Washington AP / EFE. En una sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, tras una intervención del embajador venezolano Jorge Valero, en la que defendió el planteamiento de la reelección indefinida, el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, comentó que no puede considerarse que exista esta modalidad en países donde gobiernan los parlamentos.Tras considerar muy interesante la exposición del embajador Valero, quien antes discurrió con amplitud sobre los diferentes aspectos incluidos en la propuesta de reforma la constitución venezolana, Insulza resaltó el derecho soberano de los países a elegir su sistema de gobierno.
A continuación agregó: “los países tienen ordenamientos constitucionales muy distintos. Para poner solamente un ejemplo, el tema de las reelección indefinida no existe en los sistemas con régimen parlamentario. Generalmente se entiende la interacción permanente entre el poder ejecutivo y el legislativo. Incluso la posibilidad que en un gobierno parlamentario el gobierno que está hoy en el poder no esté más mañana porque el parlamento lo decidió en alguna sesión”.
Estas declaraciones se produjeron luego de una intervención del embajador Valero en la que se refirió a una lista de países de Europa y otros continentes en donde rige la reelección indefinida del presidente.
BASES DE LA DEMOCRACIA
Resaltó Insulza que el tema de los equilibrios de poder es fundamental y debe existir en las democracias. “Estamos todos de acuerdo que deben existir siempre en toda democracia, cualquiera sea la forma del poder, los sistemas de balance y contrapeso que aseguren que el poder no se radique de manera omnímoda en un solo sector de la sociedad”, enfatizó también Insulza.
“Espero que el criterio y normativa y principios que hemos sentado en la Carta Interamericana se sigan manteniendo a lo largo del tiempo, en distintos periodos y con distintos sistemas, en todas las naciones que forman parte de nuestro sistema”.
EXPLICACIONES DESDE VENEZUELA
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero, explicó ayer en una sesión especial del organismo la propuesta de reforma constitucional.La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó este jueves una sesión especial dedicada al proyecto de reforma constitucional en Venezuela, en la que el “orador de orden” fue Valero.
Luego de la exposición del embajador venezolano, el representante de Canadá ante este organismo internacional expresó que su país esperaba que en la reforma constitucional “se respetaran los valores de la Carta Democrática Interamericana para que los venezolanos puedan seguir viviendo en democracia”.
OTRAS VISIONES
Por su parte, el embajador de Estados Unidos pidió el respeto a los “Derechos Humanos y las libertades individuales” así como también a las “elecciones libres y plurales”. Además exhortó a que la reforma permitiera la existencia de “medios completamente libres” para así garantizar el acceso a la información.
La propuesta para modificar 33 de los 350 artículos de la Carta Magna de 1999 fue presentado el 15 de agosto por el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos afectos al gobierno debido a que la oposición boicoteó las elecciones legislativas de diciembre de 2005.
Chávez busca instaurar un modelo socialista de economía mixta con un fortalecimiento del poder presidencial a través de la reelección continua sin límite de veces y el aumento de su mandato de seis a siete años. También propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales.
La dirección nacional de Podemos expondrá hoy en un acto público sus observaciones sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez.
Los voceros de la tolda vinotinto han advertido que la propuesta de Miraflores afecta, al menos, cinco principios fundamentales de la Carta Magna y se han opuesto al cronograma que fija el referendo para diciembre.
Algunas figuras del partido han manifestado su preocupación por los efectos que podría tener la eventual reforma en la propiedad privada, y tienen sus reservas acerca del llamado Poder Popular. En este último caso, se preguntan de qué forma se escogerá a los representantes de esa nueva estructura. Los podemistas señalan que no creen en "asambleas", mientras que la iniciativa de Chávez plantea que el Poder Popular "no nace del sufragio ni de elección alguna".
El pasado martes, los vinotinto salvaron su voto en la segunda discusión de la propuesta, en el seno de la Comisión Mixta del Parlamento.
Aunque el coro grita "patria, socialismo o muerte", en el interior del Bloque Socialista Unido de la Asamblea Nacional también existe inquietud ante el paquete de modificaciones a la Carta Magna.
Varios legisladores ponen reparos a cuatro puntos básicos del proyecto: la propiedad privada, la reelección indefinida, la nueva geometría del poder y la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela.
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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitó a la Asamblea Nacional que le permita a la mayor cantidad de venezolanos posible que expresen sus opiniones y objeciones al proyecto de reforma constitucional que elaboró el presidente Hugo Chávez; y además que tome en cuenta estas observaciones al momento de modificar el texto fundamental.
La demanda la formuló la jerarquía de la Iglesia católica en un comunicado de prensa que emitió ayer, luego de concluida la reunión especial que sostuvo la Presidencia del organismo para revisar del borrador que el primer mandatario presentó al país el pasado 15 de agosto. Al encuentro no sólo asistieron los arzobispos de Maracaibo, Coro, Caracas y Puerto Cabello, monseñores Ubaldo Santana, Roberto Lückert, Jorge Urosa Savino y Ramón Viloria, directivos de la CEV, sino también una docena de obispos más.
