El Universal "La reforma institucionaliza un Estado autoritario"
12 de Octubre. En los últimos años esta fecha ha estado sumida en la controversia, pero este año, además de debatir si fue un descubrimiento, un encuentro o una invasión -con genocidio incluido- lo que se inició con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, los venezolanos se fueron a la cama con la noticia de que la Asamblea Nacional les redujo los derechos fundamentales que no pueden ser restringidos en un estado de excepción.
El anuncio de la reforma de los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución agarró a Liliana Ortega en el exterior, pues se encontraba, junto a otros defensores de derechos humanos, participando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de las garantías fundamentales en el país.
Una vez en Venezuela y después de revisar la proposición, la directora general del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) no duda en calificarla de "impresentable" e "indefendible". Y, por ello, les exige a las autoridades que la retiren, so pena de colocarse "de espaldas al mundo democrático"; y a la ciudadanía le solicita rechazarla, para evitar que situaciones iguales o peores a las vividas en el Caracazo se repitan en el futuro.
-¿Qué tan grave es que se suspendan el debido proceso y el derecho a la información en casos de conmoción y/o catástrofe?
-Esta propuesta legitima el autoritarismo, dándole un ropaje jurídico al Poder Ejecutivo. Es un grave retroceso y en materia de reformas legales, que toquen el ámbito de los derechos humanos, no es posible retroceder. Lo que puede hacer una reforma o una Constituyente, en materia de derechos humanos, es avanzar.
-Desde el Gobierno y el Parlamento se asegura que el cambio busca salvaguardar la democracia de conspiradores, pues tal y como están previstos en la actualidad los estados de excepción no sirven para nada.
-Los estados de excepción no significan un paréntesis para el Estado democrático, para el Estado de Derecho y la legalidad. Todo lo contrario, la excepcionalidad es poner a funcionar los mecanismos extraordinarios que tiene el Estado democrático para salvaguardar los derechos humanos. Hay un núcleo intangible de derechos, entre los cuales está el debido proceso, que no puede ser derogado en ninguna circunstancia, ni siquiera en una guerra.
El debido proceso, por ejemplo, es indispensable para salvaguardar no sólo las garantías que pueden ser restringidas, sino muy especialmente aquellas que no pueden ser restringidas. Al eliminar el debido proceso, que contiene la presunción de inocencia, el principio de no retroactividad de la ley, el juez natural y el derecho a la defensa, se elimina la salvaguarda a la vida, a la integridad personal, a la no desaparición forzada de personas, etc.
-Los voceros oficiales niegan esto y señalan que el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o incomunicación se mantendrán en una crisis.
-¿Cómo se puede garantizar el derecho a la vida y a la integridad (prohibición de tortura) si no tienes derecho a la presunción de inocencia, a que te juzgue tu juez natural, a que no te castiguen por delitos no previstos en la ley o que no te 'desaparezcan' si no se puede saber quién te detuvo y dónde estás porque no hay hábeas corpus? En esta reforma se abandona la gran conquista de la humanidad en el siglo XX: El Derecho internacional público, el cual ha consagrado una serie de principios inamovibles, a los cuales los Estados democráticos han acordado que no pueden penetrar.
-El oficialismo alega que en abril de 2002 el estado de excepción no sirvió, porque no pudieron regular a los medios; y le achacan al debido proceso el no haber castigado a nadie por esos hechos. ¿Qué opina al respecto?
-El afianzamiento del Estado de Derecho no se puede basar en el aprovechamiento de los derechos humanos. Los estados de excepción han servido en nuestra región y en Venezuela (Caracazo y masacre del retén de Catia) para poner en funcionamiento la maquinaria más represiva y desproporcional de la fuerza pública, lo cual ha dejado un gran número de víctimas. En nombre de la democracia no se pueden violar los derechos humanos.
-Los defensores de la propuesta prácticamente han reconocido que se busca regresar al modelo establecido en la Constitución de 1961. ¿Eso significa que cambiamos para no cambiar?
