Vicepresidente argentino se deslinda de su gobierno
Buenos Aires.- El vicepresidente argentino, Julio Cobos, se apartó de la postura de su gobierno al pedirle que la justicia de su país investigue "con celeridad" a los involucrados en el "caso del maletín" para que "no haya impunidad", reseñó Efe. Cobos, quien mantiene fuertes discrepancias con la presidenta Cristina Fernández, aseguró que él no participó en la recaudación de aportes para la campaña que llevó a la mandataria y a él a ganar las elecciones de octubre pasado.
En declaraciones a la prensa bonaerense, el vicepresidente se refirió al juicio que se celebra en Miami relacionado con los 800.000 dólares incautados a un empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson a su llegada a Buenos Aires en agosto de 2007.
Los fondos, según las autoridades estadounidenses, iban destinados a la campaña de Fernández.
"Sería bueno que la justicia argentina, independientemente del pedido de extradición que ha realizado sobre Antonini, que no está detenido ni en EEUU ni acá, avanzara con quien considera que puede haber estado implicado en el hecho (...) Hay dos jueces argentinos que están trabajando y a ellos hay que pedirles celeridad en la causa", afirmó Cobos.
El Gobierno argentino ha acusado directamente al FBI del escándalo y a EEUU de utilizar con "fines político" el caso.
"En el caso del maletín se violan obligaciones con la ONU"
La red de involucrados alrededor del caso Antonini revela la existencia de "un grupo delictivo trasnacional estructurado en el campo de los negocios gubernamentales entre Venezuela y Argentina", apunta como conclusión un análisis del profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, Asdrúbal Aguiar.
Al referirse a las implicaciones del juicio sobre el maletín con los 800 mil dólares, Aguiar advierte que "los dineros del maletín fueron objeto de transferencia trasnacional". Cita la existencia de "indicios serios en ese sentido y precisa que el propósito de la transferencia era "ocultar o disimular" el origen ilícito de aquéllos" (los dólares).
También subraya que en todo el proceso "medió la corrupción, dada la actuación o abstención aparente de funcionarios públicos petroleros y policiales para evitar el cumplimiento de sus obligaciones oficiales antes y después del suceso".
Por la existencia de esos elementos el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que "en los casos de Argentina y de Venezuela se aprecia una grave omisión de las obligaciones internacionales que les impone la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada y ratificada por ambas en 2000 y 2002.
Explica que al margen de cuanto ocurra en la justicia norteamericana, Argentina y Venezuela, que son estados partes de la Convención a diferencia de EEUU, deberían - como lo pide ésta - "estar investigando las supuestas "amenazas, intimidación, promesa, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido por el gobierno de Chávez en beneficio de un tercero para obstruir el cauce de la justicia, tanto en Venezuela como en Argentina".
A su juicio ambos gobiernos deberían estar intercambiando información y alentando a quienes hayan participado en esos grupos (como es el caso del ex vicepresidente de Pdvsa Diego Uzcátegui y su hijo, quienes permanecen en Venezuela en desacato a una orden judicial argentina) para que proporcionen información a las autoridades.
Aguiar califica de inverosímiles las protestas de Miraflores y de la Casa Rosada, según las cuales el juicio de Miami forma parte de una conspiración por parte del FBI y de la Fiscalía Federal, cuando lo que se hizo fue operar "técnicas especiales de investigación" grabaciones, cartas prefabricadas y vigiladas - para consolidar el patrimonio probatorio que muestre la actuación encubierta de los agentes del presidente Chávez en EEUU".
Subraya que se consideró mitigar las penas de los acusados Maionica y Kauffman, o concederles inmunidad judicial (como la que beneficia a Antonini) para obtener de ellos cooperación sustancial en la investigación y el enjuiciamiento del caso. Pero todas esas prácticas "también las acordaron Venezuela y Argentina al firmar la Convención de la ONU, validando sus artículos 20 y 26, que las consagran como lícitas para la realización de la justicia".
También llama la atención sobre la declaración coincidente de las presidencias de ambos países al denunciar que el debate judicial planteado por el FBI y la Fiscalía Federal, a cargo de Thomas Mulvihil, obedecen "a fines políticos subalternos". Así, mientras la cancillería austral alega "uso indebido de una causa judicial", el ministro venezolano Tarek Al Aissami habla de "basura del imperio norteamericano".
La misma expresión fue utilizada en diciembre de 2007 por los Kirchner, cuando en la justicia norteamericana se sugirió que la valija de los dólares "estaba destinada a la campaña presidencial de Cristina".
Para Aguiar la matriz de la supuesta conspiración urdida en Washington "vendría a reforzarse por coincidir temporalmente con la decisión de Hugo Chávez de declarar persona no grata al Embajador de EEUU, tal y como lo hizo antes su aliado Evo Morales, quien señala a la Casa Blanca de estar detrás de la crisis política que vive Bolivia.
Atribuye la reacción venezolana, además de una estrategia confrontacional de vieja data, "al juicio que tiene lugar en Miami y a las confesiones de los empresarios imputados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Caracas, reconocidos por sus vínculos con éste y quienes señalan a distintos funcionarios - incluido el propio presidente Chávez - de ser los verdaderos dueños de los dólares en cuestión y del intento para encubrir el origen de éstos.
