Por considerarlo "un golpe a la democracia" y "un fraude al poder constituyente originario", el Comando de la Resistencia demandó de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anule el proyecto de reforma a la Carta Magna que el presidente Hugo Chávez presentó ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de agosto.
El ex constituyentista Hermann Escarrá, en compañía de dirigentes del bloque opositor, acudió al máximo juzgado para interponer un recurso de nulidad contra la iniciativa del primer mandatario, bajo el argumento de que no se ajusta a los límites que el artículo 342 constitucional fija para realizarle cambios, a través de la figura de la reforma, al texto fundamental.
"Este recurso busca la nulidad del acto a través del cual el Presidente presentó a la Asamblea una propuesta constitucional que no cumple con los requisitos de convocar al poder originario del pueblo (...) Entre otras razones porque altera la estructura de la Constitución, violenta y menoscaba principios y valores fundamentales", explicó.
Escarrá y quienes le acompañaban debieron ingresar al TSJ escoltados por agentes de la Policía Metropolitana, pues afectos al oficialismo que participan en una marcha en rechazo a los desalojos los abuchearon y les lanzaron agua.
En la Asamblea Nacional están conscientes de que uno de los principales enemigos del proyecto de reforma constitucional es el desconocimiento de los electores sobre el fondo de la propuesta, situación que podría generar un alto nivel de abstención en el referendo.
Por tal motivo, la directiva del Parlamento ordenó que a partir del próximo lunes se desarrollen unas jornadas de consulta "casa por casa", para profundizar el debate acerca de la iniciativa redactada por el mandatario, Hugo Chávez.
Además, la plenaria aprobó una proposición de la presidenta de la AN, Cilia Flores, quien optó por suspender las sesiones ordinarias de los días martes y jueves para dedicar ese tiempo a difundir el proyecto de Chávez. "La prioridad es la participación ciudadana, el conocimiento de la reforma", indicó Flores para justificar la decisión de "no sujetarnos a lo que establece el Reglamento Interior".
De esta forma, queda en manos de la directiva de la AN convocar a las sesiones ordinarias -"cuando sean necesarias", acotó Flores- y las extraordinarias para avanzar en la revisión de la propuesta de Chávez.
"La reforma incide en muchas de las leyes que están pendientes", apuntó la legisladora, tras confirmar que el 9 de octubre la Cámara iniciará la tercera y última discusión del proyecto de reforma constitucional.
Esta fase, que promete generar polémicas en el seno de la AN debido a las diferencias manifestadas por Podemos y PPT, se destinará a discutir la iniciativa del Ejecutivo artículo por artículo.
Flores aspira a que la tercera discusión concluya a finales del próximo mes, para luego remitir al Consejo Nacional Electoral la pregunta del referendo a principios de noviembre. De cumplirse este plan, el ente comicial estaría organizando la consulta para diciembre.
La Comisión Mixta de la AN que analiza el proyecto de reforma recibió ayer la visita del director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, el ex ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz y el antiguo Vicepresidente, José Vicente Rangel.
Díaz Rangel propuso a los diputados mantener el carácter "esencialmente profesional y sin militancia política" de la Fuerza Armada, valores que son suprimidos por Chávez.
El periodista apoya la tesis de votar la propuesta por separado, dividiendo el bloque de Miraflores hasta en cinco segmentos, y admitió que la inclusión de la reelección indefinida puede generar resistencia y abstención.
"Si se vota en bloque, mucha gente que puede estar de acuerdo con buena parte de la reforma quizás no vaya a sufragar", explicó Díaz Rangel, quien dijo estar en desacuerdo con la figura de la reelección indefinida, aunque en este caso la respalda porque "ningún otro dirigente del chavismo tendría la capacidad de continuar adelante con este proceso".
Por su parte, Rangel, quien arribó al Palacio Federal Legislativo custodiado por dos escoltas, suscribió en todos sus puntos el proyecto de Chávez. Se opuso a la idea de Díaz Rangel de votar la reforma por separado y cuando se le preguntó el motivo de su negativa, argumentó: "Porque no".
Istúriz apoyó que el Ejecutivo designe a los responsables de los espacios federales, pero consideró "incompatible" con este hecho la posibilidad de que los electores revoquen a esos funcionarios. Asimismo, pidió aclarar los temas laborales del proyecto.
1.222. Ese es el número de venezolanos que habrían sido víctimas de discriminación política por parte de funcionarios públicos desde enero de 2003 hasta mediados de este año, según reveló un estudio elaborado por las organizaciones Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y Ciudadanía Activa.
Sin embargo, voceros de estas agrupaciones advirtieron que esta cifra se incrementará en el futuro, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional que el presidente Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional, tal y como está.
En rueda de prensa celebrada ayer en el Ateneo de Caracas, el coordinador de Ciudadanía Activa, Carlos Vecchio, advirtió: "En este informe se deja ver una tendencia hacia la discriminación política desarrollada por parte del Estado, pero cuando revisamos la reforma constitucional observamos que con ella se pretende constitucionalizar la discriminación (...) En 10 de los 33 artículos que el Presidente desea modificar tienen expresiones como socialismo o socialista, lo que quiere decir que se pretende imponer una sola ideología a los venezolanos y eso es discriminación".