"La Constitución no es para un grupo particular, sino para todos los ciudadanos y, por ello, debe ser fruto de un consenso nacional", señaló el documento, en el cual también se invitó a todos los sectores del país a participar en el debate que se inició el pasado 15 de agosto, fecha en la que el primer mandatario presentó al Parlamento su proyecto de reforma de la Constitución de 1999.
"Es importante que todos los venezolanos, de todos los sectores y de todas las ideologías, participen en el debate y estudien a fondo los cambios sugeridos, a fin de que la Constitución sea un tratado de paz y no una declaración de guerra", advirtió la CEV en su comunicado.
En esta ocasión, el Episcopado no emitió ninguna observación o cuestionamiento a la propuesta presidencial, la cual contempla permitirle al jefe del Estado postularse a la reelección las veces que desee y la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias. La razón: En octubre emitirán un nuevo pronunciamiento sobre "los aspectos éticos, jurídicos y políticos implicados en la reforma".
Asimismo anunciaron que le encargaron a los arzobispos de Caracas, Cumaná, Valencia y San Carlos, el cardenal Jorge Urosa Savino y los monseñores Diego Padrón, Reinaldo del Prette y Jesús Zárraga, respectivamente, la elaboración de este nuevo documento.
Fuentes de la CEV informaron que esta comisión iniciará en las próximas horas una serie de contactos con juristas, académicos, políticos, empresarios y religiosos para que les ayuden a determinar las bondades y riesgos que el proyecto de modificación de la Carta Magna contiene.
Este sería el quinto pronunciamiento que la jerarquía católica emite sobre la reforma en el último año. El más reciente fue el que difundió en julio pasado, al concluir su octogésima octava asamblea plenaria, y en él criticaron que la Comisión que el jefe del Estado designó para revisar el texto fundamental no informara sobre sus labores.
Igualmente advirtieron que "diferentes decisiones oficiales, como el lema impuesto 'Patria, socialismo o muerte' y declaraciones del Presidente y de voceros del Gobierno, hacen suponer que esta reforma se dirige hacia el establecimiento de un sistema socialista fundado en la teoría y la praxis del marxismo-leninismo".
En el proyecto que entregó el Presidente se menciona en al menos cuarto ocasiones la palabra socialismo. No obstante, se reconoce la propiedad privada.
También cuestionaron la oportunidad de la reforma constitucional y, por el contrario, demandaron del Ejecutivo que cumpliera la Carta Magna vigente.
López dice que se debaten dos modelos de país
San Cristóbal.- Los alcaldes de los municipios San Cristóbal, Chacao y los Salías alertaron sobre las desventajas que representa la aprobación de los cambios al texto constitucional propuestos por el presidente Chávez, durante el Primer Foro Municipal sobre la reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Leopoldo López aclaró que la discusión no se trata de un debate Gobierno-oposición, sino entre dos modelos de país: "uno es el socialismo autoritario que plantea más concentración de poder en el presidente de la República, y el otro el de la democracia social que estamos defendiendo con ideas", explicó.
Envió un mensaje a quienes han abandonado la lucha y dijo que es posible frenar esta reforma. "Desde ya tenemos que salir a defender la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la pluralidad", manifestó, al tiempo que informó que algunos estudios de opinión indican que es posible ganar en cualquier escenario.
Por ello, considera que se debe participar en el referendo; "mi posición es que si se va a una contienda tenemos que buscar todos los escenarios para evitar que ese proyecto sea aprobado", expresó.
Dijo que para darle forma a esta propuesta ha de crearse un frente amplio para que los venezolanos puedan evitar que esa propuesta se apruebe en los términos planteados por el presidente de la República.
El alcalde dijo que hay que presentar una alternativa en donde haya espacio para todos los venezolanos, y por eso indicó que hicieron el proyecto de la constitución tricolor. Este propone un tipo de organización de Estado y de sociedad donde se evite la exclusión.
"Socialismo será única ideología permitida"
Ciudadanía Activa cree que con el proyecto de reforma constitucional se pretende imponer el socialismo como ideología única para los venezolanos.
De acuerdo con la organización no gubernamental, 10 de los 33 artículos contemplados en la propuesta presidencial contienen en su texto la palabra "socialismo" o "socialista", sin que se explique en el documento a qué se refieren estos términos.
Las modificaciones a los artículos 16, 70 y 112 son señaladas por Ciudadanía Activa como las más preocupantes, pues allí el término pareciera afectar la configuración territorial, los derechos de participación política, y el derecho a ejercer libremente una actividad económica.
El artículo 16 dice que las nuevas formas de agrupación territoriales "constituirán el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano". Según la ONG, esto entra en contradicción con la definición del Estado venezolano expresada en el artículo 2.
