Las organizaciones políticas Acción Democrática (AD), Alianza al Bravo Pueblo (ABP), Comando Nacional de la Resistencia (CNR), Bandera Roja (BR) y Alianza Popular (AP) se unieron para convocar una "gran concentración contra la reforma constitucional, el próximo 3 de noviembre en la avenida Victoria, de la urbanización Las Acacias.
En rueda de prensa los dirigentes de las organizaciones expusieron las razones que les llevan a unirse en contra de la iniciativa de cambio constitucional.
Antonio Ledezma, presidente de ABP, instó a los venezolanos a oponerse a un proyecto que pone en riesgo la democracia venezolana y a luchar en la calle para impedir la realización del referendo sobre la reforma.
Por su parte Hermann Escarrá, abogado constitucionalista y dirigente del CNR, recalcó la ilegalidad de la propuesta que presentó el jefe de Estado, así como de los artículos y disposiciones incluidos por el Parlamento.
El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, llamó a impedir "el atropello" de la reforma. Informó que la tolda blanca apoyará todas las manifestaciones que se realicen contra la reforma.
"Candelita que se apague, candelita que se aviva": con esta frase el secretario general de Bandera Roja llamó a los venezolanos a mantener la lucha en las calles a pesar del esfuerzo del Gobierno para acallar el rechazo popular a la reforma.
El Universal
Exigen que se debata cambio del artículo 109
Valencia.- Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), considera una acción ilegítima que la AN pretenda modificar el artículo 109 de la Constitución Nacional sin consultar previamente a los universitarios del país, en virtud de que dicha reforma incorpora cambios sustanciales en la conformación del claustro de los centros de educación superior del país.
La académica refirió que dicha modificación compete a la Ley de Universidades o al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, razón por la cual cualquier cambio debe ser discutido internamente en las universidades nacionales.
Ramírez señaló que cualquier modificación que se haga a la Carta Magna que incluya a las universidades autónomas, y específicamente el cambio en la conformación del claustro y la forma de elección de las autoridades universitarias, debe hacerse bajo una discusión abierta en el ámbito universitario con la participación de toda su comunidad.
"Tenemos que salir a la calle a defender el Estado venezolano, al pueblo, sus derechos, la autonomía universitaria y a defender la universidad, la institucionalidad que tenemos que exigirle a cualquier gobierno para que se dé la libertad de cátedra, la libertad de opinión y que haya democracia".
AN aprobó esta madrugada el texto de reforma constitucional
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Al grito de "No volverán", la plenaria de la Asamblea Nacional, con el voto salvado de Podemos, ratificó la eliminación del derecho a la información durante los estados de excepción.
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, justificó la modificación del artículo 337 de la Constitución argumentando que "esta es la garantía de que más nunca habrá un sector que, utilizando los medios de comunicación social, atente contra la democracia y el pueblo venezolanos".
La norma vigente apunta que en caso de que el Presidente declare un estado de excepción "podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".
La propuesta redactada por la Comisión Mixta de la AN suprimía los derechos a la información y al debido proceso. Ayer, atendiendo una solicitud de Flores, el artículo 337 sufrió otra variación y ahora, en lugar del derecho al debido proceso, se incluirá "el derecho a la defensa, a la integridad personal, a ser juzgados por sus jueces naturales y a no ser condenados a penas que excedan los 30 años".
Seguidamente fue aprobado con modificaciones presentadas por el diputado Carlos Medina (PSUV) el 338, referido a la potestad del Gobierno para decretar estados de alerta, emergencia, emergencia económica y conmoción interior o exterior. Del texto constitucional vigente queda suprimida la temporalidad, ya que para cada caso la situación excepcional durará "mientras se mantengan las causas que la motivaron".
