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31 agosto 2008

Ley Super Mordaza (04)

Punto único no baja tarifas pero facilita control político a la red

Uno de los aspectos que más ha causado polémica del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, se refiere al posible control estatal de Internet con la creación de un punto único de interconexión. A la pregunta de si es posible técnicamente tal control, el especialista en comunicación digital, Fernando Nuñez Noda, asevera que sí.

Explica que un punto único de acceso es un gran concentrador de conexiones de las grandes autopistas de información y su objetivo fundamental es bajar sustancialmente los costos de conexión a Internet.

A través de ese mecanismo, los revendedores de acceso a Internet, en vez de tener que conectarse a un punto de acceso fuera del país, lo pueden hacer en Venezuela.

Otra ventaja es que acelera la velocidad de conexión. Según Nuñez Noda, la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen una actividad sustancial en la red, tienen su punto de acceso único, que es llamado IPX, (punto de conexión a Internet, por sus siglas en inglés).

"Desde un punto de vista técnico y estratégico tiene sentido tener un IPX -dice el especialista-. El problema es el uso político que se le puede dar a lo que puede ser una herramienta valiosa.

"En el caso de Venezuela, donde sabemos que el Gobierno actúa de forma progresiva hacia un mayor control de la sociedad de la información, del tránsito de la información, eso puede ser preocupante, porque los accesos únicos se usan también para controlar el tráfico de Internet", explica Núñez Noda.

Gobierno defiende la medida

A pesar de que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones -que estaba listo para ser incluido en el paquete habilitante, pero que finalmente fue reservado para ser enviado a la Asamblea Nacional- ha sido desmentido por el presidente de la República, Hugo Chávez, la ministra de las Telecomunicaciones y la Informática, Socorro Hernández, lo reconoció la semana pasada como "uno de los borradores" e incluso defendió parte del contenido revelado por El Universal.

El proyecto señala que "El Ejecutivo Nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República (...)".

Al respecto, la ministra Hernández señaló a CNB: "¿Por qué todas nuestras comunicaciones van a Miami? ¿Por qué es desde ahí que tienen que salir necesariamente todas nuestras comunicaciones? (&) ¿Por qué no hacemos esa comunicación aquí mismo? (...) Nuestras comunicaciones viajan innecesariamente hasta ese punto"

Al respecto, Carlos Correa, director de la Organización No gubernamental Espacio Público -que monitorea permanentemente el estado de la libertad de información y expresión en el país- sostiene: "La preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar, si se tiene un solo punto de interconexión".

Núñez Noda -quien además es profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello- expresa también su inquietud: "Lo preocupante es que, dada la actitud que tiene el Gobierno hacia la empresa privada, no parece que un punto de acceso único lo puedan usar para bajar los costos del servicio de los proveedores pequeños, más bien me hace pensar que se hace para establecer algún punto de control sobre el tráfico".

Procedimiento para el control

Pero, ¿cómo puede el Gobierno ejercer el control sobre la red, usando el punto de acceso?, Núñez responde: "Imagínate que el agua que se distribuye en una ciudad viniese a través de una sola tubería y de allí se dirigiera a estaciones de bombeo que atienden zonas específicas y de allí a estaciones más pequeñas que atienden a urbanizaciones. Quien controle esa gran tubería central, pudiera en cualquier momento cerrarla y dejar sin agua a todos. Eso es una posibilidad que tiene el que controle ese gran punto de acceso a Internet, porque todo el mundo tiene que pasar por allí".

En ese sentido -explica el especialista- "si hubiese una emergencia o una situación que el Gobierno considerara que atente contra la seguridad nacional, podría cortar Internet".

¿Pero puede el Gobierno, además, limitar los sitios accesibles en la WEB? "Técnicamente sí, -responde Núñez Noda-. porque hay un software de filtrado, que permite que quien tiene el canal pueda bloquear los sitios selectivamente". De tal forma que el Gobierno podría "hacer una lista de sitios que considere inadecuados e inconvenientes".

No obstante, hay normas internacionales administradas por autoridades que controlan los puntos de acceso y los servidores IPX que establecen que quienes tengan esos puntos, sean públicos o privados, no pueden filtrar contenido.

"El tránsito debe ser libre y si hay filtrados debe ser a un nivel local, pero desde el punto de vista de servicio público, los convenios internacionales prohíben que se bloquee contenido, si no hay una causa internacionalmente establecida, como pornografia infantil", dice el investigador universitario.

