EEUU no da respuesta a petición de Fiscalía en caso Antonini
Miami.- Los detalles de la investigación en Caracas del llamado "caso del maletín" se van conociendo poco a poco. Esta semana llegó el último: la Fiscalía General de la República quiere que el fiscal jefe del distrito sur de Florida, Alexander Acosta, el que lleva el caso, Thomas Mulvihill, y Michael Lasiewcki, el agente del FBI que dirigió la investigación de las supuestas amenazas contra Guido Antonini Wilson, viajen a Caracas para ser interrogados sobre el proceso contra los cuatro detenidos en Miami, acusados de actuar como agentes encubiertos del Gobierno venezolano. ¿Respuesta de la fiscalía en Florida? "No vamos a comentar".Desde la fiscalía no comentan. No lo hacen ni Mulvihill, que esta semana dijo a El Universal "no me permiten hacer declaraciones y como comprenderá quiero conservar mi trabajo", ni Acosta, el fiscal jefe que en diciembre aplaudió el inicio del caso. "No es la primera vez que perseguimos a agentes extranjeros, ni será la última", afirmó. "Los venezolanos que viajaron a EEUU con el propósito de extorsionar a uno de nuestros ciudadanos (por Antonini) para esconder la verdadera naturaleza de un escándalo internacional deben ser juzgados".
Como todos los fiscales federales, Acosta fue nombrado por el presidente, en su caso George W. Bush, para dirigir la fiscalía del sur de Florida en 2005. Desde entonces, este graduado por Harvard, primer hispano que sirvió como asistente al fiscal general para la División de Derechos Humanos en el Departamento de Justicia, conduce una de las fiscalías que más trabaja del país, con famosos juicios como el de Jack Abramoff, el "terrorista boricua" José Padilla o los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez-Orejuela.
También los abogados defensores de los cuatro acusados tienen fama en Florida. Edward Shohat, letrado del venezozalo Franklin Durán, es un abogado sobresaliente y muy respetado, "uno de los mejores del país", según el profesor de Derecho de la Universidad de Miami, Ricardo Bascuas, consultado por este diario.
Shohat confirmó esta semana a El Universal que su cliente irá a juicio y que éste se podrá demorar hasta agosto o septiembre. Además, quiere que surja el tema de Argentina. Sigue insistiendo en que se trata de un caso político y espera que "Maionica y Antonini digan la verdad en el estrado, porque eso ayudará a mi cliente".
Mientras tanto, su principal objetivo es conseguir la libertad condicional para Durán. En su última moción, presentada el martes, alegó que la prisión para el detenido antes del juicio podría constituir una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución. Shohat está especializado en casos federales de fraude, lavado de dinero y narcóticos (defendió recientemente a dos integrantes del cartel de Medellín).
"Es muy común negar la libertad condicional en casos federales, sobre todo cuando los acusados son extranjeros, por el temor a que huyan del país. Por eso los abogados presentan argumentos creativos", apunta Bascuas.
Tanto Neil M. Schuster, defensor del también venezolano Carlos Kauffman (un abogado con 30 años de experiencia en casos criminales), como Sowmya Bharathi, representante de oficio del uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, han centrado sus esfuerzos en saber si el FBI grabó a sus clientes sin una orden judicial previa, además de solicitar la lista de "testigos expertos", entre los que seguro se encontrarán Maionica y Antonini Wilson. El abogado de Durán también se ha unido a esta petición.
El único acusado que hasta ahora se ha declarado culpable y por tanto no irá a juicio es Moisés Maionica, que colabora con la fiscalía para reducir su pena (al resto le pueden caer hasta 15 años de cárcel y 250.000 dólares de multa; a él entre tres y cinco). Su representante es Rubén Oliva, un hombre que según Shohat "raramente va a juicio". Por eso a nadie le sorprendió su declaración de culpabilidad. Oliva, de origen cubano, lleva casos federales relacionados con narcóticos, fraudes y lavado de dinero desde hace dos décadas.
