25 agosto 2008

Viene otra Reforma (42)

Objetan el poder discrecional en la Ley de Telecomunicaciones

La controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que el presidente Chávez no incluyó en el paquete de 26 leyes aprobadas mediante poder especial, será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder absoluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del Presidente. La ley tiene ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), refiere El Nuevo Herald en su edición del domingo.

"Al mismo tiempo que aumenta el control de importantes bastiones en el sector privado, aprueba leyes que promueven una mayor concentración del poder, y dedica fuertes sumas para financiar compras militares, el gobierno del presidente Chávez está incrementando las presiones en un campo especialmente sensible en este año electoral: los medios de comunicación y los periodistas, dice el medio estadounidense.

En los últimos meses, el mandatario venezolano ha utilizado sin límites la televisión estatal para transmitir actos proselitistas, ha utilizado unidades militares para intervenir emisoras de radio adversas a sus candidatos, y funcionarios de la policía política (Disip) han actuado para detener a periodistas que manejaban información delicada, de acuerdo con denuncias de diversos grupos independientes y de los propios periodistas y dueños de medios afectados.

Según la nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden público, la seguridad o los intereses de la Nación''.

La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas, dijo a El Nuevo Herald Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela y ex consultor de la Unesco en materia comunicacional.

Las presiones legales y políticas del Gobierno podrían afectar seriamente la libertad de expresión en Venezuela y hacer mucho más riesgoso el ejercicio del periodismo, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una ONG que monitorea el ámbito de los medios impresos y radioeléctricos venezolanos. "A partir de este momento vamos a tener más riesgos en cuanto a una mayor violencia contra periodistas y medios, y una mayor restricción de la libertad de expresión'', dijo Correa.

Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios, para denunciar la inconstitucionalidad de varias leyes que afectan el ejercicio profesional, señala el diario.

El Universal

Borges invita a debatir si las leyes benefician al pueblo

Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), aseguró que las 26 leyes de la Habilitante, aprobadas por el Presidente son un refrito rechazado el pasado 2 de diciembre, y retó a Chávez -quien amenazó con hacer 50 nuevas leyes- a debatir si estos decretos le quitan o le dan más poder al pueblo.

"Le quitan poder", aseveró el dirigente, al explicar como ejemplo la nueva Ley de Seguridad Alimentaria, la cual decreta más intervención del Gobierno (28 nuevos trámites y 16 planes) en la producción de alimentos, al mismo tiempo que anula los derechos de los consumidores.

Borges, en boletín de prensa, explicó que el artículo 36 de la nueva Ley establece que "el Presidente en cada región determinará los niveles de consumo por rubro para garantizar un mínimo que no se traduzca en consumo exagerado". Es una de las tantas pruebas que determinan que con esta Ley el pueblo pierde el derecho a comprar lo que quiere, cuando quiera y de las marcas que le provoque; y, por el contrario, tendrá que adaptarse a comprar lo que el Gobierno quiera y de la marca que quiera", expresó.

Destacó el malestar que sufren los venezolanos cuando van a un Mercal, pues están obligados a hacer compras encadenadas de productos, les guste o no; o comprar alimentos de marcas que no le gustan. "Es una pequeña muestra de lo que convertirá esta Ley, la compra de alimentos en Venezuela", dijo.

Recordó las intervenciones del Presidente cuando compró Lácteos Los Andes y dijo que él decidía que ya no se harían más jugos de manzana. "Esa es la mentalidad que está detrás de las leyes. Quien decide es el Gobierno, no el pueblo", afirmó.

Borges propuso un esquema de seguridad alimentaria distinto. "En primer lugar, promover la producción de alimentos y dejar de comprar alimentos a otros países. En segundo lugar, asegurar los derechos de los consumidores a comprar los alimentos que quieran, a precios razonables y de buena calidad y, en tercer lugar, lograr que el Gobierno y el sector privado trabajen juntos como socios".

Señaló que con una inflación de precios que llegará a 27% este año, el Gobierno debería bajar el costo de la comida produciendo más comida en el país.

El Universal

Esperan más firmas contra "el paquetazo"

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas no han aguado el ánimo ni la determinación de las diferentes organizaciones que integran el Bloque Gremial, Profesional y Sindical para recolectar un millón de firmas en contra de las 26 leyes decretadas por el presidente Chávez en uso de los poderes que le concedió la Asamblea Nacional.

Aunque el agua retrasó ayer la apertura de los centros de recolección, las más de 31 organizaciones que integran este bloque se preparan para intensificar la recaudación en los próximos días.

Hoy de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. el Colegio de Abogados de Caracas recibirá a quienes quieran suscribir el documento en el que denunciarán al Gobierno venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por "alterar el orden constitucional al sancionar 26 leyes que contravienen la Carta Magna".

El Colegio Nacional de Periodistas, la Federación Farmacéutica y los gremios profesionales también habilitarán hoy sus sedes para que acudan quienes quieran avalar la iniciativa.

Los gremios estiman que en mes y medio lograrán sobrepasar el millón de firmas para apoyar la solicitud en contra del paquete de normas que, según su criterio, introducen conceptos de la reforma rechazados en el referendo del pasado 2 de diciembre.

El Universal
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