29 marzo 2009

AN, TSJ, DIM, Disip: imposición del terror

La noche del miércoles 25, funcionarios de la Disip apostados en las salidas de Globovisión acosaban a las personas que salían de ese canal, obligándolas a bajar los vidrios para averiguar quien viajaba en los vehículos. A esa misma hora Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, era entrevistado por Leopoldo Castillo en Aló Ciudadano, a propósito de la privación de su libertad solicitada por la Fiscalía, en cumplimiento de una orden reiteradamente pública del Presidente Hugo Chávez. La persecución política en Venezuela es ya del dominio internacional. En La Prensa de Panamá ("Asedio a la oposición "), la periodista Maye Primera narra que "Más vale buscar un buen abogado antes de alistarse como dirigente de la oposición en Venezuela. Desde 2002, centenares de políticos, militares retirados, policías, estudiantes, periodistas, empresarios y activistas de ONGs han sido declarados enemigos del gobierno de Chávez e investigados, amenazados, enjuiciados, inhabilitados políticamente o encarcelados por incurrir en supuestos delitos comunes, traición a la patria o rebelión (&). El caso más reciente es el de Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, ex gobernador del Zulia y ex candidato presidencial". La Prensa resume la larga lista de perseguidos por el aparato judicial que controla Chávez, solo por disentir de su régimen. La OIT, organismo de la ONU, exigió públicamente a Chávez esta semana, cesar el acoso al sector privado venezolano, al que "descalifica, desprecia y amenaza con confiscaciones". Pide la OIT frenar los permanentes "atentados y ataques violentos a las instalaciones de instituciones empresariales, especialmente Fedecámaras, así como detener a los responsables". Recordemos que los últimos ataques a la sede empresarial fueron de grupos del 23 de Enero afectos a Chávez y de "campesinos" pertenecientes a los grupos de choque progobierno.

Perdida buena parte de la persuasión oficial (híbrido de la petrochequera y de la perorata presidencial) aumenta la represión como mecanismo de control. El miércoles hubo paro de docentes; marcharon en protesta los médicos de los hospitales caraqueños, abandonados a su propia suerte por un ministro militar ignorante e insensible; protestaron los buhoneros y los transportistas, a quienes el régimen halaga cuando necesita sus votos pero a quienes reprime policialmente cuando reclaman sus derechos.

"El contrato del metro no se negoció, se impuso" denuncian sus trabajadores, varios de los cuales no se identifican por temor al acoso policial y laboral del que son víctimas. Los sindicatos denuncian que el "gobierno impone el terror" a través de las "amenazas de despidos a los trabajadores que salen a protestar y ordena que sean perseguidos por la Disip y la DIM". Insisten en que "el gobierno congela los contratos e impone el terror sindical". El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Falcón, Iván Freites, critica que "los únicos trabajadores del mundo a los que se les pide que carguen con las consecuencias de la crisis, es a los venezolanos. No oigo al Presidente colombiano, ni al de Brasil, pasando las cargas a la clase trabajadora". Los sindicatos petroleros de Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Zulia están solicitando la rápida discusión del convenio colectivo, congelado desde hace siete meses. Dicen que "mientras los gerentes tienen sueldos por encima de los 80 salarios mínimos, los obreros petroleros tenemos que salir a piratear con un taxi para poder comer y nuestros familiares son rechazados en las clínicas porque la empresa no paga las pólizas HCM". Los sindicalistas de Guayana rechazan la reducción presupuestaria porque va en contra de las conquistas laborales. Dicen que el gobierno dilapidó los recursos y ahora castiga a los trabajadores. El terror es el signo: "los empleados de los ambulatorios trabajan con miedo". El titular corresponde a la toma ilegal de los ambulatorios de la gobernación de Miranda por parte de efectivos armados de la GN. La caricaturista Raima no puede ser más gráfica. Con el título de "Juicio a la disidencia" muestra a la dama ciega de la justicia con una esposa en cada plato de la balanza. Justo las que el gobierno quiere colocar en las manos de Manuel Rosales.

El Chávez portador de un lujoso reloj de $12.000, se horroriza de los sueldos de los magistrados y rectores mientras que Cilia, furiosa porque Globovisión mostró los recibos de sus 25 mil mensuales (incluidos, pobrecita ella, transporte y comida) decide matar al mensajero: No más canales privados mostrando la farsa de cómo los boliburgueses de la revolución se reparten el botín, mientras el pueblo se muere de mengua. El miedo puede funcionar durante algún tiempo, pero no todo el tiempo. Y eso es lo que teme Chávez, mientras activa contra la creciente disidencia política, social y laboral, a sus, por ahora, dóciles AN, TSJ, DIM y Disip.

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