La última representante legal en este puzzle es Theresa van Vliet, abogada, con doble nacionalidad venezolano-americana, del empresario Antonini Wilson. "No estoy familiarizada con la petición de la Fiscalía de Venezuela porque a nosotros no nos toca en nada. Mi cliente es un testigo protegido y reaparecerá cuando lo requiera la justicia", dijo a esta corresponsal Van Vliet, ahora concentrada en la práctica privada con clientes de "guante blanco" tras 20 años en la fiscalía de Florida persiguiendo el tráfico de drogas en la frontera.
Yánez Rangel solicita investigar a Kaufman y Durán en Venezuela
El gobernador del estado Cojedes anda "indignado". Seguro de que los empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán no son funcionarios encubiertos del Gobierno nacional, Johnny Yánez Rangel anuncia que acudirá a la Fiscalía General de la República para solicitar que investigue la relación que la Fiscalía de EEUU supone entre los indiciados y las instituciones venezolanas.Para Yánez, la justicia nacional no puede abrir una causa contra Guido Antonini Wilson mientras permanezca en EEUU. Ni siquiera por notitia críminis. Dice, sin embargo, que la Fiscalía General de la República está en capacidad de investigar la relación que acusa a los propietarios de la empresa Venoco con el Poder Ejecutivo y por eso anuncia que en los próximos días solicitará acciones en el Ministerio Público.
"Ya envié a la Fiscalía un documento exhortándole a que dieran un pronunciamiento", afirma. "Ahora voy a presentarme allá para exigir que se investigue la situación de dos empresarios venezolanos que están detenidos en Estados Unidos". Esa averiguación puede ser, según dice, "la mejor forma de tumbar los argumentos que presenten en Miami".Precedente peligroso
El mandatario de Cojedes también espera que los sectores empresariales se pronuncien. Cree que la investigación contra sus amigos personales, Kauffmann y Durán, es un "precedente peligroso", porque de acuerdo con sus palabras, no son dueños de una bodega de Cojedes, sino los propietarios de la segunda petroquímica del país, que tiene relaciones con toda Suramérica.
"¿Qué garantía tiene cualquier otro empresario de que no le pase lo mismo ante las apetencias de crear una olla periodística con un delito abstracto?", pregunta. "Entiendo que ninguno haya alzado su voz a título personal, pero deberían fijar una posición grupal porque aquí se está generando una situación de inseguridad jurídica que he venido llamando el Guantánamo de Miami".
Carlos Kauffman, Franklin Durán y Moisés Maionica fueron detenidos en diciembre del año pasado en Miami. La fiscalía estadounidense les negó medidas de libertad condicional por el presunto delito de haber llevado mensajes del gobierno del presidente Hugo Chávez a Guido Antonini Wilson, el hombre que el pasado 4 de agosto cargaba la maleta con 800.000 después de aterrizar en Argentina.
Yánez Rangel denuncia que están aislados en celdas de máxima seguridad "como maleantes de los más perseguidos". Recuerda que ellos no estaban en Argentina cuando llegó el maletín. Para él, simplemente fueron a hablar con un amigo sobre su caso. Por eso insiste en que son inocentes. "Doy fe y estoy dispuesto a testificar donde quieran", dice. "Yo meto las manos en el fuego en cuanto a que ellos no son funcionarios".Teme ser otro acusado
El gobernador no descarta que después de los dueños de Venoco acusen a otros, incluso a él. Cuando le preguntan si la justicia estadounidense puede involucrarlo en el caso Antonini, asiente con la cabeza: "Yo temo de todo, hasta de mi seguridad porque me indigna cuando veo que se violenta la seguridad jurídica de estos empresarios".
A su juicio, si las autoridades del Norte tuvieran buena fe enviaran a Antonini a Argentina, donde guardan la maleta con los dólares. Aunque los seriales de los billetes determinarían de dónde salieron, asegura que el juego está trancado porque no se puede abrir un expediente sin el principal sospechoso.
Reconoce, de cualquier forma, que tras la maleta de Antonini huele a corrupción. Sabe que si se logra determinar que el dinero salió de Venezuela, hay un ilícito cambiario. Más aun si eran billetes que estaban en las bóvedas del BCV. "Lo que no podemos es empastelar a todo el mundo y a un país", concluye.
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