-En la Constitución de 1961 el debido proceso estaba vigente en los estados de excepción y pese a ello se cometieron gravísimos delitos contra los derechos humanos. Habría que preguntarle a los habitantes de Valle del Pino (Vargas) si la situación de ilegalidad que se abrió luego de las lluvias de 1999 fue positiva o negativa. En ese momento se pusieron en marcha una serie de mecanismos que permitieron que funcionarios policiales y militares declararan, de facto, un toque de queda, un estado de excepción que suspendió el Estado de Derecho y permitió las desapariciones forzadas reconocidas por el Estado.
En ninguna de las constituciones contemporáneas venezolanas se autorizaba la suspensión del debido proceso, porque eso implicaría el abandono del Derecho internacional. No hay precedente constitucional en América Latina ni en Europa de esto.
-La presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Cilia Flores, horas después de reformarse el artículo 337 dijo: 'No se preocupen, los derechos humanos están garantizandos en situaciones normales' ¿Qué le parece esa declaración?
-Los derechos humanos tienen que estar garantizados en cualquier circunstancia. En la reforma que se les hace a los artículos 337, 338 y 339 también se eliminan otros principios fundamentales como la temporalidad. Los estados de excepción deben estar circunscritos a unas razones de tiempo muy particulares, por eso se llaman estados de excepción, porque no pueden ser eternos. En segundo lugar deben ser proporcionales a las circunstancias, por ello es que en la Constitución se desglosan con varias figuras (estado de guerra, peligro público, alarma, etc.). Y en tercer lugar está el control judicial del estado de excepción, eso también se elimina. Todos estos principios se eliminan y son obligaciones internacionales que tiene el Estado y que están establecidas en la Convención Americana y otros tratados internacionales.
-De aprobarse definitivamente esta modificación, ¿qué mensaje enviaría Venezuela al mundo.
-El Estado no puede disminuir derechos.
-Pero aquí parece que los diputados están aplicando el 'derecho bolivariano', es decir; se guían por otras reglas.
-Los Estados no pueden hacer lo que les dé la gana con los derechos humanos y hay mensajes muy claros frente a eso. En Chile, los crímenes cometidos por el general (Augusto) Pinochet están siendo investigados, a pesar de que éste falleció. En Perú, recientemente fue extraditado el ex presidente (Alberto) Fujimori y está siendo sometido a la jurisdicción de ese país por los crímenes que cometió.
-¿Pero qué ocurriría si se aprobara esta propuesta?
-Estas redacciones imprecisas y vagas lo que generan es una gran inseguridad jurídica al ciudadano común. Los cambios le dan un poder inaceptable al Ejecutivo y le dotan de una serie de facultades que son incontrolables por el resto de los poderes. Los estados de excepción no implican la suspensión del Estado de Derecho, no es que el Estado puede abrir un paréntesis y cometer cualquier tipo de tropelías, para después volver a la legalidad.
-Siguiendo en el terreno de los supuestos. Si se presentara una nueva crisis social u otra catástrofe como la de Vargas y la reforma estuviera vigente, ¿se repetirían las ejecuciones, lesiones y torturas ocurridas en 1989 y en 1999?
-No, la situación que se dio en esos momentos sería minúscula comparada con lo que se plantea en las modificaciones al 337, 338 y 339. Los cambios que se plantean son el abandono del Estado de Derecho, la posibilidad de que sin control judicial, de la temporalidad y de la proporcionalidad pueda el Ejecutivo, con ropaje jurídico, abolir el Estado de Derecho.
-Los más desfavorecidos, que es donde el Presidente tiene su base de apoyo, fueron los más perjudicados por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tanto en el "Caracazo" como en Vargas. ¿Qué garantías hay de que no ocurra lo mismo que pasó con el Código Penal reformado, el cual fue redactado pensando en la oposición y resulta que a quienes más ha afectado es a los chavistas?
