PolíticaAseguraron que las misiones han tenido un impacto positivo
La organización de derechos humanos Provea dio a conocer su informe correspondiente al lapso comprendido entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, en el que refieren algunos avances y retrocesos del Gobierno de Hugo Chávez en esta materia.
Como aspectos positivos se resaltó el incremento del gasto público en materia de educación. Las misiones Barrio Adentro y Mercal influyeron en la mejora de políticas de salud y alimentación, debido a su alcance entre la población.
Destacaron algunos aspectos que benefician al sector laboral como la reducción del desempleo en menos del 10% -según cifras oficiales-, la mayor cantidad de empleos formales (53%) por encima de los informales (47%), la inamovilidad laboral, la mayor recaudación de la seguridad social, así como el hecho de que el sueldo mínimo pueda costear la cesta alimentaria, lo que ocurre por primera vez durante la actual administración.
Sin embargo, no todos los comentarios del coordinador de la organización, Marino Alvarado, fueron buenos. Advirtió que continúa la discriminación política por parte del actual Gobierno, lo que se ha convertido en una política de Estado. Entre sus denuncias han registrado quejas de trabajadores públicos que son presionados para asistir a actos del oficialismo, ya que se les amenaza con el despido si no cumplen con esta demanda de funcionarios superiores.
En materia de libertad de expresión, aumentaron las denuncias de amenazas a los comunicadores sociales por parte de funcionarios de la administración pública, así como los juicios en contra de estos profesionales por denunciar hechos de corrupción.
Asimismo, alertó sobre las dificultades que tuvo la ONG para obtener información, ya que existen obstáculos en los organismos estatales para acceder a información que debe ser de dominio público. Esto también dificulta la labor de los periodistas y de la contraloría social.
En este período se mantuvo la tortura como una práctica dentro de los organismos de seguridad, así como una tendencia al aumento de las desapariciones en los últimos años, aunque este año hubo un leve descenso. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue la institución con más abusos registrados.
Reclamaron el retraso de la Asamblea Nacional en la creación de leyes que influyen en la calidad de vida de los trabajadores como la leyes de salud, trabajo y de jubilaciones y pensiones.
Como aspectos positivos se resaltó el incremento del gasto público en materia de educación. Las misiones Barrio Adentro y Mercal influyeron en la mejora de políticas de salud y alimentación, debido a su alcance entre la población.
Destacaron algunos aspectos que benefician al sector laboral como la reducción del desempleo en menos del 10% -según cifras oficiales-, la mayor cantidad de empleos formales (53%) por encima de los informales (47%), la inamovilidad laboral, la mayor recaudación de la seguridad social, así como el hecho de que el sueldo mínimo pueda costear la cesta alimentaria, lo que ocurre por primera vez durante la actual administración.
Sin embargo, no todos los comentarios del coordinador de la organización, Marino Alvarado, fueron buenos. Advirtió que continúa la discriminación política por parte del actual Gobierno, lo que se ha convertido en una política de Estado. Entre sus denuncias han registrado quejas de trabajadores públicos que son presionados para asistir a actos del oficialismo, ya que se les amenaza con el despido si no cumplen con esta demanda de funcionarios superiores.
En materia de libertad de expresión, aumentaron las denuncias de amenazas a los comunicadores sociales por parte de funcionarios de la administración pública, así como los juicios en contra de estos profesionales por denunciar hechos de corrupción.
Asimismo, alertó sobre las dificultades que tuvo la ONG para obtener información, ya que existen obstáculos en los organismos estatales para acceder a información que debe ser de dominio público. Esto también dificulta la labor de los periodistas y de la contraloría social.
En este período se mantuvo la tortura como una práctica dentro de los organismos de seguridad, así como una tendencia al aumento de las desapariciones en los últimos años, aunque este año hubo un leve descenso. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue la institución con más abusos registrados.
Reclamaron el retraso de la Asamblea Nacional en la creación de leyes que influyen en la calidad de vida de los trabajadores como la leyes de salud, trabajo y de jubilaciones y pensiones.
SG / El-Nacional.com
Foto Archivo
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