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30 diciembre 2008

Para HRW "carecen de fundamentos" críticas de académicos

Por considerar que "las acusaciones" contra su informe, titulado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, "carecen de fundamento", Human Rights Watch (HRW) respondió las criticas a su último texto de los profesores Miguel Tinker Salas (Histori, Pomona College), Gregory Wilpert (Ciencias Políticas, Brooklyn College) y Greg Grandin (Historia, New York University).

"Los temas cubiertos en nuestro informe han sido investigados exhaustivamente y nuestras conclusiones se basan en un amplio espectro de fuentes diversas y confiables", dice la carta de 10 páginas, firmada por Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, la cual destaca que una de las principales acusaciones de los académicos es que el informe adolece de una "abrumadora dependencia" de "fuentes de oposición" y sostiene que el mismo "confía excesivamente en tres periódicos alineados con la oposición (El Universal, El Nacional y Tal Cual) y en una organización no gubernamental (Súmate).

"Esta acusación no tiene fundamento alguno" insiste HRW y alega que "una manera sencilla de evaluar cuales son las fuentes es consultar las notas al pie de página del informe" y resaltan que el informe contiene 754 notas y sólo 88 incluyen información de los mencionados diarios.

Para HRW, los profesores ignoran "el alcance de los casos de discriminación analizados" y "hacen caso omiso de las diversas declaraciones públicas de funcionarios del Gobierno que también comprueban nuestras conclusiones", las cuales incluyen declaraciones del propio presidente Chávez que respaldan abiertamente la discriminación política.

28 diciembre 2008

Fustigan informe de Human Rigths

Cuatro meses después de que Human Rigths Watch difundiera su informe Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, en el cual se cuestiona duramente el desempeño del gobierno venezolano en materia de derechos humanos, 118 académicos enviaron una comunicación a la organización en la que fustigan la manera cómo se elaboró el documento.

"(El reporte) no tiene los más mínimos estándares de academicismo, imparcialidad, exactitud o credibilidad", afirmaron los catedráticos, los cuales acusaron al director de la agrupación, José Miguel Vivanco, de haber dañado la credibilidad de la institución privada dedicada a la promoción de las garantías fundamentales al publicarlo.

Entre los firmantes de la misiva figuran el lingüista Noam Chomsky, los antropólogos Clara y Charles Briggs, los historiadores Greg Grandin y Charles Bergquist, y el cineasta Oliver Stone, todos de Estados Unidos, el sociólogo brasileño Emir Sader, el politólogo argentino Mario Ayala y el profesor de economía en la Universidad de Sydney, Tim Anderson.

Stone ha visitado Venezuela varias veces y ha anunciado que hará un documental sobre la vida del presidente Hugo Chávez.

Por su parte, Chomsky ha expresado que en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo al jefe del Estado.

16 octubre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (10)

Human Rights Foundation critica "inacción" de Insulza

Como "nefasto" calificó Human Rights Foundation (HRF) el rol que hasta ahora ha desempeñado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a la hora de defender el sistema democrático en el hemisferio.

En una carta, el presidente de la organización, Thor Halvorssen, criticó al funcionario por no haberle aplicado la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, a cuyo Gobierno acusó de "atacar abiertamente los elementos esenciales de la democracia y que, paralelamente, viola sistemáticamente los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en su territorio".

La agrupación, entre cuyos directores figuran el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa, el ex presidente venezolano Ramón J. Velásquez y el ajedrecista ruso Garry Kasparov, acusó al gobierno del presidente Hugo Chávez de violar el principio de separación entre los poderes públicos al referendar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en mayo de 2004.

El texto antes mencionado fue el que permitió ampliar de 20 a 32 el número de miembros del máximo juzgado y permitió al Parlamento realizar dichas designaciones por mayoría simple.

HRF acusó al TSJ de ser "un ente que escandalosamente avala todas las decisiones arbitrarias del presidente Chávez, por ejemplo, el cierre del canal de televisión más grande y antiguo de Venezuela (RCTV), los poderes legislativos del presidente (a través de una Ley Habilitante), los 26 decretos ley que incorporan la reforma constitucional rechazada por referendo, la inhabilitación de los candidatos de la oposición para las elecciones venideras, entre otras".

En la misiva también cuestionaron el proceder de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay.

Halvorssen, el presidente de la agrupación, fue detenido en 1993 por la policía judicial acusado de estar detrás de los bombazos que ese año se registraron en distintos lugares de Caracas y los cuales, según los investigadores, buscaban generar un clima de temor que afectara el mercado de capitales venezolano.

01 octubre 2008

Las calumnias de HRW

El Informe de Human Rights Watch, titulado "Una Década de Chávez - Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela" ha recibido toda clase de descalificaciones de parte de diversos exponentes e instituciones del oficialismo que han catalogado de "injuriosas y mentirosas" las constataciones contenidas en ese documento.

Veamos algunas de esas "calumnias" que contiene el Informe de HRW.

"El teniente coronel presidente comandante en jefe (tcpcej), dice que practica la inclusión política pero discrimina abiertamente a quienes no comparten sus puntos de vista. El régimen chavista ha alentado y participado en una serie de actos discriminatorios contra opositores y políticos, "ha despedido a opositores de algunas instituciones estatales y de la compañía petrolera estatal y puesto sus nombres en listas negras; ha negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus opiniones políticas; ha discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus críticas o su actividad política".