"Desde el punto vista técnico se puede (filtrar el contenido), desde el punto de vista de convenios internacionales no se puede, y desde el punto vista legal tampoco, porque eso atenta contra la libertad de expresión, eso es como que el Gobierno diga, este periódico puede circular y este no", sostiene Núñez Noda. Por lo pronto el control estatal de la red es sólo una posibilidad, pero, ¿se concretará?

El Universal

28 agosto 2008

Ley Super Mordaza (03)

Chávez: "Nosotros no tenemos la ley, el Parlamento tampoco"

Aun cuando amenazó con realizar una cadena de todo un día para "pulverizar" las mentiras que, a su juicio, publican los medios de comunicación, el presidente Hugo Chávez prefiere asumir a diario el rol de "boxeador": "Dame que yo te doy" y, bajo esta prédica, ayer negó, periódicos en mano, que el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y los Servicios Postales esté en manos del Ejecutivo nacional.

"Tienen un alboroto montado con una ley que dicen que ya está lista en la Asamblea (Nacional). Primero dijeron que era de la Habilitante, luego que es de la Asamblea. Bueno, la Asamblea lo ha desmentido. Ya mi período Habilitante terminó, así que nosotros no tenemos ninguna ley pendiente, tampoco está en la Asamblea Nacional, pero ellos arman igual todo un alboroto", dijo el mandatario en cadena nacional, luego de cuestionar los "intentos desesperados de la oligarquía pitiyanqui".

Advirtió que El Nacional y El Universal "compiten a ver quién se arrastra más", dejándo claro que "no volverán". "No sé quién se va a morir primero, ojalá ustedes vivan largos años, ojalá más que yo, pero ustedes pitiyanquis, dueños de estos periódicos, de las televisoras, se van a ir a la tumba con su amargura, nosotros con este amor".

Resaltó que desde hace 10 años los "pitiyanquis" dicen "viene el lobo, viene el lobo", cuando en 2002 no cerró a medio de comunicación alguno, pese a que "me dieron la oportunidad de oro". "No me la den otra vez, no me la vayan a dar otra vez", amenazó durante una reunión con la comisión de transición de las empresas cementeras.

Descartó que vaya a dictar una ley para limitar la libertad de expresión, "ya tenemos una Constitución, unas leyes" y prefiere "el debate ante el país y ante el mundo". "Ustedes me acusan de dictador, yo los acuso de pitiyanquis".

En este sentido, se describió como un "soldado revolucionario, enemigo de las dictaduras". "Ustedes están empeñados en llamarme dictador, síganlo haciendo. Yo seguiré llamándolos como creo que hay que llamarlos: vendepatria, pitiyanquis y arrastrados".

"Al pichón de Nerón"

El mandatario advirtió a la oposición que "pierde el tiempo" al recoger firmas en contra de los últimos 26 decretos-ley promulgados por el Ejecutivo para luego consignarlas ante la OEA, pues "ningún ente internacional tiene nada que ver con las leyes de un país".

"Ese es un problema interno, la OEA no tiene nada que ver en esto", apuntó, para luego asegurar que los "pitiyanquis se están moviendo por todos lados, hasta han ido al Mercosur, a las cortes internacionales de no sé qué cosa" con el propósito de convertir a "Venezuela en un Estado tutelado". "Nosotros respetamos a todos los entes internacionales, pero primero que nada respetamos nuestra soberanía".

A su juicio, la oposición prepara el terreno al "pichón de Nerón", en referencia al dirigente juvenil Yon Goicoechea, quien "dijo 'vamos a incendiar esta ciudad", comentó Chávez.

De Londres a Caracas

Previamente, Chávez y Aristóbulo Istúriz, candidato del PSUV a la Alcaldía Mayor, se reunieron con el ex alcalde de Londres Kenneth Livingstone, quien brindará asesoría en la creación de la policía comunal y la modernización del transporte público. "En un período de 20 años, Caracas puede transformarse en una ciudad del primer nivel", garantizó Livingstone.

El Universal

Sin despejarse dudas sobre cuál Poder Público tiene el texto

¿Dónde está la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y Servicios Postales? ¿Es un proyecto o una ley como tal? A partir de la publicación del contenido de una propuesta, preguntas como éstas cobran fuerza. La razón: Las declaraciones contradictorias que voceros de los distintos poderes públicos han ofrecido sobre la norma.

El martes en la mañana la ministra de Telecomunicaciones, Socorro Hernández, en declaraciones a VTV afirmó que el texto difundido era "uno de los borradores" elaborado por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante. No obstante, aclaró que "estamos llevándolo ahora a la Asamblea Nacional" y prometió que "va a ser sometido a consulta".

