La consagración constitucional de la Milicia Nacional o del principio del pueblo en armas como máximo elemento de resistencia implica un cambio en la estructura militar: se suma un quinto componente en la Fuerza Armada Nacional y cambia el esquema de defensa y seguridad de la Nación, pero también genera un impacto en la vida civil. Conceptos como ciudadano-soldado o combatiente se reforzarán en la realidad.
De acuerdo a Rocío San Miguel, especialista en Derecho y Políticas Internacionales, el gobierno venezolano violaría no menos de una veintena de tratados que garantizan el "principio de la distinción" al pretender "uniformar" a buena parte de la población. Este principio prohíbe atacar o poner en riesgo a la población civil.
La presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa explica que desde el mismo momento en que un civil recibe entrenamiento para la guerra y toma un arma, se convierte en objetivo militar y por ende pierde toda la protección consagrada en el derecho humanitario internacional para la población civil en situación de conflicto armado.
"Si lo apresan, por ejemplo, pasa a ser un prisionero de guerra", dice San Miguel, quien en un artículo sobre el tema advirtió que "la militarización del pueblo como forma burocrática de controlar al país es una peligrosa iniciativa que pretende convertir a cada uno de los nosotros, los venezolanos, en objetivo militar"
Precisa que desde el año 1956, "paradójicamente" durante el gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez, Venezuela se adhirió a los convenios de Ginebra de 1949 y con ello se comprometió a garantizar el "principio de distinción". "Las personas civiles tenemos derecho a no ser consideradas combatientes y por ende a ser respetadas y protegidas, a la hora de un conflicto armado sea de carácter internacional o no", alerta, para luego recordar el sueño ya confeso del presidente Chávez de lograr que todos los venezolanos "tengan un fusil para defender la Patria".
A su juicio, la creación de la Milicia, vía reforma de la Constitución Nacional, es la concreción de un "proceso premeditado" que viene desde el año 1999, en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente, con la inclusión en la Carta Magna del actual contenido del artículo 326: "la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil".
Para Franco Munini, autor del artículo Pueblo en armas, ciudadano consolidado publicado en la revista ÁmbitoCívico-Militar, habría que "examinar muy bien el momento histórico en el que fue escrito el Convenio de Ginebra y ver hasta qué punto puede extenderse su contenido en la actualidad, pues las condiciones pueden ser totalmente diferentes".
Advierte que en los "países avanzados" el servicio militar es obligatorio y la población civil lo asume como "una fase de la vida, donde le enseñan el deber que tiene para con la nación". Partiendo de ello, plantea la necesidad que existe de hacerle entender al ciudadano que "su rol va más allá de ejercer el voto cada seis años y de pagar los impuestos". "El criterio del ciudadano-soldado, partícipe de los procesos de defensa, toma un aspecto más amplio", acota.
Considera que "la visión de sociedad estratificada en gobierno/fuerzas armadas/población civil debe ser sustituida por una percepción de pertinencia y pertinencia colectiva, donde las pasiones políticas y apetitos personales sean superados por un sentimiento de soberanía irrenunciable".
Insta a la opinión pública a visualizar a la Milicia más allá del rol que tendrá en un conflicto armado y adelanta que pudiera generar un impacto positivo en la contraloría social.
"Dado que no estamos en situación de guerra, es lógico que el componente Milicia Nacional, el ciudadano-soldado, tenga que enfocarse en la atención de los problemas que nos afectan en tiempos de paz, que puedan dañar severamente la construcción del Estado, como la corrupción, la delincuencia, la construcción de un sistema de valores que desplace los antivalores hedonistas y capitalistas", ejemplifica Munini, quien al final de su artículo señala que la meta "es sencilla de definir: un ejército de 26 millones de venezolanos leales y dispuestos a la entrega total, al servicio de la defensa y del bienestar colectivo".
Universitarios se declaran en campaña contra la reforma
Después de tres días, con sus noches, de liberaciones la dirigencia del Parlamento Nacional de Jóvenes y Estudiantes formalizó su postura ante la propuesta de reforma constitucional.
El coordinador de la instancia, Stalin González, leyó: "La propuesta presidencial viola de manera evidente los derechos civiles y humanos de los venezolanos sin permitir la reconciliación nacional".
"¡Quiénes somos? ¡Estudiantes! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Fue el cántico con el que decenas de estudiantes aclamaron la declaración de González bajo el picante sol que bañó la plaza Brión de Chacaíto.
Conscientes del marasmo de los partidos políticos y la atomización de la oposición, otra tarea será amalgamar a todos los sectores para unificar el trabajo. El tiempo es oro, así que el martes en cada capital de estado se celebrarán reuniones entre estudiantes y las fuerzas vivas: clero, gremios, organizaciones civiles y partidos. El miércoles se convocarán asambleas para iniciar el debate sobre el contenido de la reforma. Los días posteriores se dedicarán a debatir con el mayor número posible de ciudadanos.
"Patearemos la calle al frente del pueblo, junto a todos los sectores del país", agregó el dirigente Yon Goicoechea.
Para confirmar la expresión, su colega, el secretario general de la FCU de la UCV, Ricardo Sánchez, anunció: "El Parlamento se declara en conflicto y en sesión permanente".
Para ir entusiasmando al colectivo, los asistentes gritaban: "¡Pueblo, escucha, únete a la lucha!" Con ese respaldo, Stalin tomó impulso para abordar el tema más escabroso: el electoral.
