14 octubre 2007

Recopilación Reforma Constitucional (57)

Asamblea Nacional agregó 25 artículos a proyecto de Chávez

Será mañana en el Teatro Teresa Carreño donde la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (AN) dará a conocer "oficialmente al país" y a la Cámara en pleno los alcances del proyecto de reforma a la Constitución de 1999 prepuesto por el presidente Hugo Chávez, pero que ya lleva 25 artículos más de los 33 presentados por el proponente.

"Esto lo estamos haciendo para darle continuidad a todo el trabajo que se hizo durante todo este tiempo de la consulta pública, donde tuvimos la oportunidad de recorrer todo el país (...) y recibimos las opiniones de diversos sectores sociales que enriquecieron y aportaron con su creatividad y propuestas los contenidos del proyecto pre-sentado por el Presidente", justificó el diputado oficialista Darío Vivas, luego de la reunión de la Comisión.

Destacó que gran parte del trabajo de la Comisión Mixta fue valorar las opiniones emitidas y planteadas en las consultas públicas, las cuales "están recogidas en el informe que hará entrega el día lunes, para proceder el día martes al debate", precisó el parlamentario.

Se espera que esa instancia dé hoy una última revisión al proyecto a ser presentado mañana para iniciar la tercera y última discusión en la plenaria el próximo martes.

Entre los cambios polémicos fue el sufrido por el artículo 337, el pasado viernes, mediante el cual se podrá suspender el derecho al debido proceso y el derecho a la información cuando el Ejecutivo decrete un estado de excepción.

A pesar de que salvó su voto en este artículo, el diputado Carlos Escarrá manifestó que entregarán a la plenaria 58 ar- tículos del proyecto de reforma constitucional que llenan las aspiraciones y necesidades del pueblo, reseñó la estatal ABN.

Advirtió que no se puede eliminar el derecho a la información sino "limitar el derecho o restringirlo a los dueños de los medios, pero el derecho a la información es fundamental".

Por su parte, el diputado Alberto Castelar descartó que la modificación al artículo 337 pueda ser utilizado a futuro para reprimir protestas estudiantiles.

"No tiene nada que ver, esta norma está prevista es para estados de excepción, de conmoción política social o económica, guerras o invasiones. Esto lo tienen todas las constituciones del mundo, desde Roma hasta nuestros días", dijo la ABN.

El segundo vicepresidente de la AN, diputado Roberto Hernández, dijo: "No tiene sentido" el que se declare un estado de excepción y se mantengan derechos como el debido proceso y el derecho a la información. "A través de la historia del Derecho, la suspensión de garantías o estados de excepción suponen la suspensión de esos derechos".

El Universal

Alertan sobre pretensión totalizante

El secretario general de Un Nuevo Tiempo (UNT), Gerardo Blyde, aseguró que el proyecto que elabora la Comisión Mixta, sobre la base de la propuesta presidencial, viola todos los procedimientos constitucionales y contiene planteamientos que ni una Asamblea Constituyente puede aprobar.

"Es un mamotreto por la vía del atajo", dijo en el programa Entre Noticias de Globovisión.

El dirigente político señaló que la Carta Magna no puede regresar a un régimen anterior con la eliminación de la pluralidad democrática, del sufragio y otros derechos.

Blyde rechazó nuevamente la modificación del artículo 337, hecha por la Comisión Mixta el pasado viernes, según el cual queda restringido el derecho de la información en un estado de excepción y, además, queda eliminado el derecho al debido proceso en esa circunstancia potestativa del Presidente de la República, de acuerdo con el texto constitucional.

El dirigente de UNT, quien además es abogado, reiteró que la reforma es violatoria de la progresividad de derechos y expresa la intención totalizante de un Estado que quiere abarcarlo todo.

El Universal

"Reforma facilitará la comisión de atropellos y arbitrariedades"

Los asesinatos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y todas las otras violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante los sucesos de febrero de 1989 y que se repitieron luego de las inundaciones que asolaron al estado Vargas en 1999, podrían volver a presentarse de ocurrir en el país una situación de conmoción y/o crisis que lleve al Gobierno a decretar el estado de excepción.

La advertencia la formularon el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, el ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alirio Abreu Burelli; y el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quienes rechazaron la modificación que el Parlamento hizo al artículo 337 de la Constitución, para facultar al presidente de la República a suspender el derecho debido proceso durante los períodos excepcionales.

"Vamos hacia una reforma potencialmente generadora de nuevas violaciones a las garantías fundamentales", sentenció Alvarado, quien luego explicó: "La propuesta que presentó el presidente Chávez apunta a un proceso de militarización, pues le da a los militares la preponderancia en el control del orden público y la seguridad ciudadana; y los militares están formados para matar. La experiencia del Caracazo nos demostró lo fatal que es darle la responsabilidad de orden público y seguridad ciudadana a los militares. Si a eso le sumamos que el debido proceso estará suspendido, entonces concluimos que se les deja las manos libres a los funcionarios para cometer todo tipo de atropellos".

El coordinador de Provea exigió a los diputados dejar el artículo 337 tal y como está. "Uno no entiende cómo miembros de la Asamblea que vienen de sufrir en la IV República todo tipo de represiones vienen ahora a crear las condiciones para que se produzcan nuevas violaciones a los derechos humanos", agregó.

Regreso a la barbarie

Como una "atrocidad" y "un atropello a lo que queda del Estado de Derecho", así calificó el penalista Arteaga Sánchez la modificación anunciada el sábado en la noche; y afirmó que el cambio viola la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual firmó Venezuela; y que, según el artículo 23 de la actual Carta Magna, tiene rango constitucional.

El jurista recordó que el artículo 8 del pacto continental prohíbe la suspensión de las garantías judiciales durante los estados de excepción.

Rechazó los argumentos ofrecidos por la presidenta del Legislativo, diputada Cilia Flores, quien justificó el cambio, alegando que busca evitar que se repitan hechos como los de abril de 2002 y que sus autores queden impunes. "¿No piensa la presidenta que esto se le podría aplicar a ella, que en cualquier estado de excepción se le podría someter a un juicio sumario, sin derecho a la defensa y que se le procese por delitos que no figuraban antes en ninguna ley?", inquirió.

Asimismo Arteaga afirmó: "El Estado no puede alegar la torpeza que ha demostrado en perseguir a los presuntos autores de los delitos cometidos en abril de 2002 para defender este atropello".

Por su parte, el ex vicepresidente de la Corte IDH, Alirio Abreu Burelli, recordó que en materia de derechos humanos no se admiten retrocesos. "Las reformas deben enriquecer y ampliar las garantías de los ciudadanos, nunca restringirlas", sentenció, al tiempo que se mostró confiado en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá anular la modificación realizada al artículo 337, en el supuesto de que ésta sea definitivamente aprobada.

El Universal
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