Horas después, ese mismo día, el presidente de la Comisión de Medios del Parlamento, Manuel Villalba, negó que el Legislativo tenga algún proyecto para regular las telecomunicaciones en el país. "Aquí no hay ningún proyecto de ley por ahora", aseveró.

Ayer, en la cadena de radio y televisión que ofreció al mediodía, el presidente Hugo Chávez también se refirió al asunto y aseguró que el Gobierno no tiene "ninguna ley pendiente". No obstante, no despejó si en efecto su tren ministerial elaboró algún instrumento para regular la telefonía, los medios audiovisuales y la Internet.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 1.257 de fecha 31 de julio, redactada por la magistrada Luisa Estella Morales, afirmó haber recibido el 29 de julio "un ejemplar" de la norma, dictada "con base en el numeral 10 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente a dictar decretos con rango, valor y fuerza de Ley".

El texto fue remitido con el propósito de que la intérprete de la Carta Magna determinara si tenía el carácter orgánico, tal y como lo calificó el Ejecutivo. En el dictamen se consideró asertado el criterio del Gobierno, pues el documento regula "el régimen de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, nociones asociadas al derecho constitucional a la comunicación y acceso a la información".

La versión de que la ley es un borrador también queda desvirtuada con el pronunciamiento del máximo juzgado. El motivo: El TSJ sólo revisa, interpreta o conoce acciones contra leyes aprobadas no contra propuestas.

"Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", afirmó Morales en agosto de 2007, cuando se le consultó sobre la oportunidad para demandar la nulidad de la fallida reforma constitucional.

El Universal

Consejos comunales prestarán servicios de telecomunicaciones

Reforzar la participación ciudadana con la creación de mecanismos y políticas que permitan a los ciudadanos tomar parte en la gestión y prestación de servicios de telecomunicaciones, informática y postales, así como su contraloría, es uno de los objetivos establecido en el decreto presidencial identificado con el número 6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales.

De acuerdo con la exposición de motivos del documento, desde la promulgación en el año 2000 de la anterior Ley de Telecomunicaciones, la ciudadanía no ha ejercido efectivamente la prestación directa de servicios o el control de los mismos. Por esta razón, se decide afianzar legalmente la incorporación de las comunidades al crear un apartado dedicado a la participación en la nueva norma.

Según el artículo 60 de la ley, "el Ejecutivo promoverá la participación de la comunidad a través de la promoción de espacios que sirvan a su incorporación (...) en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones, informática y servicios postales"; así como también estimulará a la poblción a identificar sus necesidades en la materia y autosatisfacerlas.

La primera tarea será compartida con los operadores de los servicios de telecomunicaciones, pues el apartado 61 sostiene que deberán generar mecanismos de comunicación "efectivos y protagónicos" con las comunidades, para garantizar la participación de las mismas en ese ámbito.

Para el abogado Gabriel Ruan esto significa una nueva carga para los operadores privados, pues "estarían obligados a ceder espacios, en el más ampio sentido de la palabra, a los usuarios y organizaciones creadas por el Estado".

Control compartido

En materia de control, la ley establece que el Estado impulsará el desarrollo de mecanismos que estimulen a las "organizaciones sociales de base" a participar en las actividades de regulación realizadas por el Gobierno en el sector de las telecomunicaciones.

Entre dichas labores, se incluye "la formulación, planificación, intercambio, administración y contraloría de la gestión pública en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones".

Además, las comunidades también podrán ejercer labores de defensa y control fuera del ámbito gubernamental, bien sea creando organizaciones para defender los derechos de los usuarios o aportando información al Ministerio de Telecomunicaciones e Informática sobre la calidad de la prestación de los servicios regulados por esta ley, según lo indican los artículos 63 y 65 de la norma.

Otra de las novedades se refiere a los medios comunitarios y alternativos, que bajo la denominación de "sistema nacional de comunicación popular, alternativa y comunitaria", recibirán apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones e Informática. Ahora bien, el marco legal no explica qué tipo de ayuda otorgará o de qué manera.

El Universal

27 agosto 2008

Ley Super Mordaza (02)

Gobierno se plantea establecer control de acceso a Internet

El fallido decreto presidencial identificado con el número 6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, establecía la creación de un punto único de interconexión a Internet, lo que según el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, podría permitir al Estado intervenir los contenidos en la red.

La disposición final décima octava del referido proyecto de ley establece: "El Ejecutivo nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República (...)".

