El "Anteproyecto para la Primera reforma Constitucional" comenzó a distribuirse gratuitamente ayer en algunas plazas de Caracas.
La asamblea Nacional inició un operativo para entregar ejemplares del documento que contiene las sugerencias presidenciales para la transformación del texto fundamental, en el área metropolitana.
La distribución del proyecto se extenderá en días venideros a otros estados de Venezuela hasta abarcar todo el país.
"Los diputados del Parlamento explicaron que el objetivo es lograr que los venezolanos y venezolanas puedan conocer el texto de la reforma", que será sometido a discusión en la plenaria de la Cámara en la sesión del próximo martes.
Aseguran que a pesar del escaso tiempo que ha transcurrido desde que la propuesta del jefe de Estado se hizo pública, ya "ha tenido una gran acogida en la calle".
Cabe destacar que el folleto con el proyecto de Reforma Constitucional establece que es la "primera" transformación. Quizá es que ya está planificada una segunda parte.
El actual mandato del presidente Hugo Chávez no concluirá el 10 de enero de 2013, sino de 2014, de ser aprobado el proyecto de reforma constitucional que éste presentó el miércoles a la Asamblea Nacional. La razón: El aumento, de seis a siete años, del período presidencial que propone el jefe del Estado entrará en vigencia tan pronto como sea aprobada la modificación al texto fundamental.Así lo aseguró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, quien al ser interrogada sobre cuándo comenzará a regir el septenio, en el supuesto de que la propuesta sea acogida, señaló: "La aplicación sería inmediata".
"Creo que es un tema prematuro de establecer. Hay que esperar a que se debata en la Asamblea Nacional, pues en las disposiciones transitorias se pueden establecer algunas condiciones sobre la aplicabilidad (de la eventual modificación al artículo 230). Sin embargo, siendo un tema constitucional indudablemente que entra en vigencia inmediatamente", agregó, luego de participar en un foro para aspirantes a jueces agrarios, hecho ayer en el auditorio del máximo juzgado del país.
Señaló que la sentencia del TSJ, que en 2001 le otorgó al mandatario seis meses adicionales en su primer sexenio; así como la enmienda número 2 de la derogada Carta Magna de 1961, la cual redujo en un mes el mandato al entonces presidente Luis Herrera Campíns (1979-1984), son precedentes que permitirían justificar la prolongación de la estancia de Chávez en el palacio de Miraflores, sin necesidad de convocar nuevas elecciones.
Morales, quien también preside la Sala Constitucional, recordó que será la instancia que interpreta la Carta Magna la que en último término dilucidará el asunto, siempre y cuando alguien se lo solicite.
De aprobarse la extensión del mandato y de resultar reelecto por segunda vez en 2013, el mandatario gobernará hasta el año 2021, lo cual ha sido su aspiración desde que se alzó con la Primera Magistratura en 1998.
Revisión limitadaLa magistrada aseveró que los diputados de la Asamblea Nacional no están facultados para realizar ninguna modificación distinta a las que 33 que planteó el jefe del Estado, salvo que alguno de los cambios contenidos en el proyecto de reforma altere otras normas.
"La reforma fue planteada por el Presidente, por lo tanto es lo que presentó el Presidente lo que debe ser estudiado (...) Si (algún artículo) tuviese conexión con los que se van a reformar, entonces por técnica legislativa deberían adecuarse, porque no puede haber artículos contradictorios", afirmó, al ser consultada sobre la posibilidad de que el Parlamento cambie alguna de las normas referidas a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.
Quejas luego del referendoLa presidenta del TSJ dejó en claro que la Sala Constitucional no tramitará ninguna acción relacionada con las modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no hayan sido aprobadas por los ciudadanos en el referendo.
"Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", precisó.
Por último, garantizó que si detectan cualquier concepto que vaya en contra del espíritu del texto aprobado en diciembre de 1999, lo anularán, aun cuando hubiere sido respaldado por la mayoría de los electores. "El control jurisdiccional y de la constitucionalidad lo ejerce el Poder Judicial", recordó.
José Antonio España, coordinador nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), propuso al país como estrategia ante la reforma constitucional que promueve el presidente Hugo Chávez, la activación del artículo 344 de la Carta Magna vigente, que abre la posibilidad de votar un tercio de los cambios propuestos por separado y no en bloque como aspira el Gobierno.
En rueda de prensa, España recordó que el 344 faculta a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional a actuar en ese sentido una vez aprobada la modificación constitucional, y con ese propósito enviarán la próxima semana una solicitud a los parlamentarios. En su defecto, promoverán por petición directa de 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón al Poder Electoral la activación del mecanismo. España precisó que se requieren sólo 800 mil firmas.
