El defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, se ha sumado al coro de voces que han cuestionado las modificaciones hechas por la Asamblea Nacional a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución; y ha solicitado a los diputados mejorar su redacción "atendiendo al principio de preeminencia de los derechos humanos".
En carta enviada a la presidenta del Parlamento, diputada Cilia Flores, Mundaraín afirmó que garantías como "el derecho a la vida, a la integridad personal; a la prohibición de tortura; a la prohibición de incomunicación; a la prohibición de desaparición forzada de personas", no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia, así como tampoco "el derecho a la presunción de inocencia; al derecho a ser juzgado por el juez natural y por leyes preexistentes; el derecho a la asistencia legal en cualquier estado y grado del proceso; el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable; y el derecho a que la confesión del inculpado sea válida, siempre y cuando sea hecha sin que medie coacción de ninguna naturaleza (debido proceso)".
Como ya lo hicieran las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, el defensor también cuestionó la eliminación de los límites temporales de los estados de excepción decretados a partir de calamidades públicas, catástrofes naturales o crisis económicas; y pidió que se les fijara un lapso, tal y como ya lo hace la Carta Magna.
Por último, demandó que se mantenga el control que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejerce de los decretos de los estados de excepción y que esa resolución se ajuste a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con asombro leo esta noticia del Defensor del Pue _ _ o. ¿Será que por fin va a defender al Pueblo y no al Puesto? ¿Será que le van a hacer caso?Estudiantes desean debatir reforma con los diputados
La organización para la marcha de los estudiantes universitarios, que partirá hoy a las 10:00 am desde la plaza del Rectorado de la UCV hasta la sede de la Asamblea Nacional, cuenta con los permisos y la logística necesarios.
El secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Ricardo Sánchez, declaró que la marcha no se limitará sólo a la entrega del documento a los diputados, sino a la necesidad que tienen los estudiantes de debatir con ellos la reforma constitucional.
"Nosotros queremos debatir con el poder. Con ese poder que de manera inconsulta ha modificado 25 artículos. Como venezolanos queremos que se nos explique cuál es la democracia participativa según la cual un tema tan sensible es dirigido sólo por el Parlamento", explicó.
Sobre la invitación de los estudiantes oficialistas a debatir la reforma, Sánchez aclaró que ellos sólo hablarán con el poder que está realizando los cambios.
"Acá se insiste en crear una confrontación entre estudiantes que no es tal. El movimiento estudiantil, junto a la sociedad civil, quiere que los diputados que están de espaldas al país debatan el por qué de los cambios".
La marcha, que está pautada para las 10: 00 am, saldrá de la plaza del Rectorado de la UCV, subirá por la avenida principal de Maripérez para conectar con la avenida Libertador y llegar a la sede del Parlamento por la avenida Universidad.
Como se espera el arribo de estudiantes de otras universidades del país, el vocero estudiantil alertó a las autoridades que los universitarios no tolerarán la detención "arbitraria", por parte de los cuerpos de seguridad, de los autobuses con estudiantes que se dirijan a Caracas para participar en la marcha como, aseveró, ha ocurrido en otras ocasiones.
"No nos calamos más que nos sigan parando autobuses arbitrariamente", advirtió Sánchez al Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), Pedro Carreño.
A la marcha se unirán organizaciones políticas y de la sociedad civil. gm
Márquez llama a unirse contra la pretensión de régimen autocrático
La Reforma Constitucional no plantea un problema de izquierda o de derecha, de antichavistas o chavistas, sino un problema de todo el país, señaló el dirigente político Pompeyo Márquez quien advirtió que lo que está en juego "es el funcionamiento democrático de la sociedad venezolana".
Durante la XII Convención Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) el ex dirigente de la tolda naranja instó a los venezolanos a unir "fuerzas para derrotar la pretensión de perpetuidad en el poder" del presidente Hugo Chávez y su intención de "imponer un régimen autocrático y militarista".
"Una sociedad dividida en dos y llena de odio está condenada al hundimiento y al fracaso".
Márquez a quien los masistas rindieron un homenaje en reconocimiento a su trayectoria política indicó que es necesario que los opositores tracen una política que vaya más allá del 2 de diciembre (día del referendo), porque "es inviable lo que se pretende hacer en el país con la reforma constitucional".
"El socialismo que propone Chávez es del siglo XIX con todos los errores del siglo XX. Allí están reproducidos el culto a la personalidad, el excesivo centralismo, el aplastamiento de la disidencia que considera como traidora, agente del imperio, lo mismo que levantó Stalin en la Unión Soviética".
