No requerimos ser expertos en política para percatarnos que la decisión del Presidente de no renovarle la concesión a RCTV, fue una pifia gigantesca. Una pifia que ha significado dolor para cientos de miles de trabajadores directos e indirectos de la planta televisiva -que a partir del 27 de mayo quedaron literalmente desempleados- y de casi todo el colectivo nacional. Eso sin hacer la sencilla operación aritmética de multiplicar cada empleado por el número de integrantes de una familia promedio venezolana (cuatro miembros), porque daría como resultado una acción que ha dejado en el desamparo a más de doce mil personas, hecho sólo superado por los abruptos y humillantes despidos hechos personalmente por el Presidente, en su programa de televisión, en el seno de PDVSA.
Eso hablando en el plano meramente "formal", que implica la connotación humana directa de cualquier acción pública -y en este caso política- del alto gobierno, contra los trabajadores de un canal televisivo que se preservó la dignidad de no vender su conciencia. Ahora bien, en el plano de los derechos humanos, el espectro se nos abre de manera descomunal, al percatarnos que detrás de tales acontecimientos está nada más y nada menos que la violación al derecho de la libertad de expresión, que le es sagrado a toda sociedad civilizada. Y que resulta aún más funesto si sopesamos la criminalización que los altos voceros gubernamentales hacen del derecho a la protesta (consagrado en la muy violada Constitución del 99), que los lleva a impartir órdenes para que sean reprimidas a través de la fuerza pública, sin ningún tipo de miramientos ni consideraciones.
Estamos, pues, ante hechos gravísimos, de los cuales somos testigos todos los venezolanos, y que ha hecho despertar a muchos que aún disfrutaban la luna de miel de la reelección presidencial. En otras palabras, personas afectas al régimen han recibido en sus rostros una bofetada en frío, que los ha hecho reaccionar ante una circunstancia que no dudan en calificar como inaudita e impensable en toda democracia. Aunándose voces respetables, como la de Ismael García, del partido Podemos, que intentan erigirse en fiel de la balanza política y social de esta Venezuela herida, para evitar la tragedia nacional que hoy luce como plausible: una guerra civil, habida cuenta de las posiciones encontradas de amplios sectores nacionales, y de la absurda violencia que ello genera.
Tal vez resulte irónico pensar -y mucho más afirmar- que el caso RCTV devenga en algo positivo para la nación. Empero, la aparición en el escenario político nacional de la juventud estudiantil de los liceos y de las universidades, tanto públicas como privadas, cambia el rostro del panorama nacional. La hasta ahora "adormecida" juventud, que se había hecho si se quiere "refractaria" a esta confrontación política y social de los últimos ocho años, hoy toma las calles del país para salir en defensa de sus derechos y de su futuro. Por desgracia, cuando se habla de paz es porque hay guerra, y esa perenne invocación -por parte de quienes protestan- para que cesen las hostilidades, no es más que un indicativo de que estamos dispuestos a ser actores hasta alcanzar el país donde podamos nacer, crecer, multiplicarnos, desarrollarnos y morir en paz. Todo parece indicar que el principio del fin ha llegado: una nueva generación de venezolanos asume hoy su protagonismo con fuerza y con decisión, y eso es imparable.
Eso hablando en el plano meramente "formal", que implica la connotación humana directa de cualquier acción pública -y en este caso política- del alto gobierno, contra los trabajadores de un canal televisivo que se preservó la dignidad de no vender su conciencia. Ahora bien, en el plano de los derechos humanos, el espectro se nos abre de manera descomunal, al percatarnos que detrás de tales acontecimientos está nada más y nada menos que la violación al derecho de la libertad de expresión, que le es sagrado a toda sociedad civilizada. Y que resulta aún más funesto si sopesamos la criminalización que los altos voceros gubernamentales hacen del derecho a la protesta (consagrado en la muy violada Constitución del 99), que los lleva a impartir órdenes para que sean reprimidas a través de la fuerza pública, sin ningún tipo de miramientos ni consideraciones.
Estamos, pues, ante hechos gravísimos, de los cuales somos testigos todos los venezolanos, y que ha hecho despertar a muchos que aún disfrutaban la luna de miel de la reelección presidencial. En otras palabras, personas afectas al régimen han recibido en sus rostros una bofetada en frío, que los ha hecho reaccionar ante una circunstancia que no dudan en calificar como inaudita e impensable en toda democracia. Aunándose voces respetables, como la de Ismael García, del partido Podemos, que intentan erigirse en fiel de la balanza política y social de esta Venezuela herida, para evitar la tragedia nacional que hoy luce como plausible: una guerra civil, habida cuenta de las posiciones encontradas de amplios sectores nacionales, y de la absurda violencia que ello genera.
Tal vez resulte irónico pensar -y mucho más afirmar- que el caso RCTV devenga en algo positivo para la nación. Empero, la aparición en el escenario político nacional de la juventud estudiantil de los liceos y de las universidades, tanto públicas como privadas, cambia el rostro del panorama nacional. La hasta ahora "adormecida" juventud, que se había hecho si se quiere "refractaria" a esta confrontación política y social de los últimos ocho años, hoy toma las calles del país para salir en defensa de sus derechos y de su futuro. Por desgracia, cuando se habla de paz es porque hay guerra, y esa perenne invocación -por parte de quienes protestan- para que cesen las hostilidades, no es más que un indicativo de que estamos dispuestos a ser actores hasta alcanzar el país donde podamos nacer, crecer, multiplicarnos, desarrollarnos y morir en paz. Todo parece indicar que el principio del fin ha llegado: una nueva generación de venezolanos asume hoy su protagonismo con fuerza y con decisión, y eso es imparable.
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