A su juicio distinta es la reacción de la Casa Rosada porque "ésta pierde su fuerza y también se explica como producto de la desesperación. En las 24 horas antes de su protesta contra los EEUU, Argentina pidió ayuda a la DEA para resolver la cuestión del tráfico de efedrina y otros precursores químicos para la producción de drogas sintéticas y que diera lugar al asesinato reciente de tres empresarios, uno de los cuales era financista de la campaña presidencial de la Kirchner".
Según Aguiar, Antonini no será extraditado a la Argentina mientras esté bajo jurisdicción de los EEUU y por eso allí el caso se mantiene en el limbo, pero dice que la actitud de desacato de los Uzcátegui, ante el requerimiento del juez argentino, obedece a la falta de cooperación por parte de Venezuela.
Roberto Giusti
El Universal
La red de involucrados alrededor del caso Antonini revela la existencia de "un grupo delictivo trasnacional estructurado en el campo de los negocios gubernamentales entre Venezuela y Argentina", apunta como conclusión un análisis del profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, Asdrúbal Aguiar.Al referirse a las implicaciones del juicio sobre el maletín con los 800 mil dólares, Aguiar advierte que "los dineros del maletín fueron objeto de transferencia trasnacional". Cita la existencia de "indicios serios en ese sentido y precisa que el propósito de la transferencia era "ocultar o disimular" el origen ilícito de aquéllos" (los dólares).
También subraya que en todo el proceso "medió la corrupción, dada la actuación o abstención aparente de funcionarios públicos petroleros y policiales para evitar el cumplimiento de sus obligaciones oficiales antes y después del suceso".
Por la existencia de esos elementos el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que "en los casos de Argentina y de Venezuela se aprecia una grave omisión de las obligaciones internacionales que les impone la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada y ratificada por ambas en 2000 y 2002.
Explica que al margen de cuanto ocurra en la justicia norteamericana, Argentina y Venezuela, que son estados partes de la Convención a diferencia de EEUU, deberían - como lo pide ésta - "estar investigando las supuestas "amenazas, intimidación, promesa, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido por el gobierno de Chávez en beneficio de un tercero para obstruir el cauce de la justicia, tanto en Venezuela como en Argentina".
A su juicio ambos gobiernos deberían estar intercambiando información y alentando a quienes hayan participado en esos grupos (como es el caso del ex vicepresidente de Pdvsa Diego Uzcátegui y su hijo, quienes permanecen en Venezuela en desacato a una orden judicial argentina) para que proporcionen información a las autoridades.
Aguiar califica de inverosímiles las protestas de Miraflores y de la Casa Rosada, según las cuales el juicio de Miami forma parte de una conspiración por parte del FBI y de la Fiscalía Federal, cuando lo que se hizo fue operar "técnicas especiales de investigación" grabaciones, cartas prefabricadas y vigiladas - para consolidar el patrimonio probatorio que muestre la actuación encubierta de los agentes del presidente Chávez en EEUU".
Subraya que se consideró mitigar las penas de los acusados Maionica y Kauffman, o concederles inmunidad judicial (como la que beneficia a Antonini) para obtener de ellos cooperación sustancial en la investigación y el enjuiciamiento del caso. Pero todas esas prácticas "también las acordaron Venezuela y Argentina al firmar la Convención de la ONU, validando sus artículos 20 y 26, que las consagran como lícitas para la realización de la justicia".
También llama la atención sobre la declaración coincidente de las presidencias de ambos países al denunciar que el debate judicial planteado por el FBI y la Fiscalía Federal, a cargo de Thomas Mulvihil, obedecen "a fines políticos subalternos". Así, mientras la cancillería austral alega "uso indebido de una causa judicial", el ministro venezolano Tarek Al Aissami habla de "basura del imperio norteamericano".
La misma expresión fue utilizada en diciembre de 2007 por los Kirchner, cuando en la justicia norteamericana se sugirió que la valija de los dólares "estaba destinada a la campaña presidencial de Cristina".
Para Aguiar la matriz de la supuesta conspiración urdida en Washington "vendría a reforzarse por coincidir temporalmente con la decisión de Hugo Chávez de declarar persona no grata al Embajador de EEUU, tal y como lo hizo antes su aliado Evo Morales, quien señala a la Casa Blanca de estar detrás de la crisis política que vive Bolivia.
Atribuye la reacción venezolana, además de una estrategia confrontacional de vieja data, "al juicio que tiene lugar en Miami y a las confesiones de los empresarios imputados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Caracas, reconocidos por sus vínculos con éste y quienes señalan a distintos funcionarios - incluido el propio presidente Chávez - de ser los verdaderos dueños de los dólares en cuestión y del intento para encubrir el origen de éstos.
A su juicio distinta es la reacción de la Casa Rosada porque "ésta pierde su fuerza y también se explica como producto de la desesperación. En las 24 horas antes de su protesta contra los EEUU, Argentina pidió ayuda a la DEA para resolver la cuestión del tráfico de efedrina y otros precursores químicos para la producción de drogas sintéticas y que diera lugar al asesinato reciente de tres empresarios, uno de los cuales era financista de la campaña presidencial de la Kirchner".
Según Aguiar, Antonini no será extraditado a la Argentina mientras esté bajo jurisdicción de los EEUU y por eso allí el caso se mantiene en el limbo, pero dice que la actitud de desacato de los Uzcátegui, ante el requerimiento del juez argentino, obedece a la falta de cooperación por parte de Venezuela.
Roberto Giusti
El Universal
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