La instalación de la XII Convención Nacional de la tolda naranja, denominada Abre tu mano a la democracia, estuvo a cargo del presidente de la organización, Felipe Mujica, quien expresó que "Chávez ha asumido las peores cosas de un pasado "tenebroso", autoritario y dogmático, que pretende imponer políticas en contra la mayoría de la sociedad.
Advirtió sobre la necesidad de que el país identifique que se está frente a un régimen "cuyo uso autoritario es indiscutible en los peores términos: autoritario con la creación del partido único, la elección indefinida, la idea del control absoluto de los poderes y con las peores ideas de quienes han vendido permanentemente que el enemigo es el imperialismo norteamericano y así justificar toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos".
La primera jornada de la convención del MAS sirvió para un foro sobre derechos humanos y libertad de expresión en el que se enumeraron más de 1.500 agresiones a medios y periodistas durante el gobierno de Chávez. La ponencia estuvo a cargo de la periodista y profesora universitaria Gloria Cuenca y la relatoría de Alberto Ravell (Globovisión) y Alonso Moleiro (revista Contrabando).
El UniversalLa oposición no se ha dado cuenta que si quiere vencer al chavismo, debe ir unida, en un solo bloque... Asi como está, desperdigada y sin rumbo fijo, será pasto fácil de las jaurías chavistas. Otra derrota más, y anunciada...Podemos critica concentración de poder en el Presidente
El diputado Tomás Sánchez tuvo una idea y pagó caro su atrevimiento. Saltándose el guión preestablecido en la discusión del artículo 236, referido a las atribuciones del Presidente, el legislador del PSUV planteó "revisar" el numeral que reserva al jefe de Estado el derecho de promover a todos los oficiales de la Fuerza Armada.
Luego de su modesta intervención, Sánchez padeció la fuerte reprimenda de su colega Julio Moreno, quien le recordó que debía ajustarse al único discurso válido para los miembros del Bloque Socialista Unido.
Sofocado este brote de espontaneidad, el debate prosiguió sin más sobresaltos que los ocasionados por el representante de Podemos, Ricardo Gutiérrez, quien denunció que la propuesta aprobada por la Cámara entrega "un poder desmedido al presidente de la República".
Gutiérrez advirtió que el proyecto de reforma "va más allá de los límites que se imponen en cualquier Estado republicano" y alertó que con esta iniciativa el Ejecutivo "subsume al resto de los poderes públicos".
La exposición del podemista fue rechazada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Roberto Hernández, para quien esa observación que fustiga la aglutinación del poder en la figura de Hugo Chávez "sólo busca congraciarse con el jefe del imperio norteamericano".
A la declaración de Hernández, Gutiérrez respondió con una pregunta: "¿Qué carajo tengo yo que ver con George W. Bush?", y señaló que "la concentración de poder en pocas manos repite las fórmulas supuestamente socialistas que se aplicaron el siglo pasado".
Hasta el cierre de esta edición, los diputados habían refrendado los artículos 236, 251, 252, 264, 265, 266, 272, 279 y 289 del proyecto de reforma constitucional. De estas nueve normas, cuatro (264, 265, 272 y 289) se sumaron ayer, durante el quinto debate sobre la propuesta.
El advenimiento de cada una de esas ideas contó con la bendición del asambleísta Carlos Escarrá, quien en reiteradas oportunidades fue consultado por Moreno y Mario Isea para "organizar" la discusión. Es tanto el protagonismo del representante de Aragua que algunos diputados bautizaron el proyecto como "la reforma Escarrá".
Los diputados votaron a favor de que la remoción de los magistados dependa sólo de la mayoría simple de la AN. Además, incorporaron que será el Tribunal Supremo de Justicia, y no el Poder Ciudadano, el organismo encargado de calificar como "graves" las faltas cometidas por los togados.
La transformación impulsada en plenaria también afecta el proceso de selección de los jueces y establece que el comité de postulaciones judiciales estará integrado por legisladores, entes del poder popular y sectores del ámbito jurídico.
La modificación del 266 incluyó que los generales y almirantes, así como los integrantes del Alto Mando Militar y quienes ocupen cargos de comando en regiones estratégicas de defensa, regiones, guarniciones y distritos militares, y áreas de defensa integral gozarán del privilegio del antejuicio de mérito.
El diputado Reinaldo García defendió el cambio del artículo 272, vinculado con el sistema penitenciario del país. La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, aplaudió las palabras de García y apuntó que esta variación impide que las cárceles puedan ser privatizadas, sentando las bases de una política de reinserción del ex presidiario.
En la sesión de este lunes, la Asamblea también modificó el artículo 299, relativo al régimen socioeconómico de la República, el cual se fundamentará en los principios establecidos en la Carta Magna vigente con la supresión de los términos "justicia social", "democracia", "libre competencia" y "productividad" y la incorporación de los términos "socialistas, humanistas, de cooperación".
