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La Asamblea Nacional concreta una nueva etapa del fraude a la Constitución de 1999, la democracia y al sistema de protección de los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional.Sancionan una supuesta reforma que en definitiva no lo es tal. Se sanciona, sin que la Asamblea Nacional tenga competencia para ello, una nueva Constitución. El Presidente de la República y la Asamblea Nacional utilizaron un medio aparentemente legal y constitucional para concretar actos ilegítimos y fraudulentos a la democracia. La reforma no es el mecanismo idóneo y constitucional para modificar la Constitución actual en los términos que lo están concretando. La Asamblea Nacional no es el órgano deliberante y representativo que una modificación como la planteada requiere.
La Asamblea Nacional y el oficialismo no debatieron de manera real la modificación y el parlamentarismo de calle sólo es una manipulación comunicacional. No se buscó consenso y no se escuchó al país. Sólo se escucharon ellos mismos. Hicieron una pantomima de diálogo y el resultado es una Constitución impuesta. Toda Constitución impuesta es totalitaria y dura en tanto y en cuanto el régimen subsista. No será una Constitución de todos los venezolanos. Es excluyente y parcializada. No será una Constitución democrática ni legítima.
Lo que queda para concretar definitivamente el fraude a la democracia, es aprobarla en referendo donde no hay garantía de un voto libre, transparente y democrático.
Los venezolanos están desinformados del verdadero contenido y alcance de la propuesta presidencial. El 80% de los ciudadanos no conoce lo que significa la propuesta de reforma. La intención del gobierno es no informar y llevarnos al referendo lo más rápido posible.
Por ello lo importante es denunciar el fraude y apoyar la propuesta estudiantil de diferimiento del referendo. El tema es existencial para los venezolanos y no podemos encajonarnos en la decisión de si ir o no a votar.
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