-Cuando se pierde el Estado democrático perdemos todos, incluido el Gobierno venezolano, porque con esta reforma pasa la línea roja (...) Aquí no gana nadie, ni siquiera aquellos que tienen el poder circunstancial y que piensan que pueden controlar al pueblo suspendiendo el Estado de Derecho, pero obviamente los más pobres durante los estados de excepción son los más perjudicados, así lo demuestra la Historia de América Latina y Venezuela.
Los más pobres son el objetivo del uso desproporcional de la fuerza pública y del ejercicio de la brutalidad del Estado. No es casual que más de 90% de las víctimas de ejecuciones cometidas por los grupos parapoliciales son jóvenes, de color, de las barriadas. Si hay memoria de los estados de excepción no está en Prados del Este o en La Castellana, sino en Maca, en El Valle, en la escalera de Mesuca (Petare) y Catia, porque allí es donde están las víctimas de la brutalidad del Estado.
El UniversalParlamento aprobó más de la mitad de artículos a reformar
Un total de 25 artículos de la propuesta de reforma de la Carta Magna quedan por debatir en la Asamblea Nacional, entre ellos el polémico 337 de la restricción a la información en los estados de excepción, de no sumarse nuevos artículos a los 61 establecidos hasta ahora por el Legislativo.
Aparte de la propuesta inicial presidencial de reforma a 33 artículos, la Comisión Mixta del Parlamento introdujo 25 nuevos artículos para el debate la semana pasada y este viernes, a petición del diputado Carlos Escarrá, se sumaron tres que restringen la descentralización tal y como se conoce hasta ahora. Por tal motivo, no se descarta que en los próximos días se agreguen nuevos artículos a la tercera discusión que realiza la AN.
El promedio de aprobación por parte de la Cámara del Parlamento es de 9 artículos por día, aunque en la sesión maratónica del viernes pasado se dio el visto bueno a 13 artículos, incluidos el 157, el 163 y el 164 que no estaban en la propuesta del presidente Chávez ni en la de la Comisión Mixta.
Se esperaba que la próxima semana el ritmo de trabajo en la AN no fuera tan intenso en vista de que en el papel sólo faltaría aprobar 25 artículos, bastarían 4 o 5 días, pero fuentes legislativas aseguran que lo más probable es que surjan nuevos artículos en la dinámica de la discusión, además del hecho de que algunos diputados expondrán su descontento con el artículo 337 que elimina los derechos al debido proceso y a la información durante los estados de excepción, lo que dilataría el debate parlamentario.
Se espera que mañana se discutan los artículos 236, de las atribuciones presidenciales, el 251 y 252 del Consejo de Estado y el 266 de las atribuciones del TSJ, entre otros, mañana la Cámara podría adelantar el debate hasta el artículo 302.
Vale recordar que en el primer papel de trabajo que presentó el Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional de la que formaban parte varios diputados, entre ellos Cilia Fores y Carlos Escarrá, se sugerían modificaciones en más de 100 artículos entre ellos muchos de los 25 que posteriormente presentó la Comisión Mixta del Legislativo, como el 109 relacionado con el voto paritario de estudiantes, profesores y empleados de las universidades autónomas y el mismo 337.
La tercera discusión se inició el 16 de octubre y deberá concluir antes del 2 de noviembre cuando comienza la cuenta regresiva para el referendo a realizarse el 2 de diciembre. Por eso la directiva de la AN ha dejado claro entre los diputados la necesidad de que no se extiendan ni se inscriban demasiado en los debates. La nota discordante en el coro revolucionario la ha puesto Podemos cuyos diputados enfatizan al final de cada sanción que salvan su voto por no compartir la metodología de discusión de la reforma que consideran inconstitucional.
Edmond Saade se quita la chaqueta de presidente de la encuestadora Datos y se coloca la de presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio (Venamcham) para desgranar unas cuantas cifras más o menos explosivas: "las inversiones de Estados Unidos en el país se secaron el año pasado y terminaron en 19 millones de dólares, contra un promedio, en los últimos 10 años, que fluctuaba entre 700 y 800 millones de dólares. Esto refleja una desinversión, en el curso de este año, de 8 mil millones de dólares. Una tendencia sumamente perniciosa para el país porque el capital es fundamental, tanto para la inversión como para la creación de fuentes de empleo formal". Nos recuerda Saade que mil 100 empresas norteamericanas establecidas en el país generan 700 mil puestos de trabajo directa e indirectamen, sólo que "cada día hay menos empleo formal porque las empresas están cerrando o reduciendo actividad".