"Si no tenemos respuesta de los diputados, que ellos se lo expliquen al país. Entonces nos dirigiremos al CNE para que nos diga en qué planilla y de qué manera vamos a recoger las firmas (...) 800 mil venezolanos bastan para que esta reforma sea votada artículo por artículo, que votada de esta forma permite que el país se encuentre, se reconcilie, que no sea un tema de chavistas contra antichavistas".
Insistió España en que la reforma "comenzó mal", que sus propuestas para los pobres son insuficientes, aunque abren la puerta para que se retome y debata la Ley de Seguridad Social integral paralizada por el oficialismo.
"La reforma primero era clandestina, encaletada. La reforma estaba secuestrada en una carpeta debajo del brazo del Presidente y hoy es una reforma de maletín, porque va directo al maletín de los diputados con la orden de que no sea alterada".
Criticó que la forma como Chávez propone los cambios, le quitan el protagonismo al soberano, que es el pueblo.
"Estamos frente a un proyecto que no nos plantea un debate sobre modelos de sociedad, sino que nos plantea un esquema centralista frente a un estado federal. Esto plantea que un solo hombre permanezca en el poder indefinidamente, que un solo hombre designe funcionarios en el municipio. Se trata del dedo, de un dedo para crear más burocracia y más corrupción. "El dedo de la cuarta y de la quinta república coinciden en este tema", afirmó España.
En medio de los aplausos de diputados, gobernadores y alcaldes, el presidente Hugo Chávez no sólo puso en duda los poderes constituidos locales, sino que se lanzó un análisis que "desde el punto de vista estrictamente político" también arroja dudas sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional (AN), a la cual le entregó su proyecto de reforma constitucional para su discusión y aprobación.El pasado miércoles, mientras explicaba los alcances de los cambios que propone al artículo 16 de la Carta Magna, relativo a la división política, el presidente Chávez haciendo referencia a la reciente elección de un alcalde, cuya escogencia -dijo- fue decidida por menos de 30% de los electores, afirmó: "Desde el punto de vista estrictamente político eso no tiene legitimidad compadre, no tiene legitimidad".
"No es eso como para que nosotros, revolucionarios, demócratas, lo pensemos, vamos a seguir en ese ir y venir, en ese ritornelo, sin pensar ni siquiera, como si fuéramos autómatas; no, eso incluso es válido para el nivel presidencial", agregó.
"El (Chávez) dice eso en una Asamblea Nacional cuya votación fue muy baja. O sea, que de acuerdo a lo dicho, no sólo es que le está dando un golpe de Estado a la Constitución, sino que, además, está actuando en una Asamblea totalmente ilegítima de acuerdo con el planteamiento que ´él hizo en relación con los gobernadores y alcaldes. Es un hecho curioso que hable de legitimación en una AN deslegitimada, de acuerdo con su propio criterio", apunta el abogado constitucionalista Hermann Escarrá.
En las elecciones para la escogencia de los diputados al Parlamento, el 4 de diciembre de 2005, la participación no alcanzó 30%, ubicándose en 25,29%, según cifras aportadas en esa oportunidad por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La participaci´ón por estado en su mayoría tampoco alcanzó a 30%, destacando las cifras obtenidas en Delta Amacuro (41,09%), Cojedes (37,49) y Amazonas (35,9%), aunque hay que recordar que en esta variable influye la baja población de esas entidades.
Dirigiéndose al diputado Ismael García, el mandatario criticó la poca participación del electorado en los comicios regionales.
"Vayamos ahorita, Ismael, por allá en Aragua, en cualquier municipio que tú me pongas. ¡Ajá! La Victoria, tú eres de allá. Vayamos a elegir sólo el alcalde, no me lo monten en el tren de la elección presidencial, ni en la del gobernador, el alcalde. Se supone, se supone dicen algunos, que esa figura, como es más cercana a la comunidad, debe generar más motivación en el pueblo, y resulta que no es así", insistió Chávez.
Al insistir en su análisis, el jefe de Estado recordó que en 1993 "cuando ganó el doctor (Rafael) Caldera (...) lo proclamaron presidente con menos de 20%, 13% ¡Imagínate!"
"Ven, eso le da... comienza un gobierno con una carga muy pesada de ilegitimidad", soltó inmediatamente.
Señaló que los niveles de participación han venido recuperándose en los comicios presidenciales, pero persisten "serios problemas" en lo de gobernadores. "¿Cuál será el promedio, señora presidenta (del CNE, Tibisay Lucena) (...) de las elecciones de gobernaciones solas que no se monten en la elección presidencial, 50%? 40%, fíjense cómo cuesta y se trata del gobernador (...) ¿Cómo será la elección si fuera sola de las juntas parroquiales? No va nadie, la familia del candidato", soltó Chávez, lo que provocó la risa de los presentes en el Hemiciclo de sesiones del Parlamento.
El mandatario también cuestionó que el pueblo no fuera consultado, "cuando por allá aprobaron la elección de alcaldes y juntas parroquiales.
Aseguró que para la creación de nuevos municipios y ciudades federales, la opinión del soberano será tomada en cuenta. "Ahora vamos a consultar allá abajo, yo tengo mis dudas, saben, al respecto de los poderes constituidos locales, yo creo más en el poder constituyente local, esa es la fuerza verdaderamente revolucionaria y novedosa".
La propuesta de reforma "abre las puertas para incrementar el autoritarismo y el personalismo presidencial", afirma el vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eleazar Narváez, quien señala que el proyecto presenta un "peligro real" para la democracia de Venezuela.
Durante la primera reunión de académicos para el análisis y discusión del proyecto dentro de esa casa de estudios superiores, Narvaez aseveró que la sugerencia presidencial de reforma "plantea una transformación de fondo de las reglas del juego democrático, por lo que no puede verse desde la perspectiva de una discusión constitucionalista dentro de un parlamento monocolor".
En ese sentido el economista Arlan Narváez asevera que "La reforma no es el mecanismo que la misma Constitución prevé para estos casos, independientemente de que se trate de la modificación de un artículo, de 33 ó de 100, porque se trata de cambiar su esencia".
Agrega que se "está yendo hacia un país totalmente distinto en el que se impone un modelo económico socialista que limita la libertad de comercio, la propiedad e inclusive la libertad de criterio".
Narváez señala que es importante poner atención a la Constitución del poder popular.
"El (Chávez) propone un poder popular en un limbo, sin relación ni función concreta; del que no se sabe a ciencia cierta su operatividad, sin embargo, lo que sí se conoce, de acuerdo con la Ley de los Consejos Comunales, es que éstos funcionan bajo la tutela de la Presidencia de la República, lo que impide que pueda ser un poder independiente. Su creación y funcionamiento siempre van estar bajo la tutela de Miraflores".
El sociologo Amalio Belmonte considera "necesario definir algunos términos que el presidente Chávez confunde en su proyecto de reforma: como pueblo, población, comunidad y comuna, y explicar la utilización de la palabra oligarquía".
Refiere además "las graves transformaciones que hace la propuesta del jefe de Estado a la Fuerza Armada Nacional.
"La Constitución vigente ya es muy ambigua con respecto al sometimiento de la FAN al poder civil, con los cambios que sugiere el Presidente no sólo deja de ser ambigua, sino que se crea lo que llaman el Estado-Revolución que requiere que los componentes militares tengan una identidad ideológica muy concreta y definida que esté al servicio y mando del Presidente".
Explica que se eliminaría del texto fundamental que la "FAN no estará sometida al poder de ninguna persona o individualidad política" y se sustituiría por la definición "patriótica, antiimperialista, antioligarca y está sometida al poder del Presidente" lo que según él la coloca como institución pretoriana porque "se les da carácter político y se somete al control y voluntad de Chávez".
El grupo de académicos considera necesario evaluar por separado el impacto que en cada una de las áreas tendrá la propuesta, por ello, informó el vicerrector Narváez, está constituyendo un equipo interdisciplinario para abordar la discusión de todos los artículos no sólo en el interior de la UCV "sino para informar a los ciudadanos y "que se puedan formar una opinión sobre lo que está en juego" (...) "No se trata de estar a favor del Gobierno sino de estar a favor de la democracia".
La composición de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que esbozó el presidente Hugo Chávez en su proyecto de reforma constitucional es una "copia exacta" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Cuba, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de transformar la Reserva, hasta ahora complemento del estamento castrense, en el componente Milicia Popular Bolivariana. Mientras los militares retirados Gonzalo García Ordóñez y Carlos Guyón coinciden en señalar que tal estructura se convertiría en un "peligro para la Nación", el teniente coronel Héctor Herrera destaca la consolidación de la unión cívico-militar.