"El gobierno del tcpcej desprecia el principio de la independencia judicial y ha neutralizado al Poder Judicial como un poder independiente. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que incrementó la composición de ese órgano de 20 a 32 magistrados permitió elegir nuevos jueces mediante una mayoría simple, lo cual permitió asegurar una mayoría abrumadora de jueces identificados con el oficialismo en la integración del TSJ. "Desde que se modificó significativamente la composición del TSJ a favor del gobierno -dice HRW-, el Máximo Tribunal ha respondido a las medidas del gobierno que amenazan los derechos fundamentales, en general, con pasividad y aquiescencia".

"El gobierno del tcpcej ha socavado la libertad de expresión en Venezuela a través de medidas que alteran el control y contenido de los medios; ha ampliado el alcance de las "leyes de desacato" para castigar más severamente las críticas a funcionarios que el gobierno considere irrespetuosas; ha endurecido las penas por calumnias e injurias; ha ampliado la definición de "incitación"; ha endurecido las sanciones permitiéndole suspender arbitrariamente canales de radio y televisión; ha restringido el acceso a la información pública; abusa del control sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones que tienen una programación crítica del gobierno. El Informe reconoce que todavía existe en Venezuela "un dinámico debate público" y que los opositores pueden hacer sus críticas, pero el gobierno ha fortalecido su capacidad para limitar la libertad de expresión y ha obligado a algunos medios a autocensurarse.

"El gobierno del tcpcej ha intentado controlar el movimiento sindical venezolano mediante fórmulas que vulneran principios básicos sobre libertad de asociación. Concretamente ha socavado el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes; ha denegado a los sindicatos de la disidencia el derecho a negociar contratos colectivos; ha debilitado el derecho de los trabajadores a afiliarse al sindicato de su preferencia; ha menoscabado el derecho de huelga de los trabajadores; ha despedido trabajadores por ejercer su derecho a la huelga. Todo esto en contravención con los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.

"El gobierno del tcpcej ha adoptado una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en ese campo. Ha sometido a esas personas a investigaciones penales valiéndose de acusaciones e imputaciones infundadas; intenta desacreditar a las organizaciones de derechos humanos mediante descalificaciones y acusaciones calumniosas; les impide recibir financiamiento del exterior y participar en foros internacionales; impulsa una legislación que le permitirá interferir arbitrariamente en las actividades de la organizaciones de la sociedad civil e impedirles que reciban fondos para su funcionamiento. Para el gobierno esas instituciones persiguen desestabilizar el país y conspiran para derrocar al presidente.

"El tcpcej desprecia las garantías institucionales y los derechos fundamentales indispensables para la participación democrática. "La Constitución de 1999
-dice HRW- fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos". "Sin embargo -agrega el Informe- esa oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada".

"Los acontecimientos de abril de 2002 han sido utilizados por el gobierno como pretexto para adoptar un amplio espectro de medidas que han debilitado las garantías fundamentales contempladas en la Constitución.

Dejo al criterio de mis lectores evaluar, a la luz de lo que dice HRW y de la realidad que vivimos en el país, el grado en que esa prestigiosa organización ha incurrido en falsedades, inexactitudes, exageraciones o calumnias sobre el desempeño del tcpcej durante los 10 años que lleva gobernando.

30 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (09)

Salida de Vivanco es debatida en El Salvador

San Salvador.- La expulsión la semana pasada del director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, de parte del gobierno venezolano, ha ocasionado un fuerte debate y choque diplomático entre Caracas y San Salvador.

La situación llegó a tal grado, que en el Legislativo de El Salvador comenzó a promover la semana pasada un pronunciamiento para condenar al gobierno de Hugo Chávez por la expulsión del activista de los derechos humanos, informó la agencia Notimex.

Los roces se incrementaron tras el llamado que hizo el encargado de Negocios de Venezuela, Vladimir Ruiz, al candidato presidencial de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Rodrigo Ávila, y al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, a no atacar al gobierno de Chávez.

Ante los cuestionamiento del jerarca católico, el diplomático venezolano le aconsejó que leyera el octavo mandamiento. El obispo respondió que no lo consideraba un irrespeto, sino más bien un problema de Ruiz, aunque dijo: "está bueno que se sepa los mandamientos, me alegra mucho".

A la recomendación de Ruiz, reaccionó el ministro de Seguridad, René Figueroa, quien llamó "abusivo" al encargado de negocios de la Embajada venezolana.

Vivanco fue expulsado tras publicar en Caracas un informe que da cuenta de las violaciones del gobierno de Chávez a los derechos humanos.

El Universal

29 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (08)

Vivanco relata las agresiones que sufrió

Río de Janeiro, Brasil-. El director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reveló que sufrió malos tratos al ser expulsado de Venezuela

El directivo chileno -en una entrevista publicada por la revista brasileña Veja- dio detalles de las agresiones sufridas. Él y el subdirector de la ONG, Daniel Wilkinson, fueron expulsados por el presidente Hugo Chávez el pasado 18 de septiembre, después de presentar un informe con críticas a su Gobierno.

El directivo de HRW relató que, al llegar a su hotel, a las 22:15 hora local, encontraron a policías y militares esperando en su cuarto, acompañados de un equipo de la televisión pública.

Contó que un hombre que se identificó como director de Derechos Humanos del Gobierno venezolano les anunció su expulsión con tono solemne y les sugirió que cooperasen, amenazando que "la situación" podría ser "mucho más difícil".

