El deterioro "paulatino" del Estado de Derecho en Venezuela fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que lamentó que el Gobierno no autorizara a su relator, Paulo Sérgio Pinheiro, visitar el país, para buscar salidas a las situaciones que impiden a los venezolanos gozar de sus garantías fundamentales.Al concluir su 127° período ordinario de sesiones, el organismo hemisférico emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la democracia venezolana.
La razón de la inquietud: "Las denuncias sobre falta de independencia de los poderes del Estado y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo Nacional; las restricciones a la libertad de expresión; el grado extremo de polarización de la sociedad y la consecuente dificultad de sostener un diálogo constructivo y tolerante entre el Gobierno y la sociedad civil; la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo de organizaciones de derechos humanos y la impunidad en casos relacionados con violaciones de derechos humanos".
Aunque en su boletín reconoció que en el país hay "una amplia discusión y crítica a través de los medios de comunicación hacia las políticas gubernamentales", la Comisión advirtió que también hay ataques y represalias para coartar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión.
Sin mencionarla, el organismo continental se refirió a la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), diciendo que esta medida podría violar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La CIDH, en su comunicado, reconoció la labor del Tribunal Supremo para poner fin a la provisionalidad de los jueces. No obstante, puso en duda la idoneidad del método empleado para garantizarles la estabilidad.
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) también aprovechó la ocasión para reconocer los esfuerzos del Ejecutivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en referencia a las misiones.
"La prioridad dada a estas medidas es fundamental para garantizar una vida digna a la población y constituye una base importante para el mantenimiento de la estabilidad democrática", concluyó.
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