El 339 prevé que el decreto relativo al estado de excepción sólo será presentado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su ratificación, suprimiendo el requisito de que también pase por la Sala Constitucional del TSJ, tal como lo dicta la Carta Magna de 1999. De ella también queda eliminado el que dicho decreto cumpla con "las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El artículo 341 aprobado anoche eleva de 15 a 20% el porcentaje de electores necesarios para tramitar una enmienda a la Constitución por iniciativa popular, mientras que en el 341 el porcentaje de electores para el caso de una reforma queda incrementado de 15 a 25%.
En lo que respecta a la iniciativa popular para que una Asamblea Constituyente pueda ser convocada, ahora será mayor el porcentaje de electores necesario para que dicho procedimiento prospere: 30% (el doble de lo que exigía la Constitución de 1999).
En el curso del debate fue incorporado como artículo nuevo el 152, referido a las relaciones internacionales de la República, que "deberá orientarse hacia la conformación de un mundo pluripolar, libre de la hegemonía de cualquier centro de poder imperialista o colonialista".
Al cierre de esta edición, la AN debatía el artículo 153 y aún le quedaban por considerar las disposiciones transitorias.
CNE aprobó normas del referendo y garantías electorales
Las normas del referendo constitucional están listas. Después de una maratónica sesión de seis horas -que culminó al filo de la medianoche del miércoles- los rectores electorales acabaron con la diatriba sobre el equilibrio de la campaña y decidieron que el CNE sea el encargado de contratar las pautas publicitarias en radio, prensa y televisión, para después distribuirlas equitativamente entre los promotores del No y del Sí. Además, cederán el espacio que la Ley Resorte otorga al Poder Electoral para que se realice la campaña del referendo.
El rector Vicente Díaz explicó que no será necesario solicitar un crédito adicional para financiar el costo de los espacios. Aunque acotó que la Dirección de Relaciones e Información del organismo trabaja en los presupuestos que pueden emplearse, no descartó que exista un tope de gasto de 18 millardos de bolívares por bloque; tomando en consideración que esta fue la inversión que realizaron los candidatos presidenciales Hugo Chávez y Manuel Rosales para financiar sus campañas.
Los promotores del Sí y del No sólo podrán contratar libremente los espacios publicitarios cuando las pautas de propaganda en radio, prensa y televisión correspondan a medios regionales.
Los rectores también prohibirán que las personas naturales o jurídicas que no se inscriban en alguno de los dos bloques de la reforma puedan realizar actividades proselitistas.
Esta disposición no incluye al presidente de la República ni a los parlamentarios integrantes de la Asamblea Nacional, porque la mayoría de los rectores considera que al ser proponentes de la reforma constitucional no puede ser limitada la difusión que realicen de la propuesta de reforma.
La auditoría a la tinta indeleble -solicitada por la oposición- es un hecho; además, los rectores electorales aprobaron limitar la actuación de los efectivos del Plan República. Aunque los partidos de oposición exigieron que los militares fueran excluidos de los centros de votación, la resolución final del CNE incluye sólo limitaciones a la actuación del Plan República en las mesas de votación.
Como sucedió en la elección presidencial del año 2006, se aprobó que la auditoría de cierre -revisión posterior al acto de votación- sea efectuada en 53% de las mesas.
A partir de hoy el CNE se abocará -junto a la Cancillería venezolana- a invitar a las misiones de observación internacional de la OEA y Unión Eu- ropea, así como a los presidentes de los tribunales electorales del continente, para que participen como veedores de la consulta popular prevista para el domingo 2 de diciembre.
Sobre los debates televisivos, la rectora Sandra Oblitas precisó que la idea es que sean transmitidos por todos los canales. La producción de estos programas recaerá en el CNE.
