Márquez llama a impugnar leyes "por supervivencia social"
Pompeyo Márquez instó a los venezolanos a participar en la generación de un movimiento nacional que logre impugnar el paquete de 26 leyes emitidas por el Gobierno esta semana y rechazó el "madrugonazo" que ratifica la visión autocrática que Hugo Chávez tiene de su cargo.
Márquez, dirigente político, señaló que "el problema hay que enfocarlo bajo la óptica de la supervivencia de la sociedad venezolana". Llamó a "demostrarle al presidente de la República, que él es minoría y que no puede imponerle a la mayoría de los venezolanos un régimen militarista".
Insistió Márquez en la urgencia de que la oposición alcance la victoria electoral el 23 de noviembre para detener los planes del Gobierno.
"Chávez sigue con sus planes, copando al Consejo Nacional Electoral (CNE), sigue preparando todas sus maniobras conjuntamente con la utilización de todos los recursos del Estado", dijo Márquez.
"Frente a eso el músculo democrático de la sociedad venezolana tiene que ponerse en acción y en consecuencia derrotarlo, hacerlo retroceder e imponerle el respeto a los resultados electorales del 2 de diciembre pasado y del próximo 23N, que no es otro que el respeto a la Constitución".
Añadió que lo que Chávez hace "va contra la Constitución que dice que Venezuela será un país democrático para siempre, alternativo, plural y representativo".
Solicitan ante el TSJ nulidad de las 26 leyes dictadas por Chávez
Una demanda de nulidad contra los 26 decretos ley que el presidente Hugo Chávez promulgó el pasado 31 de julio, fue introducida este martes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El recurso interpuesto por el precandidato a la Alcaldía de Chacao, Carlos Vecchio, ante la Sala Constitucional del TSJ, señala que el conjunto de normas dictadas por el jefe de Estado en el último día del período habilitante, contraviene principios establecidos en la Carta Magna.
Vecchio explicó que con el paquete de leyes, Chávez violó los artículos 62 y 211 de la Carta Magna en los cuales se establece que las normas deben ser consultadas y que el Estado debe generar las condiciones adecuadas para favorecer la aportación de la sociedad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.
Aseveró además que con la publicación inconsulta de los edictos presidenciales se incumplió con los procedimientos que dicta la Ley de la Administración Pública (LAP) vigente hasta al 31 de julio, en sus ar- tículos 135 y 136.
Según los cuales los órganos de la Administración Pública, cuando propongan la adopción de normas legales deberán remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales para su consulta.
"Se otorgará un lapso no menor a diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto para recibir por escrito las observaciones".
El apartado 136 de la LAP fija además que la apertura de la consulta pública del anteproyecto de ley o reglamento deberá ser publicada en la prensa nacional y a través de la página web del organismo. Vecchio aseveró que ninguno de estos procedimientos fue cumplido por el jefe de Estado, quien dijo pretende instaurar la reforma constitucional, rechazada por el pueblo el pasado 2 de diciembre.
Para Vecchio, la única forma de evitar la imposición de la reforma por vía de estas leyes es que la oposición gane de forma unitaria las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre. "Nos quiere imponer la reforma por otras vías. Frente a esa realidad tenemos que unirnos en lugar de estar peleando. Derrotamos la reforma unidos, derrotamos a la 'Ley Sapo' cuando nos unimos, ahora podemos derrotar esas 26 leyes".
El recurso interpuesto por el precandidato a la Alcaldía de Chacao, Carlos Vecchio, ante la Sala Constitucional del TSJ, señala que el conjunto de normas dictadas por el jefe de Estado en el último día del período habilitante, contraviene principios establecidos en la Carta Magna.
Vecchio explicó que con el paquete de leyes, Chávez violó los artículos 62 y 211 de la Carta Magna en los cuales se establece que las normas deben ser consultadas y que el Estado debe generar las condiciones adecuadas para favorecer la aportación de la sociedad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.
Aseveró además que con la publicación inconsulta de los edictos presidenciales se incumplió con los procedimientos que dicta la Ley de la Administración Pública (LAP) vigente hasta al 31 de julio, en sus ar- tículos 135 y 136.
Según los cuales los órganos de la Administración Pública, cuando propongan la adopción de normas legales deberán remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales para su consulta.
"Se otorgará un lapso no menor a diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto para recibir por escrito las observaciones".
El apartado 136 de la LAP fija además que la apertura de la consulta pública del anteproyecto de ley o reglamento deberá ser publicada en la prensa nacional y a través de la página web del organismo. Vecchio aseveró que ninguno de estos procedimientos fue cumplido por el jefe de Estado, quien dijo pretende instaurar la reforma constitucional, rechazada por el pueblo el pasado 2 de diciembre.
Para Vecchio, la única forma de evitar la imposición de la reforma por vía de estas leyes es que la oposición gane de forma unitaria las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre. "Nos quiere imponer la reforma por otras vías. Frente a esa realidad tenemos que unirnos en lugar de estar peleando. Derrotamos la reforma unidos, derrotamos a la 'Ley Sapo' cuando nos unimos, ahora podemos derrotar esas 26 leyes".
