CARACAS (AP) - Una comisión mixta de legisladores acordó ampliar de 33 a 58 los artículos de la constitución que serán sometidos a votación en la Asamblea Nacional para su reforma, y llevados a referendo en diciembre.En el texto final del proyecto de reforma se incluyeron los artículos que regulan los procesos de referendo, y los derechos que serán suspendidos en los estados de excepción, señala un informe que entregó el lunes la comisión mixta a la Asamblea Nacional para el tercer y último debate.
Inicialmente, el presidente Hugo Chávez propuso en agosto pasado la modificación de 33 artículos de la Carta Magna; pero la comisión mixta, que dirige la presidenta del congreso, Cilia Flores, decidió anexar otros 25.
Los 58 artículos del proyecto de reforma serán discutidos a partir del martes por la Asamblea Nacional, integrada en su totalidad por aliados de Chávez.
Se estima que el debate de cada uno de los artículos se extenderá hasta la próxima semana cuando se espera sancionar en nuevo texto constitucional, para llevarlo luego a referendo el 2 de diciembre.
La comisión mixta no realizó ningún cambio a la propuesta que hizo Chávez para ampliar el período presidencial de 6 a 7 años y establecer la reelección "continua".
Entre los nuevos artículos que incluyó la comisión en el proyecto está uno que reduce de 18 a 16 años la edad de los electores y otro que amplía de 20% a 30% la proporción de votantes requeridos para solicitar un referendo de recorte de mandato del presidente u otro funcionario de elección popular, revela el informe final al que tuvo acceso la AP.
También se propuso la ampliación de 10% a 20% el número de electores exigidos para someter a referendo consultivo algún tema de especial trascendencia nacional.
La comisión mixta agregó la modificación de un artículo sobre los derechos constitucionales que se respetarán en los estados de excepción.
De manera expresa se señaló que se mantendrá "el derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa".
En el nuevo texto se prevé que durante las situaciones emergencia que decrete el presidente podrán suspenderse, de forma temporal, algunos derechos tales como el debido proceso y la garantía a la información, los cuales estaban preservados en la constitución vigente.
Flores, una estrecha colaboradora del mandatario, defendió el lunes la inclusión de los 25 nuevos artículos en el proyecto de reforma alegando que forman parte de las "propuestas del pueblo".
Durante los dos meses de debate del nuevo texto constitucional el congreso organizó varias asambleas populares donde participaron numerosos simpatizantes del gobierno y pequeños grupos opositores.
La presidenta de la Asamblea Nacional dijo a la prensa que la comisión mixta acordó el cambio del artículo sobre el estado de excepción para "garantizar que no ocurran nuevos hechos violentos" en el país.
"El que esté pensando en desestabilizar, en dar un golpe, primero que vea las consecuencias que puede acarrearle", añadió.
Sostuvo que nadie debe preocuparse "porque los derechos humanos están garantizados plenamente en las situaciones ordinarias".
El gobernante venezolano promovió en 1999, a comienzos de su mandato, un proceso constituyente que permitió reformar la constitución ese mismo año. Entre los cambios que se incluyeron estuvo la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, y la reelección inmediata por un período adicional.
A finales del año pasado el mandatario logró la reelección por abrumadora mayoría para gobernar Venezuela hasta el 2013.
Partidos de oposición advirtieron sobre los peligros que encierra la modificación constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez y la incorporación por parte del Parlamento de otros 25 artículos al proyecto original de 33.
Las organizaciones políticas Acción Democrática (AD), Alianza al Bravo Pueblo (ABP) y el Comando Nacional de la Resistencia (CNR) coincidieron en señalar la necesidad de que los venezolanos se activen y se movilicen en contra de los cambios al texto fundamental para poder preservar la democracia.
El gobernador del estado Zulia Manuel Rosales instó al pueblo a "reflexionar, abrir los ojos y leer detenidamente el contenido de la propuesta". Señaló que, de aprobarse los cambios, se cierne sobre Venezuela "una gran amenaza" (...) que podría significar "la destrucción" de la democracia.
Asimismo Antonio Ledezma, presidente de ABP, aseveró que las modificaciones planteadas se ejecutan al margen de la Constitución y pisoteándola", razón por la cual instó a los partidos de oposición a exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender el referendo sobre la propuesta e insistió que "el camino es la movilización popular".
Las organizaciones de oposición fijaron especial atención en dos de los 25 artículos que agregó el Parlamento a la reforma: el 337 y el 338, referidos a la suspensión ilimitada -en estados de excepción- de garantías como el derecho al debido proceso y a la información.
