El partido Copei demandó la paralización del proceso de reforma constitucional que lleva adelante la Asamblea Nacional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (TSJ), bajo el argumento de que el Parlamento incurrió en una omisión de sus funciones al no desechar algunos cambios que, según la tolda verde, vulneran principios fundamentales de la Carta Magna.
El miembro de la dirección nacional de la organización democratacristiana Rafael Contreras Millán, explicó: "La Asamblea no dictó las medidas necesarias para impedir el incumplimiento de la norma fundamental. La Asamblea al recibir el proyecto de reforma ha debido observar que el mismo contenía una cantidad de normas jurídicas que iban en contra de principios fundamentales y eliminaban derechos".
Por último, anunció que solicitó la inhibición de la presidenta del TSJ, en vista de que participó en la Comisión que revisó la Constitución. JFA
Permitir la activación del mecanismo establecido en el artículo 344 de la Constitución, el cual establece que el proyecto de reforma constitucional puede votarse por separado hasta un tercio, solicitó el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, al Tribunal Supremo (TSJ).
"El máximo juzgado debe decirnos a todos, tanto al Poder Electoral como al resto de los poderes y sobre todo a los ciudadanos, como es la correcta interpretación de ese artículo, que, a mi juicio, permite a 5% de los votantes (800 mil personas) para separar las preguntas del referendo y de esa manera escoger si quieren comerse la hallaca (la reforma) completa o si prefieren comérsela sin cebolla o sin pasa", afirmó el funcionario luego de consignar un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional.
Díaz, quien se reunió con la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, se mostró confiado en que el ente rector del Poder Judicial emitirá un pronunciamiento antes de que se celebre la consulta popular en la que deberá aprobarse la propuesta de modificación al texto fundamental.
"Ella entiende la importancia del caso y va a hacer todo el esfuerzo necesario para que esto se resuelva, aún cuando los lapsos procesales no están establecidos", concluyó.
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El Parlamento Estudiantil y la asociación Liderazgo y Visión presentaron el "Examen popular a la propuesta de reforma constitucional", cuestionario con el que invitan a reflexionar sobre el proyecto de cambios constitucionales y cómo estos afectarán la vida del ciudadano.
El parlamentario Rafael Rojas expresó su preocupación en torno a cómo se está discutiendo la propuesta. "Se le está dando un trato de plebiscito, se le dice a la gente estás con Chávez o estás contra Chávez", indicó el estudiante.
El instrumento cuenta con 10 preguntas, que pueden ser respondidas con un sí o un no. En ellas se incluyen los artículos referentes a la reelección indefinida, el poder popular, la geometría del poder, la formación de milicias, el derecho a la propiedad privada y los beneficios laborales, entre otros.
Rojas recordó que las encuestas reflejan que sólo 11% de los venezolanos sabe de qué se trata la reforma y por ello trabajan para darla a conocer.
Los jóvenes solicitaron más tiempo para discutir los cambios planteados y que la propuesta sea votada por temas y no en bloque, tal como se ha estipulado. Rojas dijo: "No se trata de una carrera electoral, sino de concientizar a la población".
Un grupo de estudiantes se reunió en la plaza de Candelaria para debatir sobre las modificaciones planteadas al texto fundamental.
Al evento asistieron el estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello Yon Goicoechea, el presidente de Instituto Metropolitano de la Juventud, Nahum Fernández, y el estudiante de la Universidad Central de Venezuela Alejandro Rojas.
Mientras que Fernández propuso "expropiar" la UCAB para que los habitantes de Antímano puedan estudiar en sus instalaciones, Goicoechea se mostró en desacuerdo con la aprobación de la reelección indefinida. Finalmente se retiró de la discusión cuando se dio un derecho de palabra a Robert Serra, quien forma parte de la Comisión Presidencial Estudiantil, pues Goicoechea consideró que con ello se negaba la oportunidad de intervenir a estudiantes de otras tendencias. Esta situación produjo un intercambio de palabras entre los presentes.
La asamblea concluyó con un contrapunteo de consignas entre los estudiantes de cada postura.
Con información de Rebeca Fernández
Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, avaló la manera en que el presidente de Venezuela Hugo Chávez planteó la reforma constitucional, al considerar que se trata de una iniciativa legítima.
En una comparecencia en el Senado (Cámara alta), el jefe de la diplomacia española recordó que la oposición en Venezuela renunció a estar en la Asamblea Nacional al boicotear las elecciones de diciembre de 2005, informó DPA.
"En Venezuela hay una democracia", dijo Moratinos, para enfatizar que "Chávez ha sido elegido democráticamente y si tiene un Parlamento monocolor es porque la oposición o los grupos políticos boicotearon unas elecciones", decisión que el ministro consideró un "error".
De haber participado en esos comicios, agregó, la oposición podría ahora "enmendar, cambiar, participar, dialogar" en el debate de la reforma constitucional con la que Hugo Chávez busca establecer el socialismo en Venezuela.
"Prefirieron el boicot a unas elecciones y eso hace ahora mucho más libre el que el partido representado en el Parlamento venezolano presente sus reformas de la manera que considere oportuna", abundó Moratinos, sin entrar a comentar el contenido de las mismas.
En junio pasado Chávez dijo que le "daba tristeza" el Gobierno socialista de España, al que acusó de "faltarle el respeto" por sus críticas relacionadas con el caso de RCTV.
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La controversia entre el Poder Electoral y el Poder Legislativo está servida. Mientras el cronograma de trabajo del Parlamento sugiere que el referendo para aprobar la reforma constitucional debe realizarse el 9 de diciembre, los técnicos del CNE sostienen que la fecha ideal para la consulta popular es el 2 de diciembre.
Ayer, la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sandra Oblitas, ratificó que la propuesta del organismo comicial es que el referendo sea convocado para el primer domingo del mes de diciembre.
Oblitas también explicó que la fecha tope para que los venezolanos se inscriban en el Registro Electoral podría ser pospuesta cinco días, colocando como fecha de corte del padrón el 7 de octubre.
A la fecha están habilitados para sufragar 15.930.608 personas; lo que sugiere -según la proyección poblacional del INE- que 800 mil personas continúan sin inscribirse en el Registro Electoral.
El proyecto de normas para el referendo del mes de diciembre incluye sanciones de hasta 200 Unidades Tributarias (7.526.400 bolívares) para las personas naturales o jurídicas que incumplan las normas de campañas a través de los mensajes de texto de los celulares.
La sanción se incrementará hasta 500 UT (18.816.000 bolívares) si el infractor es un funcionario público, que en ejercicio de sus funciones realice actividades proselitistas.
A la par se incluyen sanciones entre mil y 3 mil UT (3.763.2000 bolívares a 11.2896.000 bolívares) para los medios que adelanten los resultados del referendo sin la aprobación del CNE.
Entre las novedades de las normas destaca el artículo 70, en donde se exige a los medios otorgar una cobertura completa y balanceada "observando un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo, espacio y la jerarquización de las informaciones relativas" a la campaña del referendo.
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