Correa explica que, actualmente, los proveedores de servicio de Internet no tienen que interconectarse con la Compañía Nacional Telefónos de Venezuela (Cantv) para brindar el acceso a la red, sino que pueden hacerlo directamente.

"La preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar (el Gobierno) si sólo se tiene un solo punto de interconexión", añade el vocero de Espacio Público.

"Qué garantía hay de que no exista un control de la sociedad y que este punto de acceso a la red no va afectar el acceso a determinado tipo de informaciones", se pregunta Correa . "Este tipo de disposiciones genera reservas y preocupación", dijo.

Razones de "seguridad"

Otra variación del proyecto de ley tiene que ver con la atribución presidencial para declarar como "reservados al Estado" los servicios o actividades de telecomunicaciones, informática y servicios postales "para la seguridad y defensa nacional". La actual Ley de Telecomunicaciones sólo le daba esta atribución al mandatario en los servicios de telecomunicaciones.

Según Correa, las restricciones a la libertad de expresión están permitidas por razones de seguridad y defensa, pero para ello "tiene que demostrar (el Estado) la necesidad de hacer esa reserva (sobre los medios radioeléctricos y las telecomunicaciones)". "Lo que hay es una extensión de las atribuciones del Ejecutivo y sin ningún tipo de control institucional. Son decisiones unilaterales", señala.

El proyecto estaba listo para ser aprobado por el presidente de la República Hugo Chávez, en el uso de sus poderes especiales para legislar, pero finalmente será la Asamblea Nacional la que se encargará de su aprobación.

El Universal

"Es totalmente falso que ese proyecto esté en la AN"

El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del Parlamento, no desmintió el supuesto contenido del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tampoco descartó la eventual aprobación de una norma de ese tipo. Villalba convocó ayer una rueda de prensa para negar que la Asamblea Nacional conozca o tenga en su poder el mencionado instrumento legal.

"Es totalmente falso que ese proyecto esté en la AN", enfatizó el legislador. El lunes, este diario publicó un análisis realizado por el periódico El Nuevo Herald de Miami, que anunciaba la pronta sanción en Cámara del proyecto de ley.

"Será aprobada en breve por la Asamblea Nacional y le otorgará (al presidente Hugo Chávez) un poder absoluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional", indicó el matutino de Estados Unidos.

Villalba criticó a El Universal por difundir esa nota y acotó: "Aquí no hay ningún proyecto de ley por ahora". Cuando le preguntaron si conocía el contenido de esa herramienta jurídica, respondió: "No tenemos información sobre eso". El proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones estaba incluido en el paquete de la Ley Habilitante y fue revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1257). Luego, el Ejecutivo anunció que éste y otros 15 instrumentos serían llevados a la AN para su discusión y aprobación.

"¿Contemplan la reforma de esa ley?", inquirió una reportera. "Hasta los momentos, no", contestó el asambleísta, que agregó: "Todo es dinámico, en el marco de esa dinámica se puede revisar cualquier ley".

"Pudiera existir un proyecto de esa índole, pero en la AN hoy no existe y menos que tenga ese contenido. No existe proyecto de ley que otorgue poderes especiales al Presidente", repitió Villalba, quien abandonó las filas de Patria para Todos para sumarse al Partido Socialista Unido.

El Universal

Afirman que la Ley de Telecomunicaciones se someterá a consulta

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones que ha circulado en los medios "es uno de los borradores" de la norma y no su versión definitiva, aseguró la ministra de Telecomunica- ciones e Informática, Socorro Hernández, quien aseveró que una vez culminado el proyecto será llevado a consulta pública para que la población ofrezca sus opiniones.

"El proyecto de ley del sector se sometió a la Habilitante y estamos llevándolo ahora a la Asamblea Nacional, ese es un proyecto de ley que va a ser sometido a la consulta pública y no creo que haya razones para tener esa intranquilidad", declaró Hernández a Venezolana de Televisión.

La funcionaria recalcó que su despacho está por culminar la revisión del proyecto, tras lo cual se hará la entrega al Parlamento para que se encargue de discutirlo y de publicarlo para que los venezolanos puedan ofrecer sus opiniones, "y se pueda obtener lo mejor para el sector de telecomunicaciones e informática".

"Las versiones que han circulado por allí son borradores del momento, no son la versión definitiva, esa la daremos a conocer a toda la población y sobre todo al sector para que emita su opinión", insistió.