Tras recordar que la Carta Magna, en su artículo 2, establece que Venezuela es un estado donde se respeta el pluralismo político, señaló: "Se quiere colocar una sola visión en la Constitución, dejando al resto de la población a un lado".
En las elecciones presidenciales de diciembre pasado, el 39% de los electores que sufragó no respaldó la reelección del Jefe del Estado.
Por su parte, la coordinadora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que la segregación por razones políticas en Venezuela es una practica "apoyada por parte de las instituciones del Estado de manera generalizada, sistemática y en muchos casos con el respaldo de los mecanismos informáticos que poseen las instituciones gubernamentales, sin que haya sido posible hasta ahora establecer la responsabilidad del Estado, ni el desagravio o la indemnización a las víctimas".
San Miguel, quien en 2004 fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras por haber respaldado con su firma la solicitud de referendo revocatorio presidencial, dijo que a esta conclusión arribaron luego de pasar cinco meses revisando las 5.622 informaciones aparecidas en los diarios El Universal, El Nacio- nal, Tal Cual y Últimas Noticias con denuncias sobre las represalias de las que han sido víctimas ciudadanos por sus opiniones y posiciones.
Explicó que los más afectados por este tipo de violación a los Derechos Humanos son, según la investigación hemerográfica realizada, los periodistas y dueños de medios privados, empresarios, estudiantes y profesores opositores; ex trabajadores petroleros y sus familias, jueces, manifestantes y dirigentes opositores; militares y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo informó que las maneras cómo se materializa la discriminación son la aplicación parcializada de la ley, el no respeto a los derechos políticos (asociación, manifestación, sufragio libre, etcétera), a la libre expresión, al trabajo y la función pública.
Aseveró que el número de denuncias ha venido disminuyendo en los últimos años. No obstante, no descartó que esto se deba a que temen sufrir represalias por informar públicamente la situación de la que están siendo objetos.
San Miguel afirmó que uno de los instrumentos que más contribuye a la segregación y la división de la sociedad es el verbo presidencial y de otros altos funcionarios del Estado.
Exigió al mandatario desterrar expresiones que puedan contribuir a mantener esta vulneración a una garantía fundamental y que se investigue y sancione a los responsables, al tiempo que se repare a las víctimas.
Por último, lamentó que la investigación que en 2005 abrió el Fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, no haya arrojado ningún resultado hasta el momento.
"La reforma constitucional, otorgaría más de 50 atribuciones específicas al presidente de la República, mientras que al poder popular, que tanto promulga, no se le da ninguna competencia", señaló el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Gerardo Blyde..
Entre las atribuciones que obtendría el Presidente con las modificaciones constitucionales -expresó el dirigente opositor- estarían ser "jefe de Estado, jefe de Gobierno, coordinador de las relaciones con todos los poderes públicos. Además será el único que podrá crear provincias federales, territorios federales y las ciudades federales" explicó el dirigente de la tolda azul.
En rueda de prensa subrayó que de aprobarse, "Chávez sería el único que podría designar a los gobernadores de provincias y territorios federales, y a alcaldes de ciudades federales".
Blyde recalcó que el partido Un Nuevo Tiempo "tiene voluntad de participar" en el referendo, pero aclaró esta disposición no es un cheque en blanco para que el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno hagan lo que quieran.
En este sentido afirmó que UNT hizo exigencias al organismo comicial sobre la generación de condiciones que den confianza a los electores, para que no se repitan las circunstancias de dudas que se experimentaron en los últimos procesos.
Blyde informó también que solicitaron ante el Poder Electoral realizar cinco debates públicos sobre el proyecto presidencial de reforma, transmitidos en cadena nacional de radio y televisión, pero señaló que aún no han obtenido respuesta del organismo sobre el tema.
"Los venezolanos tienen el derecho de votar lo que les gusta y a rechazar lo que no nos les gusta". Este es el argumento esgrimido por Primero Justicia para solicitarle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permita que el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Hugo Chávez sea votado por partes.
El coordinador nacional del partido opositor, Julio Borges, acudió ayer al máximo juzgado del país para pedirle que interprete el ar- tículo 344 de la Carta Magna, el cual establece que las propuestas de modificación del texto fundamental se pueden someter a referendo por separado, hasta una tercera parte de ellas, si así lo desea el presidente de la República, la Asamblea Nacional o 5% de los electores.
"Venimos a exigir el derecho de decir que no somos animales, que no somos ganado. No nos lleven entubados, nariceados a un referendo. A nadie se le puede preguntar 33 cosas diferentes en una sola pregunta", dijo.
Por último, Borges demandó de la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Luisa Estella Morales, quien fue una de las integrantes de la comisión nombrada por el jefe del Estado para revisar la Constitución, que se abstenga participar en este debate.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario