19 agosto 2007

Caso del Maletín. Recopilación (10)

Hombre del maletín tiene carnet de Disip

Tanto el empresario venezolano estadounidense, Guido Alejandro Antonini Wilson, como sus asociados en negocios Franklin y Pedro Durán y Carlos Kauffman están acreditados como comisarios de la Dirección de los Servicios de Prevención e Inteligencia (Disip), lo que les facilitaría entrada y salidas del país exonerados de controles de declaración e inspección por parte de funcionarios aduaneros y migratorios, confirmaron al Diario 2001 fuentes del sector.

Antonini Wilson (46), es un hombre de negocios múltiples en Venezuela y Estados Unidos, aficionado a costosos y lujosos carros de competencia, quien ha cobrado notoriedad inusitada después que la madrugada del 3 de agosto, fuese requerido por agentes aduanales, en el aeropuerto Jorge Newberry, en Buenos Aires, a donde llegó como portador de una valija contentiva de 800 mil dólares en billetes de baja denominación que no quiso ni pudo justificar, por lo cual se levantó un acta procedimental y el dinero quedó en custodia.

Antonini Wilson llegó a la Argentina acompañado por tres funcionarios de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, el hijo del ex vicepresidente, Diego Uzcátegui Matheus, entonces director general de Pdvsa América, en Buenos Aires; y dos funcionarios más de la estatal argentina Enarsa, entre ellos el negociador con Venezuela, el destituido Claudio Uberti.

Todos viajaban en un avión fletado a la empresa Royal Class —un birreactor Citation X, con siglas de EUA—, cuyo vocero manifestó que había prestado servicios similares en ocasiones anteriores.

Posteriormente se ha conocido que Antonini realizó varios viajes anteriores a Buenos Aires, por breves espacios de horas no más de un día, con conexiones por investigarse en la capital uruguaya de Montevideo.

Allá las indagatorias periodísticas encontraron reseñas y fotos de prensa que mostraban a Antonini acompañando al gobernador del estado venezolano de Cojedes, supuestamente en ocasión de asistir como invitado a conferencia energética y a unas exhibiciones de viviendas de interés social.

Hasta ahora todas las personas evidentemente en tratos con Antonini, como sus acompañantes en el polémico último viaje, así como su relacionado William Abad —también empresario aeronaútico—, el personal de Pdvsa en las oficinas de Buenos Aires y Montevideo, han marcado distancia para negar o disminuir al máximo vinculaciones con el indiciado cuya captura a nivel internacional ha ordenado la jueza Novarti.

SIN AMISTAD NI NEGOCIOS
Igualmente en su descargo el gobernador Yánez Rangel ha admitido conocer a Antonini en su reputación como empresario, pero en manera alguna como funcionario público ni delegado en misiones oficiales del Gobierno venezolano o alguna de sus instituciones.

Apuntando que su aparición de una publicitada foto habría sido manipulada, pues al ampliarse el original de la toma pueden apreciarse otros asistentes a la referida conferencia energética, incluso entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la República del Uruguay. Al tiempo de recalcar que tampoco existe relación comercial alguna en Venezuela.

Pero resulta —confirman las fuentes de 2001— que los Durán son también negociantes de equipos y armas, tanto con el Ministerio de Defensa como con gobernaciones a cargo de ex militares del proceso chavista, como es el caso del mandatario regional Yánez Rangel.

“Esas credenciales como comisarios de la Disip sólo pueden ser otorgadas por decisión del ministro de Interior y Justicia, que no ha sido el caso, o del director de la policía de seguridad del Estado”, acotaron.

PATRIA Y SOBERANIA
Las investigaciones sobre el caso han significado un fuerte remezón en altas esferas oficialistas y de allegados particulares. La molestia y el disgusto en palacio han sido mayúsculos. La orden presidencial es descubrir y desmontar un poderoso entramado en que este enojoso asuntos es apenas la punta del ovillo.

Pesquisas que han conducido —además, por otra parte— a la detección de que el director de uno de los principales organismos de seguridad del Estado (general Henry Rangel Silva), está en trámites de gestión de nacionalidad española para él, su esposa e hijos.

Antaño el juramento de cadetes ante la bandera nacional era “defender la patria y su soberanía, hasta con la vida si es preciso”. En su atalaya pétrea, habrá el águila oteado algo en el horizonte.


El soldado Antonini

Es un ser multifacético. Ha sido identificado como asesor en la compra de viviendas, de empresas petroleras y corredor de automóviles. Ahora se revela otra vinculación: el negocio de las armas. Por Giuliana Chiappe

De armas tomar Dicen que cuando encontraron los casi 800 mil dólares en la maleta que cargaba, Guido Alejandro Antonini Wilson intentó desligarse rápidamente del problema. Dejó muy claro que el dinero no le pertenecía, se calificó a sí mismo como "un soldado" aunque sin mencionar a su general y, al cabo de tres días, se fue a Montevideo, sin reclamar ni un dólar.

En esa madrugada de sobresalto, Antonini mencionó la palabra "soldado" en su acepción de mensajero, intermediario, alguien que sólo cumple órdenes. Pero ese concepto usado, "soldado", también hace referencia colateral a las armas. Y personajes cercanos al llamado "hombre de la maleta", tendrían que ver con ellas.

Antonini Wilson es un individuo multifacético. Su perfil básico es el de empresario venezolano-estadounidense, de 46 años, con residencia en el bulevar Crandon de Key Biscaine, en Miami y cuatro compañías registradas en Florida (Global Ads Corp, Techmilk Inc, Foxdelta Investment Inc. y Venus Supply Inc.). Eso no lo es todo. También se ha identificado como asesor de los más altos funcionarios de Venoco, compañía petroquímica cliente de Pdvsa; informaciones de prensa argentinas y uruguayas lo han señalado como supuesto asesor de la Gobernación de Cojedes en compras de viviendas y es, además, un fanático de las carreras de automóviles a alta velocidad, pasión que en 2006 le hizo perder su habitual bajo perfil cuando piloteó en el Rally Gumball un Ferrari rojo 360 con el logo "Venezuela ahora es de todos".

Según fuentes uruguayas, la cercanía retratada de Antonini y Yánez se debía a un asesoramiento, del empresario al gobernador, para la adquisición de unidades habitacionales. Pero el mismo Yánez desmintió tal versión en rueda de prensa, arguyendo que la foto, si bien verídica pero con más personas incluidas en el verdadero encuadre, fue tomada durante una cumbre energética a la que ambos habrían asistido. Cojedes, es un estado llanero pero Yánez habría asistido en su carácter de internacionalista y representante de los gobernadores latinoamericanos. Yánez desmintió, asimismo, cualquier relación comercial entre Cojedes y Antonini.

Sin embargo, algunos documentos vinculan a Franklin Deivis Durán Guerrero, directivo de Venoco y su partner en el rally y Johnny Yánez Rangel, con negocios realizados en 2002 y 2003 (según registros disponibles). Esas compraventas de armas fueron realizadas para la policía de Cojedes y estuvieron llenas de irregularidades que fueron denunciadas, en su oportunidad, ante la Fiscalía por el entonces diputado del Estado Vargas, Pedro Castillo, y por Manuel Carpio, coronel retirado de la Guardia Nacional y ex director de Investigaciones Penales, sin que se conozcan los resultados de alguna investigación al respecto.

Al realizar las primeras importaciones de armas para la gobernación de Cojedes, Ruibal & Durán era una empresa inscrita como constructora. Sus oficinas se encuentran en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Un mes después, en febrero, en una asamblea general extraordinaria constituida por los únicos dos accionistas de la empresa, los hermanos Pedro y Franklin Durán decidieron "ampliar el objeto de la sociedad", como dejaron constancia en acta. Posteriormente, se inscribieron en la dirección de Armamento de la Fuerza Armada, Darfa, con la que ya habían tenido contacto previo y de la que habían obtenido los permisos para legalizar el lote de armas que ingresó al país. Incluso, lograron autorización para comercializar pistolas adquiridas, presuntamente, para la gobernación llanera.

Esas importaciones -de subametralladoras Uzi y pistolas de guerra- fueron realizadas con intermediación de la empresa Armor Holding, con oficina en Jacksonville, Estados Unidos, que ha sido vinculada por la prensa argentina con Antonini y con los Durán.

Ametralladoras sin control

Ya era gobernador Johnny Yánez cuando Cojedes solicitó a Israel la venta de 115 subametralladoras miniuzi y microuzi, a través de Ruibal & Durán. Ese Durán es por Franklin Durán Guerrero, quien aparece en el documento de registro como gerente técnico de la empresa y quien hoy es socio y directivo de Venoco y compañero de pista de Antonini, y por su hermano, Pedro José Durán, gerente administrativo de Ruibal & Durán según el registro mercantil. Ambos son venezolanos con cédulas que comienzan por siete y por dos, respectivamente.