"...Hay ciertas dudas sobre el sistema electoral y sobre el Consejo Nacional Electoral, en ese sentido se decidió exigir una reunión con las autoridades para exigir que se garanticen todos los derechos electorales", declaró el vocero.
La garantías en cuestión son: acceso a toda la información electoral: REP, sistema de votación y funcionamiento del Plan República, entre otras.
El eterno dilema de la oposición, ir a votar o no, será un punto a tratar posteriormente. Aun así, varios de los presentes expresaron su rechazo de ir a sufragar. El ánimo abstencionista, al parecer, está muy vivo.
"Eso es parte del debate, no queremos apresurar ninguna discusión. Hay diversidad de opiniones. El debate será la salida", zanjó González.
No obstante, su colega Goicoehea, advirtió, que sin emitir juicio de valor sobre el sistema electoral. "No llevaremos al pueblo al degolladero. No se repetirán los errores del pasado. Queremos elegir de forma democrática. Que se respeten nuestros derechos electorales".
Otro objetivo de los estudiantes serán los organismos internacionales. Un primer paso es solicitar una reunión con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para exponer la violaciones sobre los derechos civiles y políticos que entraña la reforma.
Al oficialismo no le gusta invitar a quien no es rojo, sino que lo digan William Ojeda y Carlos Ocariz, pero si les gusta ir a los actos de los demás. En Chacaíto no fue distinto, y un grupo de estudiantes revolucionarios, después de amagar con un sabotaje, tuvieron su derecho de palabra.
Carlos Mogollón defendió la reforma porque promueve la democracia y el socialismo, y exhortó a los presidentes de las televisoras VTV y Globovisión a que cedan espacios para que los estudiantes defiendan sus posturas sobre la propuesta presidencial.
Después de Mogollón, más de una decena de ciudadanos expresaron su opinión. Igual lo hizo el diputado Ismael García, quien reiteró la necesidad de que todo el país debata.
"No se pueden imponer lapsos. No es cuestión de estar contra Chávez. Se trata de la carta de navegación del país. Hay que fotocopiar la propuesta y discutirla críticamente", aconsejó.
El alcalde de Chacao, Leopoldo López, alertó que no se trata de oponerse simplemente, sino de ofrecer una alternativa, en su caso; la democracia social. Llamó a la organización política en la calle. "Si es posible frenar la reforma".
Carlos Ocariz, por su parte, invitó a ir a los barrios, y a no perder el optimismo en la lucha política.
Díaz sugiere eliminar término "socialista"
El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, considera que la inclusión del término "socialista" en el proyecto de reforma constitucional afecta el principio fundamental de pluralidad contenido en la Carta Magna.
Díaz entregó ayer a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que analiza la propuesta un documento con sugerencias a 26 de los 33 artículos que el presidente, Hugo Chávez, pretende modificar. El árbitro considera que la palabra "socialista" debe cambiarse por "humanista" para mantener "el pluralismo establecido en los principios fundamentales" del texto de 1999.
"Si se altera la pluralidad estaríamos en presencia de un impedimento para hacer una reforma", advirtió el jefe de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE.
Agregó que la figura del Poder Popular, planteada por Chávez, "no está recogida en ningún título o capítulo de la Constitución". Por tal motivo, a su juicio, "habría que crear un capítulo para el Poder Popular", lo que podría interpretarse como un cambio en la columna vertebral de la norma.
Modificar la estructura y los principios fundamentales de la Carta Magna obliga a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
De vuelta al TSJEl árbitro anunció que en los próximos días introducirá en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación sobre el artículo 344 del texto de 1999.
Díaz sostiene que 5% de los ciudadanos puede activar la votación por separado de la propuesta. Además, recordó que basta con que 56 de los 167 diputados apoyen este tipo de consulta para evitar que todo el proyecto de reforma sea evaluado como un bloque.
Luego de exponer sus ideas ante la Comisión Mixta, el funcionario destacó que "cada diputado es consciente del papel histórico que le corresponde en este momento y del impacto que tendrá esta reforma en la vida de los venezolanos".
Menos discrecionalidadAunque fue rechazada por los integrantes del Bloque Socialista Unido, las propuestas de Díaz confieren mayor influencia al Parlamento sobre las decisiones del mandatario nacional.
En el caso de los artículos relacionados con la Fuerza Armada Nacional, el rector solicita que se prohíba a los uniformados tener militancia política. En su opinión, para los ascensos "el Alto Mando debe proponer al Presidente una terna por cada cargo de oficial y, cuando se trate de altos oficiales, esa selección debe ser ratificada por el Poder Legislativo".
El directivo del ente comicial cree que la AN debe aprobar la conformación de las provincias federales e, inclusive, ratificar la designación de los eventuales vicepresidentes.
En el apartado sobre la propiedad privada, Díaz indicó que debe garantizarse en el proyecto de reforma el usufructo y disposición de los bienes tangibles e intangibles.
Misión y fondoEl árbitro entiende que Chávez se quedó corto en sus propuestas sociales. "Propongo que todas las personas que reciben una remuneración por las misiones perciban salario mínimo y gocen de prestaciones sociales", puntualizó.
Díaz se refirió al fondo de estabilidad social para trabajadores por cuenta propia, que aparece en al artículo 87 de la iniciativa de Miraflores, y abogó por brindarle ese beneficio a las amas de casa, las personas en situación de discapacidad y la población indígena.
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