El pasado miércoles, el primer mandatario propuso al Parlamento, dentro de sus modificaciones a la Carta Magna, que la Reserva "se nombre como es: Milicia Popular Bolivariana, pero como un componente más, no como algo marginal", junto al Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana y la Guardia Territorial (hoy Guardia Nacional).
En Cuba, las FAR están integradas por las Tropas Regulares (unidades terrestres, aéreas y marítimas) y las Milicias de Tropas Territoriales, que constituyen "una de las formas de organización popular para llevar a cabo la lucha armada y cumplir otras tareas de defensa", refiere el gobierno de Castro.
"La propuesta de Chávez es una copia exacta de lo que maneja Fidel Castro en Cuba", afirmó el capitán Guyón, ex presidente de la Comisión de Defensa del extinto Congreso, para luego recordar a las milicias populares sandinistas, "organización de carácter nacional, bajo la dirección del Ministerio de la Defensa de Nicaragua, que tenía como objetivo la defensa de la Revolución y de la soberanía nacional", refiere el Decreto No. 313, publicado el 21 de febrero de 1980, por el gobierno de Daniel Ortega.
A juicio del oficial retirado, la hipotética incorporación de la Reserva a las fuerzas militares activas del país colocaría en desventaja al resto de los componentes, por cuanto tendría el mismo status y agruparía a "todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no estén en servicio militar activo, que hayan cumplido el servicio militar o que voluntariamente se incorporen".
"En cualquier momento, la Milicia Popular Bolivariana pasaría a ser el único componente de la FAN. Primero iría agarrando fuerza, vital y suficiente, para tomar el control del armamento y así quitarle poder a la fuerzas regulares. De esta manera, Chávez dejaría al país desprotegido y a expensas de un grupo de políticos-militares, que se manejarían solamente a su orden y capricho", vaticinó Guyón, ex compañero de armas del presidente Chávez el 4 de febrero de 1992.
Para García Ordóñez, la propuesta del jefe de Estado implicaría la "pérdida de ciudadanía". "Cuando se eleva la Reserva a componente, sus integrantes deben cumplir estrictamente la ley militar, y por ende se desarrolla el proceso de acciones y órdenes. Yo te ordeno y tú cumples. Venezuela se convertiría en un cuartel y eso no es democrático", sentenció, para luego asegurar que el planteamiento del presidente Chávez también tiene un "fondo y un tinte electoral".
A juicio del teniente coronel (r) Herrera, presidente del Frente Cívico-Militar Bolivariano, la única pretensión del primer mandatario es "sincerar" la situación dentro de la FAN, pues "hablar de Reserva es disimular el hecho de que son milicias populares organizadas". "El Presidente, como se caracteriza, se va por la calle del medio y da el nombre en criolllo: pueblo organizado en armas", acotó.
El oficial retirado considera que, de esta manera, la Reserva dejaría de ser "mal vista". "Antes era lo peorcito de la FAN. Ahora tendría un status, una verdadera organización".
"Lo que está claro es que la maleta llena de efectivo es una metáfora apropiada para la manera en la que Chávez ha venido usando los petrodólares en la construcción de una red antiamericana que incluye a los líderes de Cuba, Bolivia y quizás Nicaragua. Chávez aprovechó el momento para develar un muy esperado paquete de 'reformas' constitucionales. Estas reformas son autoengrandecidas y amenazadoras para lo que queda de democracia en Venezuela", señala el editorial del diario estadounidense Washington Post, publicado ayer en la página A-22.
"Su último oponente por la presidencia fue el gobernador de un Estado: los cambios propuestos debilitarían a gobernadores y alcaldes. Lo más amenazador es que Chávez pretende instaurar una 'milicia popular' paralela a las fuerzas armadas regulares. Quizás esta nueva fuerza es la que está destinada a recibir los 5.000 rifles de francotirador que Chávez acaba de adquirir en Rusia", se indica.
"Este último arrebatón de poder es parte de un conjunto de medidas adoptadas por Chávez desde su reelección para un tercer período en diciembre (...) En resumen, el socialismo del siglo XXI de Chávez es deprimentemente parecido a la versión del siglo XX: un Estado sobredimensionado y represivo, dirigido por un strongman abusivo (...) Aunque corrupta y corruptora, tanto para Venezuela como para el Hemisferio, la fórmula militarista de Chávez es innegablemente exitosa y, sin duda, Chávez se deleita cuando demuestra su poder en un combate polarizado ante la cada vez más débil oposición venezolana. Por ello, se lanza en otra cruzada constitucional (...) El próximo paso sería un referendo nacional el año que viene, el cual sería la última oportunidad de Venezuela para impedir que Chávez se instale como presidente vitalicio".
