Russián afirma que algunos sancionados pueden postularse
Bruselas.- El contralor general, Clodosbaldo Russián, dejó claro en Bruselas que "algunos" de los inhabilitados para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción "ya han cumplido su sanción, por lo que pueden ser candidatos de nuevo".
"Algunos de los inhabilitados han recurrido a los medios de comunicación para denunciar su situación, y les recordamos que muchos ya han cumplido su sanción y pueden volver a ser candidatos para cargos públicos", afirmó Russián en una conferencia sobre la lucha contra la corrupción en Venezuela, en la sede del Parlamento Europeo, citó EFE.
El viernes pasado, el Contralor presentó la lista definitiva de los inhabilitados para presentarse a las próximas elecciones municipales y regionales, cuyo número descendió de 371 a 272.
En la conferencia, Russián explicó los mecanismos de persecución de la corrupción establecidos en la Constitución de 1999, y afirmó que este problema "ha hecho mucho daño a Venezuela".
Dijo que "ya hace varios años" que se empezaron a aplicar las sanciones fijadas en la Carta Magna, por lo que éstas ya se han cumplido en ciertos casos.
Además, recalcó que se trata de sanciones no penales, sino "únicamente administrativas, que no tienen nada que ver con los derechos civiles".
Rondón Haaz propone anular artículo sobre inhabilitaciones
Un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Pedro Rondón Haaz declara la "nulidad parcial" del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, norma esgrimida por el contralor general, Clodosbaldo Russián, para dictar las inhabilitaciones políticas.
Rondón Haaz repartió el lunes la ponencia entre sus cinco colegas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incluida la jefa del Poder Judicial, Luisa Estella Morales.
En el documento, que contiene 62 páginas, el juez "estima la pretensión de nulidad parcial del artículo 105 (...) en atención a la grave contravención a la Constitución de la norma en cuestión que implicó lesión directa a los derechos fundamentales a la defensa, al debido procedimiento previo, a la tipicidad de las sanciones, a la participación política y al derecho al ejercicio de cargos de elección popular de los administrados".
El togado señala en la ponencia sobre el caso de los ciudadanos Myriam Ramírez, Edgar González y Florinda de Lima, que la "nulidad parcial" entra en vigor desde la promulgación de la ley, publicada en Gaceta Oficial en diciembre de 2000, y apunta: "Todo aquel que lo considere pertinente, podrá solicitar la extensión de los efectos de este veredicto respecto de su situación jurídico-subjetiva, para la obtención de la nulidad de actos administrativos que contengan sanciones disciplinarias que se hayan impuesto con fundamento" en el 105.
Las razonesRondón Haaz sustenta su planteamiento indicando que la norma objetada establece "limitaciones al ejercicio de derechos políticos mediante la imposición de sanciones administrativas, lo que contradice abiertamente la letra de los artículos 42 y 65" de la Carta Magna.
El integrante de la Sala Constitucional sostiene que a un ciudadano se le puede privar del ejercicio de sus derechos políticos, sólo si existe en su contra una "sentencia condenatoria dictada en proceso penal".
"El legislador no podría disponer de mecanismos alternos al de sentencia judicial firme que implicasen la suspensión de derechos fundamentales de contenido político. La única excepción que a este principio general admite el constituyente, es la posibilidad de que el legislador determine ciertas condiciones de aptitud para optar al ejercicio de determinados cargos públicos", aclara Rondón Haaz.
Los defensores de estos castigos han afirmado que los reprendidos sí gozaron del derecho a la defensa. Además, han afirmado que, por tratarse de una pena accesoria, la inhabilitación no requiere de un procedimiento distinto al que arroja la sanción principal.
A eso responde el administrador de justicia: "Sí sería indispensable el reconocimiento del derecho a la defensa al particular antes de que el contralor general de la República impusiese la nueva sanción y, por ende, sí sería necesario que hubiese un nuevo procedimiento que otorgase plenamente al sancionado esa oportunidad de alegación y prueba a su favor".
