02 octubre 2008

Viene otra Reforma (52)

Advierten que AN menoscaba competencias de gobernadores

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio que aprobó el Parlamento somete a las administraciones públicas estatales y municipales a las directrices que impartan las autoridades regionales nombradas por el presidente de la República.

Las funciones de gobernadores y alcaldes sólo son mencionadas en los artículos 22 y 23 del borrador que establece que éstos actuarán en el marco de una comisión estatal y municipal de ordenación del territorio. El proyecto fue aprobado en primera discusión el martes pasado.

El artículo 21 establece lo siguiente: "Las administraciones públicas estatales y municipales y sus entes descentralizados funcionalmente estarán sometidos a las directrices impartidas por las autoridades regionales para el logro de su objetivo, debiendo colaborar activamente en la ejecución de los planes, proyectos y acciones calificadas como de importancia regional o nacional en orden a la consecución de los fines del Estado".

Esta premisa, observa el abogado administrativista Juan Carlos Apitz, pretende restar competencias a las autoridades electas por el voto popular, como son los alcaldes y los gobernadores: "Ahora serán tres las autoridades a nivel territorial: los alcaldes, los gobernadores y, por encima de ellos, los que dirijan estas entidades territoriales. De este modo se vacía de contenido a las leyes que atribuyen competencias a los alcaldes y gobernadores. Se está desconociendo la autoridad de funcionarios electos y hacen descansar esas competencias en autoridades regionales designadas por el Presidente". A juicio de Apitz la Ley aprobada en primera discusión será sancionada rápidamente por el Parlamento "porque en el chavismo saben que tienen perdidas la mayoría de las alcaldías y muchas gobernaciones".

Desalentar y desestimular el voto es otra de las razones que enumera Apitz para que el Poder Legislativo haya acelerado la aprobación de la norma: "El elector piensa que no tiene sentido salir a votar el 23 de noviembre si sus candidatos no van a tomar las grandes decisiones en caso de ser electos, sino que las decisiones serán tomadas por un funcionario designado por el Presidente".

Más allá de un golpe a la descentralización, Apitz señala que el proyecto de ley es un golpe al ciudadano porque "tiran por la borda la participación como manera de gestionar y planificar el territorio, como se establecía en la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio de 2006, que estaba en concordancia con la Constitución. Además, la Ley que se pretende aprobar, dice Apitz, es un fraude a la participación popular porque estaba contenida en el proyecto de reforma de Constitución rechazado el año pasado.

El Universal
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