Vivanco intentó hacer una llamada. Los uniformados se lo impidieron retorciéndole el brazo por detrás de la espalda, mientras otro le quitaba el celular.

El funcionario relató que, peleando para conseguir que le devolvieran el aparato telefónico, él, Wilkinson y otros seis agentes venezolanos se quedaron atrapados en el ascensor de servicio del hotel.

Dijo que los agentes los agarraron de pies y manos para introducirlos por la fuerza en los vehículos blindados, en los que fueron conducidos al aeropuerto. Después, los funcionarios embarcarían en un vuelo de Varig con destino a Sao Paulo.

25 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (07)

Morales califica de "inexacto" informe de Human Rights Watch

Por considerar que "está lleno de inexactitudes", la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, restó importancia al informe que la semana pasada presentó Human Rights Watch y en el cual se acusa al Máximo Juzgado de "abdicar de sus funciones" como órgano del Estado.

En entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), Morales negó que la ampliación que en 2004 se realizó al ente rector del Poder Judicial haya supuesto su "copamiento" por parte de simpatizantes del Gobierno, tal y como lo sostiene la organización internacional.

La presidenta del TSJ defendió el proceso mediante el cual ella fue electa como integrante del Máximo Juzgado, por considerarlo "abierto". "Cualquier persona podía presentarse y así ocurrió", acotó.

Asimismo desmintió que la Comisión Judicial, órgano que ella preside, tenga la potestad de destituir a todos los jueces del país. "La Sala Plena delega en seis magistrados para que examinen y propongan las líneas gruesas de las políticas judiciales, dentro de las cuales está lo referido a los jueces provisorios. La Comisión deja sin efecto la designación de un juez provisorio, no de uno titular", precisó.

Por último, refutó las cifras de provisionalidad manejadas en el informe. "De 1.882 jueces que hay en el país 959 son titulares", dijo. JFA

El Universal

24 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (06)

Chile formalizó protesta a Venezuela

Chile anunció que envió dos notas diplomáticas a Venezuela en protesta por la expulsión del director para las Américas de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, y recientes declaraciones del canciller, Nicolás Maduro, confirmó el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley. "Hoy día se van a entregar dos cartas al Gobierno de Venezuela", señaló Foxley desde Nueva York a la radio Cooperativa de Santiago, indicó AFP.

"Una, la respuesta mía al canciller Maduro por el incidente que ya se conoce y segundo, una nota en que se reclama muy fuertemente por la expulsión del encargado de Human Rights Watch", explicó el canciller. "Lo que tenemos que decirle a algunos países, que no parecen estar acostumbrados al respeto, es que hay que aceptar siempre el principio de la diversidad", agregó el canciller.

En El Salvador, la Fundación Nueva Sociedad de El Salvador demandará ante la CIDHal presidente Chávez por expulsar de su país a dos directivos de la organización HRW, informó un diario local, reseñó la agencia Efe.

El matutino El Diario de Hoy señala que el presidente de la Fundación Nueva Sociedad, José Francisco García, dijo que "es urgente que la CIDH así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de los Derechos Humanos de la ONU intervengan para que este tipo de gobiernos no se reproduzcan en Latinoamérica".

Según el rotativo, García sostuvo que "esta expulsión es una evidente muestra del autoritarismo que Chávez ha impuesto sobre sus habitantes y organizaciones internacionales que critican a su gobierno".
El Universal

23 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (05)

CIDH exige al Gobierno respeto a labor de defensores de DDHH

Por considerarlo como un acto que "afecta a la libertad de expresión", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la expulsión de los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, y exigió a las autoridades venezolanas que respeten a los defensores de derechos humanos.

"Cuando se ataca a un defensor quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes éstos trabajan", advirtió el organismo con sede en Washington, en un comunicado de prensa, en el cual afirmó que la medida "configura una muestra de intolerancia ante expresiones críticas que son esenciales para la democracia".

Asimismo, los comisionados Paolo Carozza, Luz Patricia Mejía, Felipe González, Clare Kamau Roberts, Paulo Pinheiro, Florentín Meléndez y Víctor Abramovich rechazaron los calificativos de conspiradores y desestabilizadores que desde el Ejecutivo nacional les endosaron a dos miembros de Human Rights Watch, por el informe en el que acusaron al presidente Hugo Chávez de "debilitar las instituciones democráticas y las garantías fundamentales en el país para consolidar su poder".

"Tanto la organización de derechos humanos (...) como sus directivos (...) cuentan con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos", puntualizaron.

Más muestras de repulsa
La lluvia de críticas contra la decisión gubernamental de echar del país a Vivanco y Wilkinson no cesa. Ayer, la Comisión Internacional de Juristas expresó su rechazo a la resolución, a la cual calificaron de "ataque contra la libertad de expresión y la legítima actividad de defensa de los derechos humanos". En su escrito, la agrupación formada por los 60 profesionales del Derecho más prominentes del mundo rechazó la explicación del Gobierno para justificar su decisión, según la cual HRW insultó a las instituciones venezolanas.

La CIJ le recordó al Ejecutivo que las garantías fundamentales "no son, desde hace varias décadas, un asunto interno de los Estados, sino objeto de obligaciones internacionales tanto en el ámbito universal como en el regional".

Por su parte, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz calificó de "irreflexiva" la medida y denunció que la misma violó la Ley de Migración y Extranjería.