El UniversalConstitución de valor cero
La eventual aprobación del cambio de constitución propuesto por Hugo Chávez, por una vía, la de la reforma, que no corresponde a lo previsto en la Constitución del 99 para cambios de la magnitud que se quieren introducir. Un cambio de constitución obtenido contra la voluntad de una parte sustancial, probablemente mayoritaria, de la sociedad, logrando el Gobierno una mayoría precaria en el referéndum gracias a la división de esa mayoría opositora o gracias a que ésta no pudo organizarse debidamente. Un cambio constitucional que incluye cláusulas que, al imponer al Estado una sola orientación doctrinaria, la socialista, deja al margen de la constitución a todas las otras corrientes; cambio ese que ni siquiera una asamblea constituyente podría aprobar sin violar normas jurídicas universales relativas a los Derechos Humanos. Un cambio profundo de la constitución obtenido en condiciones de baja o nula información por parte de gruesos sectores de la población y desde luego en ausencia de algo que se parezca a un debate público de posiciones. Un cambio de fondo de la constitución obtenido en un referéndum al cual podrían concurrir proporciones del electorado inferiores a los requeridos en los referéndums para aprobar o derogar leyes ordinarias. Todo ello, y otras cosas que podrían añadirse, configura todo un prontuario que hace que la constitución aprobada en esas condiciones y el orden político sobre ella fundamentado, resulten ilegítimos y constitutivos de una situación de facto, carente de toda legitimidad y valor normativo. Las violaciones materiales de todo criterios constitucional son de tal monta, que la situación resultante es sustantivamente inadmisible.
Condiciones reales
De esto no puede sacarse ninguna conclusión concreta. Se trata simplemente de constatar un nuevo y fundamental dato de la situación política que se configuraría en caso de que los cambios de la constitución propuestos por Chávez se implanten en circunstancias como las enumeradas. Son las condiciones reales de la lucha política las que van dictando las pautas a seguir, en una situación de la que está ausente el valor normativo y legitimador que toda constitución válida otorga al orden político que sobre ella se sustenta.
Ilustrando
Un ejemplo histórico puede ayudar a ilustrar la situación. El régimen político perezjimenista y su constitución de 1953 eran considerados ilegítimos por todos los partidos del país. Sin embargo, ante el hecho de que esa constitución prescribía elecciones para principios de 1958, esos partidos se aprestaban a concurrir a ellas, posiblemente bajo la candidatura unitaria de Rafael Caldera. Era la jugada que consideraban correcta, aunque ella tuviera lugar gracias a una constitución que se consideraba ilegítima. Todo eso cambió cuando Pérez Jiménez decidió realizar el plebiscito de diciembre del 57, contra lo establecido por su propia constitución. El nombre del juego cambió y se produjeron los levantamientos militares y civiles de finales del 57 y enero del 58. El caso es que para las fuerzas opositoras la constitución del 53 no era un factor de legitimidad del régimen perezjimenista, era simplemente, junto con otros, un elemento de la situación que, al brindar oportunidad de realizar determinadas acciones, había que usar de la forma que más conviniera. La situación era completamente fáctica: circunstancias de hecho que recomendaban hacer esto o lo otro. Pues bien, así será la situación que a los efectos de los venezolanos se configurará de obtener los cambios propuestos por Chávez una mayoría de sufragios en la votación que se convoque. Una situación de hecho de la que formará parte, ya se vería con cuál relevancia fáctica, un papel que llamarán constitución del 2007.
La votación
Quienes rechazan el cambio de constitución propuesto por Chávez están haciendo los mejores esfuerzos para difundir y explicar lo grave de ese cambio. Al momento de escribir este artículo, no me es posible predecir la situación política que esos esfuerzos producirán en el tiempo que falta para la realización del inconstitucional referéndum al que el país aparentemente se encamina. Pero en caso de que no logren ellos impedir que esa elección tenga lugar o que en ella la mayoría de los votos sean por el sí, la estrategia política que luego de ello se discuta o elabore tiene que incluir entre sus datos básicos el que se está ante una situación carente de legitimidad y en la cual el valor normativo de la "nueva" "constitución" es cero.
Diego Bautista Urbaneja
El Universal
dbu@etheron.net
reforma constitucional
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