El proyecto de Constitución presentado el miércoles por el presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional toca uno de los derechos más sensibles en cuanto a los principios democráticos.
De acuerdo con lo manifestado con el abogado Roberto Orta Martínez, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), "la reforma del artículo 115 de la Constitución Bolivariana tiene la intención de limitar el derecho a la propiedad privada, eliminando cuatro atributos del derecho a la propiedad actualmente consagrados en el texto constitucional, como lo son uso, goce, disfrute y disposición de los bienes particulares".
La propuesta de modificación señala que "se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad", sin mencionar específicamente los atributos consagrados en el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de 1999, que indica que "se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes".
Orta explica que el uso consiste en el derecho a poseer y obtener todos los servicios de la propiedad, por ejemplo, vivir en un inmueble, conducir un vehículo o dormir en una cama.
Asimismo, el goce y disfrute de la propiedad es el derecho a percibir los frutos y rentas propias que la mencionada propiedad pudiera generar. En este caso, las utilidades y beneficios que se deriven de la posesión de un bien como una segunda vivienda o apartamento.
El cuarto atributo que se estaría menoscabando sería la potestad para disponer sobre la propiedad, específicamente venderla, hipotecarla, darla en comodato, en pago o donarla.
La propuesta del artículo 115 expone que se garantizarán diferentes tipos de propiedad: pública, social (directa e indirecta), colectiva, mixta y privada.
Orta Martínez advierte que la amenaza a la propiedad privada surge porque se limita toda su amplitud y no por la creación de diversos tipos de propiedad.
Sobre la propiedad privada, el proyecto constitucional plantea que "es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos".
A partir de esa propuesta, Orta afirma que "la propiedad privada se limita a automóviles, viviendas, bienes de uso personal, máquinas, herramientas, materias primas, comida, ropa y muebles. Todos estos son bienes de consumo duraderos y no duraderos".
Agrega que quedan excluidos del concepto de propiedad privada "inmuebles que no sean la vivienda principal, como inmuebles para alquiler, vacacionales o de inversión; acciones de empresas, acciones bursátiles, bienes de capital, marcas, propiedad intelectual y otros bienes intangibles".
El experto en leyes agrega que "por ejemplo, esto impide que alguien pueda obtener rentas al poseer una marca registrada, que genera regalías, pero que no constituye un bien de consumo o un medio de producción".
Roberto Orta destacó que "desde la primera Constitución de Venezuela en 1811, redactada por el propio Simón Bolívar, ya se garantizaban los atributos que componen la propiedad, estableciéndose en su artículo 155 que "la propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria".
Asegura que dichos atributos se han mantenido inalterables durante todas las constituciones de la República.
Mientras la oposición discute la estrategia que seguirá para demostrar que la propuesta de reforma constitucional modifica aspectos fundamentales de la Carta Magna, el Ejecutivo Nacional inició -48 horas después de formalizar el proyecto ante el Parlamento- la campaña electoral con vistas al referendo consultivo.
Las páginas 1-9 y 1-11 de la edición del día viernes del diario El Universal, la página c-11 de El Nacional y la página 65 de Últimas Noticias mostraron las primeras piezas publicitarias de la campaña oficial.
Para esta elección, el Ejecutivo decidió emplear los siguientes slogans: "SIempre con Chávez...SIempre con Venezuela", "Referendo Aprobatorio: SI por la jornada laboral de 6 horas"
Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, explicó que estas piezas publicitarias violan el contenido del artículo 187 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que indica: "la campaña (de los referendos nacionales) no podrá tener una duración inferior a 15 días, ni superior a 30 días".
Díaz aclaró que la norma que debe regular la campaña por el referendo consultivo se comenzará a discutir el próximo martes; por esta razón exhortó a los actores políticos a concluir lo que se podría considerar como campaña adelantada.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunirá la próxima semana con su par de la Asamblea Nacional para conocer el cronograma de discusión de la Reforma Constitucional y poder establecer una fecha tentativa para la realización de la consulta popular.
Lucena garantizó que, al igual que en anteriores procesos electorales, "los técnicos de las diversas organizaciones, a favor de una u otra opción, podrán participar en todas las auditorías".
A la par, aseguró que los 1.400 puntos de actualización del Registro Electoral están operativos. Anunció que la próxima semana se habilitarán 500 puntos adicionales "para que las venezolanas y venezolanos que están alcanzando la edad reglamentaria para votar, se inscriban y puedan participar".
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