13 septiembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (104)

Estados Unidos congela bienes a jefes de Inteligencia venezolana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de "nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" al ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, así como al jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) Hugo Armando Carvajal Barrios, y Henry de Jesús Rangel, jefe de la Dirección de los Servicios de Informaciones y de Prevención (Disip), por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico.

El director de la OFAC, Adam J. Szubin, declaró en un comunicado de prensa que "la designación expone a dos altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y un ex funcionario que armaron, patrocinaron y financiaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin importar que este grupo ha aterrorizado y secuestrado a inocentes".

Washington sanciona a Rodríguez Chacín por ser "el principal contacto para las armas en el seno del Gobierno venezolano" y de haber "tratado de facilitar un préstamo de 250 millones de dólares del Gobierno venezolano a las FARC a fines de 2007"; sin embargo, la OFAC no tiene pruebas de si el préstamo se llegó a consumar.

El organismo regulador de las finanzas de EEUU critica que Rodríguez Chacín haya "celebrado numerosas reuniones con altos miembros de las FARC, uno de los cuales ocurrió en el palacio de Miraflores".

En cuanto al general Carvajal Barrios, director DGIM, la OFAC lo acusa de evitar que las autoridades antidrogas de Venezuela interceptaran los envíos de drogas para la guerrilla colombiana de las FARC.

Asimismo las autoridades estadounidenses sancionan al militar por "proveer a la guerrilla colombiana con armas y documentos de identidad a algunos de sus miembros, lo que les permite moverse con libertad desde y hacia Venezuela".

Rangel Silva, director de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), fue señalado de asistir materialmente en el tráfico de drogas de la guerrilla colombiana y ha "impulsado una mayor cooperación entre el Gobierno de Venezuela y las FARC".

Futuro incierto
La lista de la OFAC es actualizada constantemente e incluye a nacionales de EEUU y extranjeros de todo el mundo que están vinculados con terrorismo o narcotráfico: de Venezuela hay 186 organizaciones, empresas e individuos penalizados. La sanción inmediata es la congelación de los bienes de estas tres personas en EEUU, y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de realizar negocios y transacciones con los implicados.

Estar en la lista de la OFAC significa para los implicados una muerte comercial, pues el sistema financiero les cierra las puertas, no pueden tener cuentas corrientes, manejar tarjetas de crédito y mucho menos acceder a créditos en ese país.

Como consecuencia, tampoco en los países de donde son nativos los designados, pues pone en problemas con el Gobierno de Estados Unidos a las entidades que hagan negocios con personas en la lista negra.

La acusación contra los dos altos funcionarios de la inteligencia venezolana, así como contra el ex ministro Rodríguez Chacín, entran el marco de La Ley Kingpin de 1999 que busca neutralizar a los traficantes de droga internacionales; por eso entran ahora en el grupo de "Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT, por su nombre en inglés).

Un fuente del Departamento de Estado, que reserva su nombre, asegura que las sanciones contra estos tres personajes "son totalmente independientes de las que pueda llegar a aplicar cualquier otra organismo como el Departamento del Tesoro, por lo que el Estado en un futuro podría ser castigado porque su inteligencia apoya el terrorismo, es el próximo paso: investigar si todo tiene relación".

Estas medidas son la sexta acción legal en los últimos diez años que EEUU aplica contra las FARC, desde que las incluyó en su lista de organizaciones terroristas en 1997.

Aunque el Comité de Relaciones Exteriores de EEUU discute la posibilidad de que se establezcan sanciones contra el Gobierno de Venezuela por lazos con las guerrillas colombianas, desde 2006 ese país está aplicando algunas penalidades contra Venezuela, como prohibir la venta de armas; no obstante, esta medida no tiene precedentes.
El Universal

En manos de juez de Miami episodios de soborno en Pdvsa

Miami.-El fiscal Thomas Mulvihill solicitó permiso a la juez Joan Lenard para presentar evidencias de los "malos actos" del acusado Franklin Durán en el pasado. Es decir, una lista de 14 actos de corrupción que según Mulvihill "van directamente" al fondo de este asunto. El abogado defensor, Edward Shohat, pidió por el contrario que no los admita como evidencias ante el jurado porque podrían "condicionar" el veredicto. Lenard ya ha desechado en principio 11 de esos puntos, pero podría considerar admitir los tres últimos.