Al referirse a las garantías que dará el Estado, el nuevo texto suprime la frase "iniciativa privada" y en su lugar incorpora "iniciativa comunitaria, social y personal".
Otros artículos nuevos, incorporados ayer al proyecto, fueron el 295, propuesto por la diputada Aleydys Manaure (PCV) y el 296, presentado por su par Mario Isea (PSUV).
El 295 establece que el Comité de Postulaciones para la elección de los directivos del Consejo Nacional Electoral será integrado por diputados, voceros del Poder Popular y representantes de organizaciones y sectores sociales.
El 296 prevé que los aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral podrán ser postulados "por el Consejo del Poder Popular, instituciones, sectores educativos y otros sectores sociales". Según el diputado Isea, con ello quedará superada "la elección elitesca a la que ha sido sometido el poder comicial".
La AN también modificó el 293, que permitirá al Poder Electoral "asesorar y cooperar en elecciones de sindicatos y otras organizaciones sociales o del poder popular".
El UniversalAhora pregunto: si la mayoría de los venezolanos somos católicos, ¿por qué no nos llamamos entonces República Católica de Venezuela? Será porque si nos llamamos así, ¿estamos discriminando a los que no son católicos? ¿No ocurre igual con lo de la República Socialista? es vez de sumar, restamos...Vodevil parlamentario
¿Más chavistas que Chávez? De ninguna manera. En diez años se aprende mucho. Y la última década ha sido un libro abierto para aquellos venezolanos atentos a los acontecimientos, curiosos ante los cambios, preocupados por la cantidad de exabruptos jurídicos y abusos de poder que caracterizan al actual gobierno. Algunos hemos aprendido a ver más allá de la pupila, a leer entrelíneas, a interpretar la gestualidad, a percibir la intención a través de la seducción de las palabras, a detectar la mentira disfrazada de razón de Estado y la burla escondida tras las admoniciones.
No se incluyeron nuevos artículos a la reforma constitucional porque haya sido una propuesta del pueblo, a través de ese circo denominado "parlamentarismo de calle". No se ha ido aprobando cada uno de ellos porque los diputados desean satisfacer las peticiones de sus representados, pues si tal fuere el caso, entonces no tendrían que haber incluido ninguno.
Ese articulado está siendo sometido al desguase, porque así fue planificado por el propio Hugo Chávez: él elaboraría una reforma aparentemente estratégica en los aspectos inherentes a los motores constituyentes, y la Asamblea Nacional, en el veloz trayecto de las discusiones, completaría el trabajo modificando aquellos otros artículos mediante los cuales debe aplicarse la auténtica radicalización revolucionaria.
No es, pues, un aporte emanado de la inteligencia o del examen analítico del pueblo, porque la mayoría del pueblo no se ha tomado la molestia de leer el proyecto de reforma constitucional. Tampoco provienen estas adiciones a dicho proyecto de una iniciativa tomada por los asambleístas, porque a fuer de mandados perdieron hasta el criterio. Ni siquiera los votos salvados de algunos diputados, de cierto gobernador y del cada vez más incoherente fiscal general, obedecen a posturas jurídicas serias, porque son incompatibles sus convicciones éticas con el Derecho y la Justicia.
Todas las escenas, los personajes y el libreto son piezas de un vodevil que tiene la impronta inconfundible del "ente" supremo. Aquella advertencia de que a nadie debía ocurrírsele cambiar un punto o una coma de la reforma, y la antiparabólica desobediencia por parte de la Asamblea Nacional, es la evidencia más clara de esta farsa. ¿Quién va a creer que alguna de las rémoras revolucionarias se atrevería a discrepar públicamente del líder, a desobedecerle, a contradecirle, o a oponerse a sus designios? Cualquiera sabe que una conducta tal tendría como consecuencia el repudio y el ostracismo.
En el teatro en que se ha convertido el hemiciclo, los diputados están representando el papel de autores materiales de un crimen de lesa majestad, cuyo autor intelectual es Hugo Chávez. El crimen es nada menos contra la "majestad soberana" del pueblo venezolano y de su Constitución.
La indefensión de ese pueblo, que somos todos, se la debemos a un defensor del pueblo que defiende al gobierno, a un fiscal general que acusa al pueblo en vez de acusar al gobierno, a una Asamblea Nacional que no representa al pueblo sino al gobierno, a un Poder Judicial que juzga a favor del gobierno y en contra del pueblo, a un Poder Electoral que no cuenta los votos del pueblo sino los del gobierno, a un Poder Moral que no tiene moral, y a un Poder Ejecutivo que gobierna en otros países y desgobierna en el propio.
El Universal
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reforma constitucional
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