El secretario general de AD Henry Ramos Allup señaló que en la modificación, el Presidente estará en capacidad de recurrir al estado de excepción cuando quiera, y lo hará cuando se vuelva a movilizar la gente y retome las calles: "Vamos hacia un control absoluto y total del Gobierno en todos los ámbitos y las áreas".
Por su parte, el dirigente de Copei Roberto Enríquez cuestionó que los estados de excepción se consagren de manera perpetua, lo que contradice derechos humanos esenciales.
Enríquez se preguntó: "¿dónde está el Tribunal Supremo de Justicia" en este momento? Recordó que el artículo 335 de la Constitución establece que el TSJ garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales.
Narváez: "Democracia no tiene apellido"
Además de que el proyecto de reforma constitucional proscribe todas las demás ideologías para encasillar al país en el socialismo, para el profesor universitario Arlán Narváez, "un problema colateral", pero no por eso menos importante, "es que el socialismo que se trata de contrabandear en el proyecto queda etéreo e indefinido, casi siempre mezclado con palabras bonitas y declaraciones generales, casi poéticas y de buenas intenciones".
A juicio del catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela estas palabras con las que se presentan al país el "Estado Socialista" son "tan genéricas y abstractas que puede reclamarlas igual el más recalcitrante ultraderechista que el más anárquico de los anarquistas". Cita como ejemplo "el bienestar del pueblo ( o) la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo".
A su juicio, esa "indefinición hace recordar que regímenes tan ignominiosos como el de Hitler se definían también como socialistas (nacional-socialistas)". Con esto -aclara- no intenta relacionar "aquel caudillo con el nuestro, sino simplemente ilustrar que "socialismo" puede significar cualquier cosa, particularmente cuando se asocia con concentración de poder en una persona. Por lo demás, la indefinición se traducirá en que socialismo terminará siendo lo que diga el Presidente en su programa de los domingos".
Resalta que "el cambio de identidad de la República se contrabandea en siete conceptos diferentes, todos ellos indefinidos, a lo largo del proyecto de reforma constitucional, cuando nos hablan desde Estado y solidaridad socialista pasando por economía socialista hasta llegar a democracia socialista".
Para el catedrático no se puede hablar de democracia socialista "porque se trata simplemente de democracia, no hay ningún otro nombre. Cuando se le pone un apellido, ya allí se están excluyendo todas las demás opciones. La democracia no tiene apellido y está definida fundamentalmente en la participación".
Narváez insiste que el socialismo está de contrabando en el proyecto de reforma, para evitar alterar los 9 primeros, entre ellos el nombre de la República, artículos de la Carta Magna, lo que llevaría a la convocatoria de una Constituyente.
Señaló que la reforma nos aleja de un estado federal, previsto en la Constitución de 1999, para llevarnos nuevamente a la centralización del poder "y la democracia es acercar la toma de decisiones al pueblo. No le den nombre a eso porque eso es excluir otra opción". MLD
La Comisión Mixta del Parlamento, que revisó el proyecto de reforma constitucional, modificó el artículo 338 de la Carta Magna para eliminar los límites de tiempo que se imponen a los estados de alarma o excepción.
El texto fundamental vigente señala que el "estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más"; mientras que "los estados de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo (...) se prolongarán hasta por noventa días, siendo prorrogables por noventa días más". Igualmente, se fija que "la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional".
El cambio redactado por la directiva de la AN sólo apunta que "los estados de alarma, de emergencia económica y de conmoción interior o exterior durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron".
De aprobarse la propuesta de los legisladores, que también alteraron el artículo 339, el Presidente ya no tendrá que presentar el decreto que declara el estado de excepción a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia "para que se pronuncie sobre su constitucionalidad". Los asambleístas agregan que el mencionado decreto tampoco deberá cumplir con "las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Además, los diputados reservan al mandatario la facultad de "dejar sin efecto" la declaración del estado de excepción, potestad que actualmente comparten el Ejecutivo y la AN.
La plana mayor del Legislativo incorporó al proyecto de reforma el artículo 153, referido a las relaciones internacionales. Allí se añade que la República impulsará los procesos de integración "a través de la fundación de Empresas Grannacionales o Fundación de Repúblicas que consoliden los proyectos estructurales de la región".
En 1999 los constituyentes determinaron que Venezuela "privilegiará relaciones con Iberoamérica", expresión que suprimen los diputados para destacar lo siguiente: "La República fortalecerá relaciones con Latinoamérica, el Caribe y demás países del Sur, orientada a una política común de la región, basada en un Pacto de Repúblicas".
