La Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente boliviana fue una imposición del Gobierno con un texto que viene de Venezuela, dijo el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, en la cabeza de la oposición al presidente Evo Morales. En entrevista publicada este domingo por el diario El Deber, de Santa Cruz, Costas defendió la iniciativa que se impulsó en su departamento y en tres más -Tarija, Pando y Beni- para dotarse de autonomías en contra del Gobierno que los acusa de separatistas.
El funcionario del departamento más rico de Bolivia consideró que un proyecto de Carta Magna aprobado por el oficialismo "es nula de pleno derecho porque la Constitución fue aprobada con muertos y atropellando la ley".
"No ha habido el espíritu ni el ánimo de hacer un gran pacto por Bolivia. Si hubiera sido así todos hubiéramos estado de acuerdo con la Constitución. El texto se hizo por imposición y se implantó el modelo que viene directamente del presidente Chávez", señaló.
Consultado sobre si los estatutos autonómicos que autoproclamaron los cuatro departamentos son separatistas -como acusó Morales-, Costas señaló que "aquí no puede haber separatismo, porque el 40% de la población viene de otros departamentos".
Una ley aprobada en noviembre por el gobierno nacional le resta recursos a los 9 departamentos bolivianos a partir del 1 de enero, una medida que ha sido cuestionada en los cuatro departamentos autonomistas más Chuquisaca y Cochabamba.
Sobre eso Costas señaló que "el Gobierno ha tratado de desestabilizarnos de todas formas. Quieren quitarnos los recursos para que no hagamos gestión. Pero no vamos a permitir ser simplemente prefectos de adorno ni vamos a caer en lo que quiere el centralismo que es imponer a dedo a su prefecto y tener recaudadores, para que vuelva la corrupción y se nos imponga el prebendalismo".
El gobierno de Morales defiende un proyecto de Constitución que debe ser votado en un referendo al cual Costas señala, su región no asistirá.
Las posiciones del gobierno y de las regiones han generado un fuerte enfrentamiento en Bolivia que debe dirimirse con varios referendos en 2008 e incluso con nueva elección de autoridades.
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