La importación de Uzi por parte de una constructora es sólo el principio de una serie de características al menos extrañas en este negocio. Dado su alto poder, debieron ser certificadas por la dirección de Seguridad y Defensa de Cojedes. Aquí se registra otro punto anómalo: según los documentos enviados a Israel, Cojedes solicitó 115 subametralladoras y son las que se envían a Venezuela según la guía aérea sellada en Tel Aviv. Sin embargo, aquí sólo se declaran 60, estampando una aclaratoria en la factura.

Las irregularidades continuaron: según los agentes aduanales israelíes efectivamente se embarcaron 115 subametralladoras con un peso de 412 kilos. Ese mismo peso se reflejó en todas las guías aéreas que se redactaron en Caracas, desde el día que la mercancía llegó (el 14 de febrero de 2002) y durante todo el tiempo que permaneció dentro de la aduana de Maiquetía. Pero el armamento es trasladado a un almacén in-bond, que se supone funciona como un apéndice de la aduana. Ya de por sí eso constituye una violación al artículo 80 de la ley de Aduanas, pues ese tipo de mercancía, de alto riesgo, no debe sustraerse sin control previo. Lo peor no es ese traslado irregular sino que al salir el Seniat expide una guía de traslado que especifica que la mercancía pesa 412 kilos (los mismos que partieron de Tel Aviv) y al llegar al almacén número 16 ubicado en el barrio Montesano cerca de Maiquetía y perteneciente a la empresa American Pax Services, el peso se redujo a 275 kilos.

La extraña historia de las subametralladoras importadas por Ruibal & Durán para Cojedes continúa con un hecho aún más insólito. En marzo descubren que "el hampa común" se está robando el armamento. Al almacén, supuestamente, sólo habían entrado 85 subametralladoras (en vez de las 115 que envió Israel) y "el hampa" ya se había llevado doce. En total, entre los robos y el raro adelgazamiento de la mercancía, desaparecieron 38 subametralladoras.

Ruibal & Durán aparece de nuevo en otro insólito caso, pero esta vez con pistolas. También desaparecen y terminan parcialmente en manos de supuestos ladrones comunes después de ser trasladadas, a pesar de la oposición de la dirección de aduana, al mismo almacén in bond de Montesano.

Ocurrió unos meses después del episodio de las uzi. El 26 de julio de 2002 ingresaron al país 1.200 pistolas semiautomáticas croatas, calibre 9 mm y capaces de disparar ráfagas de 19 tiros seguidos. El comprador es el mismo gobierno de Cojedes, y el intermediario Ruibal & Durán. Las 1.200 pistolas, que debían ser trasladadas directamente a Cojedes por tratarse de una compra gubernamental de armas de guerra, se llevaron al almacén de Montesano. Eran 60 bultos. Al día siguiente, la gobernación retira 30 bultos. Durante los siguientes cinco meses, comienza la desaparición por goteo del resto: el 2 de agosto se llevan tres cajas; el 29 de ese mismo mes, tres más; el 30 de septiembre, siete y el 11 de diciembre, dos. Los quince bultos restantes fueron víctimas de un supuesto grupo de delincuentes que se llevó 13 cajas. Las últimas dos quedaron tiradas dentro del almacén y fueron retiradas, una semana más tarde, por Pedro Durán.

En una tercera operación comercial, Armor Holding volvió a vender a la gobernación de Cojedes, con intermediación de Ruibal & Durán, 10 mil unidades de gases lacrimógenos, que partieron desde Miami en febrero de 2002, con permiso escrito del Departamento de Estado para Asuntos Militares.

Pese a las solicitudes de Castillo y Carpio, sólo la Fiscalía de Vargas realizó una inspección, en marzo de 2002, al almacén que recibió el armamento. Allí quedaron las investigaciones. Por su parte, en 2004, Antonini constituyó una empresa venezolana denominada Defensa y Tecnología 122518 y destinada a la compra y venta de armamento. Con esta jugada, el "soldado" Antonini demostró que, además de saber de petróleo y quizás de viviendas, manejar bólidos y llevar hasta Argentina y como equipaje de mano 800 mil dólares en efectivo, también sabe del difícil negocio de la compra y venta de armas.

Publicar un comentario