"No se puede insistir en un proyecto derrotado con el voto"
Un día después de que se publicaran en Gaceta los 26 decretos ley dictados por el presidente Chávez, la Asamblea Nacional respaldó el contenido de las normas que fueron anunciadas el 31 de julio, el mismo día cuando se vencieron los 18 meses de la habilitación otorgada por el Legislativo al Ejecutivo.
Los parlamentarios que apoyan al Gobierno alabaron la iniciativa de su líder, el presidente Hugo Chávez y coincidieron en celebrar lo que llamaron el "contenido social" de las leyes. Algunos de esos parlamentarios, como Cilia Flores (PSUV), Saúl Ortega (PSUV) y Wilmer Iglesias (PPT) compararon la reacción del sector opositor de la sociedad y la cobertura de los medios de comunicación con los hechos del año 2001, cuando se aprobaron 49 leyes en el marco de la primera Habilitante otorgada al mandatario nacional, preámbulo, dijeron, del golpe de abril de 2002.
El diputado Mario Isea afirmó que tal como dijo la oposición lo que se iba a realizar mediante la reforma constitucional se está haciendo mediante leyes "en beneficio del pueblo. Son leyes que se estaban esperando desde siempre".
La única voz disidente entre los diputados que intervinieron en el debate fue la de los diputados de Podemos, Juan José Molina e Ismael García que denunciaron que algunas de las leyes, como la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb), violan la Constitución de 1999. García solicitó a la AN revisar las leyes, propuesta que fue rechazada por Flores, quien dijo: "Será aplastada la protesta del diputado Ismael García como fue aplastada la propuesta de los golpistas opositores con respecto las 49 leyes de la Habilitante pasada".
El parlamentario Ismael García señaló que no se pueden comparar los contextos en que fueron dictadas las leyes de 2001 y las de ahora, que fueron rechazadas en el referendo de 2007. De acuerdo con el diputado el Poder Legislativo no puede continuar actuando como "un ventrílocuo" del Ejecutivo ni como una oficina del Gobierno, celebrando todo lo que dice el mandatario nacional sin que haya una visión crítica de las actuaciones presidenciales. El Gobierno, aseguró, intenta imponer decisiones rechazadas: "No se puede insistir en un proyecto derrotado con el voto popular".
García señaló que la AN debió dar más tiempo para que los diputados estudiaran las 26 leyes para el debate y no un solo día como ocurrió.
Por su parte, Juan José Molina señaló que con las leyes habilitantes el Presidente pretende desviar la atención de lo que ocurre en el país con la nacionalización del Banco de Venezuela, de capital español. "Cuánto costará al país esta franelita", dijo mostrando una franela réplica del regalo que recibió el presidente Chávez del rey Juan Carlos con la inscripción "Por qué no te callas".
Los parlamentarios que apoyan al Gobierno alabaron la iniciativa de su líder, el presidente Hugo Chávez y coincidieron en celebrar lo que llamaron el "contenido social" de las leyes. Algunos de esos parlamentarios, como Cilia Flores (PSUV), Saúl Ortega (PSUV) y Wilmer Iglesias (PPT) compararon la reacción del sector opositor de la sociedad y la cobertura de los medios de comunicación con los hechos del año 2001, cuando se aprobaron 49 leyes en el marco de la primera Habilitante otorgada al mandatario nacional, preámbulo, dijeron, del golpe de abril de 2002.
El diputado Mario Isea afirmó que tal como dijo la oposición lo que se iba a realizar mediante la reforma constitucional se está haciendo mediante leyes "en beneficio del pueblo. Son leyes que se estaban esperando desde siempre".
La única voz disidente entre los diputados que intervinieron en el debate fue la de los diputados de Podemos, Juan José Molina e Ismael García que denunciaron que algunas de las leyes, como la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb), violan la Constitución de 1999. García solicitó a la AN revisar las leyes, propuesta que fue rechazada por Flores, quien dijo: "Será aplastada la protesta del diputado Ismael García como fue aplastada la propuesta de los golpistas opositores con respecto las 49 leyes de la Habilitante pasada".
El parlamentario Ismael García señaló que no se pueden comparar los contextos en que fueron dictadas las leyes de 2001 y las de ahora, que fueron rechazadas en el referendo de 2007. De acuerdo con el diputado el Poder Legislativo no puede continuar actuando como "un ventrílocuo" del Ejecutivo ni como una oficina del Gobierno, celebrando todo lo que dice el mandatario nacional sin que haya una visión crítica de las actuaciones presidenciales. El Gobierno, aseguró, intenta imponer decisiones rechazadas: "No se puede insistir en un proyecto derrotado con el voto popular".
García señaló que la AN debió dar más tiempo para que los diputados estudiaran las 26 leyes para el debate y no un solo día como ocurrió.
Por su parte, Juan José Molina señaló que con las leyes habilitantes el Presidente pretende desviar la atención de lo que ocurre en el país con la nacionalización del Banco de Venezuela, de capital español. "Cuánto costará al país esta franelita", dijo mostrando una franela réplica del regalo que recibió el presidente Chávez del rey Juan Carlos con la inscripción "Por qué no te callas".
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