La pregunta no es ociosa. Los verdaderos periodistas - que no sólo la oposición - están claros en la respuesta. Pero algunos entendidos y otros sectores de la población no saben cómo responderla.Se habla de amenazas, se citan casos concretos de agresiones físicas a comunicadores, pero falta unanimidad al sostener - como lo hace la mayoría - que se ha perdido la libertad de expresión en Venezuela.
Otros, como el hotelero margariteño - lo dice Mario Vargas Llosa - y psiquiatra, quien ejerce de vicepresidente, a voz en cuello e irritado dice que hay libertad de expresión como nunca antes: tanto que el juez Garzón habría dicho cuanto quiso y no lo hizo por "un tubito".
El ministro de Propaganda, quien dice ser comunicador social, repite por su parte y hasta el cansancio - como eco de su comandante - que no hay medios cerrados ni clausurados; que lo de RCTV fue un acto legal: no se le renovó la concesión, y punto.
Otro tanto dijo desde Madrid el secretario de la OEA, el inefable Insulza y también el ayudante de cámara de Lula, Marco Aurelio García, sin preguntarse si la ley, al aplicarla como lo hizo el Gobierno venezolano, se ajustó o no a las reglas y la ética de la democracia. El nazismo ejecutó sus crímenes al amparo de las leyes alemanas en vigor, no lo olvidemos.
Obsecuentes diplomáticos, no pocos en procura de dineros para sus gobiernos y ávidos de halagar a los burócratas de la revolución, llegan a Caracas, leen parte de la prensa escrita o escuchan a Globovisión, y se dan por servidos. Afirman que en sus países nadie criticaría tan duramente como aquí lo hacen los opositores.
La confusión, pues, es evidente.
He aquí mi explicación y mi respuesta.
Hay libertad de expresión, sí, porque los derechos y las libertades son inherentes al ser humano, no concesiones o beneficios que otorgue o niegue el Estado. Tenemos libertad de tránsito y de circulación, nadie lo duda, pero el riesgo es alto y la posibilidad de perder la vida a manos de la delincuencia mayor.
Permítaseme, pues, la cita de Domingo Faustino Sarmiento, quien luego de torturado y en viaje de exilio hacia Chile, en 1840, dejó escrita una frase lapidaria bajo el escudo de armas de su patria, la Argentina: "On ne tue point les idées".
Nadie puede matarnos las ideas, como tampoco puede el Gobierno quitarnos la decisión de apagar o no la radio o la televisión las veces que nos venga en gana, así haya cerrado el Canal 2.
Ahora, si se me pregunta lo correcto, sobre si hay o no respeto y si existen o no garantías para el ejercicio de la libertad de expresión e información, tendría que responder, sin titubeos, que no los hay. Así de claro.
Y vayamos a los ejemplos luego de esta petición de principio: Se ejerce con libertad la expresión, no cuando decimos lo que nos venga en gana, sino cuando lo decimos sin inhibiciones, sin apelar a la osadía, sin temor a las represalias, a las ofensas, a las agresiones, a las persecuciones.
Garzón dijo cuanto quiso y lo hizo con respeto; se limitó a repetir principios universales acerca de la democracia y de la libertad de prensa. Nada más. Pero el psiquiatra, el canciller camorrero, la periodista que hace de segunda en la Asamblea y hasta la presidenta del Tribunal Supremo, todos a coro lo insultaron y lo llamaron mercenario. Si se le hubiese ocurrido caminar por el centro de Caracas, a buen seguro que los "camisas rojas" habrían asesinado al juez español.
Hagamos el recuento.
La libertad de pensamiento y expresión perdió su garantía en 1999 cuando se aprobó la Constitución. Quien lea de conjunto sus artículos 3, 102 y 1, en dicho orden y sus contextos, podrá verificar que desde entonces el Estado se arrogó la potestad de desarrollar nuestras personalidades como seres humanos; hizo de la educación un servicio para modelarnos sobre valores constitucionales únicos; y de suyo redujo tales valores a los bolivarianos.
En otras palabras, no hay libertad constitucional para pensar o expresarse pluralmente en Venezuela. No cabe sostener un credo distinto al de la Revolución.
Si volvemos a lo ya ocurrido, hemos de señalar que desde el año 2000, el Presidente, quien debe respetar y garantizar nuestra libertad para expresarnos e informarnos como mejor lo creamos, se dio a la tarea de pedirle al país que no comprase determinados periódicos por enemigos de la Revolución. Ofendió públicamente a los periodistas, con nombre y apellido y a los editores, señalándolos o mostrando las fotos de éstos ante la audiencia y modelando los ánimos del pueblo, para que los linchasen, como así ocurrió en más de una oportunidad.
El gobernador de Miranda, cuando ejerció de ministro del Interior, públicamente llamó a los Círculos Bolivarianos a asaltar las sedes de los medios de comunicación. Y eso sucedió, aquí en Caracas y en el interior, para estupor del país.
Por si fuese poco, sucesivamente, contando con el aplauso del primer mandatario y del entonces presidente de la Asamblea Nacional - hoy ministro de Propaganda - el TSJ dictó la célebre Sentencia 1.013, que interpretó restrictivamente la garantía constitucional de la libertad de expresión y de prensa, y osó decirle a los periodistas cómo deben escribir, cómo deben redactar las noticias. Y completó esta sentencia con otra, la 1942, que validó la criminalización de la opinión.
Más tarde, luego de una amenaza pública proferida por el Presidente, su Asamblea, con fundamento en los paradigmas de las sentencias de marras, aprobó la Ley Mordaza: eufemísticamente llamada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión; y el Estado asumió para sí el control total sobre los espacios públicos: sobre la programación y la disposición horaria de los medios radioeléctricos, censurándolos.
¿O acaso no son interrumpidas a cada momento las transmisiones televisivas para darle paso forzado a la publicidad oficial y militante de la revolución, o a las cadenas, para que la población las escuche porque sí y sin alternativas?
No siendo suficiente lo anterior, la Asamblea, a pedido del Gobierno, reformó la legislación penal para reafirmar las "leyes de desacato"; esas que castigan con la cárcel las críticas y juicios de valor negativos sobre los altos funcionarios del Estado; con lo cual, mediante la intimidación criminal, se trastocó la esencia misma de la democracia, que reside en el escrutinio libre por la opinión de sus gobernantes.
El cierre de RCTV fue, en suma, la guinda puesta sobre la torta.
Es un capítulo más en la cadena de irrespetos y de pérdida de garantías padecida por esa libertad que es columna vertebral de la democracia: la libertad de expresión y de prensa, a la que sirven, entregando vida, libertad e integridad personales, los comunicadores y los trabajadores de los medios.
El Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos es meridiana en cuanto a lo anterior. La libertad de expresión, según ésta, no admite censura - y ésa se practica hoy con la Ley Mordaza - e implica libertad para escoger las vías a través de las cuales nos informamos. Pero el Gobierno cerró el Canal 2.
La Convención también dice que no se puede restringir la expresión indirectamente, mediante controles oficiales o el manejo de las frecuencias radioeléctricas. Y eso pasa en Venezuela, donde, dado el cuadro en cuestión, más que autocensura ya hay un estímulo oficial de la mudez. Así de simple.
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