Si finalmente los aprueba, los 16 miembros del jurado podrán escuchar de boca de Mulvihill cómo Durán y su socio Carlos Kauffman, que empezaron a trabajar juntos en 1998 y reparten a 50% todas sus ganancias, pagaron "cientos de miles de dólares" en sobornos a oficiales de Pdvsa entre 2003 y 2008, intentaron entrar en una estructura de sobornos con un oficial del Gobierno de Venezuela en relación con el contrato de un seguro médico para la rama judicial en el país y el 5 de diciembre de 2007 se reunieron con un oficial del Gobierno para discutir la venta de equipamiento policial y médico que sería enviado a un tercer país. "Ese funcionario venezolano iba a recibir dinero por su ayuda en la venta".

Son estos tres puntos los que la juez Lenard decidirá si acepta o no por estar más vinculados con el caso donde se decidirá si Durán es culpable o inocente de los cargos de conspiración y actuar como agente del Gobierno de Venezuela en EEUU sin notificarlo a las autoridades, como exige la ley. Fuera de este juicio dejaría por tanto fuertes acusaciones de la Fiscalía. Tan fuertes como que entre 2002 y 2004 los dos jóvenes socios ganaron 100 millones de dólares por una operación con bonos venezolanos, pagando 23,8 millones en coimas a cuatro altos funcionarios del Minfinanzas.

La clave aquí es, si abrir la puerta de la corrupción o mantenerla cerrada. Mulvihill citó una lista de "preocupaciones" que Durán presentó al director de la Disip, Henry Rangel Silva, respecto al caso del maletín. Pero se quedó ahí, en una mera cita. Shohat, sin embargo, le preguntó ayer a Maionica cuáles eran esas preocupaciones. "Durán quería que Pdvsa supiera, a través de Rangel, que ellos no tenían nada que ver con los 800 mil dólares para no perder los contratos con la petrolera estatal", apuntó el abogado. "Durán y Kauffman temían perderlos como resultado del escándalo". El miedo es por tanto la motivación de Durán, según Shohat, para implicarse en el caso. Y en ese momento la juez paró el juicio, iniciando una discusión entre acusación y defensa. "Si habla de la motivación del miedo, la Fiscalía tiene derecho a hablar de la motivación de la corrupción", apuntó Lenard. "Eso cae como un martillo sobre mi cabeza", subrayó Shohat. "Necesito hablar con mi cliente".

El día fue tedioso. A la espera de la aparición de Alejandro Antonini la semana que viene como testigo de la Fiscalía, Shohat continuó cuestionando a Maionica. "¿Está usted bien? ¿Necesita un descanso?", le preguntó el letrado en un momento en que el testigo vaciló. "Me duele mucho la cabeza", contestó Maionica. "No creo que un descanso lo pueda arreglar". A diferencia de sus articuladas respuestas al fiscal Mulvihill, Maionica suele contestar con monosílabos a Shohat; o con un: "¿puede repetir la pregunta?", cuando se trata de cuestiones más comprometidas. Y así, ejerciendo la técnica del filibustero, Maionica desaceleró la velocidad de crucero que llevaba con Mulvihill.

Sentado entre el jurado y la juez, con una camiseta blanca debajo de la vestimenta de la penitenciaría, sandalias y cadenas en los tobillos, Maionica enfrentó su cuarto día de interrogatorio. Shohat intentó convencer al jurado de que su cliente nunca le pidió a Antonini que mintiera sobre el origen y destino de los 800 mil dólares del maletín. "Sólo quería que su amigo Antonini firmara el poder para que un abogado lo ayudara en Argentina", insistía el abogado de Durán. Está previsto que Shohat termine con Maionica el próximo miércoles, día en que se reanudará la sesión en la corte.
El Universal
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