La titular del despacho de Telecomunicaciones también negó que la intención del nuevo instrumento sea limitar el acceso a la web. "Todo lo contrario, nuestra visión es que cada día tengamos una mayor utilización de Internet por parte del pueblo y la ciudadanía; esa es una herramienta muy útil y que permite elevar el nivel de conocimiento de nuestro pueblo, así que para nosotros es fundamental el poder penetrar en todos los sectores, es una de las metas de la nueva Cantv y el Ministerio".


El Universal

26 agosto 2008

Ley Super Mordaza (01)

Para CNP no se vislumbra nada bueno

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, no incluida en el paquete de las 26 leyes aprobadas, le otorgará poder absoluto al Primer Mandatario para ordenar la suspensión de cualquier publicación informativa por razones de seguridad nacional. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) aseguró al medio español Americaeconomica.com que "estamos esperando todavía el proyecto definitivo, pero no se vislumbra nada bueno".

En el CNP están "esperando que nos den toda la información" de una ley que, según la prensa, ya tiene el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia y podría ser aprobada en breve por la Asamblea Nacional.

"Hay una tendencia a coartar la libertad de expresión, no sólo del periodista, sino de la ciudadanía en general (...) no podemos estar de acuerdo con nada que restrinja un derecho fundamental como la libertad de expresión, ni mucho menos una Ley Orgánica", indicó Silvia Alegrett, secretaria general del organismo.

Señaló que con la Ley, Chávez se garantizaría el poder total, no sólo sobre la prensa, sino también sobre sistemas de comunicación, como Internet o telefonía móvil.

El CNP, junto a algunos sindicatos de Venezuela, inició una campaña para recoger un millón de firmas contra las 26 leyes decretadas por el Presidente. Fuentes de Caracas han asegurado a este diario que Chávez utilizó la Ley Habilitante para introducir de "manera encubierta" la reforma constitucional rechazada el año pasado.

El Universal

Proyecto de ley establece más sanciones para medios

De aprobarse el proyecto de ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Informática y Servicios Postales que tenía en planes promulgar dentro de la Habilitante el presidente de la República Hugo Chávez, los prestadores de servicios de radiodifusión y televisión abierta deberán estar pendientes de las nuevas razones para ser sancionados.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones actual plantea 23 motivos para que los prestadores de servicios puedan ser objeto de multas, mientras el proyecto -que ahora deberá aprobar la Asamblea Nacional- prevé 57.

De acuerdo a la exposición de motivos del fallido decreto presidencial número 6.244, se han ampliado los supuestos relativos al incumplimiento de la referida ley, "a los fines de mejorar y en otros actualizar el régimen sancionatorio vigente (...) asegurando de este modo el carácter disuasivo de las mismas (disposiciones)".

Consultada al respecto, la consultora Jurídica de Globovisión, Ana Cristina Núñez, señaló "Se ve que la ley tiene un carácter más punitivo".

En el proyecto de ley se prevén multas que van desde 500 unidades tributarias, hasta 30.000 y las sanciones van desde una amonestación pública, la revocatoria de la concesión, el comiso de los equipos y prisión.

Otro elemento que varía es la duración de la concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, que de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones vigente se puede otorgar hasta por 25 años, renovables por el mismo tiempo. Según el nuevo texto, la concesión se podría entregar hasta por 15 años, también renovables.

Pagarán más

En el aspecto tributario, aunque se mantienen casi todos los impuestos que deben pagar los prestadores de servicio de televisión y radiodifusión abierta, se elimina una exención importante, pues desaparece la disposición según la cual la actividad de telecomunicaciones no está sometida a impuestos estatales o municipales, por lo que -de aprobarse el instrumento tal como está-, los canales de televisión y las emisoras de radio deberán prepararse para cancelar impuestos a las gobernaciones y alcaldías donde operen.

Además, según Nuñez, se prevé en el nuevo texto, una variación de la base sobre la cual se calculan los actuales impuestos."La conjunción de ambas normas es un asunto tributario muy peligroso para las televisoras", resalta.

Otra restricción que se amplía en el proyecto de ley se hace sobre el control de los medios radioeléctricos, de esta forma se señala que ninguna persona o grupo de personas puede obtener habilitación o controlar más de una emisora de radiodifusión sonora o televisión abierta en la misma banda de frecuencia, dentro de un "estado", en lugar de "localidad", como dispone la ley actual.

A pesar de estar previstos más supuestos para sanciones, más impuestos y restricciones, la consultora jurídica de Globovisión se muestra tranquila porque el instrumento no fue aprobado por el Presidente y confiada en que la Asamblea Nacional escuchará la opinión de todos los actores involucrados, como lo ordena la Constitución.

El Universal