Rondón Haaz subraya que "la certeza y seguridad jurídica ínsitas en la imposición de cualquier sanción, incluso aquellas de naturaleza administrativa, coliden frontalmente con la ilimitada apreciación que la norma otorgó al órgano sancionador para la determinación, en cada caso concreto, de la sanción que impondrá según la 'entidad del ilícito cometido' y la 'gravedad de la irregularidad cometida', lo cual impide el cabal ejercicio del derecho a la defensa".
Siete candidatos estrenan el acuerdo
Con la presencia en el recinto de los representantes de cuatro de los nueve partidos que originalmente suscribieron el acuerdo del 23 de enero, se anunciaron ayer los nombres de siete candidatos de consenso a igual número de gobernaciones, con la promesa de que la próxima semana se anunciará "otro grupo" de abanderados junto con un centenar de candidatos a alcaldías en el marco del acuerdo unitario de la oposición.
Omar Barboza, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), hizo el anuncio formal de los candidatos, a saber: Miriam de Montilla, (Apure), Henrique Salas Feo (Carabobo), Morel Rodríguez (Nueva Esparta), Eduardo Morales Gil (Sucre), Enrique Catalán (Trujillo), Roberto Smith (Vargas) y Pablo Pérez (Zulia), lista coincidente -con la excepción de Cojedes y Lara, casos que fueron diferidos- con la información publicada el sábado.
Barboza señaló que hay once estados donde están en curso las encuestas para definir los candidatos a gobernador y otros tres (Guárico, Portuguesa y Delta Amacuro) donde estarían avanzadas las conversaciones para definir mediante el consenso. Se refirió a Yaracuy como un "caso especial" por la circunstancia de que el ex gobernador Eduardo Lapi, prófugo en Perú, ha expresado su deseo de postularse para el cargo.
Además de UNT, estuvieron presentes las autoridades de Primero Justicia, Copei y el MAS. Ausentes estuvieron los de Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, La Causa R y Vanguardia Popular. Tampoco asistieron las organizaciones que se adhirieron al acuerdo con posterioridad, a excepción del Movimiento Republicano.
Consultas realizadas a algunos de los ausentes, coincidieron en señalar que sí respaldan a los candidatos anunciados ayer porque son, en todos los casos, quienes encabezan las encuestas en sus regiones. La crítica de fondo es el método cerrado y, en la mayoría de los casos bilateral, con el que se avanzó en la construcción de los acuerdos. Con la ausencia dejaron constancia de su inconformidad, dijo uno de los voceros.
La Causa R se desmarcaDaniel Santolo, secretario general de LCR, ratificó su apoyo a los anuncios hechos ayer, pero adelantó que mañana su partido hará públicos los apoyos unilaterales a 17 candidatos a gobernador que ellos estiman representan el liderazgo en cada localidad. Reclamó a los partidos políticos nacionales que reconozcan los liderazgos emergentes y que respeten las decisiones de cada región "que se han dado en torno a quienes consideran son los más capaces y los que representan el sentir de los electores".
Santolo coincidió en criticar la manera cómo se han adelantado los acuerdos y, en el caso particular de Bolívar, denunció que se pretende desconocer el liderazgo de Andrés Velásquez.
Diferencias bipartidistasEl secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos, se negó a asistir al acto de ayer, pese a que se hicieron esfuerzos de diversos factores para que no hiciera el vacío. Sin embargo, AD avala todos los anuncios.
Ramos centró su cuestionamiento en el presidente de Copei, Luis Ignacio Planas, a quien acusó de incumplir su palabra, al desconocer el acuerdo en torno al candidato de Cojedes, Alberto Galíndez (AD). Planas, el domingo, negó la existencia de preacuerdos en nueve estados como se había publicado y dijo que sólo existían en cuatro.
Mientras se producía en un salón en La Castellana el anuncio de un primer grupo de candidatos unitarios, Ramos optó por ir a un canal de televisión a criticar a Copei. Anunció el respaldo de AD a la precandidatura de Andrés Velásquez porque aparece mejor en las encuestas.
El Universal
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