El ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi rompió el silencio. Desde la clandestinidad, remitió una "declaración de prensa", vía correo electrónico, a uno de sus abogados, Aníbal Palacios, aclarando los motivos y "cómo realizó la materialización del ejercicio de sus derechos constitucionales".En la misiva, de tres páginas, Lapi asume ser el "único responsable de sus actos" y advierte que, luego de dos años de dar la cara ante la Justicia venezolana, viviendo un "rosario de ilegalidades y vicios judiciales", se puso en "manos de la justicia divina, de la justicia real que es la de nuestro Dios Todopoderoso, a quien me entregué para hacer esta arriesgada actuación de justicia y quien es mi único cómplice, por cuanto fue él quien me cubrió con su divino manto y me permitió salir tanto del penal como del país airosamente".
Sin precisar hora ni fecha, el ex mandatario regional cuenta que ingresó a la oficina de la Consultoría Jurídica del Internado Judicial de San Felipe, donde se encontraba recluido, "luego de prender los aires acondicionados de otras oficinas para solapar el ruido de mi acción, cosa que no es muy difícil de hacer, ya que el penal está custodiado internamente por no más de 5 custodios civiles y externamente no creo que pasen de 10 guardias nacionales".
"Retiré el aire acondicionado y palanqueando las vigas del protector, las cuales cedieron fácilmente, pude salir del penal, lo demás es obvio y claro", refiere Lapi al final de su escrito, luego de afirmar que, amparándose en el artículo 350 de la Constitución, se declaró en "desconocimiento de la autoridad fiscal y judicial del país".
Asegura que "siempre tuvo oportunidad" de ejecutar esta acción y revela que "hasta el gobernador (de Yaracuy), Carlos Giménez, me mandó una propuesta de fuga con ayuda, la cual no acepté por razones obvias y porque tenía una pequeña esperanza de que se iba a proceder con justicia".
Deja claro que ninguno de los custodios del penal, ni civiles ni militares, actuaron para favorecerlo. "Ni mi familia o amigos sabían de esto, lo mantuve en secreto absoluto. Fue una acción que planifiqué en los últimos días, en solitario, y la apliqué convencido de que era la única manera de garantizar mis derechos". "La fuga más que una acción es un derecho y un acto de fortaleza humana", señala Lapi.
Insiste en que existían planes para asesinarlo y asevera tener pruebas de ellos, como fotos y grabaciones de "reuniones hechas en el círculo del gobernador de Yaracuy".
Al principio de la declaración, Lapi expone las presuntas irregularidades cometidas, "flagrante y descaradamente" en su proceso judicial. No sólo recuerda que fue detenido sin ser imputado y que en 10 meses se le negó la oportunidad de exponer sus alegatos ante un juez, sino que también destaca que que una de las jueces que llevó el proceso tuvo el "descaro" de "llamar a uno de mis abogados para pedirle que renunciara a mi defensa, por cuanto de ese caso dependía su titularidad como juez".
Según Alejandro Arzola, uno de los abogados de Lapi, este escrito fue consignado ante la presidenta del Circuito Judicial Penal de Lara a fin de que se remita con "la urgencia del caso" a la Fiscalía II de la entidad, a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y al Ministerio del Interior y Justicia.
Ayer a mediodía, Arzola, junto al hermano mayor del ex gobernador, Filipo Lapi, sostuvieron un encuentro con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Alssami, para pedir que se garantice el derecho a la vida del ex mandatario de Yaracuy.
Con información de Marla Prato
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