La norma antes citada precisa que antes de proceder a cualquier expulsión y/o deportación se debe abrir un procedimiento en el cual el extranjero afectado debe exponer sus alegatos ante los responsables migratorios y que sólo allí se puede adoptar una medida, la cual puede ser recurrida ante el Ministerio de Interior y Justicia.

Anoche un boletín divulgado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede para Mesoamérica en Costa Rica y que agrupa a más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos, señaló que los argumentos de Venezuela "basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los derechos humanos".

Indica el documento que "las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones". Aseguraron que HRW no recibe financiación ni responde a intereses de Estados Unidos u otro país.

Piden a la OEA actuar
En entrevista concedida al diario El Mercurio de Chile, Vivanco solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que juegue un papel más activo en la región. "Más allá de las connotaciones del punto de vista del Derecho Internacional y los abusos consulares que se produjeron en Venezuela con mi expulsión, ojalá que el órgano que tiene mandato para preocuparse por la defensa de la democracia como la OEA pueda mostrar un mayor interés en la situación de Venezuela", afirmó. Posteriormente, en declaraciones a la cadena estadounidense CNN en español negó que la organización que representa tenga algún interés en desprestigiar al gobierno del presidente Chávez. "No estamos al servicio de ningún país y de ninguna tendencia política", acotó.

El Universal

Chile enviará nota diplomática

Chile reiterará en una nota diplomática a Venezuela su rechazo a la expulsión de José Miguel Vivanco, director para América Latina de la organización Human Rights Watch (HRW), anunció ayer el vicecanciller chileno Alberto van Klaveren.

"Nosotros hemos dicho que íbamos a usar los canales diplomáticos normales y efectivamente vamos a mandar una nota expresando nuestra opinión respecto de lo que ha sucedido", dijo Van Klaveren.

Anunció que "vamos a manifestar, reiterar lo dicho anteriormente a Venezuela mediante una nota (por) los canales diplomáticos normales en estos casos''.

Añadió que los chilenos "tenemos un muy buen recuerdo de la labor de HRW en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Chile durante la época de la dictadura y en consecuencia mal podríamos aprobar lo que ha sucedido en Venezuela", afirmó.

En horas de la noche de este lunes, en voz de su canciller, Alejandro Foxley, Chile dio hoy por superado el incidente con Venezuela a raíz de la expulsión de Vivanco. Informó que su país no tiene interés en reabrir este tema. "Vamos a enviar la nota y esperamos seguir trabajando con agenda positiva", concluyó.

El Universal


AD critica expulsión de José Vivanco

La expulsión del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, es una evidencia "muy triste" de la intolerancia que desde hace varios años se vive en Venezuela propiciada por el presidente Chávez y por el resto del sector oficial, afirmó el presidente de Acción Democrática (AD) Víctor Bolívar.

"Efectivamente viene pasando desde hace unos años y el caso de Vivanco es uno de los más protuberantes de que no existe tolerancia política", dijo, al tiempo que señaló que "Chávez es un realengo político porque hace caso omiso de la normativa para los gobiernos que forman parte del orden internacional".

El Universal

22 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (04)

Insulza dice que no le gustó la expulsión de José Vivanco

Santiago de Chile.-El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que "en lo personal'' no le agradó la expulsión de Venezuela del director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

"El Gobierno de Venezuela es soberano, y no me corresponde involucrarme en eso. Pero en lo personal no me gustó la decisión'', dijo desde La Paz, donde participa en las negociaciones para superar la crisis de Bolivia.

Insulza, de nacionalidad chilena, al igual que Vivanco, agregó que "uno está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice una persona, pero no tiene porque expulsarla de un país por eso'', expresó Insulza.

Vivanco fue expulsado el jueves por la noche de Caracas junto al subdirector de HRW, el estadounidense Daniel Wilkinson, horas después de leer un informe de HRW sobre la década del gobierno de Chávez, según el cual "en sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder... ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos'', cita AP.

Durante un acto público en la tarde del sábado, Chávez dijo que Vivanco "es uno de esos personajes que andan por el mundo haciendo el trabajo sucio que le ordena el imperio norteamericano (Estados Unidos)''.

El Gobierno venezolano, además, calificó de ``desatinados comentarios "la declaración del vicecanciller chileno Alberto Van Klaveren, quien señaló que "expulsar a un ciudadano, a un luchador por los derechos humanos, nos parece muy lamentable'', que era una decisión "absolutamente desproporcionada'', y pedirían explicación a Caracas.

El gobierno de Michelle Bachelet reaccionó también para respaldar al subsecretario. "El punto de vista del Gobierno ya se manifestó en las palabras del subsecretario Van Klaveren. Ha habido nuevas declaraciones del Gobierno venezolano, pero lo concreto es que el Gobierno de Chile respalda al subsecretario y lo que ha planteado él es la opinión del Gobierno", señaló el vocero de La Moneda, Francisco Vidal, según reseñó el diario El Mercurio de Chile.

Pero también parlamentarios chilenos de todo el espectro político declararon que el Gobierno debería llamar a su embajador en Venezuela, Rolando Drago, reportó la agencia.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el oficialista Renán Fuentealba, opinó que la situación con el gobernante venezolano "se está tensionando demasiado...y sería importante que venga a informarnos el embajador''.

