciones civiles.
"Si bien desde la Constitución de 1999 y el actual discurso oficial se promueve enormemente la participación, la realidad impulsa más bien a la gente a inhibirse. Dependiendo del sentido de la participación, ésta se hace más fácil o más difícil de ejercer. Algunos se inhiben porque presuponen que, por su posición de denuncia o reclamo, van a ser rechazados de entrada o van a experimentar represalias posteriores. Por eso hemos convocado este foro", afirmó el presidente de Sinergia, Feliciano Reyna, quien recordó que la participación no se materializa si la gente no quiere ponerla en practica.
En un comunicado de prensa, también denunció que los intentos por depositar la legitimidad de la representación ciudadana en unas instancias (consejos comunales) sin reconocer a otras podría socavar el derecho de asociación.
El ministro de Comunicación e Información, Willian Lara, anunció que el Gobierno reforzará la difusión del contenido del proyecto constitucional, para que los venezolanos conozcan de primera mano la propuesta hecha por el presidente Chávez, "y no se dejen manipular por sectores opositores".
En declaraciones a Unión Radio, el ministro consideró ideal que la oposición presente una contraoferta de la reforma, "pero basada en la verdad".
Ubicó entre 18 y 20% el sector de la población que se opone al jefe de Estado, dijo que respeta sus discrepancias, pero sólo espera que "haya una conducta democrática en promover esa postura de oposición. Recordó que la Constitución ordena informar de las decisiones de políticas públicas y que está en proceso de edición el discurso del jefe de Estado. "Tenemos como meta llegar a 5 millones de copias de distribución .
La Asamblea Nacional estudia la modificación de los artículos 344 y 350 de la Constitución, aunque estas disposiciones no forman parte del proyecto de reforma redactado por el presidente Hugo Chávez.
El diputado Darío Vivas informó que los miembros de la Comisión Mixta del Parlamento, que revisa la propuesta de Chávez, están dispuestos a "aclarar" los contenidos de esos dos apartados.
"Hemos conversado sobre esa posibilidad, para aclarar las dudas y evitar que esos artículos se utilicen para la conspiración", subrayó Vivas.
La oposición ha reclamado que el proyecto de reforma sea votado por partes basándose en el artículo 344 de la Constitución, que reza: "El referendo se pronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la AN o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o un número no menor del 5% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral".
Por otra parte, algunos detractores del Ejecutivo Nacional han llamado a la desobediencia civil invocando el artículo 350, que establece: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Vivas opinó que si el Parlamento clarifica esas disposiciones, "no tendríamos que esperar que el Tribunal Supremo de Justicia las interprete".
Además del 344 y el 350, los legisladores están examinando los artículos relacionados con la elección de los gobernadores.
De acuerdo con Vivas, la AN llevará estos planteamientos a Chávez, quien, en su condición de proponente, los evaluará antes de decidir su inclusión en el proyecto de reforma.
Con respecto a la eventual inserción de otras iniciativas presentadas por la ciudadanía, el diputado apuntó que esto sólo es admisible si "no afecta el espíritu, el propósito y la razón" del texto presidencial.
El jefe de la Comisión de Participación de la AN aseguró que, gracias al esfuerzo desarrollado para divulgar la propuesta de Chávez, "más de 75% de la población ya conoce el fondo del debate y tiene en su poder el proyecto de reforma".
Vivas restó importancia a las encuestas que evidencian el rechazo de la población a la tesis de la reelección indefinida o continuada del mandatario nacional. "Actualmente, existe un apoyo mayoritario al proyecto de reforma, porque la gente quiere darle continuidad al proceso y reconoce que hay un líder fundamental", acotó.
Morir en la orilla
El análisis de la propuesta de reforma constitucional se ha desatado intensamente. Ello era de esperarse, dada la magnitud de los cambios propuestos, los cuales a no dudarlo ameritaban plenamente la procedencia de una Asamblea Nacional Constituyente y no una simple reforma. Baste con recordar que la propuesta afecta y altera claramente principios fundamentales como la alternatividad, el pluralismo ideológico e incluso la institución del sufragio, además del modelo económico y social. Es decir, se trata de una reforma que técnicamente contraría el propio texto constitucional vigente.
Uno de los temas más preocupantes es la situación de la libertad económica. La misma desaparece como derecho constitucional expreso, por lo cual evidentemente pierde vigor al depender de la interpretación de otras normas que consagran principios generales en materia de libertad. En este mismo sentido se elimina el deber del Estado de fomentar la iniciativa privada productiva dando preponderancia a una economía "comunal" en la que el pueblo organizado asume la producción de todos los bienes y servicios fomentándose las empresas y unidades económicas de propiedad social y mixta. El gran punto en el cual debe pensar el proponente de la reforma, es la viabilidad de la misma en caso de aprobarse. Hay principios consustanciales con nuestra vida democrática y económica que, por más que se alerten en la letra de la Constitución, su afectación o desaparición en la práctica serían una tuerca intragable para la sociedad y para nuestro modelo económico productivo.