-Las cifras del Gobierno indican lo contrario. El desempleo ha disminuido.
-El desempleo se está reduciendo porque ellos eliminaron de la base de la población activa la gente que está enrolada en las misiones, en las milicias y en otras actividades promovidas por el Gobierno. Mientras la población crece, disminuye la cantidad de personas incorporadas a la actividad económica propiamente dicha. Así es posible reducir las cifras de desempleo. Hasta hace poco el número de empleados públicos era de un millón 200 mil personas. Hoy en día, según las cifras del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), sobrepasa los 2 millones.
-Es decir, la gente está perdiendo empleos productivos por otros que no lo son.
-Eso por un lado. Por el otro opera el cambio de un valor hacia un antivalor. Del trabajo, la disciplina, la dedicación, la formación, se está pasando al hecho pasivo de recibir un subsidio por parte del Estado y por tanto la gente no se ve obligada a buscar trabajo. Además de que el Gobierno le otorga el privilegio, al sector informal de la economía, de establecer cualquier tipo de negocio en cualquier sitio. Este tipo de Estado se acerca a una especie de anarquía económica. En esa situación el empleo formal va desapareciendo.
-¿No es esa una de las características básicas de los regímenes socialistas?
-Sí. Es un cambio intrínseco de modelo. Aquí no hablamos de un modelo capitalista contra uno socialista. Hay matices. Nosotros hemos puesto a la gente a escoger entre un modelo comunista, uno socialista, una democracia social o cualquier otro. El modelo comunista fue escogido por 0,9%, el socialista por 23,8% y la democracia social por un 60%. El público sabe que quiere democracia, con ese apellido: social. Primero las libertades, pero con gran énfasis en lo social y en la responsabilidad del Estado en ese aspecto.
-¿No entiende la gente como democracia social lo que el chavismo está haciendo desde el Gobierno? ¿Subsidiar a la población más allá de la preocupación por el empleo productivo?
-No. La gente quiere el subsidio y el Gobierno ha sido muy activo en cubrir el déficit social a través de las misiones. Pero también quiere que esto se desarrolle en un marco democrático y de libertades. Y esto es así porque no está de acuerdo con los cambios extremos del modelo político.
-¿Entendemos que esa última afirmación la hace como presidente de Datos y por lo tanto sobre la base de las encuestas?
-La mayoría no se opone, en absoluto, sino, todo lo contrario, apoya la reducción de la jornada laboral. Lo mismo ocurre con el fondo social. Pero la mayoría no apoya la reelección indefinida, ni los cambios territoriales, así como expresa el deseo de conservar su propiedad privada. No importa lo que sea. Desde un rancho hasta un carro, un terreno, su bicicleta, su moto.
-¿Quiere usted decir que el Presidente está perdiendo o va a perder el referendo?
-En este momento no podemos decir que el Presidente va a perder el referendo porque esto depende de la participación y hasta el momento un alto nivel de la población (cerca de un 50%) se pronuncia por la abstención. Si esto se mantiene así, muy probablemente el Presidente gane el referendo sin ningún problema.
-¿No resulta una contradicción que la gente se oponga a la reforma, o a la parte medular de ésta y sin embargo el Presidente logre imponerla electoralmente?
-Es una contradicción.
-¿Qué factores provocan esa contradicción?
-La apatía, porque una buena parte de la población (alrededor del 50%) no tiene confianza en el CNE. Luego la falta de un marco referencial importante en la oposición. Y finalmente las confusiones que tiene la gente en cuanto a la significación de los cambios establecidos en la reforma. Como el 90% no sabe de qué trata, muy probablemente no ha evaluado, en forma exacta, el contenido de la reforma y cómo va a actuar. En este momento la abstención es alta y la expectativa de participar se percibe bastante menguada.