Hace 10 días ocurrió otro entredicho con el Gobierno venezolano cuando Chávez anticipó la reunión de emergencia de la Unasur que había sido citada por la presidenta Bachelet para el pasado lunes 15.

Consultado sobre el tema, Insulza dijo que él y los 12 mandatarios de Unasur sabían de la cumbre, ``"y no correspondía que nadie dijera nada mientras no citara la propia Presidenta''. "El problema estuvo en que el presidente Chávez informó sobre la cumbre antes de que la presidenta Bachelet. Quiero pensar que fue un error'', agregó el alto funcionario de la OEA.

También, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, criticó la expulsión. En rueda de prensa dijo que esta decisión es una "autodefinición" de un gobierno que "no es democrático". "El mismo gobierno que expulsa a quien le critica, quiere decir que no admite críticas y, por lo tanto, no es democrático", citó Efe.

El Universal

21 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela (03)

"Venezuela no es modelo para nadie"

Horas antes de que una comisión de la policía política le notificara de la decisión del Gobierno de expulsarlo del país y de que tuviera que salir hacia Brasil, José Miguel Vivanco explicó los motivos que llevaron a Human Rights Watch a hacer un informe sobre el decenio bolivariano.

"De Venezuela todo el mundo tiene una opinión. Opiniones hay muchas y muy vehementes, pero lo difícil es conseguir hechos concretos. Nosotros quisimos hacer una fotografía lo más fidedigna posible de lo que está ocurriendo aquí para que el mundo la conozca", explicó el director para las Américas de la organización.

-El informe que presentó es muy duro. En él acusa al Gobierno de debilitar las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos para prolongarse en el poder. ¿No observaron nada positivo en estos 10 años?

-La Constitución es lo mejor que ha pasado en el gobierno de Chávez (...) El proceso de redacción de la Constitución fue bastante participativo y, aparte de algunos aspectos reprobables como la disposición sobre la información veraz, la Carta Magna es bastante avanzada en derechos humanos y diseña un sistema de gobierno democrático y alternativo. Sin embargo, después del golpe del 11 de abril la agenda cambió.

Felizmente el golpe fracasó, pero a partir de esa fecha el presidente Chávez empieza a abandonar selectivamente aquellos aspectos de la Constitución que le obligan a gobernar en un régimen democrático, con separación de poderes, con pesos y contrapesos; y empieza a diseñar una agenda caracterizada por la discriminación política y por el discurso de hostigamiento. El golpe se transforma en un pretexto, en una justificación para cerrar espacios y atemorizar a la sociedad civil. Quienes no están con él son golpistas.

-Pero eso no es nuevo. Ya en la campaña de 1998 el entonces candidato Chávez separó a los venezolanos entre patriotas (quienes estaban con él) y realistas (quienes lo adversaban).

-El problema es que en estos años no sólo hubo un cambio de discurso (discurso que se radicalizó), sino acciones concretas. En 2002 el Gobierno decidió hacerse con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Poder Judicial, acabando con los atisbos de independencia que existían. La neutralización del TSJ ha sido absolutamente clave en el plan que se ha desarrollado hasta la fecha. Aquí hay un concepto: Las necesidades ideológicas y políticas del Gobierno están por encima de las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas se respetan sólo si sirven al Gobierno.

-Pero el TSJ que se designó en el año 2000 fue tan cuestionado como el que se nombró en 2004, pues no se respetó el procedimiento establecido en la Constitución. Igual ocurrió con el nombramiento del fiscal, contralor y defensor. Para algunos esas instituciones fueron copadas con la entrada en vigencia de la Constitución.

-Una cosa es una designación y otra cambiar la estructura de una institución. Lo que hicieron en 2004 el presidente Chávez y sus partidarios fue rehacer el TSJ con mayoría simple. Aquí los 12 nuevos magistrados son todos simpatizantes del Presidente. No hay un ejemplo similar en América Latina, al menos en democracia. Es perfectamente válido que, de acuerdo con la representación electoral, salgan electos más magistrados de una tendencia que de otra, pero otra cosa es que sin una mayoría calificada se cambie la estructura de la institución.

-En el informe también se acusa al Gobierno de discriminar por razones políticas. ¿En algún otro país de la región se han encontrado con denuncias de trabajadores públicos que digan que fueron despedidos por no votar por el Presidente o por no marchar en su favor?

-Es normal que exista un debate público vigoroso y es normal que muchos de nuestros países estén, lamentablemente, polarizados, pero lo que no es habitual es que se discrimine y excluya a quienes se oponen al Gobierno, salvo en Colombia, donde el presidente (Álvaro) Uribe mantiene un grado de descalificación y agresión similar al de Chávez.

A pesar de representar extremos opuestos, Chávez y Uribe tienen una actitud similar de permanente agresión y distracción. Esa es la táctica. Los dos son maestros de la táctica de la distracción para sacarle el cuerpo a los problemas importantes.

-De acuerdo con las conclusiones del informe, ¿en Venezuela hay o no democracia?

-En Venezuela hay aún democracia. Es una democracia muy debilitada debido al ejercicio del poder del presidente Chávez, pero no hay que confundirse: Acá es perfectamente posible discrepar y los medios de comunicación pueden transmitir opiniones diferentes, pese a las limitaciones existentes.

-¿Cómo se puede corregir la situación actual?

