28 agosto 2008

Viene otra Reforma (44)

Intentan blindar control de Chávez sobre las regiones

Los 26 decretos-leyes promulgados por el presidente Hugo Chávez en uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional (AN) conforman una estrategia para blindar el control del mandatario sobre las regiones, aun cuando pierda las elecciones del 23 de noviembre, dijo Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia .

"Que los candidatos de la oposición sepan desde ahora que, aunque sean electos no van a desempeñar los cargos para los que fueran elegidos. En los decretos se establece que el Presidente puede elegir una autoridad regional que esté por sobre la autoridad del gobernador o el alcalde".

Durante el foro Impacto de las 26 nuevas leyes, Sosa consideró como otra importante implicación del "paquetazo" que según la Ley de Hábitat las personas nunca serán dueñas o propietarias de las tierras o de las viviendas que les sean adjudicadas. Desde el Ateneo de Caracas, en un escenario rebasado en su capacidad resaltó la importancia de trabajar para poder frenar el alcance de las normas.

Apoyó la iniciativa del Bloque Gremial, Profesional y Sindical, de algunos partidos y ONG de recoger un millón de firmas para solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que estudie la vulneración de la Constitución Nacional a través de los decretos presidenciales.

Rocío San Miguel, presidenta de la organización civil Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa y otra de las ponentes del foro, dijo que la nueva Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "activa la temible Ley Sapo (Ley de Inteligencia y Contrainteligencia) al facultar a lo consejos comunales a recabar y difundir información de los ciudadanos".

Subrayó que en la norma hay un entramado de artículos que son claves para las intenciones presidenciales de control, al tiempo que indicó que a partir de ella se abre la posibilidad de establecer un enemigo interno, muy parecido a los que se crearon en la doctrina de Seguridad Nacional de Argentina, Chile y Uruguay en época de dictadura.

"Probablemente se configuren listas de quienes acceden a ser parte de las milicias bolivarianas o de los comités de defensa integral, ellos serán considerados patriotas. Pero quien reivindique su posición de civil engrosará la lista de los enemigos de la Patria".

María Corina Machado, directivo de Súmate y organizadora del evento instó a aunar esfuerzos para dar a conocer el contenido de las leyes, y cómo afectan. Indicó que existen varios mecanismos para derogar las normas, entre los cuales está el referendo abrogatorio por iniciativa popular que requiere las firmas del 5% de los electores.

El Universal

CTV acusa fraude legal y social del Gobierno

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) emitió ayer un comunicado en el que deploró la consumación de "uno de los mayores fraudes legislativos de toda la historia republicana", como es la Ley Habilitante y su último fruto: los 26 decretos emitidos en julio. Critican particularmente la omisión en esos textos de dos ofertas hechas a los trabajadores en el marco de la reforma constitucional en 2007.

La CTV recuerda la oferta de Hugo Chávez de crear un "fondo de estabilidad social" para trabajadores por cuenta propia y la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas diarias. Expresan que teniendo la facultad para aprobar estas medidas, "...no lo hizo simple y llanamente porque el Presidente es un vulgar demagogo populista (...) al Presidente lo único que le interesa es la concentración del poder", dice la CTV.

"Celebramos que el Presidente no haya dictado los Decretos Ley relativos al Sistema Público Nacional de Salud y a la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas" pues deben ser consultadas con todos los sectores involucrados. Critican, asimismo, que la reforma de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social haya sustraído a esta norma "todas las competencias que tenía sobre el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat", así como que las deducciones respectivas se hagan sobre el salario integral y no el básico y que deja mucha discrecionalidad a los funcionarios.


El Universal
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