12 septiembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (103)

Chávez y Kirchner querían arreglar políticamente el caso

Miami.- Obediente, arrepentido y con la única esperanza de que la juez Joan Lenard decida reducirle la condena por su colaboración con la Fiscalía, el abogado Moisés Maionica volvió a sentarse en el banquillo durante seis largas horas ayer para contestar a las preguntas de Thomas Mulvihill y Edward Shohat.

Con una sola afirmación Maionica resumió el escándalo del maletín. ¿Sus conversaciones con el director de la Disip y otros trataban sobre el hecho de que el Gobierno de Venezuela iba a ayudar políticamente, junto al Gobierno de Argentina, a que el asunto Antonini desapareciera? "Sí", respondió Maionica a Shohat, el abogado del empresario Franklin Durán.

"¿Desde el principio su objetivo era que Antonini firmara el poder para el abogado que zanjaría el problema en Argentina y así, a través de esa estrategia, desaparecería el escándalo en los medios de comunicación?", cuestionó Shohat. "Sí", volvió a contestar Maionica, mucho más escueto en sus respuestas al letrado de Durán que al fiscal Mulvihill, con quien colabora desde el pasado diciembre, pocos días después de su detención en Florida junto al resto de los acusados.

Maionica fue, a juzgar por las grabaciones secretas del FBI que ahora escucha el jurado en Miami, el principal nexo de unión entre Antonini y el Gobierno venezolano. Fue el hombre que afirmó frente a Antonini: "el viceministro de Justicia argentino ya fue a Venezuela para una encuentro en la Disip". El mismo que nombró una reunión entre "Lavalle (sujeto no identificado) y Ángel Morales (responsable de Pdvsa Sur)" y afirmó que le dieron el visto bueno al abogado argentino Guillermo Ledesma. "Rangel Silva me dijo que la partida secreta para pagar a Antonini la tenía la Disip, pero no querían hacer una transferencia para no establecer una relación directa entre el Gobierno venezolano y Antonini", confesó Maionica ante el fiscal.

Pero les falló Christian Lovera, un amigo de Antonini a quien querían pedirle el "favor" de transferir los dos millones de dólares para el "gordo". Lovera tenía miedo. Así que el director de la Disip decidió involucrar de nuevo en el asunto a Franklin Durán. "Sería Durán quien haría la transferencia y confeccionaría los documentos para justificar los 800.000 dólares decomisados en Argentina. Era lo ideal porque Antonini ya tenía relación con Venoco, la empresa de Durán", apuntó Maionica.

"Todo debía ocurrir en Buenos Aires en la época de vacaciones, cuando los argentinos se van a Punta del Este. Así la noticia de que el caso Antonini se había cerrado tendría menor impacto. Esa fue la información que recibí de Rangel Silva y Morales en la Disip", explicó Maionica en el juicio, en referencia a la estrategia legal que habían planeado: el "problema" de Antonini en Buenos Aires dejaría de ser delito para volver a convertirse en una mera infracción.

La siguiente reunión clave se produjo el 4 de diciembre en la Disip entre Rangel Silva (el oficial supuestamente designado por Chávez al frente de la operación, según Maionica), Juan Bracamonte (socio de Maionica), el propio Maionica, Franklin Durán y su hermano Pedro. "Rangel diría que se había hecho una venta de equipos para la Disip", subrayó Maionica. También sería la Disip la que le daría los dos millones en metálico a Antonini.

El 11 de diciembre de 2007, tras un accidentado viaje entre Caracas y Miami, pasando por Aruba, Maionica fue al restaurante Bravo de Fort Lauderdale con Antonini y Durán. Tenían tres objetivos: darle al "gordo" los documentos, decirle cuándo y cómo recibiría los dos millones y obtener su ansiada firma para el abogado en Argentina. La misma firma que los acusados buscaban, sin éxito, desde el 17 de agosto.

El fiscal mostró al jurado los dos documentos disfrazados por Durán. En el primero, la empresa Venuz Supply Inc. (propiedad de Antonini) vende supuestamente vehículos Toyota a la compañía Mil Importaciones 1997 (propiedad de Durán) por valor de 212.209,33 dólares. En el otro, Venuz ha cobrado de Ruibal y Durán la cantidad de 17.500 dólares (con la cifra "revisada" de 585.000 dólares escrita a mano) por la venta de chalecos de seguridad. Es decir, que el total de las supuestas ventas de Antonini a Durán (incluyendo tasas y comisiones) era de 973.069,80 dólares, una cantidad que "justificaba de sobra" los famosos 800.000 dólares decomisados en Argentina el 4 de agosto de 2007. Aquel 11 de diciembre Antonini llevaba en la mano los dos documentos cuando Durán y Maionica fueron arrestados por el FBI a la salida del restaurante.

El testigo más esperado, Guido Alejandro Antonini, podría presentarse ante el jurado hoy o el próximo martes.

El Universal
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