Una de las versiones de reforma a la Carta Magna que manejan los integrantes del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional establece la facultad del Gobierno nacional de confiscar propiedades "cuyo uso atente o afecte los derechos de terceros o derechos de la sociedad". El borrador -en el que se observan al menos 50 modificaciones de fondo- no establece detalles sobre qué tipos de propiedades son susceptibles de confiscación. En la mayoría de los cambios que podrían generar polémica, como en este caso, los integrantes de la comisión omiten detalles y optan por dejar elementos clave "a la ley", según se observa en los comentarios del papel de trabajo.
La confiscación se señala en el artículo 115 sobre los derechos económicos. En la Constitución actual se menciona que "se garantiza el derecho de propiedad", mientras que en la versión del papel de trabajo de los integrantes del consejo se establece que "se reconoce y garantiza la propiedad", eliminando la palabra derecho en el encabezado del artículo.
Otro de los cambios que propone el consejo que preside la diputada Cilia Flores y del que forman parte otros 6 parlamentarios y varios de los máximos representantes del Poder Judicial y Ciudadano y la procuradora, entre otros, se refiere al establecimiento del Poder Comunal que tendrá rango constitucional, la introducción de la figura de los vicepresidentes en tres instancias: territoriales, sectoriales y por materia, según el artículo 226 de una de las versiones de trabajo. Éstos, no hay número exacto, dependerán directamente del Presidente.
A continuación, las modificaciones hechas a artículos mencionados y otros relacionados con el aumento del número de electores para convocar revocatorios, la eliminación del FEM, la prohibición de paralización de prestación de servicios públicos y restricciones al acceso a la información y tributos.
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