Ley de Inteligencia instala un Estado policial en el país

A juzgar por activistas de derechos humanos y expertos en seguridad, lo único claro entre tanta "ambigüedad" contenida en la recién promulgada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, es que promueve la arbitrariedad, la persecución y el espionaje, e implementa un "Estado policial" en el país. "Viola la Carta Magna" al menoscabar los derechos fundamentales.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, considera que el Ejecutivo Nacional está reviviendo la "nefasta y terrible" tesis de la seguridad de la Nación, que dejó miles de desaparecidos y ejecutados en el Cono Sur durante el siglo pasado. Advierte que la "vaguedad" en conceptos como éste genera una "inseguridad jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y todos somos objeto de vigilancia".

"Intentan establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos a otros en aras de un concepto de 'seguridad de la Nación' que no está definido", sentencia Ortega, haciendo alusión a los artículos 16 y 24 del referido instrumento legal, que promueven la colaboración de ciudadanos en labores de inteligencia y contrainteligencia, bajo carácter secreto.

A juicio de Carlos Alberto Nieto, vocero de una Ventana por la Libertad, la ley crea "mecanismos para la persecución de la ciudadanía en general". No obstante, identifica a los activistas de derechos humanos, a los periodistas y a los políticos como los principales afectados, por el hecho de manejar información que las autoridades pudieran considerar como confidencial o secreta, y cuya publicación -según la ley- "acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas".

"Si la historia es que las ONG van a trabajar en la clandestinidad, trabajaremos en la clandestinidad. No tenemos miedo", aclara Nieto, en nombre de la organización que representa y que monitorea la situación carcelaria del país.

En este sentido, el general (r) Francisco Usón recuerda que tradicionalmente la sanción ha recaído en la persona que, por acción u omisión, proporcionó la información secreta, mas no en quien la publicó. "Aquí se está castigando no sólo a la persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de ella. Esta ley es equivalente a la Ley Mordaza, pero para la ciudadanía en general".

A su juicio, el esquema de inteligencia y contrainteligencia que plasmó el Gobierno en la recién promulgada ley es una "copia clásica de cualquier país donde ha existido o existe un régimen totalitario, como Cuba, la Alemania de Hitler y la URSS".

Estima que podrían venir modificaciones del Código Orgánico de Justicia Militar y probablemente del Código Penal, para incluir delitos referentes a esta materia. "Esta Ley de Inteligencia no viene sola", acota.

Marcha atrás
Si bien Liliana Ortega admite que todo Estado tiene derecho a resguardar su seguridad y a mantener ciertos niveles de confidencialidad, asegura que debe ejercerlo de "manera clara, dentro del marco democrático y respetando las garantías".

Advierte que la posibilidad de que los organismos encubiertos puedan hacer diligencias sin orden judicial o fiscal, constituyéndose los resultados de dichos operativos en pruebas que pueden ser "libremente incorporadas al proceso judicial" constituye una "violación clarísima al debido proceso".

"Se promueve la violación a las garantías básicas de una democracia, como son el debido proceso, el derecho a un juicio justo, a un juez natural, a la presunción de inocencia. Esto es un duro revés al principio de progresividad. No se puede dar marcha atrás a las conquistas contempladas en la Carta Magna".

Para el ex comisario Pablo Eliseo Guzmán, ex director de la antigua PTJ, el decreto-ley aprobado en la Habilitante tiene carácter "supralegal": "Esto es bien preocupante".

La activista de derechos humanos espera que el Estado democrático en Venezuela tenga sus "propios mecanismos de supervivencia, y que funcionen".

"Para eso está el Ministerio Público, de oficio puede actuar en este asunto. Para eso está el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, que puede pronunciarse sobre un tema tan delicado, que menoscaba los derechos humanos, sin que ningún particular tenga que actuar de manera directa".

El Universal