09 agosto 2009

El delito de informar y opinar

El pasado lunes un grupo de motorizados armados entraron violentamente a la sede de Globovisión, hirieron a dos vigilantes y lanzaron bombas lacrimógenas. La noticia fue reseñada nacional e internacionalmente, porque comandaba el grupo Lina Ron, cuya organización política apoya al régimen; con posterioridad las autoridades repudiaron las acciones, la Fiscalía inició las investigaciones y la dirigente está detenida en la DIM. Todo lo anterior nos recuerda las aventuras fílmicas de Los Tres Chiflados, sólo que en este caso no se trata de una comedia, sino de una acción terrorista y cobarde contra la libertad de expresión.

En un país serio el gobierno estaría contra la pared por la gravedad de los delitos cometidos, desde terrorismo hasta invasión a la propiedad y lesiones. ¿Quién no recuerda el temblor en la madrugada del 4 de mayo, con una magnitud 5.4 en la escala de Richter, que fue informado por la televisora y que motivó una averiguación de Conatel? Si se aprueba la Ley de Delitos Mediáticos el régimen podría sancionar a los medios, si mencionan el episodio violento del pasado lunes, porque estarían generando una sensación de impunidad o de inseguridad; y en el caso del temblor también, por considerar que atentan contra la salud mental, la seguridad e independencia de la nación, el orden público o la estabilidad de las instituciones del Estado, todo de conformidad con el artículo 4 del anteproyecto.

¿Qué ha pasado con La Piedrita y el contingente armado de Valentín Santana? La información y opinión crítica son el alma de la democracia, expresadas en gobiernos donde se respeten las reglas del Estado de Derecho, ya que son un factor fundamental de la vigilancia y el control de las acciones de gobierno por parte de la sociedad, de allí que su rol es indispensable en la denuncia de los delitos y abusos del poder. Por ello crear una atmósfera de censura y autocensura, criminalizando la labor de la radio, la televisión y la prensa escrita, con el apoyo de normas genéricas, vagas e imprecisas que incorporan conceptos como: paz social, salud mental, moral pública, sensación de impunidad o estabilidad de las instituciones, se presta a que fiscales y jueces genuflexos interpreten toda denuncia y crítica como un atentado al régimen.

En fin, si es aprobado este engendro surgirá una enorme estructura represiva, con muchos funcionarios, grabaciones y analistas, que revisarán el cúmulo de información y opinión de la radio, televisión y prensa escrita. Basta que un medio de comunicación sea estable y periódico, para que el dueño, directivos, productores, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona, puedan incurrir en delito. La atmósfera, repetimos, será de censura y autocensura. El gobierno, en vez de ser eficiente, crear empleo, construir viviendas, reducir la inseguridad y entender al pluralismo y la crítica como fundamento de la democracia, ha decidido arremeter contra las protestas públicas, ignorando el derecho constitucional a reclamar en la calle, el derecho a la vida, al trabajo, a la calidad de los servicios, aparte de ignorar los principios constitucionales de la réplica y rectificación, para responder a informaciones presuntamente inexactas o falsas.

La cadena de apagones por fallas eléctricas se complementa ahora con esta ley de la oscuridad, que persigue eliminar la crítica constructiva, cuando lo que procede es oír, dialogar y corregir los disparates y perversidades de la burocracia. El ataque armado a Globovisión se produce por la aberrante impunidad existente, ¿por qué no se decomisan las armas y son juzgados quienes las portan ilegalmente, si por ello espacios de soberanía se conviertan en tierras de nadie en el Alto Apure, la frontera y áreas urbanas?

El anteproyecto de Delitos Mediáticos es presentado por el Ministerio Público para ganar puntos con el poder en desmedro de los derechos individuales y la libertad de expresión. El anteproyecto, con prescindencia de que se le hagan modificaciones o se deje en suspenso su discusión, es un paso irreversible hacia la criminalización de quien disiente, ya que una información falsa sólo puede ser sancionada si es divulgada con conocimiento previo de su falsedad, y los estándares internacionales han despenalizado el derecho de opinión.

Nuestra Carta Magna, incluso frente a los estados de excepción, respeta la libertad de expresión, pero ahora se quiere imponer el pensamiento único, mediante este proyecto monstruoso que viola la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática. Los medios no son enemigos de la pretendida revolución y en cambio ésta si rechaza los principios fundamentales de la democracia. La libertad de expresión es imprescindible en la defensa de los derechos humanos y herramienta esencial de un sistema de libertades.

Juan Martín Echeverría

El Universal

juanmartin@cantv.net

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