05 noviembre 2007

Recopilación Reforma Constitucional (78)

Magistrado Cabrera cuestiona los cambios

La pretensión presidencial de reformar la Constitución para instaurar un modelo político y económico socialista ha sido rechazada por académicos, juristas y organizaciones de Derechos Humanos, las cuales han advertido que esto afectaría los principios fundamentales de la Carta Magna y que, por tanto, debería plasmarse en un nuevo texto fundamental.

Aunque hasta el momento estas opiniones han caído en saco roto, esta semana recibieron un fuerte espaldarazo desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La razón: El vicepresidente de la Sala Constitucional, Jesús Eduardo Cabrera, señaló: "Un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el proyecto de reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello -en criterio del disidente- puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo".

La afirmación la realizó el miembro del máximo juzgado del país al objetar la decisión de sus colegas Luisa Estella Morales, Francisco Carrasquero, Arcadio Delgado Rosales, Marco Tulio Dugarte y Carmen Zuleta de Merchán de desechar un acción contra la reforma.

El magistrado, quien tiene en su haber decisiones como la que estableció que las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos del exterior no pueden actuar en el país y aquella que dice que los periodistas no tienen derecho a réplica porque tienen mayor acceso a los medios, agregó: "No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado socialista. Si ello lo decide el pueblo es posible, pero a juicio del voto salvante, (...) conduciría no a una reforma de la Constitución, sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente Originario".

El Universal

Reforma contradice las razones por las que Chávez la impulsó

Darle mayor poder al pueblo y profundizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Estos fueron dos de los argumentos esgrimidos por el presidente de la República, Hugo Chávez, para solicitarle a la Asamblea Nacional reformar la Constitución de 1999. No obstante, al revisar el contenido de la propuesta del mandatario, así como los cambios realizados posteriormente por el Parlamento, se observan elementos que parecen ir en la dirección opuesta.

"(La reforma) está pensada en la necesidad de seguirle transfiriendo poder al pueblo (...) Me acusan de estar haciendo planes para eternizarme en el poder o para concentrar los poderes, sabemos que no es así. Sabemos quiénes tenían concentrado el poder y se eternizaron en el poder, fueron precisamente los oligarcas (...) ¡Eso ha comenzado a cambiar! Y tiene que seguir cambiando. El poder es del pueblo, el poder es de la nación, no de los oligarcas", afirmó Chávez el pasado 15 de agosto durante el discurso que ofreció ante el Legislativo, luego de consignar su proyecto de modificación de la Carta Magna al Legislativo.

La reforma incorpora el Poder Popular, el cual estará conformado por los consejos comunales, estudiantiles, de trabajadores y demás asambleas de ciudadanos, a los poderes públicos existentes (artículo 136). Asimismo obliga a los gobiernos nacional, estadal y municipal a transferirle competencias a los ciudadanos organizados (artículo 184).

Sin embargo, el cambio de la norma 156 establece que el Poder Público Nacional será el que se encargará de la "promoción, organización, registro, apoyo técnico y financiero" de las organizaciones del Poder Popular.

Para el coordinador del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve) y catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Pedraza, esta última modificación es "contraria" a lo señalado por el primer mandatario.

"Uno siente que ese Poder Popular está atado al Poder Central, pues en la reforma de ninguna manera se le relacionaba con las instancias de planificación a nivel municipal o estadal y además al establecerse será desde el Poder Ejecutivo que se le promoverá y se le financiará, lo cual abre las puertas para que termine tutelando. Este modelo de organización centralista fue el que conocimos con el sindicalismo de Acción Democrática (AD), a través de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)", afirmó, al tiempo que explicó: "Los sindicatos se agrupaban en federaciones de sindicatos y, por último, en la Confederación y eso implicaba que no podías mover a ninguno de sus directivos. ¿La razón? Ese esquema está montado para que el líder tenga control absoluto de todo".

El experto no dudó en señalar que los cambios a la Carta Magna persiguen "transferirle más poder al Ejecutivo, pero a través de una máscara. Se le está diciendo a la gente que le van a dar dinero, pero, eso sí, quitándole poder y entonces entramos al clásico clientelismo de la IV República".

Participación complicada

Las modificaciones realizadas a las normas sobre los referendos (artículos 71, 72, 73 y 74), las cuales contemplan un incremento de 25 hasta 200% en el número de electores necesarios para activar alguna de las consultas (referendo consultivo, revocatorio o abrogatorio); así las que también sufrieron las relacionadas con la enmienda, la reforma y convocatoria a una Asamblea Constituyente (artículos 341, 342 y 348), donde igualmente se aumentaron las rúbricas para activar alguno de sus mecanismos de revisión de la Constitución, también desmienten lo sostenido por el primer mandatario.

"Es muy significativo que se hable de participación, de mayor protagonismo para el pueblo y después los mecanismos para hacerla real, como los referendos, se compliquen. Si uno quisiera proponer la abrogación de una ley necesitarás 30% de los electores para activarlo, mientras que en la Constitución de 1999 sólo se necesitaba 5%. Eso no es coherente con las afirmaciones que aseguran que se busca darle mayor poder al pueblo", sentenció Peraza.

El Universal


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