-La herramienta final la tienen los venezolanos, felizmente acá hay elecciones periódicas y allí se pueden debatir estos temas (...) La comunidad regional tiene un papel mucho más relevante que cumplir y que no está cumpliendo, en especial la Organización de Estados Americanos (OEA), por eso hicimos este informe para que se conozca lo que está ocurriendo en Venezuela, pues el presidente Chávez presenta a Venezuela como un modelo que puede ser adoptado por la región. Hay todo un esfuerzo propagandístico para promover el modelo de Venezuela y hay algunos países que lo están tomando en serio.

Hicimos el informe porque queríamos mostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie y que el déficit democrático no se ha reducido; por el contrario, se ha profundizado en los últimos años.

-¿Cree que esto se puede solucionar electoralmente?

-Obvio. La derrota electoral de Chávez en el último referendo (sobre la reforma constitucional) fue una excelente noticia, porque lo que proponía en materia de estado de emergencia era totalmente contrario al Derecho internacional y le permitía gobernar en estado permanente de emergencia (&) Las posibilidades de Venezuela de revertir este camino por la vía democrática son muchas.

-¿Por qué cree que la comunidad regional no ha jugado un papel más activo?

-Yo espero que el debate a nivel regional se pueda reconstituir una vez que cambie el Gobierno de Washington. Cuando Estados Unidos recupere la autoridad moral y la credibilidad perdida la comunidad internacional podría jugar un papel más activo.

El Universal

Comando de Obama critica expulsión de director de HRW


Washington.- La campaña del candidato presidencial estadounidense, el demócrata Barack Obama, dijo que la expulsión por parte de Venezuela de dos miembros del grupo Human Rights Watch (HRW) es otro indicio de que ese Gobierno rechaza los principios básicos de la democracia.

El pasado jueves, el Gobierno expulsó a José Miguel Vivanco y a Daniel Wilkinson, directivos de HRW.

La expulsión "sirve como el más reciente indicio del rechazo de la administración de Chávez a los principios básicos de la democracia", dijo en un comunicado la portavoz de seguridad nacional de la campaña de Obama, Wendy Morgi, reseñó Efe.

Agregó que el mayor reto que debe afrontar Venezuela no es la crítica de expertos independientes de DDHH, sino las "políticas perseguidas Chávez que deterioran la estabilidad regional, degradan los DDHH y que no satisfacen las necesidades del pueblo".

20 septiembre 2008

Una Década de Chávez


Informe de Human Rights Watch sobre Venezuela (2008)

Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

I. Resumen ejecutivo

Discriminación política

Las cortes

Los medios de comunicación

Los sindicatos

La sociedad civil

El futuro de la democracia venezolana

II. Discriminación política

La discriminación política según el derecho internacional

La discriminación política según el derecho venezolano

El clientelismo y la discriminación política antes de Chávez

Listas negras: La “Lista Tascón” y el “Programa Maisanta”

Discriminación en PDVSA

Discriminación en otras áreas

Recomendaciones

III. Las cortes

Normas internacionales sobre independencia judicial

Antecedentes

La ley de 2004 que permitió copar el Tribunal Supremo con aliados

Un tribunal complaciente

Recomendaciones

IV. Los medios

Polarización de los medios venezolanos

Endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones

Regulación del contenido de los medios

Restricción a la información

Control sobre la difusión de radio y TV

Radio y televisión comunitarias

Falta de protección judicial de la libertad de expresión

Recomendaciones

V. Los sindicatos

Libertad de asociación en el derecho internacional

Libertad de asociación en el derecho venezolano

El movimiento sindical antes de Chávez

Interferencia electoral y denegación del derecho de negociación colectiva

Favoritismo del gobierno y denegación del derecho de negociación colectiva

Represalias del gobierno: la industria petrolera

Nuevas asociaciones de trabajadores: Riesgos para la libertad de asociación

Falta de protección judicial de la libertad sindical

Recomendaciones

VI. Sociedad civil

Normas internacionales sobre sociedad civil

Deterioro de las relaciones con la sociedad civil

Dos posturas opuestas ante defensores de derechos humanos

Acoso judicial

Condena pública

Intentos de excluir a las ONG de los foros internacionales

Propuestas de restricciones legales

Decisiones judiciales que perjudican a la sociedad civil

Recomendaciones

Agradecimientos


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Caso Human Rights Watch en Venezuela (02)

Venezuela expulsa al jefe de una ONG por un informe crítico con Chávez


José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, presenta el informe crítico con el Gobierno venezolano, el jueves en Caracas.

El Gobierno venezolano expulsó el jueves por la noche a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, horas después de la divulgación de un crítico informe de esa organización humanitaria sobre la acción del Ejecutivo del presidente Hugo Chávez.

Vivanco "ha violentado la Constitución y las leyes" de Venezuela, "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana e inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.

Por ello, el Gobierno "ha decidido expulsar del territorio venezolano al referido ciudadano", portador de un pasaporte chileno, y al estadounidense Daniel Wilkinson, también miembro de HRW, puntualizó.

El Estado venezolano debe "hacer respetar la soberanía nacional (...) frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de derechos humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo", añade el comunicado.

En declaraciones a la televisión oficial, el canciller Nicolás Maduro confirmó que Vivanco, que había llegado a Caracas para presentar el informe de HRW, ya se encuentra fuera del país. La expulsión "es un mensaje claro a quien intente venir a conspirar desde dentro", consideró el ministro. Quien se inmiscuya "en los asuntos internos de Venezuela" obtendrá la "misma respuesta", enfatizó Maduro.

