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El ex candidato presidencial y lider de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, se reunió con 13 embajadores de la Unión Europea, para presentar sus observaciones en torno a las modificaciones propuestas por el presidente de la República al texto constitucional.
Rosales calificó la reforma como un "zarpazo al sistema político venezolano" y agregó que la misma "viola la propia Constitución, porque modifica elementos fundamentales y porque además, afecta valores como la democracia, los derechos humanos, la autonomía de los poderes, la propiedad privada, la actuación de la Fuerza Armada Nacional y en lo económico, la pérdida de la autonomía por parte del Banco Central de Venezuela".
El encuentro, realizado en la embajada de Portugal, es el primero de una serie de reuniones a realizarse, con la finalidad de difundir el alcance y las consecuencias de la aprobación de la propuesta presidencial.
El dirigente opositor aseguró que los diplomáticos "están impactados como lo están otros sectores del país, porque cuando se analiza la letra pequeña de lo que es la reforma constitucional, y se establece una evaluación, la conclusión es que es un gran disfraz que oculta su verdadero sentido: la reelección indefinida del Presidente y el control de todos los poderes".
También, criticó que se pretenda instaurar en el país un Estado socialista, pues esto resultaría en la exclusión de una parte de la población. "El nuevo modelo no permitirá ni siquiera la diversidad en cuanto a lo político, el que no sea socialista estará excluido y estará violando la Constitución", advirtió.
Rosales anunció que pretende organizar reuniones similares con representantes de otros países, porque la aprobación de la propuesta afectará a las colonias extranjeras que se encuentran en el país.
El gobernador hizo un llamado a los venezolanos para que se organicen, estudien a fondo el proyecto y participen en todo las actividades de discusión programadas. "Aquí no hay plan B, no hay salidas mágicas, las salidas tenemos que construirlas los venezolanos", sentenció.
El Universal
Grupo 400+ reclama a OEA que actúe ante cambio constitucional
Una carta en la que detallan supuestos visos antidemocráticos y autoritarios del proyecto de reforma constitucional propuesto por el presidente de la República Hugo Chávez Frías, envió el Grupo 400+ al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y a los embajadores de los países miembros.
"Los venezolanos que aspiramos a vivir en libertad y en democracia reclamamos que usted, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus estados miembros no eludan su responsabilidad de actuar ante esta nueva violación de la Carta Democrática Interamericana por parte del régimen del teniente coronel Chávez", dice la misiva dirigida a Insulza.
Asegura el referido grupo -compuesto por más de 400 personalidades de la sociedad civil venezolana- que la propuesta de reforma "persigue eliminar la democracia representativa como sistema político y concentrar todo el poder del Estado en el presidente de la República bajo un régimen totalitario militarista".
Señala que la modificación, "asigna a la Fuerza Armada funciones que desbordan su papel de preservar la soberanía territorial para convertirla en un instrumento de represión contra la disidencia".
Además, el G400+ opina, que en el proyecto se modifica la base de la soberanía popular al sustituir al electorado, como titular de la misma, por los consejos o asambleas de un "poder popular" que "no nace del sufragio ni de elección alguna".
Resalta el grupo que no hay garantías de transparencia en los procesos electorales, lo que se evidenciaría en que el Consejo Nacional Electoral no ha implementado ninguna de las recomendaciones formuladas por las misiones de observación electoral de la OEA ni de la Unión Europea.
El grupo de 400+ está coordinado por los embajadores Milos Alcalay, Diego Arria y Adolfo Taylhardat y la licenciada Iruña Urruticoechea.
No es la vía
La propuesta de reforma constitucional implica un cambio absoluto del modelo de Estado contenido en la Constitución de 1999. La misma altera normas que contienen y desarrollan principios fundamentales en materia de derechos ciudadanos. Además cambia sustancialmente las competencias del Poder Público y además crea una nueva estructura político-territorial que atenaza por arriba y por abajo a las instituciones tradicionales que componen el Poder Público a nivel regional, como son los municipios y las gobernaciones. El propio Presidente en sus largos discursos se ha empeñado en decir que se trata de un cambio profundo y se refiere a la "roja rojita" como una nueva Constitución; de hecho esa ha sido la justificación para afanarse en la votación en bloque pues a su decir se trata de una propuesta que es "integral", no parcial.
Basta mencionar aquí para mayor abundamiento que la propuesta de reforma, entre otras cosas y en líneas gruesas: amplía el mandato presidencial; permite la reelección consecutiva; otorga nuevas facultades al Presidente incluso erigiéndolo en coordinador de los otros poderes públicos; elimina la posibilidad de ejercer la libertad económica fuera de los límites del modelo socialista; elimina el deber de fomentar la iniciativa privada; diversifica la propiedad haciendo menguar la privada; elimina la autonomía del Banco Central y entrega el control de las reservas al Poder Ejecutivo; altera el reparto del situado constitucional; modifica el ejercicio del Poder Popular, su origen y formas de expresión; crea nuevas entidades territoriales; sustrae competencias funcionales a gobernadores y alcaldes; y algo muy importante que hasta ahora no se ha destacado con la intensidad debida, amplía las vías para limitar la "libertad de trabajo", la cual según el artículo 87 de la Constitución vigente sólo puede limitarse por ley. Semejante magnitud en los cambios hace forzoso concluir que la propuesta de reforma es claramente contraria a lo establecido en el artículo 342 del propio texto constitucional según el cual las reformas tienen por objeto una revisión parcial de la Constitución.
En consecuencia la propuesta de un nuevo Estado en lo político, territorial y económico ameritaría un Asamblea Nacional Constituyente y así debería resolverlo el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional.
Juan M. Raffalli A.El Universal
jmrhab@yahoo.com
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