-Vistas así las cosas, ¿cómo piensan encarar la situación planteada por la entrada en vigor de lo que luce como una nueva realidad económica y política?
-Primero queremos alertar sobre la reforma a artículos como el 112 o el 115, la situación de la propiedad intelectual y el riesgo que corren derechos básicos de la economía. Si las empresas no pueden operar en un marco referencial establecido dentro de la seguridad jurídica adecuada, se ven imposibilitadas de obtener divisas, promover exportaciones o crear empleo y al mismo tiempo se le imponen restricciones en el campo laboral, muy probablemente se irán del país.
-No es fácil irse cuando, como ocurre con algunas empresas, se tiene décadas en el país y con inversiones muy difíciles de movilizar.
-Algunas empresas, sobre todo las grandes, se quedarán, pero siempre hay un límite. ¿Hasta dónde una empresa podría, en un momento dado, manejarse dentro de un marco operativo muy distinto al que se ha tenido hasta ahora?
-¿Dónde está ese límite?
-No se trata sólo de los derechos referidos a la propiedad privada, goce, disfrute y disposición, sino de un Estado que no ve a la propiedad privada con buenos ojos. La Constitución vigente deja claro que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes y el Estado es el factor decisivo en el apoyo a la formación de la propiedad y a la libre iniciativa del individuo en la actividad económica. En cambio, la propuesta de reforma, luego de garantizar y reconocer cinco categorías de propiedad, limita la quinta, la privada, a los bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos.
-¿Qué significa eso?
-Las preguntas son muchas: ¿Qué quiere decir uso y consumo? ¿Qué son bienes de uso? ¿Serán, acaso, los derechos intangibles como los de autor, marcas comerciales o haberes financieros? ¿Son bienes de uso la casa de la playa, el segundo ve-hículo o el terreno para construir una casa? ¿Qué pasa con los taxistas y sus carros, a veces conducidos por un tercero? ¿Cuántas veces debería una persona utilizar un bien para que sea "de uso"? ¿Qué características tiene un bien de uso? ¿Se puede arrendar? ¿Cómo se dispone de él? ¿Si uno deja de usar una propiedad privada se revierte ésta a propiedad pública? Esos son cuestionamientos que la población hace y seguirá haciendo.
-Si el marco general es la creación de Estado socialista, la respuesta a esas preguntas está clara: se persigue eliminar la propiedad privada, incluso aquella de los bienes denominados "de uso".
-Sería bueno que se aclarara porque según Venamcham no existen razones que justifiquen la calificación de bien de uso o de consumo. Se introduce una ambigüedad peligrosa para la economía. Si alguien dice, a partir de mañana, que los medios de producción son del Estado, nosotros decimos, muy bien, esto es un sistema comunista, centralizado, de socialismo extremo. Y sabremos a qué atenernos. Pero, mientras tanto, estas son las preguntas que nuestros asociados seguirán haciéndose.
-¿No se las ha respondido usted?
-No tengo respuestas. Estas deben venir del sector oficial. Nosotros pedimos una audiencia a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Lamentablemente no ha tenido tiempo. En todo caso, enviamos todas estas inquietudes a los diputados.
-¿Cómo vislumbra al país una vez en vigencia la reforma?
-El cambio de modelo podría acarrear cambios sumamente difíciles para la economía. Si el Gobierno quiere eliminar la propiedad privada y asumir los medios de producción entraríamos en una etapa triste.La Historia demuestra que los modelos donde la iniciativa privada o la posibilidad de invertir fueron restringidas o eliminadas han fracasado. En países comunistas como China prevalecen ahora los derechos a la propiedad privada. Lo mismo está ocurriendo en Vietnam. Y hasta en Cuba hay indicios de cambios dirigidos a una economía capitalista. Sería muy triste que Venezuela retroceda en el tiempo simplemente porque tenemos petróleo.
El Universalreforma constitucional
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