La organización defensora de los derechos humanos presentó el jueves en Caracas un informe en el que aseguró que el gobierno de Chávez "ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos" en un intento por "contener a la oposición política" en los casi 10 años que lleva en el poder.

El informe, titulado "Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los DDHH", acusa entre otros al ejecutivo del presidente venezolano de "controlar el poder judicial", "limitar la libertad de prensa" y sindical y "discriminar" a sus opositores.

MSN Noticias

"Expulsión de Vivanco revela la intolerancia del Gobierno"

Como una demostración de la "creciente intolerancia" del Gobierno venezolano hacia "las opiniones críticas" calificó Human Rights Watch la expulsión de sus miembros, el chileno José Miguel Vivanco y el estadounidense Daniel Wilkinson, quienes en la noche del jueves fueron obligados por las autoridades policiales a dejar el país.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, afirmó: "La expulsión del equipo deja aun más en claro que Venezuela está yendo por el camino de la intolerancia (...) Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero ha reforzado el mensaje: Las libertades civiles en Venezuela están en peligro".

La medida gubernamental contra los representantes de la agrupación se produjo horas después de que éstos difundieran, en rueda de prensa en el Ateneo de Caracas, el contenido del informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En el reporte Human Rigths Watch acusó al primer mandatario de debilitar las instituciones democráticas y las garantías de los derechos humanos en el país, con el propósito de prolongar su estadía en el poder.

En su boletín, la organización relató que Vivanco y Wilkinson fueron interceptados cuando llegaban al hotel Meliá Caracas después de cenar; y allí un grupo de efectivos de la policía política (Disip) les entregó una carta donde los acusaban de actividades en contra del Estado. Los agentes les confiscaron los telefónos celulares y les negaron su derecho a contactar a sus respectivas embajadas.

Los representantes fueron colocados en autos, llevados al aeropuerto y no fue sino hasta que estuvieron a los pies de la aeronave que les dijeron que irían a Sao Paulo (Brasil).

En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, Vivanco aseveró que no violó ninguna ley venezolana y desmintió al canciller Nicolás Maduro, quien aseguró que una de las razones para expulsar a ambos visitantes fue que ingresaron al país con visas de turistas y que, por tanto, no podían realizar actividades distintas a las recreativas. "Yo soy chileno y Wilkinson estadounidense. Ninguno necesita visa para entrar a Venezuela", indicó.

El Universal

Asamblea satisfecha con orden de salida

La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por la diputada Cilia Flores, emitió un comunicado donde respalda la medida de expulsión de José Miguel Vivanco, director general de la Organización Human Rights Watch de Venezuela.

Aseguró que es "bien justa la medida" que han tomado las autoridades del Gobierno nacional y "es lo que el pueblo ha querido".

Al igual que lo expresado por el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Nacional dicen que Vivanco y su acompañante, Daniel Wilkinson, incurrieron en una "flagrante violación a nuestra soberanía e inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos ofendieron públicamente la institucionalidad y al pueblo del Libertador Simón Bolívar".

Los parlamentarios aseguraron que la respuesta dada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías y la Cancillería fue la correcta, y acusaron a Vivanco de estar financiado por el Gobierno de Estados Unidos.

Alertaron "a todo el país, que la arremetida de este sujeto forma parte de la campaña de desprestigio fomentada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la complicidad de agentes internos comprometidos en planes desestabilizadores".

Igualmente, agregaron que "se pretende promover internacionalmente una matriz de opinión que favorezca un clima de inestabilidad, angustia y zozobra en la población para justificar así un golpe de Estado en el país".

El Universal

"Gobierno se metió un autogol con la decisión"

Tras aseverar que la expulsión de los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, pone de manifesto "la profunda crisis de los derechos humanos en Venezuela", el Foro por la Vida rechazó la "inédita" decisión del Gobierno, a la cual calificó como un "atropello".

En rueda de prensa celebrada ayer en la sede del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), la alianza integrada por 11 agrupaciones nacionales defensoras de las garantías fundamentales exigió al Ejecutivo que reflexione.

"El Gobierno se metió un autogol", afirmó el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, uno de los voceros, quien agregó: "El nivel de intolerancia lleva al Gobierno a responder antes de hacer un análisis exhaustivo del informe, en el cual se hacen interesantes observaciones".

En similares términos se pronunció la directora de Cofavic, Liliana Ortega, quien afirmó: "Un país con buena salud en materia de derechos humanos demuestra un debate constructivo, reflexivo y no por ello elude la posibilidad de observaciones e incluso de puntos de desencuentro, pero eso sí, siempre en el marco del respeto a la autonomía de las organizaciones y a la integridad de sus miembros".

Los voceros rechazaron que se pueda considerar como una injerencia en los asuntos internos del país las críticas de Human Rights Watch al desempeño del Gobierno en estos casi 10 años. "La normativa internacional establece que todas las personas tienen la obligación de velar por los derechos humanos (...) Cuando el Estado venezolano firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos aceptó que hay un monitoreo y un límite a la soberanía. Admitió que en materia de derechos humanos la soberanía tiene unos límites", explicó Alvarado.

Por su parte, el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa, lamentó que el presidente Chávez emule el ejemplo de Cuba a la hora de tratar a los miembros de las organizaciones internacionales de derechos humanos, y exigió que se permita a todas las agrupaciones venir, en especial a la Comisión Interamericana, la cual tiene seis años esperando que el mandatario le permita monitorear la situación de las garantías fundamentales en el país.

