16 septiembre 2007

Socialismo a la carta

Hasta hace poco el socialismo del régimen había quedado en la niebla de la indeterminación. Pero la espera terminó, porque viene ahora retratado en la propuesta presidencial de nueva Constitución, que presenta tres caras: la democracia socialista (art. 158), la economía socialista (112) y el Estado socialista (318).

Democracia socialista. La soberanía del pueblo se ejerce a través del poder popular, y este no nace del sufragio ni de elección alguna (136).

Aquí está el truco, porque sin elecciones para ejercer la soberanía, no puede haber democracia. En la democracia socialista la palabra democracia queda de adorno, y el contrabando pasaría por llamar socialismo al comunismo. Junto a ello, la voluntad manipulable de las comunas serviría para asegurar la reelección indefinida (230) y la perpetuación del régimen, sin apelación genuina al sufragio universal, directo y secreto.

Economía socialista. Se fundamenta en la liquidación de la propiedad privada y de los mercados de trabajo y de bienes, a través de la eliminación de las garantías de libertad de trabajo y de empresa, y de un atributo esencial de la propiedad que es la capacidad de disposición y usufructuar (87,112,115), sin la cual no se puede vender, comprar, hipotecar o heredar, alquilar o ganar intereses. Sin ella, la única acumulación de capital factible es la del Estado, lo cual se refuerza con normas que "protegen" a las empresas del Estado, directas o indirectas, de la competencia de las empresas privadas.

Estado socialista. En el Estado socialista se transfiere casi todo el poder efectivo al Ejecutivo. Se crea un gobierno paralelo y centralizado a través de territorios, provincias, y ciudades federales, combinados con regiones especiales militares, dirigidos por autoridades designadas desde la presidencia (11, 16, 236.3). La administración pública deja de estar al servicio de los ciudadanos, y no responde a principios de transparencia y rendición de cuentas; queda subordinada, como polea de transmisión del poder del gobernante. En paralelo también se monta la administración "informal" de las misiones, dirigidas y financiadas desde la cúpula del poder (141). La Fuerza Armada se partidiza y su comando directo es atribuido al Presidente, sobre cuerpos, componentes y unidades, y en toda la escala de promociones (236.6, 236.7). Los tratados internacionales son ratificados por el jefe de Estado, sin pasar por el Poder Legislativo (236.5). El Presidente pasa a ser la autoridad monetaria, con control discrecional directo sobre las reservas internacionales y la oferta de dinero.

Esta es la esencia de la propuesta. Se sigue llamando democrática, aunque cualquier sistema no basado en el voto no es democracia. Sella la sentencia contra el aparato productivo privado y lo sustituye por un cuerpo de burocracias sin eficiencia, lo que traerá menos producción (escasez) y precios más altos en los mercados alternos que surjan para paliar la escasez. No es un nuevo modelo productivo; es viejo, a la cubana, y altamente improductivo.

Ni siquiera una Constituyente puede liquidar la libertad y la democracia, ni la propiedad privada como derecho humano ni las elecciones como esencia del ejercicio de la soberanía popular. Esto lo debe tener claro toda la población.



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