%2520copia.jpg)
Las organizaciones civiles Queremos Elegir, Ciudadanía Activa Acuerdo Pobreza y Radar de los Barrios, realizaron en la plaza Brión de Chacaíto una jornada informativa denominada "Venezuela Tricolor", para dar a conocer a los ciudadanos los alcances del proyecto de reforma Constitucional.
Andrés Coba, secretario general de Queremos Elegir señaló que "esta actividad busca dar a conocer el vuelco antidemocrático que se le pretende a dar a la Carta Magna, y las implicaciones para todos los habitantes del país. Existe una desinformación generada por el mismo oficialismo al ocultar en diversos artículos medidas que quiebran los derechos humanos, el derecho a la participación y a la propiedad privada", dijo.
Coba aseguró que 7 de cada 10 venezolanos "no tienen la más mínima idea de lo que está proponiendo el presidente Chávez".
"Es angustiante que un 70% de la población no conoce ni ha leído la propuesta presidencial, por ello estamos entregando un kit con información relacionada a los cambios que desea implantar el oficialismo y que cada persona saque sus propias conclusiones", acotó.
Por otro lado, Carlos Vecchio, de Ciudadanía Activa, anunció que este ciclo de jornadas de calle busca despertar a la población de cara a los cambios trascendentales en la nación.
"Aquí estaremos denunciando la lista de atropellos que el Ejecutivo Nacional adelanta con esta propuesta, empezando por la imposición a la fuerza de una ideología política, la reelección presidencial indefinida que rompe con más de 100 años de tradición democrática, la centralización de todos los poderes, la imposibilidad del pleno disfrute de los bienes privados y el rol que deberían cumplir los componentes castrenses".
Vecchio hizo mención especial, a la propuesta del presidente Chávez de institucionalizar el Poder Popular.
"Aquí se engaña a las masas con la figura constitucional del Poder Popular, ya que no se permitirá a los ciudadanos elegir a sus representantes por la vía del sufragio. Claramente se está violando la Constitución vigente, porque no puede designarse a dedo a los representantes de las comunidades organizadas, sin que ellas mismas decidan realmente su base y representación proporcional", aseveró.
Anunciaron otras actividades similares en varios estados de la geografía nacional y en las estaciones del Metro de Caracas.
Escándalo constitucional
En este momento no es posible predecir la suerte con la que correrá el cambio de constitución propuesto por Hugo Chávez. La jugada de Chávez se ve clara. Mantener al país en la confusión en cuanto el contenido de la reforma, evitar todo debate que contribuya a informar y a aclarar lo que está implicado en la propuesta, mantener la división entre los que creen que se debe votar por el NO en el referéndum y los que creen que hay que abstenerse, ganar así el referéndum con una minoría que derrota a una oposición dividida.
Eso es lo que está en marcha y los datos que hay son consistentes con esa estrategia. Una mayoría del país, ubicada en el rango del 55 o 60% está en contra de la reforma. De esa mayoría, un porcentaje significativo no piensa ir a votar, y ese porcentaje es suficiente para que, entre los que van a ir a votar, la minoría que está a favor de la reforma se convierta en mayoría el día del referéndum Por último, un alto porcentaje de la población no está informado, o lo está muy poco, del contenido de la propuesta constitucional de Chávez.
Decía que es imposible predecir cómo van a ir evolucionando esas variables, y en especial cómo van a ir definiéndose las posiciones políticas de quienes adversan la propuesta, en cuanto a participar o no. Las señales van por los lados de que se va a mantener el rechazo mayoritario al cambio constitucional y la división de esa mayoría en cuanto a votar o no hacerlo, y de que hay que esperar a ver cómo reaccionan las fuerzas políticas a esa situación.
Lo que sí es posible determinar desde ya, es que dentro de ese cuadro, la aprobación de la propuesta constitucional de Hugo Chávez daría lugar a una situación constitucionalmente monstruosa, carente de legitimidad sustantiva. El país entraría en una situación de sustancial ilegitimidad, con respecto a la cual el deber de obediencia queda disuelto, y esta se producirá sólo por razones de hecho, es decir, por la pura capacidad que en los hechos tenga el Gobierno de que su voluntad y sus decisiones se cumplan gracias a los recursos políticos, militares, económicos, de popularidad... de que disponga.
Resumamos la situación. Estaríamos ante una modificación de fondo de la Constitución, tramitada por una vía -la de la reforma- que ya de por sí viola la Constitución, puesto que la que le corresponde es la Asamblea Constituyente. Ante un cambio de la Constitución que es rechazado por una mayoría de la población, y que se lograría imponer por la división de esa mayoría en cuanto al comportamiento electoral. Ante un cambio que le da rango constitucional a una sola orientación política, la socialista, con lo que se aplasta un valor político intrínseco a la democracia, como es el pluralismo. Ante un cambio que llegaría a obtener ese triunfo de una minoría sobre una mayoría dividida, mediante tácticas de desinformación, de acortamiento de los lapsos destinados al debate público de la propuesta de cambio constitucional. La lista podría seguir, pero con eso es suficiente. En esencia, una Constitución impuesta contra la voluntad del país, la cual en el momento dado no encontró cómo hacerse valer. Desde el punto de vista de cualquier teoría constitucional decente, una Constitución con esas características aprobada de ese modo es simplemente un escándalo: las constituciones no se aprueban así. Entonces: un cambio de fondo de la Constitución, violatorio de valores intrínsecos de la democracia, tramitado por una vía inconstitucional, respaldado por una minoría que triunfa sobre una mayoría dividida. El resultado es una situación constitucional carente de legitimidad. Y punto.
El sentido de todas estas afirmaciones es dejar bien claro que de tener lugar del modo dicho la aprobación del cambio promovido por Hugo Chávez, un dato fundamental de la situación nacional a partir de allí, es que el Gobierno carece de piso constitucional legítimo. Se queda sin Constitución. El país va a enfrentar las difíciles situaciones económicas y sociales que están en el horizonte sin Constitución, en el sentido de un marco normativo que el grueso de la población considera que hay que acatar.
Desde ese momento, la política empieza a ser el resultado de cálculos sobre qué es lo que más conviene hacer por parte de las fuerzas que participan en la vida política. Pero la legitimidad que en principio hay que atribuir a quien detenta el Gobierno, y que en el juego político constituye una importante carta en su favor, ha sido sacada de la baraja.
Diego Bautista Urbaneja
El Universal
dbu@etheron.net
No hay comentarios.:
Publicar un comentario