Sencillamente pensar en un modelo de Estado en el cual la productividad sea colectiva y fuera del ámbito de acción natural de las sociedades mercantiles tradicionales, en Venezuela es inviable. Dicho ramplonamente, la idea de demeritar la iniciativa privada productiva equivale a atentar contra la productividad general del país y los primeros afectados con esa genialidad serán los más pobres y en consecuencia el propio Gobierno de turno, sobre todo si le tocan tiempos de vacas flacas, sea por bajo precio del crudo o por baja producción.
Así las cosas, por más que ese sueño trasnochado de degradar a las sociedades mercantiles tradicionales se ponga en papel, la imposibilidad de la ejecución material de ese modelo será contundente e inmediata. Tanto nadar para morir en la orilla.
Juan M. Raffalli A.
El Universal
jmrhab@yahoo.com
Trapiche andando
Menos del 11% de la población venezolana declara conocer el contenido de la reforma inconstitucional que ha propuesto el presidente Chávez, pero que la diputada Flores declara que ya todos conocen. Ya van dos discusiones (si así se pueden llamar a la "formalidad cumplida") que en escasas tres semanas se han efectuado en las plenarias parlamentarias. Una materia tan importante como modificar sustancialmente la Constitución nacional se tramita allí con mayor velocidad que cualquier ley ordinaria de la República.
El tan mencionado parlamentarismo de calle que enarbolan ha sido construido para también aparentar estarse cumpliendo con otra formalidad: la consulta popular. Se llenan salones con adeptos al proceso, se limita el número de oradores previamente escogidos y se asegura así el aplauso fácil de quienes acuden trasladados en autobuses.
Algunos importantes dirigentes políticos de oposición solicitaron ser escuchados y, para no tener que explicar mucho, una comisión mixta de oídos sordos los recibió, a puerta cerrada, sin ninguna posibilidad de que sus dichos y razones fueran escuchados por los miembros de esa comisión que están allí sentados casi por obligación, para cumplir el trámite. Tampoco pudieron ser escuchados por todos los diputados, ni mucho menos pudieron llegarle en vivo a todo el país.
Los medios estatales de comunicación son usados de manera continua y abusiva para promocionar la reforma, y no garantizan igualdad de acceso y tiempo para que quienes la adversan expongan también sus argumentos. Si alguna voz dentro del chavismo se atreve a disentir de todo o parte de la propuesta, es silenciada o condenada como enemiga del proceso y de su líder. Sus argumentos no son escuchados ni respondidos con contra-argumentos. Se recurre al manido expediente de la descalificación del disidente, esos que apenas ayer eran los mismos que los aplaudían cuando tomaban la palabra para defender el proceso o agredir a la disidencia. Otros son obligados a presentar vergonzosas y públicas excusas con la única finalidad de demostrar quién y cómo manda.
La rueda del molino avanza y tritura a todo aquello que se le atraviese. La orden es clara: no puede detenerse. La soberbia en el poder los hace creerse indestructibles, invencibles. La rueda debe seguir avanzando. El trapiche revolucionario ya ha triturado a muchos de sus dirigentes y simpatizantes, pero aún faltan muchos más.
Hasta ayer lo que para muchos de ellos fue un sueño de revolución bonita hoy muestra, por fin, ante sus atónitas miradas, su verdadera cara. Comienzan a enterarse y a sentir en carne propia la fuerza y furia con la que actúa bajo el aparente manto democrático. De perseguidores pasan a ser perseguidos. De héroes revolucionarios pasan a ser enemigos.
Del otro lado algunos llaman desesperada y continuamente a una insurrección civil, como si tal hecho pudiera construirse y activarse con una declaración pública en un país donde el 89% de su población desconoce el contenido de la propuesta presidencial. Ante el dominio de los medios con información parcializada, resulta cada vez más difícil hacer conocer masivamente ese contenido.
Ninguna acción para impedir la reforma tendrá fuerza -ni la participación ni la abstención- si no se aprovecha cada espacio del que se disponga para exponer su contenido al pueblo venezolano y aumentar su rechazo. Hoy quienes piensan votar a favor de la reforma son el 40,6% de la población, los que piensan abstenerse son el 22,5% y los que votarían en contra son el 24% (Encuesta Seijas). Esos números hablan por sí solos: unidos hay mayoría y el panorama podría cambiar radicalmente. Pero si los que mantienen la tesis de no participar y los que sí quieren hacerlo se mantienen en sus trincheras, el resultado está cantado.
En la naturaleza del venezolano está la cultura libertaria y democrática, está el sentido de propiedad individual, está el rechazo a mandatos perpetuos, está el aprecio por la descentralización y la integridad territorial de su Estado. Hay que seguir la labor de desenmascarar la reforma y unificarnos en una estrategia política común. No es momento del ataque pequeño al otro que también adversa a Chávez y a su reforma. No es momento del discurso diferenciador aprovechando la coyuntura. El riesgo de la patria es enorme y la responsabilidad en la actuación política debe dirigirnos a tener muy claro dónde está el adversario, cuál es su juego, a dónde pretende llevarnos y a convencer a más venezolanos de todo ello.
Gerardo Blyde
El Universal
gblyde@cantv.net
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