19 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela

Human Rights Watch acusa al TSJ de "abdicar a sus funciones"

Como una "oportunidad histórica desperdiciada" calificó Human Rights Watch los casi diez años que el presidente Hugo Chávez ha estado gobernando a Venezuela. La razón: "En sus esfuerzos por contener a la oposición y consolidar su poder, el Gobierno ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos".

La afirmación la realizó el director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, quien ayer presentó en el Ateneo de Caracas el informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En el documento, de 266 páginas, la agrupación, con presencia en más de 70 países, aseveró que la Constitución de 1999 abrió las puertas para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, pero el Gobierno prefirió otro camino.

En el texto, Human Rights Watch cuestionó duramente la modificación que en 2004 realizó el oficialismo a la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), gracias a la cual fueron incorporados 12 magistrados, y tildó esta decisión como "la violación más grave del Estado de Derecho en Venezuela" después del intento de golpe de Estado de abril de 2002.

Vivanco afirmó que luego de revisar el comportamiento del máximo juzgado, desde su polémica ampliación, concluyeron que "el Tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del Estado y garante de los derechos fundamentales (...) Una y otra vez el TSJ busca excusas y maneras para dilatar decisiones".

Juzgador juzgado
Las decisiones que respaldaron las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría y la ausencia de pronunciamiento en relación con la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) le permitieron al director de la organización decir: "El TSJ está constantemente avalando la agenda estatal y de él no se puede esperar una posición independiente (...) ¿Por qué al presidente Chávez no le preocupa que alguien acuda al TSJ a demandar la nulidad de alguna de las 26 leyes que dictó por decreto recientemente? Porque sabe de antemano que el TSJ no va a discrepar de sus planteamientos políticos". Vivanco recordó que hasta 2004, cuando el ente rector del Poder Judicial estaba dividido a la mitad, se "hacía difícil predecir cuál sería su fallo en cualquier materia" y "había cierto atizbo de independencia".

Asimismo denunció que esta situación ha permitido a la actual Administración aplicar "sistemáticamente políticas discriminatorias" que han afectado la libertad de expresión, la libertad sindical y la capacidad de la sociedad civil de promover las garantías fundamentales.

Y, acto seguido, recomendó modificar la integración del TSJ, aunque sugirió esperar hasta que el Parlamento represente la pluralidad del país.

Hablar se puede, pero menos
Tras explicar que el informe es el producto de más de un año de recopilación de información y entrevistas con funcionarios públicos, expertos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, Vivanco dijo que en el país hay libertad de expresión. No obstante, advirtió que "al expandir y endurecer las penas por delitos que castigan opiniones críticas (...) Chávez y sus partidarios en la legislatura han fortalecido la capacidad del estado de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, creando además poderosos incentivos para la autocensura".

El Universal

Gobierno expulsó del país a Vivanco


La Cancillería nacional informó este jueves en la noche la expulsión inmediata del país de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch y de su asistente Daniel Wilkinson.

En declaraciones dadas a Venezolana de Televisión, el canciller Nicolás Maduro dijo que una comisión especial condujo a Vivanco y a Wilkinson hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde abordaron el primer vuelo comercial disponible que lo sacó de inmediato de territorio venezolano.

Según la Agencia Bolivariana de Noticias, la decisión se tomó porque el representante de la organización no gubernamental ha "violentado la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país".

Horas antes, Vivanco presentó el informe elaborado por Human Rights Watch llamado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En éste se asegura que el gobierno de Hugo Chávez no sólo se ha caracterizado por sus ansias de control de todas las instituciones, sino también por discriminar y excluir. Se recordó que la discriminación por razones políticas no es nueva en Venezuela y que Chávez, en 1998, prometió ponerle fin. No obstante, "sustituyó (los patrones existentes) con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que son percibidos como tales".
El Universal

Vivanco: "Este es un gobierno excluyente"

El gobierno de Hugo Chávez no sólo se ha caracterizado por sus ansias de control de todas las instituciones, sino también por discriminar y excluir.

La acusación la lanzó Human Rights Watch en su informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, presentado en el Ateneo de Caracas.

En el documento, la agrupación recordó que la discriminación por razones políticas no es nueva en Venezuela y que Chávez, en 1998, prometió ponerle fin. No obstante, "sustituyó (los patrones existentes) con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que son percibidos como tales".

Las listas Tascón y Maisanta, en las cuales estaban quienes firmaron solicitando revocarle el mandato al Presidente y a quienes se les despidió de la administración pública o se les negó trabajo en ella, son mencionadas en el reporte como ejemplos de esa segregación.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, responsabilizó al jefe de Estado de discriminar "al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos, independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002".

También fustigó la postura asumida por las autoridades frente a las denuncias hechas por los defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales han sido víctimas de hostigamiento judicial y acusaciones infundadas. JFA
El Universal
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