Condena regional

La críticas a la expulsión de Vivanco y Wilkinson no se limitaron a Venezuela. 25 organizaciones pro derechos humanos del continente emitieron un comunicado en el que deploran la resolución gubernamental, por considerar que persigue "debilitar la acción de los defensores, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones".

Por último, el ex relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, afirmó que "las expulsiones motivadas por críticas a los gobiernos son acciones típicas de las dictaduras".

El Universal

19 septiembre 2008

Caso Human Rights Watch en Venezuela

Human Rights Watch acusa al TSJ de "abdicar a sus funciones"

Como una "oportunidad histórica desperdiciada" calificó Human Rights Watch los casi diez años que el presidente Hugo Chávez ha estado gobernando a Venezuela. La razón: "En sus esfuerzos por contener a la oposición y consolidar su poder, el Gobierno ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos".

La afirmación la realizó el director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, quien ayer presentó en el Ateneo de Caracas el informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En el documento, de 266 páginas, la agrupación, con presencia en más de 70 países, aseveró que la Constitución de 1999 abrió las puertas para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, pero el Gobierno prefirió otro camino.

En el texto, Human Rights Watch cuestionó duramente la modificación que en 2004 realizó el oficialismo a la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), gracias a la cual fueron incorporados 12 magistrados, y tildó esta decisión como "la violación más grave del Estado de Derecho en Venezuela" después del intento de golpe de Estado de abril de 2002.

Vivanco afirmó que luego de revisar el comportamiento del máximo juzgado, desde su polémica ampliación, concluyeron que "el Tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del Estado y garante de los derechos fundamentales (...) Una y otra vez el TSJ busca excusas y maneras para dilatar decisiones".

Juzgador juzgado
Las decisiones que respaldaron las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría y la ausencia de pronunciamiento en relación con la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) le permitieron al director de la organización decir: "El TSJ está constantemente avalando la agenda estatal y de él no se puede esperar una posición independiente (...) ¿Por qué al presidente Chávez no le preocupa que alguien acuda al TSJ a demandar la nulidad de alguna de las 26 leyes que dictó por decreto recientemente? Porque sabe de antemano que el TSJ no va a discrepar de sus planteamientos políticos". Vivanco recordó que hasta 2004, cuando el ente rector del Poder Judicial estaba dividido a la mitad, se "hacía difícil predecir cuál sería su fallo en cualquier materia" y "había cierto atizbo de independencia".

Asimismo denunció que esta situación ha permitido a la actual Administración aplicar "sistemáticamente políticas discriminatorias" que han afectado la libertad de expresión, la libertad sindical y la capacidad de la sociedad civil de promover las garantías fundamentales.

Y, acto seguido, recomendó modificar la integración del TSJ, aunque sugirió esperar hasta que el Parlamento represente la pluralidad del país.

Hablar se puede, pero menos
Tras explicar que el informe es el producto de más de un año de recopilación de información y entrevistas con funcionarios públicos, expertos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, Vivanco dijo que en el país hay libertad de expresión. No obstante, advirtió que "al expandir y endurecer las penas por delitos que castigan opiniones críticas (...) Chávez y sus partidarios en la legislatura han fortalecido la capacidad del estado de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, creando además poderosos incentivos para la autocensura".

El Universal

Gobierno expulsó del país a Vivanco


La Cancillería nacional informó este jueves en la noche la expulsión inmediata del país de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch y de su asistente Daniel Wilkinson.

En declaraciones dadas a Venezolana de Televisión, el canciller Nicolás Maduro dijo que una comisión especial condujo a Vivanco y a Wilkinson hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde abordaron el primer vuelo comercial disponible que lo sacó de inmediato de territorio venezolano.

Según la Agencia Bolivariana de Noticias, la decisión se tomó porque el representante de la organización no gubernamental ha "violentado la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país".

Horas antes, Vivanco presentó el informe elaborado por Human Rights Watch llamado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En éste se asegura que el gobierno de Hugo Chávez no sólo se ha caracterizado por sus ansias de control de todas las instituciones, sino también por discriminar y excluir. Se recordó que la discriminación por razones políticas no es nueva en Venezuela y que Chávez, en 1998, prometió ponerle fin. No obstante, "sustituyó (los patrones existentes) con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que son percibidos como tales".
El Universal

Vivanco: "Este es un gobierno excluyente"

El gobierno de Hugo Chávez no sólo se ha caracterizado por sus ansias de control de todas las instituciones, sino también por discriminar y excluir.

La acusación la lanzó Human Rights Watch en su informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, presentado en el Ateneo de Caracas.

En el documento, la agrupación recordó que la discriminación por razones políticas no es nueva en Venezuela y que Chávez, en 1998, prometió ponerle fin. No obstante, "sustituyó (los patrones existentes) con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que son percibidos como tales".

Las listas Tascón y Maisanta, en las cuales estaban quienes firmaron solicitando revocarle el mandato al Presidente y a quienes se les despidió de la administración pública o se les negó trabajo en ella, son mencionadas en el reporte como ejemplos de esa segregación.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, responsabilizó al jefe de Estado de discriminar "al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos, independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002".

También fustigó la postura asumida por las autoridades frente a las denuncias hechas por los defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales han sido víctimas de hostigamiento judicial y acusaciones infundadas. JFA
El Universal