Ayer la Comisión Mixta celebró una sesión especial en el Teresa Carreño. Un grupo de estudiantes, encabezado por Yon Goicoechea, protestó las variaciones que sufren los estados de excepción.
A su llegada al TTC, funcionarios de seguridad de la AN intentaron impedirles el acceso a la Sala Ríos Reyna, donde se celebraba la sesión, alegando que no había puestos vacíos, pero finalmente el grupo logró entrar.
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, daba lectura a los artículos de la reforma. Cuando hizo referencia al 337, los jóvenes comenzaron a gritar consignas en favor de la libertad de expresión y en contra de la supresión del debido proceso en casos de crisis. Ello provocó el rechazo de varios simpatizantes oficialistas, que reaccionaron de forma airada.
En un primer momento, las agresiones hacia Goicoechea y sus acompañantes fueron verbales, pero de las palabras se pasó a la violencia física no sólo contra el grupo estudiantil sino contra algunos periodistas que daban cobertura al evento.
Goicoechea recibió un puñetazo en el pecho; a Francia Sánchez, de RCTV internacional, le propinaron un golpe en la cara y le arrebataron el micrófono, mientras Diana Carolina Ruiz, de Globovisión, hacía esfuerzos por escapar de los manotazos, sin que la Guardia Nacional hiciera nada por impedirlo. Finalmente, el grupo estudiantil fue desalojado del TTC.
La diputada Flores dijo que los opositores habían ido a montar un "show" que tenía "cámaras incluidas" y apoyó la acción de los oficialistas. "Les dieron un parao. Ellos trataron de provocar al pueblo y salieron con las tablas en la cabeza", afirmó.
Los simpatizantes del partido Podemos marcharán el próximo viernes a la sede del Consejo Nacional Electoral para pedir la postergación, por seis meses, del referendo sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Hugo Chávez.
El anuncio fue realizado por el gobernador del estado Sucre y presidente de la tolda, Ramón Martínez, quien calificó como un "golpe constitucional" la adición de nuevas modificaciones al proyecto entregado al Parlamento el pasado 15 de agosto.
La movilización también servirá para pedir la inhibición de tres magistrados de las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -entre los que se encuentra la presidenta del máximo ente judicial, Luisa Estela Morales- por haber expresado su opinión pública respecto a los cambios sugeridos por el primer mandatario.
Patria para TodosEl diputado José Albornoz, líder del partido Patria para Todos (PPT) salvó su voto sobre el cambio propuesto al artículo que norma los estados de excepción.
Con la modificación introducida por la AN se suprime el derecho a la información y al debido proceso en caso de ser suspendidas las garantías constitucionales.
También, desde el punto de vista procedimental, la modificación constitucional es un muy bien urdido fraude a la constitución y a la democracia. Se está imponiendo a las instituciones y al electorado a adoptar una modificación del texto fundamental, a través del mecanismo específico de la reforma, para cambiar nada más y nada menos que el régimen político y la forma del Estado.
La otra arista del fraude es la más perversa: se está invitando al pueblo de Venezuela para que, a través de un mecanismo supuestamente constitucional, abdique de valores democráticos y de su soberanía a favor de quien hoy ejerce la presidencia de la república.
La modificación propuesta persigue un cambio radical del régimen político venezolano y la modificación de la forma del Estado, lo que se traduce necesariamente en una nueva Constitución. Ello simplemente no es posible concretar por el mecanismo que se adelanta, sin incurrir en fraude a la propia Constitución.
En el caso concreto, el fraude se profundiza porque la Asamblea Nacional no es un foro democrático ni representativo y porque se está engañando al pueblo venezolano en cuanto a la extensión de la modificación constitucional, haciéndosele creer que se está actuando dentro de parámetros jurídicos.
Para colmo, la modificación constitucional se impone sin real y verdadero debate. La Asamblea Nacional no persigue el consenso, la verdadera consulta ni auspiciar un encuentro entre los venezolanos para hacer una constitución de todo un país. Nada de eso. El "Parlamentarismo de Calle" es pura demagogia comunicacional y política.
En la Asamblea Nacional solo se pretende complacer al líder y no al ciudadano. Luego, nos imponen un referendo aprobatorio sin ninguna garantía de un voto libre y democrático y con un Consejo Nacional Electoral parcializado y sumiso.
Nos llevan embozalados y nariceados en este proceso de modificación constitucional. El resultado será una constitución impuesta y no democrática. Carecerá absolutamente de legitimidad.
Gerardo Fernández
El Universal
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