El dirigente Oscar Pérez informó, a través de un boletín de prensa, que solicitaron la adopción de "medidas pertinentes" ante el Estado venezolano, al tiempo que consignaron las firmas en respaldo a RCTV. "Consignamos un escrito en el que se demuestran actos y atropellos (contra periodistas y medios) que violentan los estándares internacionales del derecho. Pedimos que se haga seguimiento".
Mientras el internacionalista Milos Alcalay advirtió que el Gobierno Nacional violenta el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecer restricciones y controles oficiales a la frecuencia radioeléctrica, el dirigente Antonio Ledezma destacó que la negativa de renovar la concesión a RCTV no se reduce a "un mero tema de derecho administrativo interno, sino que pone de manifiesto el patrón de conducta mantenido por el actual régimen venezolano, en el sentido de descalificar toda forma de crítica o de disidencia".
Helén Hernández, por su parte, hizo énfasis en que "sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se vuelven inoperantes y se empieza a crear un campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad".
"La Corte Interamericana defienden la libertad de expresión como uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática", refiere.
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