Con el cambio, las formas de participación quedan sujetas a "la construcción del socialismo" y a "desarrollar los valores de la mutua cooperación y solidaridad socialista". Para Ciudadanía Activa, esto podría traducirse en la constitucionalización de la discriminación de quienes no comparten el proyecto político del Presidente.
Por último, la ONG denuncia que la modificación del artículo 112 sirve para promover la instauración de un modelo económico socialista.
"Reforma a la Carta Magna cohesiona y unifica a la FAN"
Para el presidente del Frente Cívico-Militar Bolivariano, teniente coronel Héctor Herrera (r), el proyecto de reforma a la Constitución consignado por el primer mandatario apunta a fortalecer la Fuerza Armada Nacional (FAN) y consolidar la unión cívico-militar.
Explica que, cuando se plantea conformar unidades combinadas de guarnición en el artículo 329, se busca que el Ejército, la Guardia Nacional, la Armada, la Aviación y ahora la Milicia hagan vida de cuartel en las mismas instalaciones, para que así "entiendan los mismos códigos, valores y conceptos". De igual manera, con las unidades combinadas de entrenamiento se busca "unificar la doctrina, criterios de enseñanza y aprendizaje, a fin de optimizar el apresto operacional".
Destaca que la FAN ya no se limitará sólo a la defensa nacional, sino que irá más allá: "conservará el mantenimiento del orden interno y la seguridad ciudadana, lo cual no significa que se crea un 'enemigo interno', sino que los militares también se involucrarán en ser garantes del funcionamiento de las instituciones públicas, básicas y estratégicas".
A juicio del oficial retirado, la concepción de la guerra irregular y del pueblo organizado es "la más adecuada para enfrentar las intimidaciones que apuntan a nuestro Estado y Gobierno". "El monopolio del uso de la violencia en defensa de la soberanía ya no se limitará a los militares profesionales", acota Herrera en un comunicado de Frecimibol. MDE
Constitucionalizar el delito
A nadie ha escapado que el objetivo fundamental es la continuidad electoral -lo que es violatorio al espíritu de la democracia- y el establecimiento de un socialismo monárquico. Pero a manera de justificación se han propuesto varios otros cambios. Por ejemplo, se han modificado los requisitos de transparencia y de rendición de cuentas imprescindibles en toda función administrativa, trátese del campo público o del privado. Pero este desliz puede tener otra consecuencia. Al eliminarse la obligación de bien administrar y de poner a disposición de la ciudadanía tanto las cuentas de la gestión como la información producida por los órganos de supervisión, se está legalizando un delito que se ha venido cometiendo consistentemente a través de toda esta desafortunada administración.
Para nadie es secreto que desde que se desmanteló la industria petrolera los daños no sólo alcanzaron a las áreas de producción. Intuimos que mayores fueron los daños producidos en las áreas de contabilización y supervisión de las cuentas corporativas, lo que transformó a la industria petrolera nacional en una caja negra absolutamente inescrutable.
Consideraciones similares se pueden realizar alrededor de las "donaciones" que se les han otorgado sin permiso y sin control a muchísimos países. No podemos ser enemigos de la solidaridad, pero esta tiene que corresponderse a una correcta ubicación dentro de las prioridades de la nación y su otorgamiento no puede ser un ucase sino que tiene que contar con la aprobación y supervisión de los organismos competentes de acuerdo a las prescripciones constitucionales.
La realidad es que todas las organizaciones que tienen funciones muy importantes de acuerdo a la Constitución de 1999 y de cualquiera de las veinticinco anteriores, han hecho mutis a la hora de cumplir con sus obligaciones, y en la mal llamada reforma se les exime de esas responsabilidades con lo que estaremos en la presencia de una legalización que no sólo es constitucional sino que sucede postfacto, después de sucedida la violación.
Nos encontramos ante situaciones inaceptables de propuestas facinerosas que sólo contribuirán al continuo descuadernar de Venezuela, lo que también vislumbramos como acción del régimen.
Hace falta debatir y acordar los pasos a seguir para llevar estas denuncias a las instancias adecuadas, pues se ha evidenciado que las instituciones oficiales están sufriendo de una parálisis y de una complicidad que hacen imposible su acción por propia decisión. Ya lo hemos visto en repetidas situaciones. La más reciente es la ausencia de acción por parte de la Fiscalía en el bochornoso caso del maletín. En nuestro país parece no interesar ni de dónde salió esa inmensa cantidad de dólares ni mucho menos cuál era su destino.
Tampoco se ha investigado cómo circulan desde Venezuela ochocientos mil dólares, delito consagrado en la "Ley de Ilícitos Cambiarios" que no sólo prohíbe hechos como el sucedido, sino que consagra la ilegalidad de hablar sobre un cambio distinto al oficial.
Diera la impresión de que el régimen trata de enmarcar a cada disidente en algún delito y eliminar dicha posibilidad a quien se le rinda.
El Universal
rafael862@yahoo.com
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