El Colegio Nacional de Periodistas cuestionó la modificación del artículo 337 propuesta en la reforma por considerar que la eliminación del derecho a la información "violenta el derecho del pueblo a estar debidamente informado".
"Al eliminar caprichosamente y partidistamente el derecho a la información de la Constitución, se coloca al ciudadano en un estado de total indefensión informativa, al negarle el derecho fundamental a estar informado, como establece la actual Carta Magna", dice Levy Benshimol, presidente del CNP.
Indica que "ciudadanos y profesionales de la comunicación, rechazan por principio la eliminación del derecho a la información, en los estados de excepción (...), ya que la exclusión de este derecho promoverá la autocensura y determinará la censura previa de los medios de comunicación social. Serán los gobernantes de turno quienes impondrán la información manipulada".
Para el presidente del CNP, "no hay justificación de principios, para excluir el derecho a la información, en estados de excepción". Recordó que en 2002 el fiscal general, pudo informar al país" que el presidente Chávez no había renunciado, gracias a ese derecho.
El debido proceso no se puede picar, es un derecho integral
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De producirse en el futuro un golpe de Estado, una catástrofe natural, un estallido social o cualquier otra circunstancia que lleve al Gobierno a decretar un estado de excepción, los ciudadanos que sean detenidos en esa situación podrían ser forzados por las autoridades a declararse culpables de cualquier delito, podrían ser sancionados por faltas no establecidas en leyes preexistentes o podrían ser considerados culpables de antemano, pues en esos períodos el debido proceso no estará garantizado plenamente.
La advertencia la formularon el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal; y el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quienes criticaron la redacción final que la Asamblea Nacional le dio al artículo 337 de la Constitución. La norma ahora autoriza al Ejecutivo a suspender, en crisis y emergencias, el derecho a la información y sustituyó la prohibición de restringir el debido proceso por la salvaguarda de los derechos a la defensa, a ser juzgado por jueces naturales, a la integridad personal y a no ser condenados a penas que excedan los 30 años.
"La propuesta actual sigue representando un retroceso en materia de derechos humanos", afirmó Casal, quien seguidamente explicó: "Aunque hubo alguna mejora en cuanto a la restricción del debido proceso, la regulación sigue siendo incompleta. El artículo 49 de la Constitución es muy claro al señalar que el debido proceso no sólo se refiere al derecho a la defensa y al juez natural, sino que va más allá e incluye algunos contenidos que los pactos internacionales prohíben suspender en cualquier circunstancia como por ejemplo el principio de legalidad (no ser juzgado por un delito no previsto previamente en la ley) y de la irretroactividad de la ley penal (prohibición de aumentar las condenas). Además, el debido proceso establece otros principios como el de la presunción de inocencia, a ser oído oportunamente, etcétera".
Por su parte, Arteaga afirmó: "Evidentemente si prescindes de determinadas garantías (presunción de inocencia, no retroactividad de la ley, principio de legalidad, prohibición de forzar una confesión, etcétera), eso significa que puedes ordenar que una persona sea sometida a procedimientos no permitidos en circunstancias normales".
El penalista no dudó en calificar de "disparatada" la reforma hecha al artículo 337, al señalar: "El debido proceso no se puede escindir en pedazos, porque si desconoces un pedazo desconoces todo el debido proceso".
En similares términos se pronunció el padre Arturo Peraza, representante del Secretariado Conjunto de Religiosos de Venezuela (Secorve), quien alertó: "El debido proceso es un derecho integral. No se trata de salvaguardar dos o tres garantías del debido proceso, pues el debido proceso se violenta cuando se irrespeta una de las garantías que lo conforman".
Peraza también cuestionó la eliminación de los límites temporales de los estados de excepción, y el control que los poderes Legislativo y Judicial ejercían sobre la actuación del Ejecutivo en estas situaciones extremas; y advirtió: "Estamos entrando en una situación de inseguridad jurídica donde quien sale agredido es el ciudadano, sobre todo el más pobre. En 1989 (Caracazo) y 1992 (intentonas golpistas) quienes salieron agredidos fueron los pobres. Siempre que hay una situación de restricción de garantías los más agredidos son los pobres".
Abren posibilidad a más cambios
La comisión mixta que revisa la sanción a 69 artículos de la Carta Magna podrá incorporar otros artículos durante la lectura final de las reformas aprobadas en la última semana por el Parlamento.
Los diputados Darío Vivas y Mario Isea, del bloque socialista unido, señalaron que están revisando las concordancias entre los artículos y no descartaron la posibilidad de que se incorporen otros en caso de que tengan relación con lo que ya se ha aprobado.
"Hay que revisar las disposiciones transitorias y aprobar la reforma en conjunto. No hay una lista de artículos para incluir a menos que surja una propuesta evidente y clara de la necesidad de inclusión para que esté en concordancia con los artículos ya aprobados. No hay una predisposición de aprobar nuevos artículos, pero si surge la necesidad discutiremos eso con transparencia ante todo el país. El diputado Darío Vivas también comentó que revisarán si es necesario incorporar otros artículos y dijo que era necesario "poner algunos puntos de avances en cuanto a la aplicación de la Constitución".
Además, confirmó que el próximo viernes presentarán la propuesta de reforma sancionada ante el CNE e indicó que la próxima convocatoria de la Plenaria será el martes cuando se continuará la discusión de 9 disposiciones transitorias pendientes.
Vivas insistió en que fueron recogidas propuestas de distintos sectores del país e incorporadas al debate, como la discusión sobre el 337 referido a los estados de excepción. Al respecto señaló Vivas que la incorporación al debido proceso en el artículo 337 se debió a que los diputados escucharon las propuestas de algunos sectores.
"Hubo individualidades que opinaron, la Fiscalía, el defensor del pueblo; y se tomaron en consideración esas opiniones y la AN hizo la evaluación y propuso el artículo 337 que conocemos. Todos los sectores fueron consultados y dieron aportes, y esos aportes que consideramos no afectaban el fondo de la propuesta del Presidente", indicó Vivas quien agregó que nunca se evaluó si esas propuestas provenían del Gobierno o de la oposición.
Una vez que la AN sancione el proyecto de reforma deben transcurrir 30 días para que el CNE apruebe el referendo que, dijo Vivas, se realizará el próximo 2 de diciembre.
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