Cumaná.- A la celeridad para aprobar la reforma de la Constitución Nacional que han manifestado el Gobierno y la Asamblea Nacional, le salió al paso ayer el presidente de Podemos y gobernador de Sucre, Ramón Martínez, quien considera que tal apresuramiento es un atropello al pueblo, de allí que solicitó al presidente Chávez respetar el artículo 343 de la Carta Magna y que el proyecto sea discutido artículo por artículo con todos los sectores del país, incluyendo a la oposición.
En Cumaná, el dirigente ofreció una rueda de prensa para dar su versión en torno a la reforma constitucional y sentenció que Cilia Flores erró cuando dijo que se había aprobado en primera discusión, cuando en realidad lo que se decidió fue su admisión en el seno legislativo.
Explicó que su partido hace un análisis del documento entregado por Chávez y que antes de que finalice el mes de agosto se pronunciará públicamente, al tiempo que ofreció una "sorpresa" para la próxima semana.
Solicitó además a los parlamentarios tener mucho cuidado y exigió que se guarden las leyes establecidas para llevar a cabo esta labor, porque de lo contrario se estaría atentando en contra del llamado socialismo democrático; "por eso es vital preservar la aplicación de los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 343" a lo que agregó que tampoco puede ser aprobada en bloque como ha dicho la presidenta del Parlamento Nacional.
También pidió que "no se le haga trampas al país con esta reforma, porque no puede ser aprobada en un mes, por cuanto el pueblo desconoce su contenido y primero debe informársele y consultársele, ni siquiera el PSUV la conoce", dijo.
Refirió que no entiende el porqué de la prisa y el temor a que sea debatida como lo expresa la Constitución actual. A su juicio, es una reforma "personal" hecha por el mandatario nacional de acuerdo con sus criterios y esa es una de las razones más fuertes, para que sea discutida por toda la población.
Toma
El retardo en la entrega de los recursos derivados del excedente petrolero fue además motivo para que el gobernador de Sucre exigiera respeto para el artículo 167 de la Constitución, el cual establece cuáles son los ingresos de los estados, entre ellos el Situado Constitucional.
Martínez informó que a la Gobernación de Sucre se le adeuda 6,6 billones de bolívares, por excedente de 2006, cifra reconocida incluso por el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, quien se comprometió en enviar una parte, pero aún no llega el dinero a Sucre.
El 5 de septiembre es la fecha límite fijada por Martínez para esperar esos ingresos y ese día tiene planificada lo que llamó "la toma de Caracas". Para tal fin se trasladarán los alcaldes y el pueblo sucrense para protestar ante las oficinas de Min- Finanzas en la capital. "Es una irresponsabilidad dejar sin dinero a las gobernaciones y alcaldías, que son las que deben resolver todos los problemas regionales, y cargar además con males de los organismos nacionales, que nada solventan", sentenció. Dijo que no se moverá de ese despacho hasta que le den "sus reales".
Se preguntó si es que el Gobierno Nacional quiere destruir a las gobernaciones y a las alcaldías y destacó que fueron electos por el pueblo y por eso no pueden estar por debajo de quien no haya sido escogido popularmente. Martínez hizo una exhortación a los 24 gobernadores y a los 335 burgomaestres para que no tengan temor y reclamen los recursos que son propios de los estados y dijo: "De no hacerlo estarían de espaldas a quienes lo eligieron". Reconoció que hay gente en el chavismo que tiene miedo de hablar.
El empleo de fondos públicos en la campaña para la reforma constitucional, la cual, por cierto, aún no se ha iniciado oficialmente, denunció el secretario general de Primero Justicia, Máximo Sánchez, quien ayer acudió al Ministerio Público para solicitarle que investigue a los ministros de Petróleo, Economía Comunal y Comunicación, Rafael Ramírez, Pedro Morejón y Willian Lara, respectivamente.
"Desde el 16 de agosto, el Gobierno tiene una campaña adelantada en toda la prensa nacional y regional, lo cual representa un desequilibrio (...) El Presidente ha puesto todo el aparato del Estado al servicio del Sí", afirmó el dirigente, quien señaló que varios de los anuncios están identificados con los logos de distintos despachos gubernamentales.
"Los funcionarios que permitieron este desvío de recursos deben responder por sus acciones", dijo, al tiempo que recordó que la legislación electoral vigente prohíbe el empleo de fondos públicos para financiar las campañas electorales.
La Misión de la Unión Europea que observó los comicios presidenciales de diciembre pasado cuestionó este tipo de conducta, por considerarla contraria a los estándares internacionales sobre transparencia comicial.
Al menos 6 artículos de la Carta Magna referidos a la descentralización, que no fueron mencionados en la propuesta de reforma, son susceptibles de sufrir modificaciones, luego de que el Presidente propusiera modificar el artículo 158 de manera tal de sustituir la descentralización como política nacional por la participación protagónica, entre otros. Esos artículos son el 84, 157, 165, 269, 272 y 294.
