Para Human Rights Watch "clima de censura empeoró"
MARÍA ELENA MATHEUS
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Washington.- Human Rights Watch (HRW) responsabilizó al presidente Hugo Chávez de "socavar la independencia de la prensa y la justicia".
En su informe anual difundido ayer, la organización de defensa de los derechos humanos señaló que "el presidente Chávez y sus partidarios han buscado consolidar su poder minando la independencia de la justicia y la prensa".
El escrito que informa el balance de HRW en el 2006, señala que la Asamblea Nacional "dio un serio golpe a la independencia judicial", en diciembre de 2004, al agregar 12 jueces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) medida que sirvió para llenar de magistrados oficialistas las instancias inferiores del Poder Judicial y que hace que no existan garantías de contar con "decisiones libres de la presión gubernamental".
En relación con los medios de comunicación, HRW denunció que las leyes que fueron aprobadas en Venezuela desde 2004, han "creado restricciones opresivas que suponen una seria amenaza para la libertad de expresión".
En el informe, la organización de defensa de los derechos humanos condenó que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión imponga "regulaciones para el contenido" de los medios y cita algunos casos en los que la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) ejerció vigilancia política a éstos.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, al presentar el informe 2007 señaló que "El clima de censura en Venezuela ha empeorado".
Para José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, "el anuncio de la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión es el retroceso más grande que en materia de libertad de expresión tiene América Latina".
Aclaró que en el informe no reporta la medida del Gobierno venezolano contra RCTV, pues "su preparación concluyó en noviembre 2006".
Durante la presentación del documento de HRW Roth confirmó la preocupación del organismo por la situación de la planta televisiva y añadió que "Chávez ha dejado en claro que la medida responde a una retaliación política".
Explica que Venezuela evita responsabilizarse de sus acciones "enarbolando la visión de que la soberanía nacional precede a todas las obligaciones de derechos humanos internacionales".
La organización destaca el peligro que significa para la libertad el proyecto de legislación que busca regular las organizaciones no gubernamentales (ONG). "La ley permite al presidente determinar por decreto los requisitos para registrarlas", restricciones que podrían obstruir las actividades de las ONG en el país.
El informe toca también el tema de las condiciones del sistema carcelario en Venezuela, asevera que las prisiones son "notablemente abusivas", a la vez que refiere que "en ellas ocurren miles de ejecuciones extrajudiciales por año".
La organización concluye el capítulo sobre Venezuela señalando que el Gobierno no ha establecido la fecha para una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos solicitada en 2002.
13ENE07:Willian Lara rechaza señalamientos de la SIP y de Human Rights sobre limitaciones a la libertad de expresión
"Todavía a la Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas (SIP) le duele en el alma la decisión soberana del pueblo venezolano de consagrar en la Constitución el derecho a recibir información oportuna y veraz. Ahora el llantén de estos oligarcas es mayor porque el Estado decidió recuperar la señal del canal dos para ponerla al servicio de todo el pueblo y no sólo de un pequeño sector de la oligarquía", sentenció Lara.
Asimismo, el ministro se refirió también al informe de Human Rights Watch en el cual se afirma que se han detectado restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Considera que nuestro país registra un desempeño tan impecable que merece medalla de oro, gracias a que el grado de libertad de expresión existente es el mayor en todo el continente.
Recordó que se trata del vencimiento de la concesión otorgada el 27 de mayo de 1987 por veinte años al grupo 1BC para operar una televisora de señal abierta. Explicó que el uso de esa señal a partir del 28 de mayo estará apegada a la Constitución, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y será garantía de pluralidad y divulgación de las posturas de las diversas corrientes de pensamiento presentes en la sociedad venezolana.
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