La palabra descentralización aparece de modo explícito en 14 artículos del texto constitucional de 1999 y en 5 de ellos el Presidente propone eliminar dicha palabra. De los otros 9 artículos, que se supone no serán tocados, estos 6 mencionan la descentralización en distintos ámbitos como cárceles, salud y funciones de la Asamblea Nacional, y los otros 3 están contenidos en el preámbulo y en parte de los 9 de los principios fundamentales de la Carta Magna. Estos principios son considerados intocables por el oficialismo para no justificar una Constituyente. Sin embargo fueron, al menos en lo referente a la descentralización, trastocados (y eliminados) en la reforma que plantea el presidente Chávez a los artículos 16, 184, 185, 300 y el mencionado 158. El artículo 4 parte de estos principios fundamentales "intocables", establece que Venezuela es un estado federal descentralizado. La presidenta de la AN, Cilia Flores, ha insistido en que estos principios no serán modificados. Sin embargo, ha reconocido que es probable que modifiquen artículos más allá de los 33 propuestos. La justificación es que otros artículos pueden verse afectados. La presidenta del TSJ, Luisa E. Morales, dijo que sólo deben cambiar los artículos de la propuesta y los que tengan relación directa con estos artículos.
Primero Justicia rechaza las tesis expuestas por la directiva de la Asamblea Nacional, advierte que el artículo 344 de la Constitución "no es sujeto de interpretación sino de aplicación" y ratifica que la propuesta de reforma sí puede ser votada por partes.
El coordinador de asuntos electorales de PJ, Juan Carlos Caldera, declaró que "no tiene sentido mezclar los artículos 342 y 344" de la Carta Magna de 1999. En este último apartado se establece que las modificaciones podrán votarse separadamente, si así lo solicita "un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral".
Caldera exigió al Consejo Nacional Electoral que fije "reglas de juego claras" para la recolección de las firmas. Además, informó que este lunes serán recibidos por la directiva del ente comicial para tratar este asunto.
El vocero de la tolda aurinegra explicó que la iniciativa redactada por Miraflores puede considerarse por partes, sin afectar su espíritu. "El oficialismo plantea que es un solo bloque orgánico e indivisble, pero, si es así, deberían aclarar cuál es la relación entre la reelección indefinida y el cambio de nombre de la Fuerza Armada Nacional, por ejemplo".
A juicio de Caldera, si el chavismo admite que se trata de una modificación integral, imposible de disgregar, entonces ha debido convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para llevarla a cabo.
"Queremos un proyecto en el cual se puedan incluir propuestas, como la posibilidad de que se les dé el título de propiedad a los habitantes de los barrios", concluyó.
La reforma constitucional se votará en bloque, así de simple. Cualquier otra posibilidad está negada, no existe en el vocabulario de la directiva de la Asamblea Nacional.
Aunque Primero Justicia (PJ) solicitó formalmente al Poder Electoral la activación del mecanismo de iniciativa popular establecido en el artículo 344 de la Carta Magna Constitucional para que se proceda a votar separadamente hasta una tercera parte del texto que finalmente resulte aprobado por el Parlamento, la presidenta de la Asamblea Nacional negó que esta posibilidad pueda materializarse.
¿Sus argumentos? Para Flores resulta obvio que los partidos de oposición interpretaron erróneamente el contenido del artículo 344 que "claramente" establece que la redacción de la pregunta corresponde en primer lugar al proponente de la reforma -en este caso al Presidente- y en última instancia a los parlamentarios, que son los responsables de aprobar el proyecto.
El artículo de la discordia establece: "(...) El referendo se pronunciará en conjunto sobre la Reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el presidente o presidenta de la República o un número no menor de 5% de los electores inscritos en el Registro Electoral".
Flores -acompañada por Desiré Santos Amaral y Roberto Hernández- explicó que en esta ocasión los electores no pueden solicitar que un tercio de la reforma se vote por separado porque no fueron los promotores de los cambios.
No obstante, aseguró que en caso de que los rectores decidan que en el referendo debe votarse por separado un tercio de los 33 artículos, acatarán, pero no compartirán la decisión.
La presidenta del Parlamento rechazó la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la interpretación del artículo 344, porque, desde su perspectiva, es muy claro que los ciudadanos no poseen la iniciativa de la reforma.
Después de reunirse con los rectores del CNE, Flores explicó que el proyecto de reforma puede aprobarse en tercera discusión durante la primera semana del mes de noviembre. A partir de este momento comenzará a correr el lapso de 30 días para que el organismo comicial realice el referendo aprobatorio.
Fuentes ligadas a la sesión del CNE aseguran que las fechas tentativas para la celebración del referendo son los domingos 1, 9 y 16 de diciembre. En esta quiniela, el segundo domingo de diciembre es la fecha que gana más simpatías técnicas y políticas para realización de la consulta popular.
Sólo los nueve primeros artículos de la Carta Magna, que establecen los principios fundamentales de la Constitución no serán tocados por los diputados, Adicionalmente a los 33 artículos que el Presidente aspira reformar, los 308 artículos restantes serán evaluados, y probablemente sufran modificaciones de forma.
Flores citó como ejemplo el caso de la Fuerza Armada Nacional. "Tenemos que revisar en todos los artículos en que se refiera a FAN y debemos hacer la modificación de forma a Fuerza Armada Bolivariana"
La directiva del parlamento declinó evaluar las afirmaciones del Presidente de la República referidas a la ilegitimidad de funcionarios elegidos con menos de 30% de participación (la AN fue escogida con 71% de abstención) "Lo que se está discutiendo es la reforma, no otra cosa", sentenció la presidenta del Parlamento.
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